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martes, 18 de diciembre de 2012

La lucha contra la corrupción: ¿es posible si no tenemos justicia independiente?

"Todos nos alegramos de que hayan nuevos edificios, nuevos jueces, nuevas computadoras, pero si esos jueces no pueden actuar con autonomía, probablemente el resultado será lo que en estos meses hemos tenido: personas denunciadas a las que se les hace homenajes, los denunciantes son separados de su trabajo o de sus posiciones como periodistas y, finalmente, quienes se atreven a decir algo son cada vez menos".

martes, 11 de diciembre de 2012

Reflexiones sobre la reforma a la Ley del Registro Civil

El 1 de enero de 1863 Linconl declaró la emancipación de los esclavos negros. A esta decisión le siguieron enmiendas constitucionales, reconocimiento de derechos, igual protección de la ley y hasta una reforma para garantizar acceso igualitario a servicios públicos.

 Casi 100 años después, en 1955, seguía imperando la doctrina "iguales pero separados". Los afroamericanos eran iguales pero no podían ir a las mismas escuelas, ni a las mismas piscinas, ni a los mismos hoteles, ni siquiera sentarse en los mismos lugares en un autobús.

 Hoy no podemos entender cómo alguien pudo haber pensado o justificado que por el color de piel unas personas tenían más derechos que otras. Pero sucedió. Esa idea de que unos eran más iguales que otros fue defendida por científicos, legisladores, jefes de estado, jueces. Hoy nos parecerían argumentos llenos de ignorancia y prejuicios como a nuestros hijos y nuestros nietos les parecerá en unos años este debate sobre quiénes pueden firmar o no un contrato, o ser protegidos por la ley, o no completamente.

 El tema de fondo de este debate es cuánto de las decisiones de la vida personal y la vida íntima de las personas puede o debe controlar el Estado. El Registro Civil debe asegurar la información que permita identificar a los ciudadanos según su decisión, y registrar su estado civil con el propósito de proteger sus derechos y los derechos de terceros.

 Los seres humanos hombres y mujeres toman decisiones todos los días sobre su pareja, su familia, sus proyectos de vida. Esta ley no modifica esa parte de la realidad, pero cada pequeña reforma permite proteger mejor los derechos de grupos humanos hoy discriminados. La reforma que se plantea permitirá el registro de los apellidos de los progenitores para la protección de los niños y  niñas de ese núcleo familiar y permite el registro de todo tipo de uniones de hecho (incluidas las heterosexuales) para hacer efectiva la declaración constitucional de que esta unión genera iguales obligaciones y derechos que el matrimonio. Así mismo se recoge la norma legal que permite registrar la identidad de género con la que cada ciudadano adulto se reconozca.

 En el marco de esta reforma se debe incorporar lo relativo a la obligación del Registro Civil de inscribir los matrimonios válidamente celebrados en el exterior.

 En resumen: para tod@s iguales derechos y con los mismos nombres. Ninguna forma de discriminación tiene cabida en nuestra legislación.

Comparativo vigente-reformas a la Ley de Registro Civil


lunes, 3 de diciembre de 2012

Debate sobre reformas tributarias y el Bono de Desarrollo Humano

Intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional, durante el segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica para la Redistribución del Gasto Social. (Urgente en materia económica).
 

miércoles, 31 de octubre de 2012

Entrevista: Incremento del bono en época electoral, caso Cofiec y candidaturas R25


Ruptura 25 ha sido muy critica con el hecho de que la campaña electoral se base en “quién da más” respecto al bono de desarrollo humano, es una falta de respeto hacia las personas que necesitan de estos recursos, se están subastando sus votos. 
Hay que pensar la forma en que cada vez menos personas necesiten el bono; no desconocemos la importancia que tiene, de hecho es una de transferencia de efectivo que se aplica en 18 países de la región, pero estas políticas deben ser transitorias. Se debe explicar cómo es que al inicio del Gobierno, más o menos un millón de personas recibían el bono y luego de seis años se ha duplicado el número de beneficiarios. Esto cuando se anuncia que hemos tenido números extraordinarios de crecimiento y de ingresos. 
En relación con el financiamiento que busca el Gobierno para incrementar el bono a US$50 a través de las utilidades de la banca, nos preocupa la situación de los depositantes, pues esas utilidades, en los últimos 5 años, se han reinvertido en un promedio del 60% para recapitalizar y aprovisionar al sistema financiero.

viernes, 26 de octubre de 2012

PROYECTO DE LEY DE REDISTRIBUCIÓN DEL GASTO SOCIAL

Informe para Primer Debate
 

Proyecto presentado por el Presidente de la República el 25 de octubre de 2012 y asignado a la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control en calidad de URGENTE EN MATERIA ECONÓMICA.

miércoles, 19 de septiembre de 2012

No es comprensible que esta revisión termine depurando a organizaciones críticas al gobierno

Entrevista en Teleamazonas. Declaraciones sobre el panorama político que existe durante el proceso de revisión de firmas. También sobre el anuncio de la periodista Janet Hinostroza de alejarse del espacio de entrevistas La Mañana 24 Horas. 

martes, 4 de septiembre de 2012

R25 ha recogido cada firma sin grandes recursos privados o públicos por detrás

Entrevista en Desayunos de 24 Horas, del 04 de septiembre de 2012. Sobre lo que ha sido el concurso para la designación de la nueva Corte Constitucional y el proceso de re-verificación de firmas en el Consejo Nacional Electoral.


