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miércoles, 25 de noviembre de 2009

OBSERVACIONES A LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Señoras, Señores
Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología
Asamblea Nacional
Presente.-


Estimadas compañeras y compañeros asambleístas,

A través de la presente, me permito hacer llegar mis observaciones iniciales al proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, que tramita la comisión especializada que ustedes integran.

Organismos que rigen el sistema de educación superior.

El proyecto de ley contempla como organismos que rigen el sistema de educación superior al Consejo de Educación Superior, la Agencia Nacional de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Debemos reconocer que la Comisión ha hecho algunos cambios importantes frente a la crítica de competencias excesivas de esta Secretaría (Secretaría Técnica en el proyecto de la SENPLADES). Sin embargo, los cambios hechos por la Comisión resultan insuficientes para definir con claridad no sólo las competencias de cada órgano sino también las fronteras entre esas competencias; por ejemplo, si la Secretaría es responsable de la coordinación entre el Ejecutivo y el Sistema de Educación Superior, ¿será conveniente que al mismo tiempo sea la encargada de la rectoría de las políticas públicas del Sistema?: Que son competencia del Ejecutivo y puede ejercerlas a través de un órgano que ni siquiera requiere ley para ser creado.

No con esto debe entenderse que estoy a favor de mantener un sistema de auto regulación y mal entendida autonomía; pues lo que nos demuestra la experiencia reciente (tanto el caso de la Universidad Cooperativa de Colombia en el Ecuador, como las conclusiones del último informe del CONEA) es que la “autoregulación” ha sido la “no regulación” y eso debe cambiarse. En la mayoría de países de la región existe un seguimiento cercano del Sistema Universitario por parte del Ejecutivo, debemos encontrar un equilibrio que permita incidir en el control de la calidad del Sistema sin atentar contra la autonomía y libertad de cátedra y pensamiento universal que deben caracterizar a las instituciones del sistema de educación superior.

Elección de autoridades.
Si bien las y los rectores, vicerrectores y autoridades académicas se eligen por votación universal, directa, secreta y obligatoria tanto de los profesores titulares, de los estudiantes regulares, los graduados y los servidores y trabajadores, debe pensarse en la posibilidad de que junto con los rectores se elijan a sus decanos, como un equipo de trabajo. Esto permite que las o los decanos tengan la misma línea de trabajo que el rector, que no se los elija como manera de privilegiar a profesores menos exigentes y se tengan cuotas para las mujeres (ya que si se realiza una elección independiente en cada facultad para cada decano o decana, no es posible la representación igual de hombres y de mujeres en tales puestos), ya que, quien se postule para rector deberá presentar también la lista, paritaria, de hombres y de mujeres que trabajarán junto con él en cada decanato.

Requisitos de las autoridades.
Es fundamental establecer requisitos cada vez más exigentes de formación académica para el cuerpo docente de las universidades, sin embargo no creo que exista relación directa entre la preparación como un investigador científico (que es lo que acredita un PhD) y la adecuada conducción de una institución de una universidad.

Propongo que en los requisitos para ser rector se establezca el de título de cuarto nivel y se elimine el de las publicaciones científicas.

Violencia.
Esta ley debe establecer algún mecanismo obligatorio para cumplir con el artículo 347, numeral 6 de la Constitución que señala como responsabilidad del Estado: “Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física y sexual de las estudiantes y de los estudiantes”. Esto puede realizarse a través de unidades que recepten y resuelvan denuncias sobre discriminación, violencia o acoso sexual o en su defecto sirvan para canalizar dichas denuncias ante las autoridades judiciales competentes; o, mediante la obligatoriedad de cátedras de derechos humanos o género.

Jubilación.
Es importante que esta ley cree los mecanismos para que los profesores universitarios se jubilen de manera obligatoria al llegar a los 65 o máximo 70 años de edad. De esa manera, se permitirá una renovación en la planta educativa.

Planificación Nacional y Universidades Privadas:
Es fundamental, para evitar las críticas injustificadas a ciertos aspectos de la ley, que se transcriba en ella, en lo relativo a las carreras y especialidades que puedan brindar las universidades privadas, lo que manda el artículo 280 de la Constitución: que la planificación es obligatoria para el sector público y referencial para el sector privado.

