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martes, 25 de marzo de 2008

Comentarios sobre Principios de interpretación de los Derechos Fundamentales

Comentarios a los textos presentados por la

Mesa de Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales.


Ciudad Alfaro, Montecristi, 20 marzo de 2008.


El Título II debería llamarse: Derechos Fundamentales.
Mi primer comentario hace referencia al Título II. Desde las primeras constituciones lo central de su contenido ha sido precisamente lo referente a los Derechos Fundamentales, creo que ese debe ser el Título II para que luego los capítulos se organicen empezando por Principios de los Derechos Fundamentales y luego los Derechos Civiles, Políticos, Colectivos, etc.

La pertinencia de un capítulo sobre principios.
Aunque algunos de estos principios se encuentran en la Constitución del 98, es totalmente pertinente que estos principios se agrupen en un capítulo específico. El capítulo propuesto podría denominarse: Principios de aplicación e interpretación.


La titularidad de los derechos fundamentales.
Citando al español Aláez Corral “la titularidad de los derechos fundamentales hace a la concreta atribución de un derecho o de un deber fundamental que el ordenamiento ha realizado a favor de un individuo, generando con ello las diversas posiciones jurídicas en las que éste se encuentra en relación con el poder público y con los demás particulares”.



En ese sentido, los derechos contenidos en los textos constitucionales son derechos fundamentales, derechos humanos. Largamente se ha debatido sobre la titularidad de esos derechos constitucionales que básicamente radica en las personas de forma individual y en algunos casos incluso los derechos civiles pueden ser exigidos por una comunidad o asociación -independientemente de que esa comunidad cuente con personería jurídica-. Este último caso, por ejemplo, es el del derecho de libre expresión, que le corresponde a cada persona pero también a un grupo o asociación si así lo desea.



Existen por supuesto los derechos colectivos que sólo se realizan en comunidad; es el caso del derecho al desarrollo, a la paz, a vivir en un medio ambiente sano, etc. Incluso en estos casos, existe un largo debate que nuestra Constitución debería resolver, sobre quién está legitimado para iniciar una acción de este tipo a nombre de la comunidad, el pueblo, la colectividad.



En el caso de las personas jurídicas, excepcionalmente están facultadas para exigir estos derechos: el caso de un partido político demandando libertad de expresión; pero se trata de un caso excepcional pues los beneficiarios de los derechos fundamentales son los personas, los seres humanos.

En esta misma línea no me parece conveniente plantear “la naturaleza” como sujeto de derechos. Es imperioso resolver con claridad la obligación del Estado de conservación y cuidado ambiental; la necesidad de que el ordenamiento jurídico evite y sancione la depredación o la explotación en áreas protegidas. Se debe plantear también las obligaciones que en materia ambiental tienen las distintas instituciones y niveles de gobierno, incluso que esta conservación y protección se encuentra entre los deberes de los ciudadanos; pero eso no se resuelve planteando a la naturaleza como “sujeto” de derechos.



A esto habría que añadir que “la naturaleza” sigue siendo un enunciado indefinido y demasiado amplio. Se refiere al aire, pero también a los insectos, al agua, a los ecosistemas, pero también a la pesca con que nos alimentamos. Insisto en que no está bien planteado ni conceptual ni jurídicamente.

El tema de “la naturaleza” debe ser abordado de forma muy específica a lo largo de todo el texto constitucional; en lo referente a la propiedad estatal de los recursos naturales no renovables; el uso público -sin excepciones- del agua; la responsabilidad estatal frente a la conservación y protección de la biodiversidad; la prohibición de explotar recursos en zonas protegidas; etc. En términos generales de la obligación del Estado y las personas, sugiero el siguiente texto (de autoría del Dr. Marco Albuja):



Art… El Estado y las personas deberán respetar y garantizar el derecho de la naturaleza a existir y mantener sus procesos evolutivos, estableciendo mecanismos de producción, consumo y uso de energía, en los cuales se logre preservar y recuperar los ciclos naturales, que permitan condiciones de vida con dignidad.



Sin embargo, insisto, este tema no puede encontrarse bajo el título de la titularidad de derechos fundamentales.



Principio de igualdad en la diversidad y no discriminación.

Este principio es fundamental. Creo que la redacción podría cambiarse por “Principio de igualdad y no discriminación”.



