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lunes, 30 de junio de 2008

Sobre la Función Legislativa, el debate de hoy

Hoy que tratamos el tema de la Función Legislativa es un buen momento para hacer memoria:
¿Cuál fue el punto de partida de este proceso constituyente? No se remonta a los meses anteriores a la consulta popular; hay que hacer memoria al menos desde 1998.

Muchos de los que hoy critican estos artículos y a la propia Asamblea, nos vendieron la Constitución de 1998 como la Constitución de la gobernabilidad, e inmediatamente después vinieron los 10 años más convulsionados de este último período democrático.

Con la constitución del 98 y su fórmula de gobernabilidad ningún presidente ha terminado su período en estos 10 años. Gran lección: la gobernabilidad no puede ser una creación artificial y no es suficiente que lleguen a acuerdos los poderosos. Gobernabilidad, democrática, sólo es posible cuando los grandes acuerdos son con y entre la mayoría de la población.

En la Constitución del 98 se pensó en el Congreso como un obstáculo para el Presidente, no podemos repetir ese error. En el diseño de un régimen hiperpresidencialista no sólo se dio amplias facultades al Presidente sino que se disminuyeron las del Congreso. Ese poder, al perder su capacidad de destituir ministros, de participar en la gestión del Estado y hasta de elegir sus propias autoridades, conservó para sí una sóla herramienta: el chantaje.

¿Cuáles fueron las circunstancias en que impulsamos la convocatoria a esta Asamblea Constituyente?: Habíamos pasado un año sin Corte Suprema, un año sin Ministro Fiscal, un año sin Tribunal Constitucional, cinco años sin Contralor, tres años sin Defensor del Pueblo, ocho meses sin Directorio del Banco Central. ¡Esa es la gobernabilidad e institucionalidad que algunos todavía defienden!

Para no repetir experiencias como esa, se debe incluir un artículo o una disposición que le ponga a la Asamblea un plazo máximo para elegir o posesionar a los funcionarios en casos como estos. No podemos reeditar el chantaje y la extorsión como relación política.

En el diseño de un sistema equilibrado de pesos y contrapesos, debemos ajustar este capítulo en relación a las competencias y facultades del Ejecutivo. Necesitamos un Congreso sin poder de chantaje pero con claras responsabilidades compartidas además de la propia de elaboración de las leyes.

La Asamblea debe tener la facultad de destituir a los Ministros de Estado cuando estos son censurados. En el peor de los casos debería establecerse que en la primera censura el Presidente decide pero si un Ministro es censurado en una segunda ocasión entonces la destitución es automática.

No es verdad que hoy empieza y se agota el debate sobre el Legislativo. Ya hablamos de otras facultades, además de la de crear leyes, cuando establecimos que el Congreso debate y conoce el Plan de Desarrollo; que aprueba el Presupuesto, que hace parte de la Comisión de Selección que lleva adelante los concursos públicos para nombrar a quienes hagan parte de los órganos de control.

La iniciativa exclusiva para reformas tributarias y la capacidad de veto total, ambas del Ejecutivo, ya estaban en la Constitución de 1998, por eso extraña la alarma de algunos expositores de esta mañana.
En la intención de generar una relación equilibrada, se debe incluir entre las causales de destitución del Presidente la de “grave crisis política”, que también está en las causales de disolución de la Asamblea.

Sobre el Consejo de Estado, quiero insistir en que me parece incoveniente la creación de esta instancia. En una democracia los poderes no tienen una relación armónica y de cooperación; deben ser coresponsables pero lo esencial es la separación de poderes y el fortalecimiento de los mecanismos de contrapesos entre ellos.

Tiene sentido que cooperen entre sí el Ejecutivo y el Legislativo pues son colegisladores; insisto en que se debe crear un mecanismo institucional que transparente y procese esa relación, pero un Consejo en donde se encuentren todos los poderes es un despropósito.

Lo ideal sería eliminar este Consejo, pero si la Mesa insiste en mantenerlo se debe eliminar su definición como órgano “superior”. Los órganos constitucionales autónomos, los poderes del Estado tienen una jerarquía igual y equivalente. No se puede establecer un órgano superior a ellos. De igual forma se debería dejar claro que la relación entre esos poderes es de control cruzado y contra pesos.

Finalmente, el diseño institucional no cambia todo, pero al menos debemos asegurarnos de crear los incentivos correctos. De la calidad de los representantes y de elegirlos se encargará la ciudadanía y debemos confiar en la democracia y las decisiones de la mayoría; por eso saludo la decisión de la Mesa de no limitar el derecho a ser elegido según la edad. Si la buena representación fuera consecuencia directa de la edad, otra sería nuestra historia.

miércoles, 18 de junio de 2008

Ya que citamos la biblia, a seguir al pie de la letra...

Hoy en el debate del Pleno de la Asamblea Constituyente se usó varias veces a la biblia como argumento; recordé un texto que Diego Cornejo colocó en su bitácora (blog) hace varias semanas. También él lo puso alarmado por lo “laico” de los debates constitucionales.

