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martes, 17 de abril de 2012

Respuesta a la Carta del Presidente Correa a la Asamblea


Quito, 18 de abril de 2012


Señor Economista
Rafael Correa Delgado
Presidente de la República del Ecuador.


Señor Presidente,

Me refiero a su oficio No. T.1.C.1-SNJ-12-435 en el que se dirige al Señor Presidente de la Asamblea Nacional para comunicarle su “rechazo” a determinadas resoluciones de la Asamblea Nacional mediante las cuales lo “exhorta”  a tomar alguna decisión propia de sus responsabilidades.

Dice usted, al inicio de la carta, que quisiera imaginar “cuál fuera la reacción de la Función Legislativa, si en mi calidad de Jefe de la Función Ejecutiva yo expidiera decretos “exhortando” a la Asamblea Nacional a que trabaje más; a que no pierda tiempo en discusiones baladíes; a que tenga menos asesores; a que no se expidan resoluciones que por su deficiente formulación semántica han generado en los ciudadanos grandes sonrisas y luego una vergüenza ajena terrible; o a que sus miembros no viajen tanto fuera de la República” .

No puedo adivinar cuál sería la reacción de la Función Legislativa en su conjunto, pero le puedo decir la mía frente a esos comentarios:

En primer lugar una carta en esos términos es una falta de respeto al Presidente de la Asamblea, a sus compañeros y compañeras que constituyen la bancada más grande en este cuerpo colegiado, y  a todos los asambleístas. Yo también quisiera imaginar cuál sería su reacción y la frenética actividad de la SECOM si usted fuera el destinatario de una comunicación así.

Respecto de resoluciones repetitivas, que provocan risas o que contienen hasta faltas semánticas, creo que lo ideal sería no sacarlas a colación puesto que la resolución a la que seguramente se refiere (la del Che Guevara “ejecutado vivo”) fue presentada por un asambleísta cuya iniciativa ha sido clave para la posible aprobación de la Ley de Comunicación y apoyada por varios de sus compañeros de partido.  En todo caso podríamos comentar sobre resoluciones de este tipo y errores de bulto que suelen sucederle incluso a usted, por ejemplo el Decreto Ejecutivo 1780 en donde con su firma autorizaba a algunas comunidades religiosas a “evangelizar” a los pueblos indígenas que habitan en la Amazonía ecuatoriana[1]. El Decreto fue rápidamente reemplazado y aunque no por su existencia cuestionaría el sistema democrático, comprendo su comentario, ese Decreto Ejecutivo en su momento me provocó vergüenza propia y ajena.

En todo caso, estas observaciones resultan casi anecdóticas frente al tema central planteado por su carta: el modelo de democracia y de relación entre poderes en el que usted cree o impulsa.

El Legislativo tiene tres posibilidades distintas de actuación: elaborar, derogar, reformar las leyes; fiscalizar los actos de otros poderes del Estado; y, emitir sus opiniones o criterios a través de resoluciones. Su inconformidad con la tarea legislativa la expresa usted en el abuso de la facultad de veto, la fiscalización es para usted casi una afrenta y por eso, en estos años, sólo en una ocasión un juicio político ha sido debatido en el Pleno de la Asamblea[2]; finalmente con su carta usted sugiere al Presidente de la Asamblea que tampoco se traten resoluciones. La pregunta es obvia señor Presidente, ¿cuál es según su criterio la tarea de la Asamblea?  Al parecer para usted lo ideal sería que no exista.

Llega usted a insinuar que las resoluciones en que la Asamblea lo exhorta a tomar alguna decisión “constituyen una grosera violación a la independencia entre Funciones del Estado”[3]. Exhortar es en estricto sentido invitar o incitar a través de palabras, una simple comunicación; mientras tanto, en detrimento de la independencia entre Funciones del Estado usted acaba (con la complicidad de la Corte Constitucional) de vetar totalmente la ley que le permite a la Asamblea Nacional auto regularse. Esa sí es una decisión concreta, con efectos reales, a través de la cual viola la autonomía de este poder del Estado que según la Constitución es un poder equivalente al que usted representa.