Incongruencias en el CNE que no tienen respuestas

Entrevista en Contacto Directo, de Ecuavisa, sobre el nuevo proceso de verificación de firmas del CNE. Llama mucho la atención el caso del Movimiento RED que no presentó firmas de adhesión pero que ha recibido denuncias de personas que aparecen en los registros.


viernes, 10 de agosto de 2012

RUPTURA 25 NO CLAUDICARÁ A LAS PRETENSIONES DEL PENSAMIENTO ÚNICO



Ruptura 25 inició hace más de un año el proceso de recolección de firmas para inscribirnos en el registro electoral. Tuvimos una gran satisfacción al obtener el número necesario de adhesiones que nos acreditaron como movimiento político nacional, pues lo hicimos sin el auspicio del aparato del Estado ni millonarios recursos de una institución financiera pública o privada. Nuestro accionar ha sido transparente, de buena fe.

Hemos cumplido con cada uno de los requisitos exigidos por la Ley y por las regulaciones del CNE. Previo a la entrega de nuestras firmas, hicimos las depuraciones necesarias para que nuestro margen de error sea el menor posible; luego nos sometimos y confiamos en la tarea de control que solo puede realizar la autoridad electoral. Hoy sabemos que muchos de esos filtros fallaron, que hay ciudadanos que se encuentran en organizaciones a las que no se adhirieron, mientras nuestros propios compañeros no constan en nuestros registros.

Comprendemos el reclamo y la indignación ciudadana, y asumimos la responsabilidad de crear más y mejores filtros internos para impedir que esto suceda; sin embargo, les pedimos recordar que para nosotros resulta imposible determinar la autenticidad de una firma, eso lo puede y lo debe hacer el CNE al contrastarla con sus registros.

Luego de cumplir con todos los requisitos, el Consejo Electoral nos anunció en el mes de febrero, no solo que habíamos logrado cumplir el requisito sino que lo habíamos superado con 12.000 adhesiones adicionales. Nuestra existencia formal fue decidida y notificada legalmente. Hemos impugnado, como el resto de partidos y movimientos, la resolución que pondría en riesgo el registro de todos los actores políticos a excepción del partido de gobierno.

La credibilidad de los movimientos políticos ha sido duramente golpeada por las manipuladoras declaraciones del Presidente Correa y por su estrategia de poner a todos en un mismo saco, para erguirse como la reserva moral de la política, cuando el único argumento que ostenta -aunque su recolección haya tenido los mismos errores-, es el número de firmas de su movimiento político que le da tranquilidad para asumir la radicalidad de sus posiciones.

La democracia, entendemos, se hace con reglas claras y con actores políticos que debatan por el sentido del manejo del Estado. Las posiciones gubernamentales, la ineficiencia del CNE y su sumisión al Presidente Correa, y una serie de errores de las organizaciones políticas, nos ponen en una situación de desconfianza generalizada en un momento que debería ser de participación e involucramiento en la política. Nosotros también nos sentimos vulnerados y defraudados por un sistema político controlado por el Gobierno Nacional que tiene el poder total sobre todas las instancias del Estado.

Hoy más que nunca creemos en hacer una política que apueste por la participación, las libertades y la democracia: Nos resistimos a aceptar un sistema de partido único y pensamiento único. Haremos lo necesario para construirnos como actores políticos capaces de reemplazar el sistema que criticamos. No claudicaremos en la defensa de la democracia y la Constitución de Montecristi; no abandonaremos el espacio de disputa electoral, y no permitiremos que sea el aparato de publicidad del Gobierno el que decida quien es ético y quien no.

RUPTURA 25

lunes, 6 de agosto de 2012

Impugnaciones a candidatos a la Corte Constitucional

A continuación podrá revisar, en cada nombre de los actuales jueces de la Corte Constitucional, la impugnación presentada en su contra el día 03 de agosto de 2012, ante la Comisión Ciudadana de Selección para la Designación de las juezas y jueces que integrarán la Primera Corte Constitucional:
  1. Patricio Pazmiño
  2. Ruth Seni Pinargote
  3. Édgar Zárate
  4. Manuel Viteri
  5. Roberto Brunhis
Además, la siguiente es la impugnación realizada a la candidatura del actual Fiscal del Guayas, Antonio Gagliardo Loor:

En la siguiente entrevista declaraciones relacionadas con este tema:

domingo, 5 de agosto de 2012

Chavela, inmortal !!


Dos vidas necesito. Las verdades de Chavela: 

“Mi nombre es Chavela Vargas, tengo noventa años y estoy viva. Viva de tanto vivir, de tanto amar, de tanto gritar que estoy viva como la vida, como el color rojo, como los recuerdos rojos que sabe a pan”

“Me quedé con ganas de decirles que Frida fue el gran amor de mi vida. De decirles que lo que sentí por ella, nunca se repitió; que lo que puse de mí en ella fue todo cuanto tenía. Mi energía y toda la del mundo, el calor, la sensibilidad, toda la fuerza del amor que he sentido en mí, se lo di a ella”

"las simples cosas" y "el último trago"  

miércoles, 18 de julio de 2012

Nueva transitoria en el Proyecto de Ley de Comunicación

Transitoria "DÉCIMA SEPTIMA.- Las concesiones entregadas a organizaciones religiosas y que constan como públicas o privadas, se transformaran en concesiones comunitarias, sin fines de lucro. 

