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jueves, 22 de diciembre de 2011

Sobre el pedido de revocatoria de Blasco Peñaherrera

Algunas aclaraciones para los ciudadanos y ciudadanas de Pichincha. No las dirijo al Sr. Peñaherrera, porque tengo la impresión de que su interés no es cuestionar mi gestión, sino ser entrevistado por los medios de comunicación. Ahora, que él ha logrado su objetivo, considero mi deber compartir con ustedes toda la información relacionada con este pedido:

1. La revocatoria del mandato es una institución creada para que los ciudadanos puedan controlar, pedir cuentas o incluso retirar el encargo a sus representantes. Cualquier ciudadano tiene el derecho de activarla, solicitando a la autoridad electoral los formularios en los cuales debe probar que tiene el apoyo de otras personas.

2. Según la Constitución y el Código de la Democracia se requiere, para convocar el proceso electoral en que se puede revocar o no un mandato, el apoyo del 10% de los ciudadanos del correspondiente padrón. En las elecciones del 2009, la provincia de Pichincha tuvo 1’850.516 electores, es decir, el pedido de revocatoria debería ser firmado por 185.051 personas.

3. El Sr. Peñaherrera ha solicitado los formularios para este proceso con el argumento de que no asistí a la reunión de la Asamblea del día 17 de noviembre de 2011 en que se votó una resolución (resolución es igual a opinión; resolución no es decisión) respecto a la Ley de Fomento Ambiental, pues los asambleístas tratábamos de impedir que la reforma tributaria se apruebe por el ministerio de la ley. Insisto, lo que se propuso y finalmente se votó y aprobó (pues las resoluciones requieren solo la mitad más uno de los presentes) no tuvo ningún efecto jurídico en el tratamiento de la ley.

4. Para que podamos hacer memoria, la sesión en que esto se discutió fue el miércoles 16 de noviembre durante todo el día y, pasada la media noche, el Presidente Cordero la suspendió. Según manda la ley, las sesiones se deben convocar con 48 horas de anticipación. Sin embargo, el Presidente Cordero, al día siguiente, a las 12h30, convocó para la continuación de esta sesión a las 15h30. Fue la primera y única sesión convocada sin la anticipación de dos días y eso provocó que varios asambleístas estén en apuros para asistir. Afortunadamente, Francisco Cevallos, mi asambleísta alterno estaba en Quito y le pedí, tan pronto como me enteré de la convocatoria, que asistiera al Pleno, lo que en efecto sucedió.

A continuación, mi intervención en el Pleno en la que queda clara mi posición sobre este tema:


Finalmente, cuando se presenten las 185.000 firmas empezaría un período de campaña en que cada posición presenta sus argumentos a la ciudadanía. Me alegrará tener la oportunidad de debatir y rendir cuentas de forma más extensa. ¿Será necesario explicarle al Sr. Peñaherrera todos los detalles que evidentemente desconoce sobre el funcionamiento del Legislativo y sobre mis posturas políticas?

miércoles, 21 de diciembre de 2011

Se aprueba la amnistía para los comuneros de Nabón


Esta mañana la Asamblea ha aprobado la amnistía para los siete comuneros de Nabón: Vinicio Saravio Jaya Quezada, Plutarco Patiño Patiño, Celso Amable Patiño Quezada, Rodrigo de los Angeles Quezada Sanmartín, Segundo Olmedo Sanmartín Mora, Luis Nelson Sanmartín Mora y Manuel Remigio Capelo Erráez.  Ellos fueron condenados a 8 años de prisión por el delito de sabotaje (uno de los delitos usados por excelencia para la persecución).

Esta amnistía había sido otorgada ya por la Asamblea Constituyente pero los jueces interpusieron argumentos de forma para negarse a acatar la decisión.

