Puedes encontrarme también en Twitter

Follow mariapaularomo on Twitter

viernes, 18 de abril de 2008

El Mandato Minero

A lo largo del debate sobre el Mandato Minero muchas intervenciones alegaban "ilegalidad" o "inconstitucionalidad" de este Mandato. Nada más equivocado que ese argumento. Este mandato tiene como su principal objetivo el corregir no sólo la injusticia sino la ilegalidad que ha marcado el manejo de la minería en el país.

Ya en 1863 nuestro Código Civil en su artículo 624 ordenaba: "El Estado es dueño de todas las minas de oro, plata, cobre, azogue, estaño, piedras preciosas y sustancias fósiles, no obstante el dominio de las corporaciones o de los particulares sobre la superficie de la tierra en cuyas entrañas estuvieran situadas"

Esa norma tomó carácter constitucional cuando en 1929 se recogió en el artículo 151 de la Carta Política de la siguiente forma: "Las empresas o compañías nacionales o extranjeras que hubiesen adquirido o adquirieren concesiones en el territorio de la República no podrán explotarlas sino con las limitaciones prescritas en las leyes y en las que, en cada caso, se establezcan en los respectivos contratos. Esto se refiere especialmente a los minerales y más sustancias de valor existentes en el subsuelo del país".

Este principio: la propiedad estatal de los recursos del subsuelo, se reprodujo en las constituciones siguientes y se encuentra en la Constitución de 1998. También es una de las normas ya aprobadas por la Asamblea Constituyente y que hará parte del texto de la nueva Constitución.

Esta es la norma y el principio violado al haber manejado con discrecionalidad y abuso la minería nacional. Esta es la norma que se les olvidó a los autores de las Troles cuando eliminaron las regalías de las concesiones mineras. El Mandato Minero, aprobado esta mañana por 95 votos, es precisamente el que nos permitirá poner en vigencia el principio y la norma jurídica: el Estado Ecuatoriano es el dueño de los recursos del subsuelo y le corresponde a él decidir y regular su explotación y su uso; y en ningún caso eso puede hacerse poniendo en riesgo el agua, las zonas protegidas o la vida de las comunidades que se encuentran a su alrededor.

España tiene una mujer embarazada como Ministra de Defensa!

Un lindísimo artículo de Millás: Zapatero nombró esta semana como Ministra de Defensa a una mujer de 37 años, embarazada de su segundo hijo. Genial!
Mientrastanto, el Ecuador tiene una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpuesta por una ex alcaldesa que cuando decidió tener un hijo no tuvo su licencia de maternidad, pues nuestra ley no permite que las mujeres políticas tengan derecho a esos permisos (la ley laboral lo dice pero miles de mujeres siguen siendo despedidas por estar embarazada).
un abrazo, les recomiendo que lo lean.
María Paula



Cuántica
JUAN JOSÉ MILLÁS 18/04/2008 (Diario El País)

Soñé que un general de división se cuadraba ante una mujer embarazada. Soñé que la mujer embarazada era ministra de Defensa o ministra del Ejército o ministra de la Guerra, como quiera que se llame ahora. El hecho de que la ministra de la Guerra estuviera a punto de dar a luz sonaba a paradoja cuántica, pues en el mundo subatómico suceden cosas que atentan contra la lógica inmunda de la vida diaria, de ahí su atractivo. En mi sueño, veía a la ministra presidiendo un desfile con su vestido pre-mamá y me frotaba los ojos, por si se tratara de una alucinación. Pero no, ahí estaba ella, con las manos felizmente apoyadas en la tripa redonda, sonriendo cada vez que el bebé daba una patada mientras sonaban las marchas militares y los coroneles disparaban salvas al aire, como si celebraran el embarazo de la ministra, en vez de uno de esos crueles "días" de la Victoria, o de la Patria, no sé en qué están ahora.

Soñé que cuando la ministra daba a luz, la habitación del hospital se llenaba de militares que llevaban patucos y colonias a la madre. Soñé que los viejos generales, acostumbrados a los paisajes de después de las batallas, se asomaban, inquietos, al moisés en el que se desperezaba el hijo de la ministra. Soñé que le hacían carantoñas, que le decían tonterías, que se peleaban por tenerlo en brazos. Soñé que la ministra le daba de mamar delante de ellos, mientras encomendaba al jefe del Alto Estado Mayor la misión de crear, en la sede del ministerio, una guardería para los hijos de los empleados. Soñé que conciliaba la vida familiar con la laboral sin presiones ni agobios ni chantajes. Soñé que hacía uso de la baja por maternidad sin miedo a perder el trabajo. Soñé y soñé y volví a soñar y cuando desperté, la ministra de Defensa o del Ejército o de la Guerra, como quiera que se llame, continuaba allí. Encinta.

domingo, 13 de abril de 2008

Del aborto y la hipocresía

Del aborto y la hipocresía
Diario Hoy, 13 de abril de 2008.