Dentro de estas organizaciones, las personas jurídicas que sean concesionarias de más de una matriz, a partir de la fecha en que esta ley sea publicada en el Registro Oficial y hasta que terminen los contratos de concesión suscritos anteriormente a la entrada en vigencia de esta ley, podrán solicitar al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación que, las frecuencias que corresponden a la o las matrices, sean asignadas a entidades que tengan u obtengan personería jurídica, y pertenezcan a la misma familia religiosa que las estaba operando, siempre que estas frecuencias sean destinadas por la organización religiosa al funcionamiento de medios de comunicación locales o provinciales."

lunes, 16 de julio de 2012

Intervenciones sobre el Proyecto de Código Penal (Primera Parte)

Comparto con ustedes los videos de mis primeras intervenciones en el Pleno de la Asamblea Nacional durante el primer debate del Proyecto Código Integral Penal:

¿Qué deberíamos esperar de un nuevo Código Penal?
Que sea un nuevo Código que se convierta en una herramienta para vivir seguros. Esto significa vivir sin miedo, por un lado a la delincuencia o a la violencia sin importar que nos suceda en la calle o en nuestras casas, pero también sin miedo a los abusos que pueden venir desde el Estado, porque esa también es una forma de vivir inseguros.


Violencia contra las mujeres 
Un tema fuera de discusión: las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. Pero ¿cuál es el mejor mecanismo para proteger este derecho?


El Procedimiento propuesto en el Proyecto de Código Penal Integral 

miércoles, 20 de junio de 2012

Candidatos a juezas y jueces de la Primera Corte Constitucional


Por la Función Ejecutiva: Jane Grace Campoverde Cáneppa, Leoncio Patricio Pazmiño Freire, Universi Zambrano, Pedro Roberto Brunhis  Lemarie, Berenice Polit Montesdeoca, Edgar Antonio Zárate Zárate, Ruth Bienvenida Seni Pinargote, Manuel Ignacio Viteri Olvera, Patricia Tatiana Ordeñana Sierra  

Por la Función Legislativa: Marcia Dolores Ramos Benalcázar, Claudio Hernán Rivadeneira Játiva, María Hernández Loza, Fabián Marcelo Jaramillo Villa, Libia Fernanda Rivas Ordóñez, Alfredo Tirso Ruiz Guzmán, Yoly Patricia Rodríguez Quinde, Tito Libio Mendoza y Carlos Jaramillo Díaz. 

Por la Función de Transparencia y Control Social: Wendy Molina Andrade, Angélica Ximena Porras Velasco, Caupolicán Ochoa Neira, Zobeida Aragundi Fayain, Xavier Oquendo Polit, Grace Ordóñez Vázquez, René Ormaza Torres, Patricio Sánchez Andrade y Antonio Gagliardo Loor. 

Si usted conoce información que amerite que estos ciudadanos sean impugnados, por favor enviarla a paularomo@gmail.com 

jueves, 31 de mayo de 2012

Proyecto de Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad

La Constitución señala sobre los Consejos nacionales de igualdad:

Art. 156.- Los consejos nacionales para la igualdad son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los consejos ejercerán atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, y de discapacidades y movilidad humana, de acuerdo con la ley. Para el cumplimiento de sus fines se coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de gobierno.

Art. 157.- Los consejos nacionales de igualdad se integrarán de forma paritaria, por representantes de la sociedad civil y del Estado, y estarán presididos por quien represente a la Función Ejecutiva. La estructura, funcionamiento y forma de integración de sus miembros se regulará de acuerdo con los principios de alternabilidad, participación democrática, inclusión y pluralismo.

lunes, 28 de mayo de 2012

Asambleístas propusieron hoy nómina de aspirantes para conformar la Corte Constitucional

Mañana, martes 29 de mayo, la Asamblea Nacional tendrá que decidir los nombres de los delegados para la Corte Constitucional, la bancada de gobierno no ha anunciado ningún nombre hasta el momento.

Hoy, varios asambleístas presentaron una lista de nueve candidatos a jueces y juezas para integrar la nueva Corte Constitucional.

Mediante oficio, se solicitó a la Secretaría General de la Asamblea Nacional que difunda los nombres de esta lista a todos los asambleístas con el propósito de que el Pleno de la Asamblea Nacional pueda debatir la designación en base a la información expuesta en sus hojas de vida.

Las nueve personas designadas por la Función Legislativa conformarán una de las instituciones más importantes del Estado, que tiene a su cargo el control constitucional de decretos, leyes, ordenanzas y excepcionalmente de actuaciones judiciales, y, además, la interpretación de la Constitución, por lo cual deben ser profesionales de trayectoria sobresaliente y cumplir con los requisitos establecidos en la Ley y la Constitución. No hay que olvidar que el 10 de mayo pasado, el reglamento fue reformado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre otras cosas, eliminando los artículos 32 y 33, que contemplaban que la Corte Constitucional debía integrarse propendiendo a la paridad de género y la representación de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias.

Los nombres propuestos son:

  1. Julio César Trujillo
  2. Agustín Grijalva
  3. Ramiro Ávila Santamaría
  4. Ramiro García Falconí
  5. Judith Salgado
  6. Raúl Llasag
  7. Javier Lalaleo Mayorga
  8. Ezequiel Morales Vinueza
  9. Juan Vizueta Ronquillo


Entrevista: El Consejo Nacional Electoral debe garantizar el juego limpio


Entrevista en Contacto Directo, 22 de mayo de 2012

martes, 22 de mayo de 2012

Estudiantes ecuatorianos denuncian situación precaria en Universidad UNILA de Brasil


Jóvenes ecuatorianos, becarios en la Universidad de Integración Latinoamericana, UNILA (Foz do Iguaçu, Brasil), han denunciado la situación en la que se desarrollan sus estudios en esta Universidad. Se trata de un grupo, de los cerca de 80 estudiantes que se adjudicaron una beca completa del Gobierno de Brasil que fue ofertada por el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, IECE, para cursar diferentes programas de pregrado.