Señor Presidente, si para usted el “Parlamentarismo” está en crisis desde su nacimiento[4], ¿en qué tipo de democracia cree? ¿Conoce usted alguna democracia contemporánea que funcione sin Parlamentos? Siguiendo el razonamiento de su carta, ¿los Parlamentos están en crisis desde el mismo momento de su creación?, desde las asambleas populares que derrocaron a las monarquías, el postulado central es la separación de poderes y la creación de un sistema de pesos y contrapesos. Por genial que sea un gobernante, no puede y no debe concentrar todo el poder, ese es el origen de las democracias como hoy las conocemos. Por supuesto este concepto ha ido enriqueciéndose y abarcando otros aspectos, pero la independencia de funciones continúa siendo uno de sus pilares.

Si su preocupación es la  calidad del debate político, es tarea de todos el elevarla, pero el desprestigio de la política es el desprestigio de la democracia; sólo las ideas autoritarias pueden beneficiarse de episodios como este. La única forma de fortalecer la democracia en tanto sistema político es estar dispuestos a asumirla como una forma de vida, por eso lamentamos profundamente su desencanto con la democracia y con los valores que la animan.

Atentamente,


María Paula Romo
Asambleísta
Movimiento Ruptura


C.c.
Arquitecto Fernando Cordero, Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador.
Señores y señoras asambleístas.
Señora Ingeniera Beatriz Tola. Ministra Coordinadora de la Política.







[1] “ a) A trabajar con todo afán en pro del desarrollo, fortalecimiento de las culturas, evangelización e incorporación a la vida socio-económica del país, de todos los grupos humanos que habitan o habitaren dentro de la jurisdicción territorial encomendada a su cuidado, exaltando los valores de la nacionalidad ecuatoriana;” Decreto Ejecutivo 1780, Registro Oficial 620, del 25 de junio de 2009.
[2] El juicio político a la Sra. Gloria Sabando que usted mismo pidió a través de su rendición de cuentas de los días bados.
[3] “Seguramente, la reacción de la institución que usted preside sería de un enérgico rechazo, argumentando que tales “decretos de exhorto” constituyen una grosera violación a la independencia entre Funciones del Estado, principio garantizado en todas nuestras Constituciones desde los albores de la República.”
[4] “Tales exhortos señor Presidente, reflejan la crisis por la que está pasando el Parlamentarismo en el mundo, que no ha superado a época de las Asambleas Populares con los cuales se derrocaron monarquías y que pretende buscar un equivocado espacio político dentro de la actividad gubernamental.”

Objeción Total al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa

Informe para Primer Debate: Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de las Personas Usuarias y Consumidoras

martes, 10 de abril de 2012

Ley de Comunicación ¿Por qué votar NO?