Por Omar Ospina García


En relación con el aborto, parecería que vivimos en dos países distintos: uno irreal, el de los sectores más ultraconservadores, en el cual el aborto simplemente no existe. Se lo niega o se lo esconde con hipocresía como si ignorándolo o escondiéndolo desapareciera de las mentes de esas almas angelicales para las cuales, al negar la evidencia, esta desaparece.

En ese país ideal las adolescentes no se embarazan, porque las relaciones sexuales no comienzan antes de que las chicas se casen bien casaditas, no hay niñas violadas por los familiares o amigos y, por supuesto, cada niño nacido dentro de la familia bien constituida -y todas lo son- tiene garantizada de por vida una completa y eficiente atención médica, así como educación y bienestar.
Y las madres, claro, jamás corren riesgos innecesarios en el parto porque este se realiza en las mejores condiciones de asepsia y control de su salud. Creer que en un país así exista el aborto es cosa de malpensados y pecadores. Todos los embarazos llegan a buen término y la familia cristiana, ese pilar de la sociedad, es una familia en donde no ocurren embarazos indeseados, porque todos los padres y madres se esmeran en tener el número de hijos que Dios les dé.

Pero contra lo que quisiera ese grupo de personas, ese país no existe. En el otro, en el país real, en el que a diario nos debatimos para sobrevivir, y hay quienes no lo logran porque su existencia es miserable y sus esfuerzos no alcanzan para llevar una vida digna de ser vivida, ocurre exactamente todo lo contrario. Niñas y adolescentes son violadas por sus amigos o familiares o por criminales desconocidos, y muchas tienen que recurrir al aborto clandestino para no traer al mundo criaturas que vivirán sin ser amadas, porque no fueron deseadas. Y las que sobrevivan no tendrán ninguna oportunidad de una vida digna y decente. Aquí, en ese país real, muchas niñas bien, cuando, por un deplorable descuido, se quedan embarazadas, van al extranjero para que aborten en un hospital o clínica privada o residan el tiempo suficiente para tener el niño en buenas condiciones, darlo en adopción o criarlo como un amado sobrino. Las otras, las no tan bien, arriesgan la vida en clínicas clandestinas sin higiene ni protección alguna.

Son decenas de miles las madres que mueren al año por abortos en esas condiciones. Y son esas madres las que, para la limpia conciencia de los cristianos habitantes del otro país, del utópico e inexistente, no tienen la menor importancia, aunque ya tengan otros hijos por los cuales velar. Con tal de que se garantice el derecho a la vida desde la concepción, ¿qué importancia puede tener la vida de esa madre “no tan bien”?

Coletilla: en el país real, el aborto debería ser considerado en la Ley como lo que es en realidad, un problema de salud pública al que el Estado debe poner atención para que ocurra en las mejores condiciones de higiene y respeto por la vida de la madre, de la que ya existe y tiene obligaciones familiares que cumplir y tiene también, por si acaso, derecho a vivir.

martes, 8 de abril de 2008

Para el segundo debate de los principios de interpretación de los derechos fundamentales

Principios de interpretación de los derechos fundamentales

Es muy importante la inclusión de un capítulo específico sobre los principios que deben usarse para la aplicación y la interpretación de los derechos fundamentales. La Mesa 1 ha recogido algunas de las observaciones presentadas pero todavía es posible mejorar algunos aspectos de la redacción y ser rigurosos en el orden del texto constitucional.

1.“La naturaleza” y la titularidad de derechos fundamentales.

Uno de los objetivos principales del nuevo texto constitucional debe ser el definir condiciones de convivencia armónica con la naturaleza, de respeto a sus ciclos, de conservación de ecosistemas, protección de especies. Para lograrlo es necesario que dejemos de mirar el desarrollo como explotación indiscriminada de los recursos naturales; debemos definir la propiedad del Estado sobre los recursos naturales no renovables y sus obligaciones para un uso sustentable de estos recursos; la nueva Constitución debe diseñar la institucionalidad responsable del cuidado y la protección ambiental. El tema entonces debe ser uno de los ejes transversales de la Constitución.