A partir de la muerte del estudiante de Cine y Medios Digitales, Marco Santiago Bustamante Espinosa, los estudiantes se han organizado para reportar las dificultades que están viviendo durante en su estadía en Brasil. Entre ellas: el pensum no definido y falta de maestros en las carreras de música, salud pública, arquitectura y cine; deficiencias en la atención del Sistema de salud público; inseguridad e instalaciones deplorables de las residencias estudiantiles; mensualidad de R$300 (el salario mínimo en Brasil es de al menos R$545).

Además, se ha informado que el IECE no contribuyó a velar el desarrollo y seguridad de sus estudios, pues no han recibido suficiente información,  por ejemplo, los estudiantes han explicado que no existe claridad en el convenio firmado entre el IECE y la UNILA, razón por la cual la asambleísta María Paula Romo ha realizado un pedido de información al Gerente General del IECE, Fabián Solano Moreno, para que explique por qué se ha firmado este convenio con una universidad que no ha sido acreditada por la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT.

A su vez, se ha pedido información a René Ramírez Gallegos, Secretario Nacional de la SENESCYT, para que informe si existe coordinación o un plan institucional para que el IECE también sea parte de las políticas de calidad académica al momento de promocionar becas y dar créditos educativos.

El día de hoy, a las 11:00 en la Sala de Prensa de la Asamblea Nacional, se realizará una rueda de prensa junto con los padres de las y los estudiantes afectados  para ampliar esta información.




Las fotografías corresponden a la residencia asignada a los estudiantes ecuatorianos en Foz do Iguaçu.

jueves, 10 de mayo de 2012

Sobre la Ley Orgánica para la Regulación de los Créditos para Vivienda y Vehículos

Lo primero que debemos recalcar es que el Ecuador no se encuentra en medio de una crisis hipotecaria o financiera ni con posibilidades de que ocurra en el futuro inmediato. Por lo tanto no tiene sentido que tratemos esta ley como “económica urgente”;podríamos habernos tomado más tiempo para debatir lo que en la práctica se convierte en una reforma al Código Civil, tema delicado y con muchas implicaciones[1].

Nuestras preocupaciones respecto de esta ley se encuentran alrededor de tres aspectos:
  1. La ley crea falsas expectativas a los ecuatorianos que viven en el extranjero y que han sufrido la crisis.
  2. Esta medida podría crear riesgos para la salud del sistema financiero y, más grave que eso, para el BIESS que tiene el 60% de la cartera hipotecaria.
  3. La ley podría crear efectos distintos o totalmente contrarios a lo que se busca.

Falsas expectativas para los ecuatorianos en el exterior: esta ley no resuelve el problema de nuestros compatriotas en España, a ellos el sistema financiero español seguirá quitándoles sus pisos y además cobrando sus deudas. La burbuja inmobiliaria no se dio por la injusticia de las leyes con las que se ejecutan hipotecas, sino porque los bancos prestaron a los ciudadanos más dinero del que costaban los inmuebles y más dinero del que les era posible pagar en un cálculo conservador, obviamente el modelo hizo agua cuando la crisis española terminó con miles de empleos.

La salud del sistema financiero: preocuparse por la salud del sistema financiero no es asunto de banqueros; es del interés del país y de todos los ciudadanos. El Ecuador todavía vive hoy con la marca de la crisis: cuando quebró el sistema financiero no quebraron los banqueros, quebró el país entero, la moneda se devaluó en el 500%, todo el país vio congelados sus depósitos, los más pobres fueron los mayores perjudicados por la crisis. No satanicemos entonces la preocupación por un sistema financiero saludable. Y a esto agreguemos que no es la banca privada la que asumiría el más alto riesgo, es el BIESS el que tiene hoy el 60% de la cartera hipotecaria del país.

La inclusión de automóviles: la vivienda es un derecho social, la propiedad de un automóvil, no. La vivienda es un bien inmueble que gana en su avalúo o, al menos, mantiene durante muchos años su valor; con los automóviles sucede exactamente lo contrario. No existe justificación suficiente para incorporar a los automóviles en este tratamiento.

Efectos contrarios a los que se buscan: Al aprobar una norma legal de esta naturaleza debemos analizar los posibles incentivos negativos que pueda crear. En este caso nos preocupa que la ley pueda generar incentivos para el no pago o que las entidades financieras endurezcan los procedimientos para conceder créditos en los montos “protegidos” por esta ley. En casos de vivienda y de automóviles una reacción del sistema también podría ser la de solicitar cuotas de entrada más altas.

Para autos, en la práctica, podrían los créditos y las facilidades de compra para autos de menos de 29.000 dólares; tanto así que varios asambleístas defensores de la reforma han hablado de sus bondades para detener el crecimiento del parque automotor. Lo que ellos no han dicho es que esa disminución de autos se haría entre los menos costosos exclusivamente…

Al prohibir en Ecuador la ejecución de hipotecas contratadas en el exterior y convertirlo en la nueva norma general, estamos impidiendo que todos los ecuatorianos puedan acceder a un crédito en otros países asegurando su pago con propiedades en nuestro país, que es la regla vigente hasta el día de hoy.

En las disposiciones generales de esta reforma se incluye una especie de retroactividad, pues estas nuevas reglas se aplicarían para créditos ya contratados en disposiciones distintas y adicionalmente se faculta a las instituciones con capacidad coactiva (el IESS) a cobrar sus créditos aún cuando se hubiere constituido sobre el inmueble el patrimonio familiar, esta disposición va en el sentido contrario de lo que aparentemente busca el resto de la ley que es proteger la vivienda familiar.