Felicito y apoyo la enumeración que se hace en este principio pues la sola enunciación de la igualdad no es, ni ha sido nunca suficiente. Debe mantenerse además expresamente la no discriminación por razones de género, sexo, opción sexual y estado de salud (estoy de acuerdo con las otras características enumeradas pero estas últimas son importantes porque son nuevas y además porque en el momento actual son uno de los motivos más importantes de reproducción de prejuicio y crímenes de odio).



En este caso también debe mantenerse la obligación del Estado de adoptar medidas de acción positiva porque la ficción legal del principio de igualdad ante la ley exige también la incorporación de las medidas necesarias para lograr igualdad real.



Finalmente la acción positiva tiene como una de sus principales características el ser temporal, debe omitirse la palabra permanente pues se estaría distorsionando en su parte fundamental esta medida jurídica; así lo dice la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, en su artículo 4.


Art. 4.

La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entreñará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato



Procurando una redacción austera pero inequívoca, sugiero que el tercer párrafo del principio de igualdad se redacte de la siguiente manera:



“El Estado adoptará medidas de acción positiva de carácter temporal encaminadas a establecer la igualdad real”


Principio de no restricción de derechos.
Este es uno de los principios más importantes y mejor desarrollados de toda la propuesta. Vale la pena subrayar que representa un avance importantísimo en relación a lo norma que contiene la Constitución vigente.


Se establece a raíz de este principio la obligación de jueces y autoridades de aplicar de oficio los derechos fundamentales. Así mismo es importante la declaración expresa de que todos los derechos son plenamente judiciables y no se alegará falta de ley para justificar su inobservancia.


Principio pro humanidad.
También se trata de un principio fundamental en la aplicación y la interpretación de los derechos fundamentales, sin embargo en la línea final de este artículo sugiero que se mantenga la tesis de que el principio es el de la interpretación más favorable para las personas. No creo que se deba incluir en esa categoría a los pueblos pues me preocupa que en casos en que se confronten los derechos de los pueblos y las personas, se afecten los derechos de las personas con la justificación de los derechos de la colectividad. Es precisamente para privilegiar los derechos de las personas en caso de duda ,que este principio subsiste.


Principio de integralidad
De acuerdo con la inclusión de este principio esencial, sin embargo considero que hay que hacer clara alusión a los derechos (no pueden ser los principios de interpretación de principios); también la última frase de este derecho resulta innecesario.

Algunas personas objetaron la frase de la igual jerarquía pero ese es precisamente el fundamento de la integralidad y por eso debe conservarse esa redacción. Evidentemente hay derechos imprescindibles para que se realicen otros; pero en ningún caso se puede jerarquizar los derechos.

El texto podría redactarse de la siguiente manera:

“Todos los principios y los derechos fundamentales son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía”

Principio de claúsula abierta
De acuerdo con este principio. Para mejorar el sentido de la redacción me parece que debería eliminarse la coma (,).

Principio de progresividad.
Este también es un principio fundamental para la interpretación y la aplicación de los derechos humanos. Con esta denominación se conoce, se ha desarrollado la doctrina, y en ese sentido debe mantenerse el texto propuesto.

Principio de responsabilidad estatal.
Muy importante este principio pues establece que el Estado no sólo tiene la obligación de prestar determinados servicios

Principio de responsabilidad social.
De acuerdo con el sentido general de este principio, sin embargo cabe mejorar la redacción. No se causa “daños” a los derechos humanos; existen violaciones a los derechos humanos.

Eliminando la tesis de la titularidad de los derechos fundamentales para la naturaleza, no cabría enlistar aquí que las acciones u omisiones violan sus derechos; corresponde establecer las responsabilidades de personas y pueblos en relación al ambiente en otra parte de la Constitución.

Principio de motivación de los actos de los poderes públicos.
Este principio hace referencia a una de las características del derecho público: ningún acto de poder puede carecer de motivación. Será importante reivindicar este principio también en el debido proceso, pero me parece pertinente incluirlo en este capítulo.


Me sumo a la felicitación que muchos asambleístas hicieran durante el debate en el Pleno al reconocer que este es un informe que contó con el apoyo unánime de los miembros de la Mesa 1. Con correcciones que permitan ser exactos en términos jurídicos, se trata de un paso importante en la redacción del nuevo texto constitucional.