Competencia desleal:
Existen algunas universidades que participan en el mercado y ejercen actividades económicas; si bien estas se plantean en principio como espacios de formación práctica también tienen una incidencia real en el mercado y en la industria local: pues compiten con otras iniciativas privadas en desigualdad de condiciones; están exonerados de impuestos para importación de maquinaria, no pagan impuesto a la renta pues son entidades sin fines de lucro y además tienen mano de obra gratuita pues los estudiantes trabajan en esas iniciativas como parte de su programa académico. En estos casos se deben proteger los derechos de profesores y estudiantes que deben recibir su remuneración por un trabajo productivo y también es necesario proteger las iniciativas de los ciudadanos emprendedores en esas plazas. Por lo anterior, sugiero que se incluya el siguiente artículo:


Art… Prohibición de competencia desleal.- Las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, que en el desarrollo de los programas académicos o de cualquier otro tipo realicen actividades económicas, productivas o comerciales, deberán crear para este efecto personas jurídicas distintas e independientes de la institución educativa.

No podrán, en estas actividades, beneficiarse de exoneraciones o exenciones tributarias exclusivas de las instituciones educativas, ni utilizar los servicios gratuitos de sus estudiantes, docentes o personal administrativo. Los servicios o trabajo prestado por estas personas será remunerado de conformidad con las disposiciones legales que correspondan.

El mantener con normas propias a las universidades del Modus Vivendi y las Universidades de las Fuerzas Armadas es inconstitucional.

La ley no puede seguir manteniendo regímenes de excepción, de ninguna clase, para las universidades y escuelas politécnicas pertenecientes a las Fuerzas Armadas o las establecidas según el Modus Vivendi celebrado entre el Ecuador y la Santa Sede.

No debemos olvidar que nuestra Constitución señala, en su artículo 1, que el Ecuador es un Estado laico, lo que constituye un principio que debe regir a todo nivel y sobre todo debe guiar la actuación de los legisladores y el contenido de las leyes. Por lo tanto, no tiene ningún fundamento constitucional el que se excepcione del cumplimiento de las disposiciones de esta ley a las universidades establecidas según el Modus Vivendi, que fue, además, suscrito por el Ecuador en 1937, época en la cual el Estado se regía por principios totalmente diferentes a los actuales.

Inclusive, el artículo 2 del propio Modus Vivendi dispone: “Art. 2.- El Gobierno del Ecuador garantiza en la República la libertad de enseñanza. La Iglesia Católica tiene, pues, el derecho de fundar planteles de enseñanza, proveyéndolos de personal suficientemente idóneo, y de mantener los existentes. En consecuencia, el Gobierno se obliga a respetar el carácter propio de esos institutos; y, por su parte, la Iglesia se obliga a que ellos se sujeten a las Leyes, Reglamentos y Programas de estudios oficiales, sin perjuicio del derecho de la Iglesia para dar, además, a dichos planteles carácter y orientación católicos. Los estudios en los Seminarios y Escolasticados de religiosos, dependerán de los respectivos Ordinarios y Superiores” (subrayado fuera de texto). Es decir, ni siquiera este cuerpo normativo excluye a estas instituciones de educación del cumplimiento íntegro de la ley ecuatoriana.

Por su lado, en cuanto a las universidades y escuelas politécnicas pertenecientes a las Fuerzas Armadas, podemos referirnos a la Escuela Politécnica del Ejército, que fue creada en 1977 a través de un Decreto Supremo (No. 2029) dictado por el Consejo Supremo de Gobierno. En los considerandos de dicho decreto se dice que: “una de las misiones de las Fuerzas Armadas es la de participar activamente en el desarrollo socio - económico del País (…) para cumplir dicha misión es de imprescindible necesidad especialmente del Ejército preparar su personal, profesionalizándolo para mantenerse acorde con las exigencias y avance tecnológico de la hora presente”.

Es una escuela adscrita a la Comandancia General del Ejército, que se rige por la Ley de Educación Superior únicamente en lo que fuere aplicable, y aún así sus títulos se equiparan a los concedidos por las demás Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador.