Me parece muy oportuno. Transcribo el escrito de Diego en: www.temasquepolemizan.blogspot.com. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia…

“Creo que es importante el reflexionar cuando las diferentes religiones o personas sacan a Dios y a la biblia para defender sus puntos de vista. Creo que no tomamos en cuenta que no es posible solo usar unos versiculos que nos convienen y otros dejarlos, porque las épocas ya no los aplican. Esto debe traernos a una gran reflexión, sobre la biblia y su mano divina, que ya ahondare en un próximo articulo, pero si seguimos siendo tan literales, deberíamos hacer barbaridades. Lean este articulo que llegó a mi, y me parece bastante ilustrativo , solo aumentaría, que dentro de estos versículos también se prohibia comer camarones:

Laura Schlessinger es una conocida locutora de radio de Estados Unidos que tiene un programa en el que da consejos en directo a los oyentes que llaman por teléfono. Recientemente saltó la polémica (y más cuando se mezclan temas de religión y homosexualidad, donde cada persona interpreta lo que dice Dios y la Biblia de una manera distinta), cuando la presentadora atacó a los homosexuales. Esta locutora ha dicho recientemente: que la homosexualidad es una abominación, ya que así loindica la Biblia en el Levítico, versículos 18:22, y por tanto no puede ser consentida bajo ninguna circunstancia.

Lo que a continuación transcribimos es una carta abierta dirigida a la Dra. Laura escrita por un residente en los Estados Unidos, que ha sido hecha pública en Internet (no tiene desperdicio):

Querida Dra. Laura:Gracias por dedicar tantos esfuerzos a educar a la gente en la Ley de Dios. Yo mismo he aprendido muchísimo de su programa de radio e intento compartir mis conocimientos con todas las personas que me es posible. Por ejemplo, cuando alguien intenta defender el estilo de vida homosexual me limito tan sólo a recordarle que el Levítico, en sus versículos 18:22, establece claramente que la homosexualidad es una abominación. Punto final.

De todas formas, necesito algún consejo adicional de su parte respecto a algunas otras leyes bíblicas en concreto y cómo cumplirlas:

1- Me gustaría vender a mi hermana como esclava, tal y como indica el Éxodo, 21:7. En los tiempos que vivimos, ¿qué precio piensa que sería el más adecuado?

2- El Levítico 25:44, establece que puedo poseer esclavos, tantos varones como hembras, mientras sean adquiridos en naciones vecinas.Un amigo mío asegura que esto es aplicable a los mejicanos, pero no a los canadienses.¿Me podría aclarar este punto? ¿Por qué no puedo poseer canadienses?

3- Sé que no estoy autorizado a tener contacto con ninguna mujer mientras esté en su período de impureza menstrual (Lev. 5:19-24)El problema que se me plantea es el siguiente: ¿cómo puedo saber si lo están o no? He intentado preguntarlo,pero bastantes mujeres se sienten ofendidas.

4- Tengo un vecino que insiste en trabajar en el sábado. El Éxodo 35:2, claramente establece que ha de recibir pena de muerte. ¿Estoy moralmente obligado a matarlo yo mismo? ¿Me podría apañar usted este tema de alguna manera?

5- En el Levítico 21:20, se establece que uno no puede acercarse al altar de Dios si tiene un defecto en la vista. He de confesar que necesito gafas para leer.¿Mi agudeza visual tiene que ser del 100%? ¿Se puede relajar un poco esta condición?

6- La mayoría de mis amigos (varones) llevan el pelo arreglado y bien cortado, incluso en la zona de las sienes, a pesar de que esto está expresamente prohibido por el Levítico 19:27. ¿Cómo han de morir?

7- Sé gracias al Levítico 11:6-8, que tocar la piel de un cerdo muerto me convierte en impuro. Aún así, ¿puedo continuar jugando al fútbol si me pongo guantes?

8- Mi tío tiene una granja. Incumple lo que se dice en el Levítico 19:19, ya que planta dos cultivos distintos en el mismo campo, y también lo incumple su mujer, y a que lleva prendas hechas de dos tipos de tejidos diferentes (algodón y poliéster). Él, además, se pasa el día maldiciendo y blasfemando.¿Es realmente necesario llevar a cabo el engorroso procedimientos de reunir a todos los habitantes delpueblo para lapidarlos? (Lev. 24:10-16). ¿No podríamos sencillamente quemarlos vivos en una reunión familiar privada, como se hace con la gente que duerme con sus parientes políticos? (Lev. 20:14).

Sé que usted ha estudiado estos asuntos con gran profundidad,así que confío plenamente en su ayuda.Gracias de nuevo por recordarnos que la palabra de Dios es eterna e inmutable.”

sábado, 7 de junio de 2008

Elementos constitutivos del Estado

Este es el artículo más importante de toda la Constitución. Enumera los elementos constitutivos del Estado pero además define ese al Estado, sus principios y los fundamentos de su organización.