María Paula Romo
Por, Movimiento Ruptura. 
El 4 de abril de 2012, el asambleísta Mauro Andino ha presentado al país la versión de la Ley de Comunicación que será sometida esta semana a votación en la Asamblea Nacional.
Como asambleísta del Movimiento Ruptura, no apoyaré la aprobación de este proyecto de ley. En esta nota compartimos las reflexiones que motivan nuestra decisión y que son también una invitación a reflexionar sobre lo que se decidirá en las próximas horas.
Sobre el trámite del proyecto
Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, un proyecto de ley se tramita en la Asamblea Nacional en dos debates, previo la elaboración de los informes correspondientes por las comisiones especializadas, esos informes se debaten en el Pleno de la Asamblea.
Cuando el Presidente de la Asamblea Nacional recibe el informe para segundo debate, lo distribuye a los asambleístas; el debate se desarrolla en una sola sesión y durante él, se pueden incorporar cambios al proyecto de ley que sean sugeridos EN EL PLENO (artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa).
El proyecto de Ley de Comunicación no ha observado este trámite. El informe para segundo debate fue presentado por el asambleísta Andino el 1 de julio de 2010 y el 29 de julio de 2011, el Presidente de la Comisión presentó un “informe complementario para el segundo debate de la Ley Orgánica de Comunicación”. La primera convocatoria para el debate se señaló para el 15 de noviembre de 2011 y la discusión se realizó los días 16, 17, 22 y 24 de noviembre.
Sin embargo, ni el informe para segundo debate ni su informe “complementario” son el proyecto que se votará en el Pleno. La última versión fue distribuida antes del feriado de Semana Santa (se distribuyó el 4 de abril de 2012, y la sesión del Pleno se convocó para el miércoles 11). En el oficio con que el Presidente de la Comisión adjunta el proyecto, dice que “se han cumplido los Foros de socialización del ‘Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación’, en los que se ha dado a conocer de manera clara los alcances democráticos del proyecto, receptando a su vez las observaciones y propuestas de diferentes asambleístas, organizaciones sociales y la ciudadanía en general…”. Este es un procedimiento ajeno al trámite legislativo, lo único que está autorizado para hacer el ponente luego del segundo debate es incorporar los cambios que le sean sugeridos en el Pleno. No es esto lo que ha sucedido.
A pesar de tratarse de una versión que, en teoría, ha sido revisada en múltiples ocasiones, aún se cometen errores como los del artículo 15 y 30 que repiten su contenido; o como poner “y” en lugar de “o” en las prohibiciones por parentesco de los artículos 48, 106 y 121.
El mandato constitucional y la consulta popular
La Constitución ordena la elaboración de una ley de comunicación, esa norma es una responsabilidad de la Asamblea pero, como cualquier ley, debe seguir un trámite también previsto en la Constitución y en su aprobación sumar al menos 63 voluntades.
Esta obligación de expedir una ley de comunicación se confirmó en la consulta popular del año pasado, zanjando así el debate de si lo mejor es tener o no una ley que regule esta materia. Según la consulta entonces, el Ecuador debe tener UNA ley de comunicación,  pero la consulta no nos ordena aprobar ESTA ley; de haber sido esa la intención, se debería haber preguntado directamente si la ciudadanía aprobaba el proyecto y se habría obviado el trámite legislativo.
En comparación con versiones anteriores… 
En la versión para votación se nota un mejor trabajo que en el informe para primer debate (que fue elaborado bajo la Presidencia de la asambleísta Betty Carrillo); y sin duda, constituye una propuesta notablemente mejor que el proyecto presentado inicialmente por el asambleísta Rolando Panchana. Sin embargo no es suficiente comparar al proyecto con sus versiones anteriores o con la legislación vigente, debe evaluarse con una mirada integral de lo que otras leyes y la posición oficial nos dice respecto de las libertades de opinión e información.
Los aspectos positivos de la ley:
Hay temas muy importantes y que deben seguirse debatiendo en el país, aún si no se aprueba la ley. Es fundamental, por ejemplo, desarrollar una política integral que incentive la producción nacional de música, cine, televisión; lograrlo requiere mucho más que las cuotas de pantalla y no se deben escatimar esfuerzos para impulsar estas iniciativas. Lo mismo podemos decir sobre la democratización y distribución equitativa de las frecuencias, un tema largamente debatido y pendiente.
Son positivos también los mecanismos para que personas con discapacidad accedan a la información; las disposiciones para evitar la difusión de información discriminatoria y prejuiciosa; o la protección de la identidad de niñas, niños y adolescentes que hayan sido autores, testigos o víctimas de actos ilícitos. A pesar de coincidir con varios de estos conceptos, no creemos que sean motivo suficiente para apoyar la aprobación de la ley y en muchos casos consideramos que no existe una real voluntad para desarrollarlos (por ejemplo en el tema de la reversión de frecuencias no se especifica los casos en que se realizará y sólo se anticipa que serían regulados a través de reglamento; sin esta reversión, la reserva de un tercio del espectro para los medios comunitarios es un simple enunciado pues no existen frecuencias disponibles).
Lo que le sobra a la ley:
Principios deontológicos. Toda ley manda, prohíbe o permite; los códigos deontológicos constituyen un “deber ser” y su ámbito está fuera de la regulación legal. Por tanto, si bien una disposición como la del artículo 9 tendría sentido en esta ley (mandar que los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios expidan por sí mismos códigos deontológicos para mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional), no así la que consta en el artículo 10 denominado “normas deontológicas” que se incluye dentro del capítulo de los principios y que deben ser “consideradas” por toda persona “natural o jurídica  que participe en el proceso comunicacional”. 
Estos principios son sumamente generales, y preocupa que en base a ellos un periodista o medio pueda ser sancionado por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación mediante amonestación escrita. Si se quiere que estos “principios” sean observados obligatoriamente, deben ser redactados en la ley de manera clara como obligaciones o prohibiciones, con la consecuencia por su incumplimiento.
Sistema de Comunicación Social. No es claro a qué se refiere la ley con este “sistema”; se dice cómo está conformado (instituciones de carácter público, políticas, normativa, actores privados, comunitarios y ciudadanos que se integren voluntariamente) y cuáles son sus objetivos (artículo 43); sin embargo no se trata de una institución o de una estructura que pueda cumplir los objetivos señalados, cómo el “Sistema” con actores públicos, privados, normas y políticas podría “articular los recursos y capacidades de los actores públicos, comunitarios y privados que conforman el Sistema para lograr el pleno ejercicio de los derechos de la comunicación…”?, o ¿“desarrollar e implementar mecanismos de planificación pública participativa y descentralizada para la definición, control social y adecuación de todas las políticas públicas de comunicación”? ¿Con qué estructura el sistema monitoreará y evaluará las políticas públicas y planes nacionales que establezcan las diferentes autoridades competentes en el tema de comunicación? ¿Cómo hará recomendaciones para la optimización de la inversión pública y el cumplimiento de los objetivos y metas definidos en el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cómo va a producir de forma permanente información sobre avances y dificultades en la aplicabilidad de los derechos de la comunicación?  ¿Quién o quiénes hablan a nombre del “Sistema”?
Espectáculos públicos. No cabe que una norma de la Ley de Comunicación instruya al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia para que elabore un reglamento (¡!), no se trata de un asunto competencia de esta ley y el Consejo tiene sus propias atribuciones y no necesita esta norma para ejercerlas.
Derechos de participaciónLa sección III (Derechos de participación) del Capítulo II del Título II consta de un solo artículo (36), en que el que se señala que “la ciudadanía tiene el derecho de organizarse libremente…”. No es la Ley de Comunicación la que otorga a las personas derechos de participación, un artículo de esta naturaleza es innecesario.
Reversión de frecuencias, democratización de los medios de comunicación
La realidad de nuestro país es la de la concentración de frecuencias y las irregularidades en su concesión; sobre esta realidad existe hace años una auditoría con resultados claros y que no se han considerado. Esta ley, en la práctica, no establece mecanismos o criterios para la reversión de frecuencias ni para la venta de los canales de televisión que hoy se encuentran bajo la administración del Estado; que son en ambos casos decisiones necesarias para democratizar el acceso a las frecuencias de radio y televisión.
El único artículo que contiene la ley sobre reversión de frecuencias nos dice que es un tema que se resolverá a través de reglamento! (artículo 114).
Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación
El informe señala que solo uno de los cinco miembros de este Consejo será designadodirectamente por el Presidente de la República; sin embargo, hay un miembro designado por los Consejos Nacionales de Igualdad (que en este momento no existen, en su lugar hay Comisiones de Transición creadas por Decreto Ejecutivo y designados por él); y un miembro designado por las facultades y escuelas de comunicación social pero únicamente de las universidades públicas (lo que nos hace pensar en la influencia directa del  Ejecutivo sobre su nombramiento). Los otros miembros del Consejo de Regulación provendrían de colegios electorales y procesos desarrollados por el Consejo Nacional Electoral, cuya composición conocemos y sobran los comentarios sobre su vinculación política. Por lo tanto, no se ha superado la preocupación sobre la autonomía e independencia del órgano que estará encargado de las sanciones administrativas y la concesión de nuevas frecuencias.
Otro tema que llama la atención es la forma de elegir a la secretaria o secretario técnico del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. Señala el artículo 57 que “será un funcionario o funcionaria de libre nombramiento y remoción”; sin embargo, lo elige el Pleno del Consejo por concurso de méritos y oposición  de una terna presentada por su Presidente. Es decir, primero el Presidente escoge libremente a los miembros de la terna, luego el Pleno realiza un “concurso de méritos y oposición” para que finalmente el funcionario pueda ser removido libremente (¿?)
Publicidad
El proyecto de comunicación dedica varios artículos a la regulación de la publicidad pero ni siquiera se establece un porcentaje máximo para propaganda en relación a la programación.
Sorprende que la ley se ocupe de prohibir la importación de piezas publicitarias producidas fuera del Ecuador (artículo 103). La ley establece un porcentaje, una cuota para la producción nacional de música, cine, televisión, pero en el caso de publicidad el 100% del negocio está reservado para personas y empresas ecuatorianas. Esta prohibición de importación se convertiría en una de las pocas, sino la única, contenida en una ley y no en las decisiones del órgano que regula el comercio exterior.