Ratificándome en lo anterior, considero que la forma en que el documento en debate plantea a “la naturaleza como titular de derechos fundamentales” resulta inexacto por varios motivos:

“La naturaleza” es un concepto impreciso: ¿A qué se refiere el término “naturaleza”? ¿A la protección de una especie o a cada animal individualizado? ¿A un ecosistema o a una planta o un árbol en particular?

La naturaleza y los derechos fundamentales: Varios compañeros han argumentado a favor de reconocer derechos a la naturaleza; debemos profundizar en el sustento jurídico sobre la representación, la titularidad, etc., para poder tomar una decisión; pero definitivamente se trataría de derechos específicos (mantener sus ciclos vitales, proteger a las especies para impedir su extinción, por ejemplo) y no de los derechos fundamentales. Estamos pensando en derecho a la libre expresión, libre asociación, acceso a la información, libertad de culto como derechos para “la naturaleza”. No parece lógico. Por eso este debate y, si se decide así, sus artículos deben redactarse en otro título y no bajo los derechos fundamentales.

El “deber ser” y los derechos justiciables: Los primeros documentos sobre derechos humanos fueron meras “declaraciones”, acuerdos sobre el deber ser, sobre los ideales de la sociedad. El resultado de luchas centenarias ha sido convertir esas declaraciones en derechos; hacerlos exigibles, justiciables; hoy los derechos no se refieren al deber ser, sino que los Estados deben cumplirlos y sancionar su violación. Los “derechos de la naturaleza” así como están planteados: de forma general y poco precisa, vuelven a ser declaración y deber ser y al colocarlos junto a los derechos exigibles me parece que restamos fuerza a esta importante conquista.

La titularidad: Debe plantearse como un debate adicional al de los posibles derechos específicos de las especies y los ecosistemas, el problema jurídico de la titularidad. Se debe hacer una clara diferencia entre quiénes son los beneficiarios de los derechos y quienes son los titulares; la titularidad implica la posición judicial (demandante o demandado y -a mi entender- ninguna de las dos le correspondería a la naturaleza).

2.Instrumentos internacionales vigentes en el país.

Una de las conquistas de la Constitución del 98, en el artículo 17, que debemos mantener en esta, es precisamente la posibilidad de demandar los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales aún si el Ecuador no los ha ratificado todavía. Sugiero que se elimine la frase “vigentes en el país”.

3.Las medidas de acción afirmativa.

La enumeración en el cuarto párrafo del literal c) del principio de la igualdad es innecesaria. Me parece que se puede lograr una mejor redacción si se mantiene en la frase: “El Estado debe adoptar medidas de acción afirmativa, encaminadas a establecer la igualdad real”.

4.El principio “pro homine”

Al incluir en el principio la interpretación más favorable para los pueblos se distorsiona el sentido de este principio. El objetivo del principio pro homine o pro ser humano precisamente tiene por objeto privilegiar los derechos de los seres humanos cuando estos estén en conflicto con otros. Sugiero que se elimine las palabras finales “y pueblo”.

5.Principios que corresponde al funcionamiento del Estado.

Estoy totalmente de acuerdo con el contenido de los literales i) y k) pero considero que deben incluirse en los principios de organización del Estado y no en este capítulo.

Insisto en mi apoyo al sentido general de la propuesta y concuerdo plenamente con los planteamientos del resto del texto, constituyente un importante avance para la protección de los derechos humanos.

miércoles, 2 de abril de 2008

La Ley de Recuperación de Recursos Petroleros

Ciudad Alfaro, Montecristi, 2 de abril de 2008.
María Paula Romo

LEY ORGÁNICA PARA LA RECUPERACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS PETROLEROS DEL ESTADO Y RACIONALIZACIÓN ADMISNITRATIVA DE LOS PROCESOS DE ENDEUDAMIENTO

Este proyecto de ley que debatimos el día de hoy plantea dos objetivos esenciales.

1.Eliminar un problema de rigidez fiscal que ha sido un limitante para la eficiencia del Estado y para el manejo transparente de sus ingresos.

2.Plantea un nuevo procedimiento que produzca mayor y mejor control sobre el endeudamiento público.