Estado Constitucional de Derecho y Justicia.



En el 98 el Ecuador definió a su Estado como "social de derecho". Ésta no es una fórmula hueca. Esta definición implica que además de organizarse sometido a la ley, el Estado tiene la obligación positiva de intervenir para generar bienestar para los ciudadanos.




Es hora de ir más allá. Debemos definir al Ecuador como un Estado Constitucional de Derecho. ¿Qué es esto? ¿En qué se diferencia del anterior? ¿Qué implica?




Tal vez la más sencilla pero también la más contundente de las definiciones la da Herbert Krugger: "si por siglos el ejercicio de los derechos fundamentales fue posible en la medida que lo permitía la ley, hoy la ley vale en la medida que respeta a los derechos esenciales"




Juan Carlos Ferrada:


"(...) a partir de una afirmación rotunda de la supremacía de la Constitución sobre todas las normas del ordenamiento jurídico, derivado del nuevo carácter normativo de ésta (...), se establece una reconstrucción de todo el sistema jurídico, en el que los derechos fundamentales, especialmente, se transforman en el eje central del sistema (...), irradiando sus efectos sobre todas las demás normas e instituciones jurídicas"1.

José Luis Cea Egaña:

"Rectamente entendido, el paradigma del Estado Constitucional de Derecho equivale a una reformulación, desde sus bases hasta sus más elevados y determinantes objetivos, de lo que es el Derecho en su naturaleza y génesis, en su interpretación y aplicación, incluyendo las fuentes, la hermenéutica, el rol del Estado en el ordenamiento jurídico, las conexiones con la Sociedad Civil en democracia y otros vectores de semejante importancia. De ese paradigma es criterio esencial la mayor independencia del Derecho con respecto a la soberanía, única manera que aquél se imponga a ésta, postulado que debe seguir en el orden jurídico interno y también, no cabe duda, en el ámbito internacional"2


Esta frase que parece muy sencilla, en realidad define al Estado y sus responsabilidades. Convertiría a la constitución y a los derechos en el plan del Estado, en la norma para el funcionamiento de los diferentes órganos del Estado y en los principios y objetivos de las políticas públicas.



Interculturalidad y Plurinacionalidad

Al incorporar esta definición del Estado como intercultural y plurinacional estamos planteando una forma de Estado que supere el caduco concepto del "Estado Nación".

Reconocer la existencia de distintas culturas y respetarlas no es suficiente. La interculturalidad se refiere sobretodo a la relación entre esos distintos. Esta definición nos exige terminar con un Estado y una sociedad racista, plantear un diálogo transparente y fluido entre las culturas y llegar a acuerdos sobre el Ecuador que queremos en el futuro y que permita la convivencia de esa diversidad en un proyecto en común.

Es un error creer que esta definición convierte a lo mestizo en la identidad residual. El Ecuador debe abandor el discurso del mestizo como el "no indio". Debemos construir la identidad del ecuatoriano mestizo, del Ecuador mestizo como el resultado de esta diversidad evidente. Recogiendo las palabras del historiador Galo Ramón Valarezo:

"El reto real, es aceptarnos como provenientes de diversos linajes pero iguales; romper sin concesiones con el racismo; mirarnos como portadores de densidades históricas diferentes, producir una lectura subversiva del mestizaje que cultive en su seno al negro y al indio escondidos, encontrar elementos de unidad en las formas de resistencia de los subalternos, en los brotes de rebeldía que se han expresado en la historia y sobre todo, en las prácticas de convivencia entre los diversos (...)"3


Estado Laico.

No es suficiente que califiquemos al Estado como un Estado laico; debemos definirlo. Cien años después de la Revolución Liberal, no queda clara la separación entre Estado e Iglesia; todos los días somos testigos de la intervención e interferencia de las Iglesias en los asuntos de Estado.




Pero, ¿por qué es necesario separar la religión de la política? ¿la iglesia del Estado?: Ramoneda lo resume muy bien y denuncia además los vínculos políticos de esta nueva unión de facto:


"Las religiones entienden que la legitimidad del poder emana de Dios y no de los hombres. Estas tres características las hacen incompatibles con las bases del sistema democrático. Por eso deben mantenerse al margen de las decisiones políticas. La coartada religiosa no es argumento para saltarse las leyes democráticas. Y, sin embargo, el Estado democrático tiene la libertad de expresión y de creencia como principio fundamental. Por eso, no debe intervenir sobre las ideas religiosas. Esta clara división de papeles es la que quiere confundir en Europa una nueva santa alianza de la derecha y el altar"4.


Esta además es una de las deudas que tenemos con el Viejo Luchador. Si Eloy Alfaro pudiera escuchar algunas intervenciones que se han dado en esta Sala, nos pediría que vayamos a sesionar al Quinche. Por Alfaro y en honor a su revolución, debemos definir el Estado Laico.