Y llama más la atención la disposición transitoria décima tercera, que otorga un plazo de solo 30 días para que los productores y medios de comunicación cumplan con este mandato, cuando para otros temas se han señalado plazos mucho más extensos: producción nacional, y difusión de contenidos musicales, cinco años para implementarse; inclusión de contenidos en lenguas de relación intercultural, un año; profesionalización de quienes trabajan en medios de comunicación, seis años; pero sólo 30 días para que los medios de comunicación transmitan únicamente publicidad realizada por empresas nacionales.
Estas disposiciones son especialmente delicadas si consideramos que el Secretario General de la Administración Pública y el Secretario General de Comunicación son prósperos empresarios de la industria de la publicidad.
Sanciones y faltas administrativas
A lo largo de toda la ley existen más de una decena de normas sobre prohibiciones y castigos, por fuera de los artículos que específicamente se refieren al tema. Así tenemos, por ejemplo, el artículo 10 relativo a los principios deontológicos; el artículo 18 de la prohibición de censura previa por autoridades o funcionarios públicos; el artículo 24 del derecho a la rectificación; el artículo 26 de las copias de programas o impresos; el 27 de libertad de información; el artículo 28 de la información de circulación restringida; el 29 del derecho a la protección de las comunicaciones personales (aunque sólo se dice que la violación de este derecho será sancionada de acuerdo a la ley); el artículo 30 de la protección integral de las niñas, niños y adolescentes; el 31 del derecho a la creación de medios de comunicación social (aunque no establece la sanción específica); el artículo 34 del derecho a la comunicación intercultural y plurinacional; el artículo 63 de la identificación y clasificación de los tipos de contenidos; el 67 que se refiere a contenido discriminatorio; el 69 y 70 sobre contenido violento; el 71 del contenido sexualmente explícito; el 101 de la inversión pública en publicidad y propaganda; el 103 de producción de publicidad nacional; y el 125 sobre prohibición de transferir concesiones. Esta forma de establecer sanciones es caótica e incorrecta; la ley debería contar con un capítulo específico de prohibiciones o faltas administrativas y sanciones, que además cumpla con ciertos estándares que les den uniformidad al valor de las multas para conductas similares.
Ya no se podrían cerrar medios, pero…
Es cierto que el proyecto ya no incluye entre las sanciones administrativas la posibilidad de la clausura de un medio de comunicación, pero mientras se pretende aprobar esta ley la Asamblea debate también el proyecto de Código Integral Penal que contiene catorce delitos distintos contra la honra, artículos específicos sobre sanciones penales a medios de comunicación y la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas incluyendo la posibilidad de un cierre de hasta cinco años como medida cautelar (en la fase de investigación, antes de que exista sentencia). Estas normas penales serían todavía peores que las que existen y que las planteadas en la primera versión del proyecto de ley. 
Otras cosas “curiosas”
“Art. 69. Para efectos de esta ley, se entenderá por contenido violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza física o psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o comunidad, así como en contra de los seres vivos y la naturaleza”
“Art. 7 (…)
La información o contenidos considerados de entretenimiento, que sean difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren la condición de información de relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el derecho a la honra de las personas u otros derechos constitucionalmente establecidos.”
DEROGATORIA PRIMERA.- Se deroga los artículos del Decreto Supremo 256-A, de la Ley de Radiodifusión y Televisión, que se modifiquen en la presente ley o que se opongan a la misma.
(Es decir, seguirá vigente la actual Ley de Radio y Televisión, pues esta ley no la deroga totalmente).
¿Y  el veto?
Finalmente, todos sabemos que este documento que discutimos no es la versión final y que la bancada del movimiento PAIS no está autorizada a llegar a acuerdos respecto del contenido último de la ley. El abuso de la facultad del Presidente de observar o “vetar” una ley ha minado la confianza en los posibles acuerdos legislativos con quienes promueven la aprobación de esta ley.
La experiencia nos dice: a. que el Presidente no necesariamente coincide con las tesis impulsadas por los asambleístas de su Movimiento (hace pocas semanas decidió el veto total de la Ley de Desarrollo Fronterizo, que había sido aprobada por unanimidad); b. que el Presidente es capaz de incorporar temas que nunca se han debatido, como lo hizo en las reformas al Código de la Democracia al incluir la prohibición para la cobertura periodística en época de campaña electoral; y,c. que la bancada de PAIS no está dispuesta a votar en contra del veto y sostener así los acuerdos legislativos que se hayan alcanzado (así sucedió ya cuando el Presidente decidió una fórmula de asignación de escaños distinta a la promovida y aprobada en la Asamblea por su propia bancada).
Todos estos argumentos, sumados a un discurso político cada vez más intolerante a la crítica y el cuestionamiento y en que el partido de gobierno ha optado por judicializar las tensiones políticas, constituyen argumentos suficientes para oponernos a la aprobación de este proyecto de Ley de Comunicación. 

