Zambrano et al
Publicado en Diario Hoy
10/09/2006
María Paula Romo
Con sorpresa e indignación miramos en estos últimos días las imágenes y el audio en el que, supuestamente, Alfonso Zambrano Vidal discute con Renán Borbúa sobre la posible entrega de dinero o bienes a cambio de que el magistrado Alfonso Zambrano Pasquel y sus dos compañeros de sala emitiesen una sentencia a favor de Borbúa.
El escándalo ha tenido ya algunas consecuencias: Zambrano Pasquel no se atrevió a negar el contenido de los videos, pero acusó a sus compañeros de sala de haber recibido dinero; los otros dos magistrados van por cada medio de comunicación asegurando no estar involucrados; políticos irresponsables sugieren la primera solución que se les cruza por la mente: saquemos a toda la Corte.
En lugar de seguir minando la poca institucionalidad que nos queda; deberíamos buscar los problemas profundos y las soluciones estructurales. La actual Corte Suprema de Justicia sabía desde su primer día que su legitimidad solo podría ser resultado de un trabajo eficiente y honesto. Con lo que hoy sucede, la Corte debe tomar decisiones implacables, sin miramientos ni falso espíritu de cuerpo. Deberá seguirse el debido proceso pero, mientras se hace, debería ser suspendida toda la sala y ni el presidente ni los magistrados deben mostrarse dubitativos frente al tema. Si se llegara a probar la actuación dolosa de un magistrado o de toda la sala, el hecho no puede ser interpretado en contra de toda la Corte, pero la falta de firmeza para resolver este caso, sí.
Si las afirmaciones de Zambrano Vidal son suficientes para emprender una investigación de los magistrados, entonces también es necesario indagar sobre la legalidad de la actuación de Borbúa y sobre la acusación que hace Zambrano Vidal de las supuestas presiones que habrían ejercido Xavier Neira y Miguel Orellana, del Partido Social Cristiano.
Y más allá de los detalles y posibles involucrados en este caso concreto, el tema debe obligarnos a mirar más allá. Por ejemplo, que no existe un procedimiento reglado para destituir magistrados de la Corte Suprema de Justicia (a pesar de que hay antecedentes recientes y la Corte puede hacerlo).
Otra de las lecciones es la urgencia de poner a funcionar, con todos sus componentes, el Sistema Nacional de Evaluación de Jueces e incluir en ese mecanismo el control y supervisión de los magistrados.
En este mismo momento, el Consejo Nacional de la Judicatura trabaja para el ajuste del sistema, ese es un tema substancial; de lo contrario, volveremos a tener uno o dos chivos expiatorios y seguimos cerrando los ojos frente al problema estructural y sus cómplices.
10/09/2006
María Paula Romo
Con sorpresa e indignación miramos en estos últimos días las imágenes y el audio en el que, supuestamente, Alfonso Zambrano Vidal discute con Renán Borbúa sobre la posible entrega de dinero o bienes a cambio de que el magistrado Alfonso Zambrano Pasquel y sus dos compañeros de sala emitiesen una sentencia a favor de Borbúa.
El escándalo ha tenido ya algunas consecuencias: Zambrano Pasquel no se atrevió a negar el contenido de los videos, pero acusó a sus compañeros de sala de haber recibido dinero; los otros dos magistrados van por cada medio de comunicación asegurando no estar involucrados; políticos irresponsables sugieren la primera solución que se les cruza por la mente: saquemos a toda la Corte.
En lugar de seguir minando la poca institucionalidad que nos queda; deberíamos buscar los problemas profundos y las soluciones estructurales. La actual Corte Suprema de Justicia sabía desde su primer día que su legitimidad solo podría ser resultado de un trabajo eficiente y honesto. Con lo que hoy sucede, la Corte debe tomar decisiones implacables, sin miramientos ni falso espíritu de cuerpo. Deberá seguirse el debido proceso pero, mientras se hace, debería ser suspendida toda la sala y ni el presidente ni los magistrados deben mostrarse dubitativos frente al tema. Si se llegara a probar la actuación dolosa de un magistrado o de toda la sala, el hecho no puede ser interpretado en contra de toda la Corte, pero la falta de firmeza para resolver este caso, sí.
Si las afirmaciones de Zambrano Vidal son suficientes para emprender una investigación de los magistrados, entonces también es necesario indagar sobre la legalidad de la actuación de Borbúa y sobre la acusación que hace Zambrano Vidal de las supuestas presiones que habrían ejercido Xavier Neira y Miguel Orellana, del Partido Social Cristiano.
Y más allá de los detalles y posibles involucrados en este caso concreto, el tema debe obligarnos a mirar más allá. Por ejemplo, que no existe un procedimiento reglado para destituir magistrados de la Corte Suprema de Justicia (a pesar de que hay antecedentes recientes y la Corte puede hacerlo).
Otra de las lecciones es la urgencia de poner a funcionar, con todos sus componentes, el Sistema Nacional de Evaluación de Jueces e incluir en ese mecanismo el control y supervisión de los magistrados.
En este mismo momento, el Consejo Nacional de la Judicatura trabaja para el ajuste del sistema, ese es un tema substancial; de lo contrario, volveremos a tener uno o dos chivos expiatorios y seguimos cerrando los ojos frente al problema estructural y sus cómplices.