Artículo propuesto:

TÍTULO II.- CARÁCTER Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO


1. El Ecuador es un estado constitucional de derecho y justicia; soberano e independiente. Se organiza en forma de república.


2. El Ecuador es un estado intercultural y plurinacional. El Estado reconoce a las nacionalidades y pueblos originarios y afrodescendientes como actores constitutivos de la sociedad ecuatoriana.


3. Sobre la base de su unidad indisoluble, el Ecuador se gobierna descentralizada y desconcentradamente, mediante un régimen de autonomías, para integrar armónica, solidaria y equitativamente el territorio nacional.


4. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad de los órganos del poder público. Se ejerce a través de los medios de participación directa o por representantes libremente elegidos conforme a la Constitución.


5. El Ecuador se proclama como Estado laico. Ninguna religión es o puede ser la del Estado. Se establece la separación entre Estado e Iglesia como esferas autónomas, el Estado no debe auspiciar, proteger, financiar ni favorecer a una religión en particular. Sus decisiones no pueden ser justificadas en determinado dogma o creencia religiosa. Tampoco le corresponde desarrollar acciones contra ninguna expresión religiosa.


6. El castellano y el quichua son los idiomas oficiales. El shuar, achuar y los demás idiomas originarios son de uso oficial para las nacionalidades y pueblos indígenas. Todas las lenguas de los ecuatorianos son patrimonio cultural del país y la humanidad, el Estado respeta y estimula su conservación y su uso.


7. La bandera, el escudo y el himno establecidos por la ley son los símbolos de la patria.




1"La Constitucionalización del Derecho", Revista de Derecho Público N° 60 (1996) pp. 50 ss

2 CEA EGAÑA, José Luis. Estado constitucional de derecho, nuevo paradigma jurídico. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 2005.

3 RAMÓN VALAREZO, Galo. ¿PLURINACIONALIDAD O INTERCULTURALIDAD EN LA CONSTITUCION?. Quito. Marzo del 2008. (documento conocido por la Asamblea Constituyente)

4RAMONEDA, Josep. La Nueva Alianza de la Derecha y el Altar. Publicado en Diario El País, 31 enero 2008.

Sobre Soberanía Alimentaria

"La Soberanía Alimentaria es el DERECHO de los países y los pueblos a la autodeterminación de sus políticas agrarias, de empleo, pesqueras, alimentarias y de tierra de forma que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas para ellos y sus circunstancias únicas"

Propuesta de Fundación Terranueva


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El debate sobre soberanía alimentaria no es nuevo; todos los países y sus gobernantes, la FAO, Naciones Unidas trabajan sobre el tema. Para muchos no sólo es un tema de derechos, sino de seguridad nacional.

El Ecuador debe garantizar el autosustento, la producción de lo necesario para cubrir las necesidades vitales de sus ciudadanos. El tema tiene muchas implicaciones, copiamos algunas sugerencias sobre los artículos concretos planteados por la Mesa Constituyente No. 6.

1. Soberanía Alimentaria.

Consideramos que se amplíe el alcance de este primer artículo. La soberanía alimentaria no sólo se trata de "producción, provisión, distribución y comercialización de alimentos".

A continuación se exponen 3 ejes que sugerimos considerar no sólo para definir la soberanía alimentaria sino para delimitar lo que queremos que sea la soberanía alimentaria en el Ecuador, según sus propias características.




La Protección.- a cualquier tipo de amenaza que pueda sufrir la producción nacional de alimentos, pero sobre todo la pequeña y mediana producción. Sean estas amenazas dumping (desvirtuación de los precios reales y competencia desleal por subsidios), transgénicos o sus productos derivados, introducción o imposición de insumos, procesos, protocolos de práctica agrícola contrarias a los principios de la agroecología, falta de financiamiento, apoyo técnico y cualquier tipo de amenaza pueda surgir en un futuro.




La Conservación Ambiental.- Es el principio que llama a abolir la concepción de que conservación y producción agrícola son antagónicos. Se reconoce que todo el patrimonio natural del país en cierta forma está integrado a la estrategia de política agraria, así los conceptos de agro ecología y de pesca sustentable se convocan para beneficiarnos de nuestro patrimonio natural sin poner en riesgo su integridad.




La Interculturalidad en la Política Agraria.- Este concepto reconoce como herramienta importante para asegurar el derecho a la alimentación, el aporte que nuestros pueblos, culturas y comunidades desean y pueden hacer en conocimientos ancestrales para el manejo de semillas, para potenciar el desarrollo de tecnología, para construir una identidad cultural hacia hábitos de consumo más responsables, por mencionar algunos ejemplos. En la intercultuaridad, todos estos aportes se valoran, se aceptan, y se comparten en función del bien común es decir se democratizan entre una sociedad diversa que aprecia la participación e intercambio de los diferentes sectores de la sociedad, consolidando el buen vivir.