El Estatuto de la Escuela Politécnica del Ejército del año 2001, señala que ésta se rige, entre otras, por la Constitución Política de la República y la Ley de Educación Superior. Sin embargo, por ejemplo, para ser rector se requiere ser Oficial General de la Fuerza Terrestre en servicio activo, poseer título académico en Ingeniería, acreditar estudios de cuarto nivel y haber ejercido docencia u ocupado un cargo directivo en la ESPE por un período de tiempo no menor a un año; es designado por el Comando General de la Fuerza Terrestre. Vemos aquí que los requisitos son mucho menos exigentes que los contemplados en la ley para el resto de universidades y escuelas politécnicas.

La formación profesional que imparte es tanto de nivel técnico superior, de tercer nivel y de cuarto nivel, incluyendo maestrías y doctorados. Por ello, se requiere que esta y otras instituciones educativas de la misma naturaleza cumplan con todos los estándares de calidad y con los principios que se consagran en la ley para garantizar una educación participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente, diversa, de calidad, que impulse la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, conforme manda la Constitución, y que no se establezca ninguna clase de excepción en el tratamiento de ciertas universidades o escuelas politécnicas. Dicha diferenciación rompe el principio de igualdad y puede traer objeciones de inconstitucionalidad.

Además de lo anterior, las Universidades del Ejército, a pesar de recibir fondos públicos (del Estado Ecuatoriano, no sólo de sus Fuerzas Armadas) tienen programas de pagos diferenciados para servidores militares y sus familiares; lo cual no se justifica si las instituciones se financian como cualquier otra universidad pública y por lo tanto debe tener otro tipo de criterios para la asignación de becas totales y parciales.

Espero que estas observaciones sean útiles para el trabajo de la Comisión Especializada.


Atentamente,


María Paula Romo
Asambleísta

viernes, 13 de noviembre de 2009

Universidades: la AUTOREGULACIÓN ha sido la NO REGULACIÓN

Durante el día de ayer debatimos el Primer Informe del proyecto de Ley de Educación Superior; se trata de una ley que ha levantado polémica: en algunas de las críticas hay razón y tendremos que escucharlas y recogerlas, también hay algunos sectores que se niegan a renunciar a sus privilegios y se resisten a dar cuentas de sus actos y su administración.

Algunas observaciones concretas sobre el proyecto de ley:

- El informe de la Comisión tiene varios cambios importantes en relación con el proyecto de la SENPLADES, sobretodo en lo que se refiere a la Secretaría Técnica. Sin embargo, estos cambios no son suficientes; todavía deben discutirse varios artículos que permitan crear los equilibrios necesarios que garanticen la autonomía de las universidades, la libertad de cátedra, etc., pero que al mismo tiempo aseguren la calidad de la educación que esos centros ofrecen a los ciudadanos.

- Ni el proyecto de ley, ni el Movimiento PAIS tiene ninguna pretensión de control o autoritarismo como algunos sectores sugieren; lo que sí tenemos es una firme decisión de transformar la Universidad Ecuatoriana.
No podemos negar el mal estado en que se encuentran nuestras universidades y que el supuesto sistema de autoregulación de las universidades ha sido en muchos casos de NO regulación. ¿cómo se explica sino el caso de la Universidad Cooperativa de Colombia? cuando votamos la derogatoria de esta "universidad" estaba otorgando títulos en 400 carreras aunque estaba autorizada en 9.
No hay responsabilidad compartida del Conesup si esta misma semana el CONEA nos dice que 26 universidades deben cerrarse? no estaban autorizadas sus carreras y programas por el CONESUP? claro! la "autoregulación" por sí sola no es la solución ni asegura calidad.

- No se pueden repetir los errores del pasado, inventar universidades sin criterios técnicos y sólo con consideracionens políticas. No se puede ni debe crear nuevas universidades a través de artículos o transitorias de esta ley; estos artículos deben eliminarse.

- En el caso de las universidades privadas, para evitar cualquier fantasma o intento de asustar a los ciudadanos debe repetirse la frase de la Constitución: La planificación es obligatoria para el sector público y referencial para el sector privado. (me refiero a la planificación nacional, las leyes sí deben cumplirlas todos...)

