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viernes, 16 de octubre de 2015

¿Será que al Presidente no le gustó el resultado de los diálogos?


A partir del mal momento que enfrentó el gobierno vinculado al anuncio de las leyes de herencia y plusvalía (con lo que coincidieron otros motivos de descontento: casos de abuso de poder, la aparente inminencia de la aprobación de las enmiendas constitucionales, las primeras señales de la crisis económica), el presidente Correa escogió la estrategia del "diálogo" con diferentes sectores. Sin embargo,  anoche separó de su gabinete a quienes hace unos meses fueron escogidos como interlocutores de ese diálogo: Nathalie Cely (del Ministerio de la Producción) y Pabel Muñoz (de la Secretaría Nacional de Planificación). 

¿Cómo debería entenderse esta separación en relación a la anterior estrategia?  Es inevitable pensar que esta es sólo la confirmación de que el "diálogo" fue un pretexto para ganar tiempo, que los temas más incómodos y que provocan mayor resistencia van a mantenerse igual y no hay ninguna intención de cambio: seguirán ahí el Decreto 16 y la ley de herencias en la que el Presidente ha insistido hasta en la Asamblea General de la ONU; la reelección indefinida "va porque va", cambiará las normas laborales o tributarias cuantas veces quiera, etc., etc.  ¿Será que al Presidente no le gustó el resultado de los diálogos? 

Cada uno tendrá sus respuestas, pero sería importante conocer cómo se explican estos cambios quienes sí creyeron en el diálogo y hoy ven descalificados y separados del gobierno a aquellos que se presentaron /prestaron como los puentes ideales para reconstruir su confianza.

viernes, 9 de octubre de 2015

Los tres nuevos jueces de la Corte Constitucional del Ecuador: Francisco Butiñá Martínez, Pamela Martínez y Roxana Silva

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. El poder de la Corte según nuestro modelo de control constitucional es muy grande. Se trata de los jueces más importantes y más poderosos del país; la independencia de otras funciones del Estado, en particular del Ejecutivo, debería ser un requisito vital -más todavía cuando ya la concentración de poder del Presidente Correa es una de las mayores debilidades de la institucionalidad democrática-.

Los tres nuevos jueces (pues corresponde una renovación parcial), son precisamente lo contrario: sus vínculos con el partido de gobierno y el poder Ejecutivo son evidentes y parecería que uno de sus méritos es la incondicionalidad con ellos. Por otro lado, resulta imposible encontrar si han escrito un libro, un artículo, alguna investigación relacionada con el Derecho Constitucional, esa es la trayectoria que debería demostrar quien pretenda desempeñarse en esta Corte.