Saludos cordiales,


María Paula Romo

Comentarios a los artículos de Soberanía, Mesa 9

Comentarios a los textos presentados por la Mesa de Soberanía, Relaciones Internacionales e Integración Latinoamericana sobre Soberanía Territorial

1. Sobre el tipo de Constitución que redactaremos.


Como lo he argumentado en otras ocasiones, creo que lo conveniente, lo revolucionario, será redactar una Constitución que contenga los principios generales, inequívocos, que nos permitan organizar el Estado y el poder. En ese sentido creo que deberíamos ensayar siempre una redacción concreta, austera, con más conceptos que adjetivos. Considero que ese es el estilo de redacción de casi la totalidad de lo propuesto

2. Sobre el artículo primero.

El Ecuador y el Estado Ecuatoriano constituyen una “unidad histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros pueblos milenarios”; estoy de acuerdo con esa declaración, pero no considero que se deba incluir en el artículo sobre el territorio ecuatoriano. El territorio se refiere estrictamente a la dimensión física; el espacio en donde un Estado ejerce su soberanía.

Considero por eso que debe omitirse la frase “unidad histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros pueblos milenarios” en este artículo.

3. Soberanía territorial.

De acuerdo con el concepto general de soberanía del territorio.

Revisadas las constituciones de América ya no queda ninguna que tenga el criterio de inembargable pues esta figura jurídica no es aplicable según el derecho internacional al Estado o al Territorio de un Estado, de tal manera que la protección es supranacional. Los calificativos de inalienable e inviolable por su parte se encuentran a en varias constituciones como la Peruana, denotan más bien la prevención de que el espacio geográfico no puede ser penetrado por personas o potencias extranjeras, más que un estatus jurídico es la asimilación con la casa

familiar a la que si alguien no es invitado no puede entrar. Respecto a la declaratoria de “único e indivisible” parece redundante pues luego se prohíbe los atentados contra la unidad territorial y contra cualquier forma de divisionismo.

En base a estos criterios, propongo un texto alternativo que además diferencia el territorio de los bienes públicos.

“El territorio del Ecuador es inalienable e inviolable, no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. Ningún ciudadano, ciudadana, comunidad, colectividad, pueblo, entidad Estatal o privada podrá llevar a cabo acto alguno que atente contra la unidad territorial ni fomente la separación o escisión territorial. Será imprescriptible e inembargable el espacio declarado como bien público”.

4. Ecuador propietario de los recursos no renovables.

Me parece necesario ampliar la definición no solamente a la propiedad sino a la protección, el tema soberanía es desde luego más que una declaratoria de propiedad un ejercicio diario. Propongo un texto alternativo:

“Pertenecen al Ecuador los recursos naturales que se encuentren en su territorio y serán de protección prioritaria en el territorio nacional aquellos de naturaleza no renovable, en especial el agua y los que contengan especies forestales, animales y minerales declaradas estratégicas o en peligro de extinción; el patrimonio genético; los yacimientos mineros y de hidrocarburos y otros recursos que se encuentren en el subsuelo; los componentes intangibles o inmateriales y el espectro electromagnético; el Estado a través de la Fuerza Pública y de la comunidad se organizará para la defensa de dichos recursos”.

Debemos discutir sobre la localización de este artículo que, aunque imprescindible, probablemente no pertenece a la sección de soberanía territorial.

5. Ecuador territorio de paz.

Mi total acuerdo con reconocer y declarar al Ecuador como un territorio de paz, sin embargo considero que esa definición debería tener consecuencias más allá de la prohibición de establecer bases militares. Por eso recomiendo una redacción que no establezca la prohibición de instalaciones militares como única consecuencia. Me parece que el artículo podría estar compuesto por dos frases que tienen sentido e implicaciones propias, de la siguiente manera:

“El Ecuador es un territorio de paz. No se podrá establecer en él bases militares extranjeras ni instalaciones extranjeras con propósitos militares”.

Prioridades de las mujeres en la Constitución del 2008

Ciudad Alfaro, Montecristi
Marzo 2008.


Prioridades de las mujeres en la Constitución del 2008

De cara a una constitución que se base en la soberanía popular y en la construcción de las condiciones que permitan el buen vivir de todos los ecuatorianos y las ecuatorianas, resulta de suma importancia romper el aparataje institucional que ha auspiciado una serie de inequidades sociales y mecanismos de exclusión para muchos grupos sociales.