lunes, 9 de abril de 2012

La caza del gay

Artículo de: Mario Vargas Llosa, publicado el 8 ABR 2012 en ElPaís.com

PIEDRA DE TOQUE. Lo más fácil e hipócrita es atribuir el asesinato de Daniel Zamudio a cuatro bellacos que se autodenominan neonazis. Ellos no son más que la avanzadilla repelente de nuestra tradición homófoba 


La noche del tres de marzo pasado, cuatro “neonazis” chilenos, encabezados por un matón apodado Pato Core, encontraron tumbado en las cercanías del Parque Borja, de Santiago, a Daniel Zamudio, un joven y activista homosexual de 24 años, que trabajaba como vendedor en una tienda de ropa.

Durante unas seis horas, mientras bebían y bromeaban, se dedicaron a pegar puñetazos y patadas al maricón, a golpearlo con piedras y a marcarle esvásticas en el pecho y la espalda con el gollete de una botella. Al amanecer, Daniel Zamudio fue llevado a un hospital, donde estuvo agonizando durante 25 días al cabo de los cuales falleció por traumatismos múltiples debidos a la feroz golpiza.

Este crimen, hijo de la homofobia, ha causado una viva impresión en la opinión pública no sólo chilena, sino sudamericana, y se han multiplicado las condenas a la discriminación y al odio a las minorías sexuales, tan profundamente arraigados en toda América Latina. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reclamó una sanción ejemplar y pidió que se activara la dación de un proyecto de ley contra la discriminación que, al parecer, desde hace unos siete años vegeta en el Parlamento chileno, retenido en comisiones por el temor de ciertos legisladores conservadores de que esta ley, si se aprueba, abra el camino al matrimonio homosexual.

Ojalá la inmolación de Daniel Zamudio sirva para sacar a la luz pública la trágica condición de los gays, lesbianas y transexuales en los países latinoamericanos, en los que, sin una sola excepción, son objeto de escarnio, represión, marginación, persecución y campañas de descrédito que, por lo general, cuentan con el apoyo desembozado y entusiasta del grueso de la opinión pública.

Los delitos de este tipo que se hacen públicos son sólo una mínima parte de los que se cometen.
Lo más fácil y lo más hipócrita en este asunto es atribuir la muerte de Daniel Zamudio sólo a cuatro bellacos pobres diablos que se llaman neonazis sin probablemente saber siquiera qué es ni qué fue el nazismo. Ellos no son más que la avanzadilla más cruda y repelente de una cultura de antigua tradición que presenta al gay y a la lesbiana como enfermos o depravados que deben ser tenidos a una distancia preventiva de los seres normales porque corrompen al cuerpo social sano y lo inducen a pecar y a desintegrarse moral y físicamente en prácticas perversas y nefandas.

Esta idea del homosexualismo se enseña en las escuelas, se contagia en el seno de las familias, se predica en los púlpitos, se difunde en los medios de comunicación, aparece en los discursos de políticos, en los programas de radio y televisión y en las comedias teatrales donde el marica y la tortillera son siempre personajes grotescos, anómalos, ridículos y peligrosos, merecedores del desprecio y el rechazo de los seres decentes, normales y corrientes. El gay es, siempre, “el otro”, el que nos niega, asusta y fascina al mismo tiempo, como la mirada de la cobra mortífera al pajarillo inocente.

En semejante contexto, lo sorprendente no es que se cometan abominaciones como el sacrificio de Daniel Zamudio, sino que éstas sean tan poco frecuentes. Aunque, tal vez, sería más justo decir tan poco conocidas, porque los crímenes derivados de la homofobia que se hacen públicos son seguramente sólo una mínima parte de los que en verdad se cometen. Y, en muchos casos, las propias familias de las víctimas prefieren echar un velo de silencio sobre ellos, para evitar el deshonor y la vergüenza.