- Finalmente es inconcebible que ni la propuesta de la SENPLADES ni la del CONESUP ni la Comisión ni los informes de minoría terminen con los privilegios o excepciones del Modus Vivendi. ¿Qué dice el Modus Vivendi sobre las universidades? : Nada. Sólo es el argumento con que las universidades católicas se eximen de cumplir con las leyes nacionales. Esta es una excepción que un Estado laico no tiene ninguna explicación.

El debate continuará el día martes de la próxima semana en el Pleno y durante varias semanas en todo el país; debemos hacerlo de manera autocrítica, sin fantasmas, comprometidos con transformar la universidad del Ecuador.

miércoles, 4 de noviembre de 2009

MUY INTERESANTE: Corte Europea de Derechos sobre libertad de culto.

Estrasburgo / Agencias.- La Corte Europea de Derechos Humanos falló ayer a favor de que las escuelas públicas italianas retiren los crucifijos y otros símbolos religiosos de sus aulas, determinación que cierra un proceso judicial de ocho años. El Gobierno de Italia anunció que recurrirá esa decisión y el Vaticano expresó su “estupor y pesar” por esa resolución.

El tribunal de Estrasburgo consideró que “la exhibición obligatoria del símbolo de una determinada confesión en instalaciones utilizadas por las autoridades públicas, y especialmente en aulas”, restringe los derechos paternos a educar a sus hijos “en conformidad con sus convicciones”.

El fallo agrega que esa exhibición del símbolo cristiano también limita “el derecho de los niños a creer o no creer”.

La sentencia de la Corte de Estrasburgo, aprobada de manera unánime, dio la razón a Soile Lautsi, una madre italiana residente en Abano Terme, con dos hijos de 11 y 13 años, respectivamente, quienes en el periodo 2001-2002 asistieron a clase en el instituto público Vittorino da Feltre, de esa localidad (noreste de Italia).

Lautsi vio que las aulas tenían un crucifijo y estimó que eso era contrario al principio de secularidad en el que pretendía que se educara a sus hijos; presentó una reclamación, pero la dirección de la escuela decidió dejar los símbolos religiosos en su lugar.

Posteriormente, acudió ante las autoridades regionales, quienes llevaron el asunto al Tribunal Constitucional italiano, ante el cual el Gobierno defendió que la exhibición del crucifijo era “natural” porque no sólo es un símbolo religioso sino la “enseña” de la única iglesia citada en la Constitución italiana (la Iglesia Católica).

El Constitucional italiano se pronunció luego, el 15 de diciembre de 2004, y consideró que no tenía jurisdicción sobre el asunto al estar relacionado con normas estatutarias y no legislativas.

Un tribunal administrativo falló en marzo de 2005 en contra de la demandante, al considerar que la cruz es tanto un símbolo de la “historia y la cultura” italianas “y, consecuentemente, de la identidad italiana”, así como de los principios de “igualdad, libertad y tolerancia”, según un comunicado del Tribunal de Estrasburgo.

Posteriormente, el 13 de febrero de 2006, el Consiglio di Stato rechazó la demanda porque consideró, por su parte, que el crucifijo se había convertido “en uno de los valores seculares de la Constitución italiana y representaba los valores de la vida civil”.

El asunto fue después llevado al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ahora estima que la presencia obligatoria del símbolo en instituciones públicas “podría interpretarse fácilmente por alumnos de todas las edades como un signo religioso”. Aunque estima que esa exhibición “puede ser alentadora para los alumnos religiosos”, añade que también puede ser “molesta” para quienes practiquen otras religiones.

“El Estado debía de abstenerse de imponer creencias en lugares de los que dependen las personas. En concreto, se debía observar una neutralidad confesional en el contexto de la educación pública”, precisa el Tribunal en su decisión sobre el caso entre Lautsi y el Estado italiano.

En su resolución, agrega que este caso afecta a la educación pública, “donde la asistencia a clase era obligatoria independientemente de la religión, y donde el objetivo debería ser estimular el pensamiento crítico de los alumnos”.

El Tribunal asegura que no pudo llegar a determinar cómo la exhibición en aulas de escuelas públicas del crucifijo, un símbolo que “podría asociarse de manera razonable con el catolicismo (...), podría servir al pluralismo educativo que es esencial para proteger a una ‘sociedad democrática’”.

Añade que en el caso presentado por la demandante se produjo una violación de los artículos 2 y 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

(nota tomada de laprensa.com.bo)