En ése sentido los procesos de lucha por los derechos abanderados por los Movimientos de Mujeres a nivel nacional, alcanzaron algunas conquistas importantes en la Constitución de 1998 principalmente en lo relativo a los derechos económicos sociales y culturales y lo relativo a la participación política, los mismos que, lamentablemente, en la práctica no pasaron más allá de ser principios declarativos sin mecanismos de exigibilidad efectivos.

Resulta crucial consolidar las conquistas en materia de derechos y plantear claramente los aspectos centrales en los cuáles se considera que el principio de la progresividad de los derechos debe hacerse efectivo.

A poco de recordar el Día Internacional de la Mujer; símbolo de homenaje a las luchadoras de generaciones anteriores y también recordatorio del compromiso de hombres y mujeres por construir una sociedad más justa, queremos presentar una propuesta de textos constitucionales concretos en materia de la garantía y protección de los derechos de las mujeres.

Estas propuestas no agotan el tratamiento de los temas planteados, sino que hacen especial énfasis en lo que constituyen asuntos prioritarios para las mujeres ecuatorianas.

No se trata exclusivamente de la propuesta de los y las asambleístas firmantes de este documento, sino que recoge muchas de las propuestas planteadas por ciudadanos, ciudadanas y organizaciones durante estos meses a la Asamblea Constituyente.



1.En las caraterísticas y obligaciones del Estado (entre otras):

Art. XX. El Ecuador se proclama como Estado laico. Ninguna religión es o puede ser la del Estado. Se establece la separación entre Estado e Iglesia como esferas autónomas, el Estado no debe auspiciar, proteger, financiar ni favorecer a una religión en particular. Sus decisiones no pueden ser justificadas en determinado dogma o creencia religiosa. Tampoco le corresponde desarrollar acciones contra ninguna expresión religiosa.

Art. XX. Los derechos y garantías determinados en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, serán directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad.

Art. XX. El estado asegurará la inclusión de la perspectiva de género y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, tomando en cuenta las diversidades étnicas, generacionales, de clase social y orientación sexual, en el diseño y ejecución de las políticas y programas públicos en todos los ámbitos de la acción del estado, en lo social, económico cultural y familiar, así como en los presupuestos destinados a financiarlos.

Art. XX. El Estado sancionará toda acción u omisión que promueva cualquier forma de discriminación, sobre todo las relacionadas por la condición de género, sexual, étnica, o etárea. La autodeterminación sexual no puede ser causa de discriminación de ninguna clase

Art. XX. El Estado implementará las medidas necesarias para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia y discriminación basada en las diferencias. Entre otras: el feminicidio, los crímenes de odio racial, homofóbico, lesbofóbico.

2.En los derechos de los seres humanos:

Art. XX.- El Estado reconoce y garantiza a todos los seres humanos, los siguientes derechos:

1.A la inviolabildad de la vida. No hay pena de muerte.
2.A una vida con dignidad, libre de violencia y discriminación.
3.A la integridad personal. Se prohíben las penas crueles, la tortura; todo trato inhumao, cruel o degradante; todo trato que implique violencia física, sicológica, sexual o coacción moral.
4.La igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades; sin discriminación en razón de nacimiento, sexo, edad, etnia, origen social, idioma, religión, orientación sexual, filiación política, posición económica, estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole.
5.A la igualdad real. El Estado tomará las medidas de acción positiva que sean necesarias para garantizar la igualdad real de los grupos tradicionalmente discriminados.
6.A la libertad. Todas las personas nacen libres.
7.Se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y el tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas.
8.Ninguna persona podrá sufrir prisión por deudas, costas, impuestos, multas ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias.
9.Nadie podrá ser obligado a hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo no prohibido por la ley
10.Al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que las impuestas por el orden jurídico y los derechos de los demás.
11.A la honra, la buena reputación y la intimidad personal y familiar. La Ley protegerá el buen nombre, la imagen y la voz de la persona.
12.Sin el consentimiento de la persona, no se utilizará información personal sobre orientación sexual, creencias religiosas, filiación política, situación laboral y económica, que se refieran a la esfera de su intimidad.
13.A la libertad de religión, expresada en forma individual o colectiva, en público o en privado. Las personas practicarán libremente el culto que profesen, con las únicas limitaciones que la ley prescriba para proteger y respetar la diversidad, la pluralidad, la seguridad y los derechos de los demás.
14.A la libertad de conciencia: nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias de cualquier naturaleza ni obligado a declararlas ni a actuar contra ellas.
15.A guardar reserva sobre sus convicciones, de cualquier naturaleza, o expresarlas en forma individual o colectiva, con respeto a las que le sean ajenas.
16.A la libertad de trabajo. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar un trabajo gratuito o forzoso.
17.A tomar decisiones libres e informadas sobre su vida sexual: en relación a su identidad sexual, elección de pareja, opción sexual. El Estado sancionará la violencia sexual, la prostitución forzada, la esclavitud sexual y la mutilación genital.
18.A tomar decisiones libres e informadas sobre salud reproductiva. Las personas tienen derecho a decidir cuándo y cuántos hijos tener.