El proceso de análisis de esta ley por parte de la Mesa de Legislación y Fiscalización ha provocado importantes cambios en la propuesta. El proyecto enviado al ejecutivo planteaba, en resumen, lo siguiente:

Sobre fondos petroleros: su terminación y la eliminación de las preasignaciones que estaban relacionadas a los fondos y fideicomisos

En cuanto al tema del manejo de la deuda: el Ejecutivo planteó que se eliminen los controles previos, dejando a juicio del Ministro de Finanzas la decisión final sobre la contratación de créditos tanto internos como externos. Esto implicaba la eliminación de los controles del Banco Central del Ecuador y de la Procuraduría General del Estado. Adicionalmente, se planteaba la posibilidad de que el Ministro de Finanzas pueda modificar totalmente el presupuesto general del Estado.

Las reformas realizadas por la Mesa de Legislación y Fiscalización.

El nombre de la Ley.
Se tomó la decisión de cambiar el nombre de la Ley para que se incluya expresamente el tema de endeudamiento que también hace parte de la Ley.

Los Fondos Petroleros
Al analizar el primer objetivo, la mesa revisó la estructura de esos fondos; si bien en un inicio fueron instrumentos creados como respuesta a las crisis financieras y de fluctuaciones de precios del petróleo, perdían toda su importancia y uso al tener sus recursos preasignados. La creación de los fondos se ha justificado con la idea del ahorro (también deberíamos discutir si ese es el mecanismo adecuado en un país que necesita impulsar su desarrollo), pero eso tampoco ha sido exacto pues por cada fondo creado, se han creado también estas preasignaciones.

Este mecanismo ha provocado estructuras clientelares en función a la asignación de los recursos con la única lógica de la mayoría de turno; en muchos casos sin responder a ninguna planificación o a las prioridades del país.

La Revista Gestión No. 165 (la cito porque no podrá acusarse a su posición de “gobiernista”) se refiere a este proyecto de ley y las preasignaciones en los siguientes términos:

“Este proceso de reducción y acotamiento de la capacidad real del gobierno para gestionar sus recursos petroleros y ejercer plenamente su política fiscal constituyó la otra cara de la medalla de la crisis institucional del país, que llegó a su clímax con la dolarización unilateral de la economía. Si en el lado monetario la concupiscencia de varios grupos financieros amparados por el poder político llevó a la destrucción de la moneda nacional, en el lado fiscal, la incapacidad de ese mismo poder político permitió la formalización del clientelismo a base de la creación de fondos cuyos recursos sepreasignaron legalmente. La Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal de 2002 fue para la política fiscal algo muy parecido a lo que la dolarización de enero de 2002 fue para la política monetaria: la pérdida del ejercicio público para deliberar la política económica requerida para el desarrollo nacional.”

De eso trata precisamente esta ley: de recuperar el manejo público de la política económica y vincularlo al desarrollo nacional.

En este sentido, la Ley de Equidad Tributaria aprobada por la Asamblea Constituyente dio el primer paso para corregir las rigideces fiscales, al consolidar los ingresos tributarios en el Estado, para que sea este a su vez quien, de manera ordenada y planificada realice las asignaciones que sean del caso. El presente proyecto de ley mantiene ese espíritu; se busca que esos fondos ingresen como ingresos de capital al presupuesto general del Estado, para que éste, en función de una programación global distribuya los mismos en función de las necesidades de desarrollo.

Este último punto es importante; se realiza una calificación según la permanencia del ingreso; de tal manera que se zanja un debate que ha tenido distintas respuestas en los últimos años y de manera definitiva se califica los ingresos petroleros como ingresos de capital. Se crea adicionalmente la regla fiscal para que este tipo de ingresos solo puedan destinarse en gasto de inversión.

Cabe señalar existen varios proyectos, en particular los hidroeléctricos, que han sido declarados como prioritarios cuya fuente de financiamiento son estos fondos. Se ha dispuesto que se mantenga el financiamiento en los mismos términos comprometidos para no afectar a estos proyectos estratégicos.

El único fondo que se mantiene en vigencia es el que asegura los recursos del ECORAE. De esa manera se mantiene un aporte particular para la región amazónica que es de donde se extrae el petróleo.

Los procesos de endeudamiento
La mesa de Legislación y Fiscalización debatió extensamente este punto. El manejo de los procesos de endeudamiento interno y externo ha sido y es un tema de especial preocupación en el país; muchos de nosotros hemos tenido posiciones críticas sobre estos procesos y lo seguiremos haciendo.

Por esto, desde el primer informe no se consideró pertinente dar un grado total de decisión al Ministro de Finanzas para que decida sobre la contratación de créditos, reestructuración de deudas y emisión de instrumentos u obligaciones.