Sugerimos que estos conceptos se incorporen en el artículo 1 propuesto por la Mesa Constituyente.




2. Los principios de la soberanía alimentaria.




Conocemos el informe presentado por la Mesa 9 sobre este tema y recomendamos que se recojan las sugerencias realizadas a través de ese informe. Nos parece conveniente una redacción más concreta y resumida, que haga énfasis en los principios de la soberanía alimentaria sin confundirlos con acciones de políticas públicas.




Sobre el numeral 13 propuesto:




Reconocer y fomentar el trabajo de las mujeres campesinas en la agroalimentación, así como su contribución a la preservación, difusión y desarrollo de conocimientos y prácticas ancestrales.

Al hacer este artículo mención concreta de las mujeres campesinas como responsables de la agroalimentación se fortalece y perpetúa un estereotipo de género; es decir, se vincula de forma indiscutible a las mujeres campesinas con la tarea y el trabajo de la alimentación; esta importante tarea doméstica y comunitaria no tiene por qué estar reservada o ser responsabilidad exclusiva de las mujeres campesinas.

3. Transgénicos.

Este, como otros principios del artículo, se están debatiendo en varias secciones de la Constitución. Recomendamos que la redacción sea clara en términos de prohibir cultivos y semillas transgénicos. Recomendamos coordinar con la Mesa 5, Recursos Naturales, que ha redactado un artículo concreto sobre el tema.

4. Consejo Nacional de Soberanía Alimentaria.

No le corresponde a la Constitución la creación de este tipo de Consejos. El texto constitucional debe prever la creación y la integración de los poderes clásicos del Estado y aquellos otros órganos que la doctrina constitucional conoce como "órganos constitucionales autónomos" y los "órganos extra poder". Este Consejo no corresponde a ninguna de las dos clasificaciones y por ningún motivo podemos empezar a ordenar la creación de estos órganos o instituciones a través de la Constitución pues le corresponde a ley esta definición.

En el caso de que la Mesa 6 decida insistir en la propuesta de un Consejo de Soberanía Alimentaria, esta sugerencia debe ser enviada a la Mesa 3 de instituciones del Estado pues le corresponde a esa instancia evaluar la propuesta y decidir si puede integrarse en un diseño ordenado de los órganos y las instituciones de rango constitucional.

5. Acceso a la tierra y al riego.

De acuerdo con el objetivo general y los principios que se encuentran en este artículo. Sugerimos que se consulten los criterios que sobre agua de riego han trabajado ya las Mesas 5 y 7 pues podría agregarse otros principios para el manejo y uso del agua de riego (conocemos por ejemplo que la Mesa de Recursos Naturales está sugiriendo que el riego se gestione a través de las cuencas hidrográficas; este principio podría incorporarse).

6. Fondo Nacional de Tierras.

No le corresponde a la Constitución la creación de este tipo de fondos. No se ha propuesto en ninguna Mesa y en relación a ningún tema. No es materia de la Constitución una determinación de esta naturaleza.

Además de no tratarse de un tema constitucional, debemos recordar que en esta misma Asamblea se ha rechazado el mecanismo de creación de fondos, fideicomisos o patrimonios autónomos pues estos impiden un manejo integral, ordenado y transparente de las finanzas públicas a través del Presupuesto General del Estado.

Estos criterios fueron los que guiaron la Ley para el uso público de los recursos petroleros, apoyada por los miembros de la Mesa 6 y por la mayoría de la Asamblea. En esa ley, uno de los objetivos principales fue la eliminación de la lógica de fondos y patrimonios atuónomos; no vamos a cuestionar ese manejo en la ley para luego introducirlo en la Constitución (¿?).

También ese fue el sentido de algunas reformas en la Ley de Equidad Tributaria que pretendían corregir las rigideces fiscales al consolidar los ingresos en el Presupuesto del Estado para que éste, siguiendo una planificación general realice las asignaciones del caso.

Estamos de acuerdo y apoyamos los objetivos generales que se buscan a través de este artículo pero no creemos que sea correcto el mecanismo de un fondo (patrimonio autónomo) y menos todavía que se deba incluirlo en la Constitución.

jueves, 5 de junio de 2008

Observaciones sobre Régimen de Desarrollo

1.Sistema económico social y solidario.
De acuerdo con la definición del sistema económico como social y solidario. Lo más importante es que esta definición no se queda en un mero enunciado, sino que en los artículos subsiguientes se diseña un modelo económico y un régimen de desarrollo con los principios de solidaridad y equidad; que tiene como fin el bienestar, el buen vivir, y el desarrollo con respeto al ambiente y un manejo responsable de los recursos naturales.

2.Objetivo de la política fiscal.
Totalmente de acuerdo con la inclusión de este artículo. Es necesario enfatizar que la política fiscal tiene varios objetivos más allá de la recaudación. A través del sistema impositivo se pueden incentivar algunas actividades y desincentivar otras. Una clara muestra es la reforma tributaria aprobada por la Asamblea Constituyente en diciembre del 2007; por ejemplo la creación del ICE para focos incandecentes cuyo objetivo es privilegiar el consumo de focos que optimizan el consumo de energía eléctrica.