3. Sobre derechos políticos (entre otros):

Art. XX. El Estado promoverá y garantizará la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación y/o designación de todos los entes de la función pública y en sus instancias de dirección y decisión; en la administración de justicia, en los organismos de control y en los partidos y/o movimientos políticos. Implementará medidas educativas, administrativas, legislativas y otras que permitan el ejercicio pleno de este derecho. Garantizará la incorporación de las mujeres indígenas y afrodescendientes.

Art. XX. El Sistema Electoral será proporcional. Para garantizar la representación de sectores minoritarios y la mayor participación de mujeres, se preferirán los distritos plurinominales.

4. Sobre salud, aseguramiento universal y seguridad social.

Art. XX. El Estado garantizará como derecho fundamental, el derecho a la salud, su promoción y protección, y tomará las medidas destinadas a conseguir la cobertura universal de salud, garantizando condiciones de acceso y calidad en la prestación; por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme los principios de universalidad, gratuitad, equidad, universalidad, solidaridad, calidad, calidez, eficacia y eficiencia.

Art. XX. Las políticas públicas, las acciones para proteger el derecho a la salud, las acciones de salud colectiva y la atención integral en los servicios de salud, serán gratuitas para la población, promoverán, garantizarán y respetarán los derechos humanos, erradicarán la discriminación en el quehacer de salud, serán diferenciadas de acuerdo a la población, considerando componentes de género, culturales, etáreos, entre otros.

El presupuesto será distribuido con equidad a nivel nacional, de acuerdo a la población y a sus condiciones de salud y enfermedad. Los recursos fiscales financiarán únicamente a las instituciones públicas.

Se propiciará la incorporación de los conceptos y prácticas de la medicina tradicional y alternativa en el sistema público de salud.

Art. XX. El sistema nacional de salud garantizará el acceso de hombres y mujeres a programas de salud pública y servicios de atención de salud sexual y salud reproductiva, medicamentos e insumos necesarios, de calidad, seguros, eficaces, acorde a los avances de la ciencia y la tecnología, para que todas las personas sin discriminación alguna ejerzan el derecho a decidir sobre la sexualidad y la reproducción.

Art. XX. El Estado garantizará la maternidad gratuita bajo principios de universalidad, gratuidad, solidaridad, eficiencia, calidad, así como generará condiciones adecuadas de cobertura, calidad y acceso de las mujeres hacia los centros de salud.

Art. XX. El Estado garantizará el acceso al sistema de seguridad social a las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado conforme los principios generales de la seguridad social.

5. Sobre protección a las familias.

Art. XX. El estado reconocerá y protegerá a la diversidad de familias, garantizará las condiciones que favorezcan el pleno desarrollo, la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. Dará protección especial a las mujeres jefas de hogar.

Art. XX. El matrimonio o casamiento se fundará en el libre consentimiento de los contrayentes y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges.

Art. XX. El Estado protegerá la maternidad, la paternidad y el patrimonio familiar.

Art.XX. La unión estable y monogámica de dos personas libres de vínculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho,generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio o casamiento, inclusive en lo relativo a la presunción legal de paternidad, sociedad conyugal y derecho de sucesión.

Art. XX. Al inscribir el nacimiento no se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación, y en el documento de identidad no se hará referencia a ella.

6.- Sobre violencia intrafamiliar y violencia de género.