Los controles del Banco Central del Ecuador resultan inoficiosos en la actualidad, ya que no aportan ningún valor agregado al haber perdido esa institución su condición de Instituto Emisor; se recogió esta propuesta y se eliminó el requisito del informe técnico del Banco Central. En el caso del Informe del Procurador General del Estado, la discusión se amplió vista la complejidad del tema. La decisión final fue la de mantener el informe previo con carácter vinculante.

Para la aprobación de las políticas de renegociación o reestructuración de deuda y de contratación de esta deuda se acogió la respuesta de varios asambleístas de crear un Comité de Deuda y Financiamiento, mismo que se encargará de dar el aval a operaciones que superen el 0.15% del Presupuesto General del Estado. Este Comité está integrado por el Presidente, El Ministro de Finanzas y el Secretario de Planificación. En él, participarán los ministros del área o sector para el cual se esté contratando el crédito.

Adicionalmente, en lo referente a la propuesta para que el Ministro de Finanzas pueda modificar totalmente el Presupuesto General del Estado, se consideró que es necesario mantener un techo, ya que el no hacerlo desvirtuaría por completo la facultad constitucional del Congreso Nacional de aprobar el Presupuesto General del Estado. En este caso, la mesa consideró que dicho límite debe ser del 15% en lugar del actual 5%, lo importante es que al incrementar el porcentaje se eliminaron las excepciones adicionales al 5% (nuevamente en la intención de transparentar el manejo de las finanzas)

En resumen; esta propuesta tiene por objeto transparentar y optimizar el manejo presupuestario; eliminar las figuras de “preasignación” que resultan ineficientes y reflejan prácticas clientelares; definir que el destino de los recursos petroleros sea la inversión y -muy importante- recuperar el manejo de nuestra política económica.

COMENTARIOS SOBRE FUNCIÓN ELECTORAL

Ciudad Alfaro, Montecristi, 1 de abril de 2008.


¿Una Función del Estado?


Se ha debatido mucho sobre la necesidad de garantizar la independencia de la actividad electoral, de la que depende el buen curso de la democracia y los mecanismos de representación, la ciudadanía ve en el sistema electoral una de las mayores fallas de la estructura estatal y también como un factor de la crisis de representación que ha marcado la vida democrática de la última década.



Se propone que la Función Electoral sea un una de las que Manuel García Pelayo ha denomidado “órganos constitucionales autónomos” que son aquellos fundamentales para la organización del Estado y que no se ajustan a la división clásica del poder de Montesquieu.



Según García Pelayo, estos órganos tendrían algunas características:



La inmediatez, es decir, estos órganos deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución;

La esencialidad, pues son necesarios para el Estado constitucional de derecho;

La dirección política, toda vez que estos entes participan en la dirección política del Estado y de ellos emanan actos ejecutivos, legislativos o jurisdiccionales que contribuyen a orientar de modo decisivo el proceso de toma de decisiones;

La paridad de rango, dado que mantienen con los otros órganos y poderes relaciones de coordinación y nunca de subordinación; y,

La autonomía orgánica, funcional y, en ocasiones, presupuestaria1.



¿Debe cumplir el órgano que regula y gestiona lo electoral con estas caracterísicas?: Creo que sí. La importancia de la Función Electoral amerita que se cree ésta como un órgano autónomo de la naturaleza aquí prevista. Este diseño contribuirá a la independencia de funcionamiento de este poder que es imprescindible.


De la Naturaleza y Funciones.


En los artículos referentes a la Naturaleza de la Función Electoral considero que debe ampliarse la noción sobre los derechos políticos que este órgano debe regular. Tan importante como la participación a través del sufragio es el ejercicio del derecho político de fundar y pertenecer a partidos y movimientos políticos.

La Función electoral también debe garantizar el ejercicio de estos derechos; es por eso que la regulación no se limita a los momentos electorales pues los partidos políticos deben operar a lo largo del tiempo; los que sólo se activan en elecciones no son partidos políticos sino maquinarias electorales.



Para democratizar lo electoral no es suficiente democratizar las elecciones. Se deben democratizar los partidos políticos y movimientos, transparentar su funcionamiento, financiamiento y sus mecanismos de selección de dirigentes y representantes. Los partidos y movimientos políticos deberán consolidarse en sus idearios, principios, disciplina y propuestas. Al interior de sus organizaciones y con carácter obligatorio se pondrá en práctica la democracia, la inclusión, la equidad de género; y ésta regulación le corresponde también a la Función Electoral.