3.Salud, nutrición, justicia y educación.
Apoyamos la decisión de calificar estos rubros como prioridades en el gasto e inversión pública.

4.Legislación con implicaciones presupuestarias.

Art. 3.- Toda ley que origine obligaciones financieras tendrá que crear las fuentes de financiamiento correspondientes. Solamente las instituciones de derecho público podrán financiarse por tasas y contribuciones especiales establecidas por ley.

En nuestro país, durante años el Congreso Nacional aprobó sin ningún estudio previo ni conocimiento sobre factibilidad reformas que comprometían fondos públicos, trasladando la responsabilidad del financiamiento al Ejecutivo. Esta norma está dedicada a evitarlo; el artículo que contribuye a la corresponsabilidad del Poder Legislativo que pretendemos crear también con otras medidas.

Creemos importante ligar esta norma con una equivalente en el capítulo correspondiente al Poder Legislativo o Asamblea Nacional en donde se debe establecer para la aprobación de un proyecto de ley que tenga consecuencias presupuestarias, el requisito de informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas.

5.Deuda Pública.
En general de acuerdo con el tratamiento que se hace del tema “deuda pública” : creación del Comité de Deuda, condiciones para contratar deuda y sobretodo con la prohibición del anatocismo. Este término es claro y de uso habitual en el derecho pero podría considerarse los términos de “interés sobre interés” si es que aporta mayor claridad.

6.Deuda ilegítima.
Este principio se ha analizado extensivamente en economía política. La primera vez que se alegó este concepto para el no pago de una deuda considerada ilegítima fue por los Estados Unidos en 1898, al fundamentar que la deuda contraída por Cuba con España mientras fue su colonia fue impuesta, carecía de consentimiento y los dineros no fueron empleados para beneficio del pueblo cubano. Si bien nunca hubo un reconocimiento explícito de este hecho por España, este último país accedió a hacerse responsable de esa obligación en los tratados de paz.

Howse define a la deuda ilegítima de la siguiente manera: “El concepto de deuda ilegítima busca proveer un fundamento moral y legal para separar, en parte o en eltodo, la continuidad de las obligaciones legales en donde las deuda en cuestión fue contratada por un régimen anterior “ilegítimo” y fue utilizada en formas en las cuales no hubo beneficios o hubo perjuicios a los intereses de la población. Usualmente, es necesario agregar a este concepto el elemento que define si el prestatario sabía o debió haber sabido de esas circunstancias al momento del momento del contrato de la deuda”1.

La doctrina jurídica y económica establece dos condiciones esenciales para considerar ilegítima una deuda: que su objetivo no beneficie al pueblo y que se haya contraído sin consentimiento del pueblo. Estas condiciones se aplican tanto a regímenes democráticos y no democráticos. De igual manera, existen posturas que mantienen que este tipo de deudas no deben ser transferibles al gobierno que sucede al gobierno contratante; y otros académicos mantienen que la deuda debe ser transferible salvo que los prestatarios hayan tenido conocimiento de las dos condiciones mencionadas inicialmente existían al momento de contraer la deuda2.

Se plantean derivados de estos conceptos las condiciones en las que los gobiernos puedan alegar la existencia de este tipo de deudas. Es necesario analizar también las consecuencias prácticas de tales decisiones.


Por un lado, es importante que estos procesos se realicen conforme a principios generales de derecho. Las consecuencias de no hacerlo pueden establecer un desincentivo a las instituciones financieras nacionales e internacionales para que presten recursos económicos. Este elemento, puede perjudicar a largo plazo al pueblo y no a los gobiernos3.

Estos elementos dependen mucho de lo complicado el definir el beneficio para el pueblo de los recursos recibido en calidad de préstamo. En el caso de la definición del consentimiento, esto es más fácil de probar, particularmente en el caso de gobiernos no democráticos.

Ya específicamente, respecto al numeral 6 que hace referencia a este tema, creemos que es inoficiosa. Generalmente, el único elemento que puede comprobarse por adelantado de la condición de deuda ilegítima es la existencia de un gobierno no elegido democráticamente.

La determinación de ilegitimidad ex ante puede ser hecha de manera material ante la existencia de un régimen de facto4, o en el financiamiento de actividades evidentemente ilegítimas. En este caso, concurre la mala fe del ente crediticio que tiene conocimiento y presta dineros a sabiendas.

En este caso, consideramos que será un elemento de mayor peso práctico para instaurar el principio en la Constitución es el de la responsabilidad ulterior en la determinación de deuda ilegítima, no solamente para funcionarios sino para las entidades internacionales, que han adoptado ya códigos de conducta al respecto.