Aquí tengo bajo mis ojos, por ejemplo, un informe preparado por el Movimiento Homosexual de Lima, que me ha hecho llegar su presidente, Giovanny Romero Infante. Según esta investigación, entre los años 2006 y 2010 en el Perú fueron asesinadas 249 personas por su “orientación sexual e identidad de género”, es decir una cada semana. Entre los estremecedores casos que el informe señala, destaca el de Yefri Peña, a quien cinco “machos” le desfiguraron la cara y el cuerpo con un pico de botella, los policías se negaron a auxiliarla por ser un travesti y los médicos de un hospital a atenderla por considerarla “un foco infeccioso” que podía transmitirse al entorno.

Estos casos extremos son atroces, desde luego. Pero, seguramente, lo más terrible de ser lesbiana, gay o transexual en países como Perú o Chile no son esos casos más bien excepcionales, sino la vida cotidiana condenada a la inseguridad, al miedo, la conciencia permanente de ser considerado (y llegar a sentirse) un réprobo, un anormal, un monstruo. Tener que vivir en la disimulación, con el temor permanente de ser descubierto y estigmatizado, por los padres, los parientes, los amigos y todo un entorno social prejuiciado que se encarniza contra el gay como si fuera un apestado. ¿Cuántos jóvenes atormentados por esta censura social de que son víctimas los homosexuales han sido empujados al suicidio o a padecer de traumas que arruinaron sus vidas? Sólo en el círculo de mis conocidos yo tengo constancia de muchos casos de esta injusticia garrafal que, a diferencia de otras, como la explotación económica o el atropello político, no suele ser denunciada en la prensa ni aparecer en los programas sociales de quienes se consideran reformadores y progresistas.

Ante la homofobia, las ideologías políticas se funden en un solo ente de prejuicio y estupidez
Porque, en lo que se refiere a la homofobia, la izquierda y la derecha se confunden como una sola entidad devastada por el prejuicio y la estupidez. No sólo la Iglesia católica y las sectas evangélicas repudian al homosexual y se oponen con terca insistencia al matrimonio homosexual. Los dos movimientos subversivos que en los años ochenta iniciaron la rebelión armada para instalar el comunismo en el Perú, Sendero Luminoso y el MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru), ejecutaban a los homosexuales de manera sistemática en los pueblos que tomaban para liberar a esa sociedad de semejante lacra (ni más ni menos que lo hizo la Inquisición a lo largo de toda su siniestra historia).

Liberar a América Latina de esa tara inveterada que son el machismo y la homofobia —las dos caras de una misma moneda— será largo, difícil y probablemente el camino hacia esa liberación quedará regado de muchas otras víctimas semejantes al desdichado Daniel Zamudio. El asunto no es político, sino religioso y cultural. Fuimos educados desde tiempos inmemoriales en la peregrina idea de que hay una ortodoxia sexual de la que sólo se apartan los pervertidos y los locos y enfermos, y hemos venido transmitiendo ese disparate aberrante a nuestros hijos, nietos y bisnietos, ayudados por los dogmas de la religión y los códigos morales y costumbres entronizados. Tenemos miedo al sexo y nos cuesta aceptar que en ese incierto dominio hay opciones diversas y variantes que deben ser aceptadas como manifestaciones de la rica diversidad humana. Y que en este aspecto de la condición de hombres y mujeres también la libertad debe reinar, permitiendo que, en la vida sexual, cada cual elija su conducta y vocación sin otra limitación que el respeto y la aquiescencia del prójimo.

Las minorías que comienzan por aceptar que una lesbiana o un gay son tan normales como un heterosexual, y que por lo tanto se les debe reconocer los mismos derechos que a aquél —como contraer matrimonio y adoptar niños, por ejemplo— son todavía reticentes a dar la batalla a favor de las minorías sexuales, porque saben que ganar esa contienda será como mover montañas, luchar contra un peso muerto que nace en ese primitivo rechazo del “otro”, del que es diferente, por el color de su piel, sus costumbres, su lengua y sus creencias y que es la fuente nutricia de las guerras, los genocidios y los holocaustos que llenan de sangre y cadáveres la historia de la humanidad.

Se ha avanzado mucho en la lucha contra el racismo, sin duda, aunque sin extirparlo del todo. Hoy, por lo menos, se sabe que no se debe discriminar al negro, al amarillo, al judío, al cholo, al indio, y, en todo caso, que es de muy mal gusto proclamarse racista.

No hay tal cosa aún cuando se trata de gays, lesbianas y transexuales, a ellos se los puede despreciar y maltratar impunemente. Ellos son la demostración más elocuente de lo lejos que está todavía buena parte del mundo de la verdadera civilización.

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© Mario Vargas Llosa, 2012