Finalmente, coincidimos con la importancia de regular de forma estricta al sector financiero y evitar la especulación. Muchas veces las instituciones financieras cometen abusos y los ciudadanos deben estar protegidos frente a posibles arbitrariedades; lamentablemente esta ley podría provocar más problemas de los que resuelve y añadir nuevas dificultades para el segmento de la población que menos posibilidades tiene de acceder a créditos; estas son las observaciones que planteamos en el debate, y que explican por qué no apoyamos esta ley.

[1] La prisa en la tramitación del proyecto impide una revisión integral del Código Civil, en este caso el proyecto de ley no deroga las normas que expresamente se contraponen: artículos 2313 y 2327 del Código Civil, por ejemplo.

martes, 17 de abril de 2012

Respuesta a la Carta del Presidente Correa a la Asamblea


Quito, 18 de abril de 2012


Señor Economista
Rafael Correa Delgado
Presidente de la República del Ecuador.


Señor Presidente,

Me refiero a su oficio No. T.1.C.1-SNJ-12-435 en el que se dirige al Señor Presidente de la Asamblea Nacional para comunicarle su “rechazo” a determinadas resoluciones de la Asamblea Nacional mediante las cuales lo “exhorta”  a tomar alguna decisión propia de sus responsabilidades.

Dice usted, al inicio de la carta, que quisiera imaginar “cuál fuera la reacción de la Función Legislativa, si en mi calidad de Jefe de la Función Ejecutiva yo expidiera decretos “exhortando” a la Asamblea Nacional a que trabaje más; a que no pierda tiempo en discusiones baladíes; a que tenga menos asesores; a que no se expidan resoluciones que por su deficiente formulación semántica han generado en los ciudadanos grandes sonrisas y luego una vergüenza ajena terrible; o a que sus miembros no viajen tanto fuera de la República” .

No puedo adivinar cuál sería la reacción de la Función Legislativa en su conjunto, pero le puedo decir la mía frente a esos comentarios:

En primer lugar una carta en esos términos es una falta de respeto al Presidente de la Asamblea, a sus compañeros y compañeras que constituyen la bancada más grande en este cuerpo colegiado, y  a todos los asambleístas. Yo también quisiera imaginar cuál sería su reacción y la frenética actividad de la SECOM si usted fuera el destinatario de una comunicación así.

Respecto de resoluciones repetitivas, que provocan risas o que contienen hasta faltas semánticas, creo que lo ideal sería no sacarlas a colación puesto que la resolución a la que seguramente se refiere (la del Che Guevara “ejecutado vivo”) fue presentada por un asambleísta cuya iniciativa ha sido clave para la posible aprobación de la Ley de Comunicación y apoyada por varios de sus compañeros de partido.  En todo caso podríamos comentar sobre resoluciones de este tipo y errores de bulto que suelen sucederle incluso a usted, por ejemplo el Decreto Ejecutivo 1780 en donde con su firma autorizaba a algunas comunidades religiosas a “evangelizar” a los pueblos indígenas que habitan en la Amazonía ecuatoriana[1]. El Decreto fue rápidamente reemplazado y aunque no por su existencia cuestionaría el sistema democrático, comprendo su comentario, ese Decreto Ejecutivo en su momento me provocó vergüenza propia y ajena.

En todo caso, estas observaciones resultan casi anecdóticas frente al tema central planteado por su carta: el modelo de democracia y de relación entre poderes en el que usted cree o impulsa.

El Legislativo tiene tres posibilidades distintas de actuación: elaborar, derogar, reformar las leyes; fiscalizar los actos de otros poderes del Estado; y, emitir sus opiniones o criterios a través de resoluciones. Su inconformidad con la tarea legislativa la expresa usted en el abuso de la facultad de veto, la fiscalización es para usted casi una afrenta y por eso, en estos años, sólo en una ocasión un juicio político ha sido debatido en el Pleno de la Asamblea[2]; finalmente con su carta usted sugiere al Presidente de la Asamblea que tampoco se traten resoluciones. La pregunta es obvia señor Presidente, ¿cuál es según su criterio la tarea de la Asamblea?  Al parecer para usted lo ideal sería que no exista.

Llega usted a insinuar que las resoluciones en que la Asamblea lo exhorta a tomar alguna decisión “constituyen una grosera violación a la independencia entre Funciones del Estado”[3]. Exhortar es en estricto sentido invitar o incitar a través de palabras, una simple comunicación; mientras tanto, en detrimento de la independencia entre Funciones del Estado usted acaba (con la complicidad de la Corte Constitucional) de vetar totalmente la ley que le permite a la Asamblea Nacional auto regularse. Esa sí es una decisión concreta, con efectos reales, a través de la cual viola la autonomía de este poder del Estado que según la Constitución es un poder equivalente al que usted representa.

Señor Presidente, si para usted el “Parlamentarismo” está en crisis desde su nacimiento[4], ¿en qué tipo de democracia cree? ¿Conoce usted alguna democracia contemporánea que funcione sin Parlamentos? Siguiendo el razonamiento de su carta, ¿los Parlamentos están en crisis desde el mismo momento de su creación?, desde las asambleas populares que derrocaron a las monarquías, el postulado central es la separación de poderes y la creación de un sistema de pesos y contrapesos. Por genial que sea un gobernante, no puede y no debe concentrar todo el poder, ese es el origen de las democracias como hoy las conocemos. Por supuesto este concepto ha ido enriqueciéndose y abarcando otros aspectos, pero la independencia de funciones continúa siendo uno de sus pilares.

Si su preocupación es la  calidad del debate político, es tarea de todos el elevarla, pero el desprestigio de la política es el desprestigio de la democracia; sólo las ideas autoritarias pueden beneficiarse de episodios como este. La única forma de fortalecer la democracia en tanto sistema político es estar dispuestos a asumirla como una forma de vida, por eso lamentamos profundamente su desencanto con la democracia y con los valores que la animan.