Es importante establecer precedentes en la comunidad internacional y entes que financian deuda sobre sus responsabilidades e imprudencia sobre los préstamos que hacen. Esto es un principio básico del derecho civil, sumado a la condición de que el objeto de los contratos deben ser lícitos.

Sin embargo, creemos que es importante el establecer el principio en la constitución que permita la investigación de las deudas contraídas en el pasado (tomando como ejemplo el caso de la deuda con Noruega, ante la cual el gobierno de ese país ha decidido anularla en el año 2006). Sugerimos el siguiente texto alternativo a los tres numerales:

6. El Estado ecuatoriano repudia toda contratación de deuda ilegítima. Toda contratación de este tipo de deuda implica su denuncia y demanda de ilegalidad, sin perjuicio del derecho a repetición al que tiene el Estado. Serán imprescriptibles las responsabilidades administrativas, civiles o penales que la adquisición de deuda pública ilegítima e ilegal causaren.

7.Prohibición de estatizar deudas privadas.
Totalmente de acuerdo con esta prohibición. Para quien no conozca la historia reciente esta norma puede resultar innecesaria, pero los acontecimientos de las décadas anteriores nos demuestran que esta prohibición es conveniente y necesaria. Apoyamos su inclusión en este capítulo.

8.Deudas de los gobiernos autónomos.

10 El Estado no tiene obligación constitucional para asumir deudas de los gobiernos autónomos y los organismos seccionales.

Este redacción da por sentado que la Constitución autorizará que los gobiernos autónomos y los organismos seccionales contraten directamente créditos. Debería revisarse esto con la Mesa de Ordenamiento Territorial y esperar esa definición para el planteamiento definitivo de este texto.
Este texto podría limitar créditos extranjeros en donde hoy el Gobierno Central otorga un aval. Muchos multilaterales y bilaterales exigen esta condición.
También se debería revisar la redacción pues los gobiernos autónomos y los organismos seccionales también son Estado.

9. Sobre aprobación del Presupuesto.
Muy importante la definición del procedimiento. Habría que ligar esta norma con las definiciones de la Mesa 3 sobre responsabilidades del Poder Legislativo. Muy importante ordenar el debate público del Presupuesto.
De acuerdo con la presentación semestral de la ejecución presupuestaria. Esto puede ayudar en la eficiencia del gasto y evitar los “apuros” de fin de año para un gasto no programado.

10. Prohibición de preasignaciones.
La creación de fondos u otro tipo de patrimonios autónomos y la preasignación de recursos a través de ley han sido mecanismo para disminuir la capacidad real del gobierno para gestionar sus recursos y ejercer su política económica. Estamos totalmente de acuerdo con la prohibición de preasignación. Esto contribuirá al manejo ordenado y transparente del Presupuesto y restituye al Estado la capacidad del diseño y manejo de su política económica ligada a una planificación para el desarrollo.

11.“Del régimen tributario, transferencias y subsidios”.
En los tres artículos que hacen parte de este título no hay ninguna referencia a subsidios, por lo que sería conveniente eliminarlos de la denominación de este título o sección.

En los Estados modernos, son los tributos, la política fiscal, uno de los pocos mecanismos de real distribución de la riqueza. Estamos totalmente de acuerdo con la inclusión de estos principios, en particular el de progresividad que marca un objetivo redistributivo muy claro.

12.El Sistema Financiero.
No creemos conveniente que se defina a las actividades financieras como un servicio público delegable. Lo que nos parece indispensable es dejar claro que la intermediación financiera es de interés público y por lo tanto se debe asegurar la obligación del Estado de vigilar y controlar de forma estricta esta actividad: la intermediación financiera.

Sugerimos la siguiente redacción:

Art. .- La intermediación financiera es una actividad de interés público y por lo tanto está sujeta a la regulación y control del Estado. La actividades financieras tienen la finalidad de atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país, transfiriendo en forma eficiente el ahorro a la inversión productiva nacional, y al consumo social y ambientalmente responsable. Las entidades o grupos financieros, con excepción de aquellas de carácter popular o solidario, no podrán ser vinculadas a empresas ajenas a la actividad financiera. La ley regulará el sector financiero.

13.Servicios públicos y sectores estratégicos.
De acuerdo con señalar en la Constitución la facultad de calificar como servicio público a determinada actividad a través de la Ley. Esta norma no es extraña a la constumbre jurídica pues la teoría y los antecedentes en otros países señalan que es la Ley la que crea o suprime servicios públicos.

Sobre los sectores estratégicos en particular: Debe tenerse en cuenta que el espectro electromagnético es más amplio que el espectro radioeléctrico. Se debe estimar de forma adecuada las diferencias que existen entre uno y otro término y cuál es el sentido que quiere darle a la utilización de los mismos. Por ejemplo: el espectro electromagnético incluye microondas y láser.