Por eso, se debe incluir entre las responsabilidades del Consejo regular y vigilar el funcionamiento de los partidos políticos en toda época y no solo en la electoral; y entre las atribuciones del Tribunal, juzgar las controversias internas de partidos y movimientos como actores políticos públicos.



El Consejo Nacional Electoral debe tener como fin la gestión de procesos electorales tanto internos de los partidos políticos como públicos locales, provinciales y nacionales.



De la designación de los miembros y control político.



Es fundamental lo que se recoge en la propuesta de la Mesa 2: ni los partidos políticos, ni gremios o corporaciones son la fuente de la postulación y designación de los miembros de Consejo o Tribunal Electoral. Es muy importante que sea cualquier ciudadano en ejercicio de sus derechos el que esté calificado para postular y, por supuesto, para impugnar (lo del “veto ciudadano” me parece poco preciso, debería limitarse al concepto de la impugnación).



También concuerdo con que la calificación pública que origina la conformación de este órgano se justifique en concursos de oposición y méritos.



En el caso del control político es importante subrayar que la propuesta logra un equilibrio entre un control que ratifica el contrapeso de poderes al permitir el juicio político del Congreso pero que al mismo tiempo prohíbe expresamente que el Congreso intervenga en el nombramiento de los miembros de la Función Electoral. Eso es importante y debe mantenerse en el articulado.



Comisión de Selección.



Uno de los cambios esperados por la ciudadanía es aquel referido a la despolitización de los denominados órganos constitucionales autónomos (por ejemplo de los organismos de control) y de los organismos que tienen la responsabilizar de impartir justicia, para lograr esta finalidad se requiere emprender en procesos imparciales, incluyentes y participativos en la elección/selección de funcionarios de alto nivel para estos órganos. Esta forma de designación por selección de capacidades, perfiles y calificación de probidad profesional y humana, no es aplicable solamente a los órganos electorales, por ello propongo que se que instituya la misma Comisión de Selección para todos los órganos de control. Eso exigirá discutir mejor su operación, renovación, años de duración, mecanismos de vigilancia ciudadana; pero estoy totalmente de acuerdo con su conformación.



Consejo y Tribunal Electoral.



Estando de acuerdo en la separación de funciones entre la Gestión Electoral y la Justicia Electoral, es necesario delimitar sus actividades para evitar duplicidad, sobreposición o conflicto entre las mismas. Por otro debemos plantearnos si en la conformación de los tribunales y órganos de la Constitución se definirá la composición paritaria de hombres y mujeres. Planteo que, en términos de redacción y principios, se debe ordenar la paridad en una norma general en lugar de repetirla en cada artículo sobre conformación de los órganos constitucionales.



Respecto a la separación de actividades de estos dos organismos sugiero algunos temas de redacción concreta:



Funciones del Consejo Nacional Electoral:



Organizar, supervisar y dirigir los procesos electorales nacionales, regionales, provinciales, cantorales, parroquiales y las realizadas en el exterior; de igual forma lo hará con las elecciones internas de los partidos y movimientos políticos y con los concursos públicos y méritos y oposición que la administración pública realice para designar autoridades o funcionarios, de acuerdo con la Constitución y la Ley.



Dirigir los procesos electorales para elegir representantes a organismos internacional, cuando así esté establecido en convenios o tratados internacionales vigentes en el Ecuador.



Auditar las cuentas que rindan los partidos, movimientos políticos, organizaciones y candidatos, sobre el monto, origen y destino de los recursos que utilicen en las campañas electorales. Si las auditorias arrojarán problemas, los expedientes completos serán enviados a la Corte Nacional Electoral.



Funciones de la Corte Electoral:



Conocer y juzgar todo lo relacionado con lo contencioso electoral;

Conocer y juzgar lo referente a las contiendas internas de los partidos y movimientos políticos;

Decidir en última instancia sobre todas las apelaciones y reclamos que se produzcan en su ámbito, y ser juez de las elecciones de todos los cargos electivos, de los actos de consulta y referéndum; y,

Conocer, juzgar y aplicar las penas por los delitos electorales.





Queda pendiente el debate y la redacción del artículo o artículos que definan el sistema electoral; deberían ser definidos como sus principios: Sistema Electoral Proporcional, distritos pluripersonales; participación en listas cerradas con paridad de género; mecanismos de control ciudadano, participación directa y universal, compromiso de los (as) candidatos (as) con las líneas políticas y programáticas que promueven en sus candidaturas.


MPR/ma

1GARCÍA PELAYO, Manuel. “El status del Tribunal Constitucional”, en Revista Española de Derecho Constitucional. Num. 1. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992.