Atentamente,


María Paula Romo
Asambleísta
Movimiento Ruptura


C.c.
Arquitecto Fernando Cordero, Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador.
Señores y señoras asambleístas.
Señora Ingeniera Beatriz Tola. Ministra Coordinadora de la Política.







[1] “ a) A trabajar con todo afán en pro del desarrollo, fortalecimiento de las culturas, evangelización e incorporación a la vida socio-económica del país, de todos los grupos humanos que habitan o habitaren dentro de la jurisdicción territorial encomendada a su cuidado, exaltando los valores de la nacionalidad ecuatoriana;” Decreto Ejecutivo 1780, Registro Oficial 620, del 25 de junio de 2009.
[2] El juicio político a la Sra. Gloria Sabando que usted mismo pidió a través de su rendición de cuentas de los días bados.
[3] “Seguramente, la reacción de la institución que usted preside sería de un enérgico rechazo, argumentando que tales “decretos de exhorto” constituyen una grosera violación a la independencia entre Funciones del Estado, principio garantizado en todas nuestras Constituciones desde los albores de la República.”
[4] “Tales exhortos señor Presidente, reflejan la crisis por la que está pasando el Parlamentarismo en el mundo, que no ha superado a época de las Asambleas Populares con los cuales se derrocaron monarquías y que pretende buscar un equivocado espacio político dentro de la actividad gubernamental.”

Objeción Total al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa

Informe para Primer Debate: Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de las Personas Usuarias y Consumidoras

martes, 10 de abril de 2012

Ley de Comunicación ¿Por qué votar NO?