Art. XX. Todas las personas tienen derecho a vivir libres de toda forma de violencia.
Art. XX. El Estado implementará las acciones necesarias para prevenir, eliminar y sancionar, en especial, la violencia contra los niños, niñas y adolescentes así como la violencia de género o cualquier tipo de discriminación, estigma o violencia sea física o psicológica. Las costumbres no serán causal que exima a ninguna persona de la sanción correspondiente por actos de violencia.

Art. XX. El Estado implementará políticas para la protección integral que evite violencia en las víctimas de violencia sexual y de género, mediante un sistema de protección integral e intersectorial, que incluya prevención, ayuda, restitución y reparación de los derechos.

Art. XX. Se prohíbe la publicidad que por cualquier medio o modo promueva la violencia, el racismo, el sexismo, la homofobia, la intolerancia religiosa o política y cuanto afecte a la dignidad del ser humano.

Art. XX. Serán imprescriptibles las acciones y penas por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, crímenes de estado, homicidio o asesinato por razones políticas o de conciencia, secuestro delitos sexuales, tráfico de órganos, trata de personas, explotación sexual, la pornografía y todas las formas de violencia de género. Estos delitos no serán susceptibles de indulto o amnistía. En estos casos, la obediencia a órdenes superiores no eximirá de responsabilidad al autor.

7. Sobre el derecho al trabajo.

Art.XX. Todas las personas tienen derecho a un trabajo digno. Se prohíbe todo tipo de discriminación laboral basada en el género, opción sexual, edad, origen étnico, o diferencias de cualquier tipo. Se promoverá la igualdad de derechos y oportunidades laborales para hombres y mujeres; se garantizará igualdad en la remuneración por trabajo de igual valor.

Art. XX. El Estado desarrollará políticas públicas y la ejecución de acciones para eliminar la desocupación y el subempleo. Adoptará medidas tendientes a garantizar la estabilidad en el trabajo, los derechos laborales de las personas dedicadas a la economía informal y por cuenta propia, especialmente velará por su acceso al sistema de seguridad social, especialmente en el caso de la madre gestante y en período de lactancia, de la mujer trabajadora, la del sector informal, la del sector artesanal, la jefa de hogar y la que se encuentre en estado de viudez. Se prohíbe todo tipo de discriminación laboral contra la mujer.

Artl. XX. Se prohíbe toda forma de precarización de las relaciones laborales. El estado protegerá a la población de estas formas de trabajo, y sancionará a quienes la promuevan.

Art. XX. El Estado diseñará, ejecutará y evaluará políticas públicas para erradicar la discriminación en el trabajo y elaborar un sistema de valoración con enfoque de género.

Art. XX. El Estado en todos los niveles de gobierno formulará y aplicará políticas de Estado que favorezcan la responsabilidad compartida entre mujeres y hombres en el ámbito familiar, superando los estereotipos de género.

Art. XX. El Estado para el funcionamiento de la economía reconoce el trabajo no remunerado del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Por lo cual las personas que lo realizan tienen derecho a la retribución social por su desempeño en beneficios tales como la seguridad social, de conformidad con la Constitución y la ley.

Art. XX. El Estado promoverá políticas para fomentar la corresponsabilidad social del trabajo reproductivo no remunerado realizado en el ámbito del hogar. Hombres y mujeres compartirán de forma igual el trabajo del cuidado de los hijos, hijas y del hogar. El Estado deberá fomentarlo y proveer los servicios de cuidado infantil y otros necesarios para que los y las trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales.

8. Sobre la educación:

Art. XX. La educación pública será laica, gratuita, integral, intercultural, universal y de calidad en todos sus niveles.
Art. XX. La educación sexual es obligatoria en todos los establecimientos educativos, se basa en derechos humanos y en principios científicos que promuevan el derecho a la autodeterminación.

9. Sobre los grupos de atención prioritaria.
Art. XX. En el ámbito público y privado recibirán atención prioritaria, preferente, especializada y diferenciada, las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, las personas viviendo con VIH – SIDA, los que adolescen de enfermedades crónicas de alta complejidad, y las de la tercera edad.

Estos son los temas mínimos en que asambleístas hombres y mujeres, nos comprometemos con las ecuatorianas en la defensa de las conquistas históricas y en la reivindicación de la lucha por construir un mundo sin prejuicios, sin discriminación, con igual para todos y todas.

Atentamente,
(siguen firmas de 60 asambleístas)