Ojalá esta decisión se inscriba en un debate más amplio sobre la minería en la zona y el uso de tipos penales indeterminados como el de sabotaje que lamentablemente se sigue utilizando en otros casos similares y sobre la gravedad de utilizar la justicia como herramienta de poder.

viernes, 9 de diciembre de 2011


La Inmunidad Parlamentaria

La inmunidad parlamentaria es una institución que existe desde siempre en el Ecuador (Constitución de 1830) y en la mayoría de los sistemas democráticos del mundo. Esta inmunidad se relaciona directamente con la tarea del Parlamento que, como su nombre lo indica, tiene su esencia en el hablar. En el Legislativo, Asamblea, Congreso, Parlamento, es en donde se expresan todas las voces que tengan alguna representación política (a diferencia del Poder Ejecutivo, donde el triunfador de las elecciones decide por sí solo sobre la administración pública).

La inmunidad no es total; no se trata de la prohibición de enjuiciar a un parlamentario, sino de un privilegio para que, en cada caso, se examine la pretensión de procesar a un diputado o parlamentario y así se pueda proteger su derecho a hablar, cuestionar, fiscalizar. Es cierto que hay casos en la historia del Ecuador en que se ha abusado de esta figura; tal vez el más famoso es el de Junior León, diputado del PRE que disparó a una persona en una discoteca y en el que, obviamente, no cabía su protección con la inmunidad; sin embargo, en su momento el Congreso lo hizo e impidió el juicio, desnaturalizando y desprestigiando esta figura. Esto es lo que la Asamblea debe discutir en cada caso en que le requieran autorizar el enjuiciamiento de alguno de sus miembros.

Son casos como estos que la Asamblea analizó el 8 de diciembre de 2011 (un pedido originado por la querella penal formulada por el Presidente de la República y otro por la Ministra Ximena Ponce), los que constituyen la esencia del otorgamiento de la figura de la inmunidad, ya que el pedido del Presidente está relacionado con los términos que Galo Lara utilizó en un discurso en el Pleno; y el pedido de Ximena Ponce por las declaraciones y entrevistas de Lara sobre un caso de fiscalización al ministerio a su cargo. El término usado por Lara es "corrupción"; así como la prensa corrupta, los jueces corruptos, etc., que -lamentablemente- están dentro de una escalada de violencia verbal de la que él no es único protagonista.

Preocupa además, que el Presidente de la República y sus Ministros, traten de sellar sus diferencias políticas apelando a la justicia penal. En este país se ha discutido varios años sobre los problemas de la judicialización de la política. Eso es lo que se debe evitar, en la medida de lo posible, más allá de quién sea el asambleísta enjuiciado. Más grave todavía cuando el propio Ejecutivo está dirigiendo una "re estructuración" de la justicia en el país...

Si se solicitara levantar la inmunidad porque el diputado o asambleísta ha estafado a un ciudadano, porque ha cometido un delito contra la vida, etc., por supuesto que cabe levantar la inmunidad; sin embargo, en el caso de intervenciones en el Pleno precisamente se discute el derecho/obligación del asambleísta a hablar; y aunque lo haga en un tono que no nos guste o que no compartimos, es preferible esto a que la Asamblea tenga temor de realizar su trabajo.

Estas fueron las reflexiones que planteamos en la Constituyente cuando aprobamos la figura de la inmunidad parlamentaria y han sido repetidas en el Pleno -incluso en el caso de Galo Lara en marzo del año pasado-. Esta ha sido también la reflexión que hemos compartido con el Comité Ejecutivo de la Ruptura para decidir mi voto de hoy en la Asamblea Nacional que será en contra de autorizar las querellas del Presidente y la Ministra Ponce.

A continuación constan los links de los asambleístas que se pronunciaron, en ese entonces, sobre la inmunidad:

Mauro Andino


Silvia Salgado


En esa sesión, la 34, del 23 de marzo del 2010, 109 de los 112 asambleístas presentes votamos en contra de levantar la inmunidad de Lara por ser un caso relacionado con la facultad fiscalizadora. Aquí el detalle de la votación