María Paula Romo
Por, Movimiento Ruptura. 
El 4 de abril de 2012, el asambleísta Mauro Andino ha presentado al país la versión de la Ley de Comunicación que será sometida esta semana a votación en la Asamblea Nacional.
Como asambleísta del Movimiento Ruptura, no apoyaré la aprobación de este proyecto de ley. En esta nota compartimos las reflexiones que motivan nuestra decisión y que son también una invitación a reflexionar sobre lo que se decidirá en las próximas horas.
Sobre el trámite del proyecto
Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, un proyecto de ley se tramita en la Asamblea Nacional en dos debates, previo la elaboración de los informes correspondientes por las comisiones especializadas, esos informes se debaten en el Pleno de la Asamblea.
Cuando el Presidente de la Asamblea Nacional recibe el informe para segundo debate, lo distribuye a los asambleístas; el debate se desarrolla en una sola sesión y durante él, se pueden incorporar cambios al proyecto de ley que sean sugeridos EN EL PLENO (artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa).
El proyecto de Ley de Comunicación no ha observado este trámite. El informe para segundo debate fue presentado por el asambleísta Andino el 1 de julio de 2010 y el 29 de julio de 2011, el Presidente de la Comisión presentó un “informe complementario para el segundo debate de la Ley Orgánica de Comunicación”. La primera convocatoria para el debate se señaló para el 15 de noviembre de 2011 y la discusión se realizó los días 16, 17, 22 y 24 de noviembre.
Sin embargo, ni el informe para segundo debate ni su informe “complementario” son el proyecto que se votará en el Pleno. La última versión fue distribuida antes del feriado de Semana Santa (se distribuyó el 4 de abril de 2012, y la sesión del Pleno se convocó para el miércoles 11). En el oficio con que el Presidente de la Comisión adjunta el proyecto, dice que “se han cumplido los Foros de socialización del ‘Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación’, en los que se ha dado a conocer de manera clara los alcances democráticos del proyecto, receptando a su vez las observaciones y propuestas de diferentes asambleístas, organizaciones sociales y la ciudadanía en general…”. Este es un procedimiento ajeno al trámite legislativo, lo único que está autorizado para hacer el ponente luego del segundo debate es incorporar los cambios que le sean sugeridos en el Pleno. No es esto lo que ha sucedido.
A pesar de tratarse de una versión que, en teoría, ha sido revisada en múltiples ocasiones, aún se cometen errores como los del artículo 15 y 30 que repiten su contenido; o como poner “y” en lugar de “o” en las prohibiciones por parentesco de los artículos 48, 106 y 121.
El mandato constitucional y la consulta popular
La Constitución ordena la elaboración de una ley de comunicación, esa norma es una responsabilidad de la Asamblea pero, como cualquier ley, debe seguir un trámite también previsto en la Constitución y en su aprobación sumar al menos 63 voluntades.
Esta obligación de expedir una ley de comunicación se confirmó en la consulta popular del año pasado, zanjando así el debate de si lo mejor es tener o no una ley que regule esta materia. Según la consulta entonces, el Ecuador debe tener UNA ley de comunicación,  pero la consulta no nos ordena aprobar ESTA ley; de haber sido esa la intención, se debería haber preguntado directamente si la ciudadanía aprobaba el proyecto y se habría obviado el trámite legislativo.
En comparación con versiones anteriores… 
En la versión para votación se nota un mejor trabajo que en el informe para primer debate (que fue elaborado bajo la Presidencia de la asambleísta Betty Carrillo); y sin duda, constituye una propuesta notablemente mejor que el proyecto presentado inicialmente por el asambleísta Rolando Panchana. Sin embargo no es suficiente comparar al proyecto con sus versiones anteriores o con la legislación vigente, debe evaluarse con una mirada integral de lo que otras leyes y la posición oficial nos dice respecto de las libertades de opinión e información.
Los aspectos positivos de la ley:
Hay temas muy importantes y que deben seguirse debatiendo en el país, aún si no se aprueba la ley. Es fundamental, por ejemplo, desarrollar una política integral que incentive la producción nacional de música, cine, televisión; lograrlo requiere mucho más que las cuotas de pantalla y no se deben escatimar esfuerzos para impulsar estas iniciativas. Lo mismo podemos decir sobre la democratización y distribución equitativa de las frecuencias, un tema largamente debatido y pendiente.
Son positivos también los mecanismos para que personas con discapacidad accedan a la información; las disposiciones para evitar la difusión de información discriminatoria y prejuiciosa; o la protección de la identidad de niñas, niños y adolescentes que hayan sido autores, testigos o víctimas de actos ilícitos. A pesar de coincidir con varios de estos conceptos, no creemos que sean motivo suficiente para apoyar la aprobación de la ley y en muchos casos consideramos que no existe una real voluntad para desarrollarlos (por ejemplo en el tema de la reversión de frecuencias no se especifica los casos en que se realizará y sólo se anticipa que serían regulados a través de reglamento; sin esta reversión, la reserva de un tercio del espectro para los medios comunitarios es un simple enunciado pues no existen frecuencias disponibles).
Lo que le sobra a la ley:
Principios deontológicos. Toda ley manda, prohíbe o permite; los códigos deontológicos constituyen un “deber ser” y su ámbito está fuera de la regulación legal. Por tanto, si bien una disposición como la del artículo 9 tendría sentido en esta ley (mandar que los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios expidan por sí mismos códigos deontológicos para mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional), no así la que consta en el artículo 10 denominado “normas deontológicas” que se incluye dentro del capítulo de los principios y que deben ser “consideradas” por toda persona “natural o jurídica  que participe en el proceso comunicacional”. 
Estos principios son sumamente generales, y preocupa que en base a ellos un periodista o medio pueda ser sancionado por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación mediante amonestación escrita. Si se quiere que estos “principios” sean observados obligatoriamente, deben ser redactados en la ley de manera clara como obligaciones o prohibiciones, con la consecuencia por su incumplimiento.
Sistema de Comunicación Social. No es claro a qué se refiere la ley con este “sistema”; se dice cómo está conformado (instituciones de carácter público, políticas, normativa, actores privados, comunitarios y ciudadanos que se integren voluntariamente) y cuáles son sus objetivos (artículo 43); sin embargo no se trata de una institución o de una estructura que pueda cumplir los objetivos señalados, cómo el “Sistema” con actores públicos, privados, normas y políticas podría “articular los recursos y capacidades de los actores públicos, comunitarios y privados que conforman el Sistema para lograr el pleno ejercicio de los derechos de la comunicación…”?, o ¿“desarrollar e implementar mecanismos de planificación pública participativa y descentralizada para la definición, control social y adecuación de todas las políticas públicas de comunicación”? ¿Con qué estructura el sistema monitoreará y evaluará las políticas públicas y planes nacionales que establezcan las diferentes autoridades competentes en el tema de comunicación? ¿Cómo hará recomendaciones para la optimización de la inversión pública y el cumplimiento de los objetivos y metas definidos en el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cómo va a producir de forma permanente información sobre avances y dificultades en la aplicabilidad de los derechos de la comunicación?  ¿Quién o quiénes hablan a nombre del “Sistema”?
Espectáculos públicos. No cabe que una norma de la Ley de Comunicación instruya al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia para que elabore un reglamento (¡!), no se trata de un asunto competencia de esta ley y el Consejo tiene sus propias atribuciones y no necesita esta norma para ejercerlas.
Derechos de participaciónLa sección III (Derechos de participación) del Capítulo II del Título II consta de un solo artículo (36), en que el que se señala que “la ciudadanía tiene el derecho de organizarse libremente…”. No es la Ley de Comunicación la que otorga a las personas derechos de participación, un artículo de esta naturaleza es innecesario.