El espectro electromagnético y el espacio radioeléctrico son BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DEL ESTADO ECUATORIANO. No constituyen “sectores económicos” y, en consecuencia, mal podrían ser calificados como “sectores estratégicos”. Lo que constituye una actividad económica es el uso y explotación de ese bien del Estado por parte de particulares, mediante delegación.
En todo caso, dado el eminente carácter técnico que comporta el espectro, la constante evolución tecnológica y la necesaria adaptación de la regulación del espectro radioeléctrico a tales circunstancias, la regulación de dicho bien debe realizarse en la Ley y no en la Constitución. Lo único que puede corresponder a la Constitución es declarar el dominio público del espectro radioeléctrico, como en los demás casos de bienes del dominio público de la Nación.

Resulta inapropiado establecer como parámetros de calificación de los “sectores estratégicos” a “la trascendencia y magnitud”, por cuanto lo que debe tenerse en cuenta a los fines de la intervención estatal en la Economía o en las actividades económicas es el interés público, general o social. Tal interés es el que justifica y da cabida a todas las actuaciones estatales.

Se propone la siguiente redacción:
Art. 1.- Se consideran sectores estratégicos de control del Estado la energía, las telecomunicaciones, las vías de comunicación, la extracción y gestión de recursos no renovables, el uso y aprovechamiento del agua, la biodiversidad, y los demás que defina la ley de conformidad con el interés público.
El Estado ejercerá potestades de regulación, administración, gestión y control de los sectores estratégicos, en atención a principios de precaución, prevención, sustentabilidad ambiental y eficiencia.
Asimismo, el Estado, mediante ley, podrá reservase la gestión de los sectores estratégicos, pudiendo hacerlos o a través de delegación.
Para la gestión de los recursos estratégicos no renovables el Estado priorizará la responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, la consecución de regalías, y minimizar los impactos ambientales, culturales, sociales y económicos, con sujeción a la ley.


14.Se prohíbe la privatización del agua.
De acuerdo con el sentido y el propósito de este artículo pero creemos que se puede lograr una redacción más exacta y conducente a los objetivos de garantizar el agua como derecho para todos los seres humanos, prohibir que la gestión del agua tenga fines de lucro y determinar la obligación del Estado de garantizar este derecho.

En diversos países el agua o los recursos hídricos se han declarado como bien del “dominio público” que comporta la titularidad estatal. Dicha calificación genera la imposibilidad de enajenación. Es decir, no puede ser privatizada de modo alguno. Se sugiere adoptar dicha nomenclatura a nivel constitucional.

No debe usarse de forma amplia el término de “privatización” en la Constitución, por cuanto ello puede generar interpretaciones erróneas o acomodaticias para favorecer intereses particulares alejados al “interés social” y a los objetivos de la redacción de este artículo.

En tal sentido, debe precisarse que si bien la privatización de forma general tiene que ver con el “traspaso del patrimonio del Estado a propietarios privados”, la privatización puede comprender distintos y diversos fenómenos, dependiendo del tipo de privatización de que se trate. Así, puede darse: i) la privatización formal que se genera cuando el Estado se sirve sólo de formas o técnicas jurídicas y económicas de Derecho privado para le gestión de un servicio público, pero conserva la titularidad del servicio, ii) la privatización económica –financiera, en la cual se traspasa al sector privado únicamente el financiamiento de un servicio público, por ejemplo, utilizándose capital privado para proyectos de inversión pública, iii) privatización legal, mediante la cual el Estado mantiene la titularidad sobre la entidad y asume el riesgo, sin embargo, adopta formas jurídicas privadas (sociedades anónimas), iv) la privatización material que consiste en la delegación del contenido del servicio público al sector privado, v) la privatización organizativa que comporta el mantenimiento de la titularidad estatal sobre el servicio, sin embargo, gestiona el mismo a través de particulares (concesiones), y; vi) la privatización funcional, la cual consiste en el traspaso a manos particulares no sólo de la gestión del servicio sino de la titularidad sobre el mismo (liberalización), es decir, un supuesto inverso a la calificación de una actividad como servicio público.

Nos parece mejor establecer la responsabilidad pública de la prestación del servicio y no en términos de prohibición. También nos parece fundamental establecer que la prestación del servicio debe ser directa; de esa forma se prohíbe también otras formas de “privatización” como la concesión.

Sugerimos recoger la redacción de la Constitución de Uruguay:

El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales.

15.La gestión de los recursos no renovables.

Propuesta de la Mesa 7:
Art. 4.- Para la gestión de los recursos no renovables el Estado priorizará la responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, y minimizará los impactos ambientales, culturales, sociales y económicos.

Los recursos no renovables son de propiedad del Estado, su explotación se realizará directamente, por medio de empresas públicas o de forma delegada por empresas privadas y comunitarias, de conformidad con la ley.


De acuerdo con este artículo, pero sugerimos que se cambie la palabra “explotación” por “aprovechamiento sustentable”.

16.La industria cultural como sector estratégico.
Como lo han propuesto varios asambleístas, consideramos conveniente incluira la industria cultural como un sector estratégico, clave para el desarrollo del país.