Reversión de frecuencias, democratización de los medios de comunicación
La realidad de nuestro país es la de la concentración de frecuencias y las irregularidades en su concesión; sobre esta realidad existe hace años una auditoría con resultados claros y que no se han considerado. Esta ley, en la práctica, no establece mecanismos o criterios para la reversión de frecuencias ni para la venta de los canales de televisión que hoy se encuentran bajo la administración del Estado; que son en ambos casos decisiones necesarias para democratizar el acceso a las frecuencias de radio y televisión.
El único artículo que contiene la ley sobre reversión de frecuencias nos dice que es un tema que se resolverá a través de reglamento! (artículo 114).
Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación
El informe señala que solo uno de los cinco miembros de este Consejo será designadodirectamente por el Presidente de la República; sin embargo, hay un miembro designado por los Consejos Nacionales de Igualdad (que en este momento no existen, en su lugar hay Comisiones de Transición creadas por Decreto Ejecutivo y designados por él); y un miembro designado por las facultades y escuelas de comunicación social pero únicamente de las universidades públicas (lo que nos hace pensar en la influencia directa del  Ejecutivo sobre su nombramiento). Los otros miembros del Consejo de Regulación provendrían de colegios electorales y procesos desarrollados por el Consejo Nacional Electoral, cuya composición conocemos y sobran los comentarios sobre su vinculación política. Por lo tanto, no se ha superado la preocupación sobre la autonomía e independencia del órgano que estará encargado de las sanciones administrativas y la concesión de nuevas frecuencias.
Otro tema que llama la atención es la forma de elegir a la secretaria o secretario técnico del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. Señala el artículo 57 que “será un funcionario o funcionaria de libre nombramiento y remoción”; sin embargo, lo elige el Pleno del Consejo por concurso de méritos y oposición  de una terna presentada por su Presidente. Es decir, primero el Presidente escoge libremente a los miembros de la terna, luego el Pleno realiza un “concurso de méritos y oposición” para que finalmente el funcionario pueda ser removido libremente (¿?)
Publicidad
El proyecto de comunicación dedica varios artículos a la regulación de la publicidad pero ni siquiera se establece un porcentaje máximo para propaganda en relación a la programación.
Sorprende que la ley se ocupe de prohibir la importación de piezas publicitarias producidas fuera del Ecuador (artículo 103). La ley establece un porcentaje, una cuota para la producción nacional de música, cine, televisión, pero en el caso de publicidad el 100% del negocio está reservado para personas y empresas ecuatorianas. Esta prohibición de importación se convertiría en una de las pocas, sino la única, contenida en una ley y no en las decisiones del órgano que regula el comercio exterior.
Y llama más la atención la disposición transitoria décima tercera, que otorga un plazo de solo 30 días para que los productores y medios de comunicación cumplan con este mandato, cuando para otros temas se han señalado plazos mucho más extensos: producción nacional, y difusión de contenidos musicales, cinco años para implementarse; inclusión de contenidos en lenguas de relación intercultural, un año; profesionalización de quienes trabajan en medios de comunicación, seis años; pero sólo 30 días para que los medios de comunicación transmitan únicamente publicidad realizada por empresas nacionales.
Estas disposiciones son especialmente delicadas si consideramos que el Secretario General de la Administración Pública y el Secretario General de Comunicación son prósperos empresarios de la industria de la publicidad.
Sanciones y faltas administrativas
A lo largo de toda la ley existen más de una decena de normas sobre prohibiciones y castigos, por fuera de los artículos que específicamente se refieren al tema. Así tenemos, por ejemplo, el artículo 10 relativo a los principios deontológicos; el artículo 18 de la prohibición de censura previa por autoridades o funcionarios públicos; el artículo 24 del derecho a la rectificación; el artículo 26 de las copias de programas o impresos; el 27 de libertad de información; el artículo 28 de la información de circulación restringida; el 29 del derecho a la protección de las comunicaciones personales (aunque sólo se dice que la violación de este derecho será sancionada de acuerdo a la ley); el artículo 30 de la protección integral de las niñas, niños y adolescentes; el 31 del derecho a la creación de medios de comunicación social (aunque no establece la sanción específica); el artículo 34 del derecho a la comunicación intercultural y plurinacional; el artículo 63 de la identificación y clasificación de los tipos de contenidos; el 67 que se refiere a contenido discriminatorio; el 69 y 70 sobre contenido violento; el 71 del contenido sexualmente explícito; el 101 de la inversión pública en publicidad y propaganda; el 103 de producción de publicidad nacional; y el 125 sobre prohibición de transferir concesiones. Esta forma de establecer sanciones es caótica e incorrecta; la ley debería contar con un capítulo específico de prohibiciones o faltas administrativas y sanciones, que además cumpla con ciertos estándares que les den uniformidad al valor de las multas para conductas similares.
Ya no se podrían cerrar medios, pero…
Es cierto que el proyecto ya no incluye entre las sanciones administrativas la posibilidad de la clausura de un medio de comunicación, pero mientras se pretende aprobar esta ley la Asamblea debate también el proyecto de Código Integral Penal que contiene catorce delitos distintos contra la honra, artículos específicos sobre sanciones penales a medios de comunicación y la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas incluyendo la posibilidad de un cierre de hasta cinco años como medida cautelar (en la fase de investigación, antes de que exista sentencia). Estas normas penales serían todavía peores que las que existen y que las planteadas en la primera versión del proyecto de ley. 
Otras cosas “curiosas”
“Art. 69. Para efectos de esta ley, se entenderá por contenido violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza física o psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o comunidad, así como en contra de los seres vivos y la naturaleza”
“Art. 7 (…)
La información o contenidos considerados de entretenimiento, que sean difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren la condición de información de relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el derecho a la honra de las personas u otros derechos constitucionalmente establecidos.”
DEROGATORIA PRIMERA.- Se deroga los artículos del Decreto Supremo 256-A, de la Ley de Radiodifusión y Televisión, que se modifiquen en la presente ley o que se opongan a la misma.
(Es decir, seguirá vigente la actual Ley de Radio y Televisión, pues esta ley no la deroga totalmente).
¿Y  el veto?
Finalmente, todos sabemos que este documento que discutimos no es la versión final y que la bancada del movimiento PAIS no está autorizada a llegar a acuerdos respecto del contenido último de la ley. El abuso de la facultad del Presidente de observar o “vetar” una ley ha minado la confianza en los posibles acuerdos legislativos con quienes promueven la aprobación de esta ley.
La experiencia nos dice: a. que el Presidente no necesariamente coincide con las tesis impulsadas por los asambleístas de su Movimiento (hace pocas semanas decidió el veto total de la Ley de Desarrollo Fronterizo, que había sido aprobada por unanimidad); b. que el Presidente es capaz de incorporar temas que nunca se han debatido, como lo hizo en las reformas al Código de la Democracia al incluir la prohibición para la cobertura periodística en época de campaña electoral; y,c. que la bancada de PAIS no está dispuesta a votar en contra del veto y sostener así los acuerdos legislativos que se hayan alcanzado (así sucedió ya cuando el Presidente decidió una fórmula de asignación de escaños distinta a la promovida y aprobada en la Asamblea por su propia bancada).
Todos estos argumentos, sumados a un discurso político cada vez más intolerante a la crítica y el cuestionamiento y en que el partido de gobierno ha optado por judicializar las tensiones políticas, constituyen argumentos suficientes para oponernos a la aprobación de este proyecto de Ley de Comunicación.