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martes, 27 de septiembre de 2011

El ejemplo del abuso de poder

Publicado el 27/Septiembre/2011

análisis de hoy
analisis@hoy.com.ec

Un sencillo análisis jurídico de la sentencia dictada por el juez Juan Paredes contra los directivos de diario El Universo, el rotativo como persona jurídica y el exeditor de Opinión de ese medio Emilio Palacio prueba hasta la saciedad que eso fue un simple absurdo jurídico que no se sostiene por ninguna parte, porque en el fondo del asunto es que hay una demanda de un ciudadano que se defendió y cobró como presidente de la República.

"Toda sentencia se compone de tres partes: expositiva, considerativa y resolutiva. De las 67 páginas de sentencia, 34 reproducen la querella presentada por el presidente (más del 50% del fallo); y las partes considerativa y expositiva no superan las 10 páginas (de la 57 a la 67). Por tanto, la argumentación jurídica del fallo es deficiente, siendo superada en más del 600% por la simple reproducción de la querella", dice el primer punto.

¿Víctima ciudadano o víctima presidente?, pregunta el análisis. "Ante la opinión pública, Rafael Correa manifestó que su demanda la interpuso apelando a su calidad de ciudadano (…); sin embargo, la sentencia invoca en reiterados momentos la aflicción de las injurias a su cargo de presidente de la República", tanto es así que "la carga argumentativa de la querella se sustenta en la importancia del cargo de presidente de la República y no en la de ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado".

"La sentencia extiende a nivel de coautor la participación del directorio de diario El Universo y de la persona jurídica El Universo, es decir, de personas naturales y jurídicas. La sentencia revive, de este modo, el causalismo jurídico superado en la moderna dogmática penal, al hacer responsable al directorio y a la persona jurídica de la injuria proferida en el artículo de Palacio", sigue el análisis.

La teoría de la autoría coadyuvante es el tema que más llama la atención a María Paula Romo y Norman Wray. "Con el antecedente de esta sentencia, si un ministro comete peculado, ¿será el presidente autor coadyuvante porque de no haberlo nombrado no se habrían dado las condiciones para que cometa el delito? ¿Será que otros accionistas de medios de comunicación se convierten, gracias a esta sentencia, en los primeros censores y evitan así las publicaciones que pudieran acarrear no solo conflictos sino su quiebra?".

Con estos antecedentes, un caso que según Romo y Wray se pudo haber convertido en el centro del debate sobre los derechos, el papel de la prensa, los límites democráticos de la libertad de expresión. "Lamentablemente, la desproporción de lo solicitado ($80 millones, que se bajaron a $40 millones) y lo absurdo de lo resuelto convirtió el caso en un ejemplo del abuso del poder".

lunes, 19 de septiembre de 2011

Reflexiones sobre la sentencia contra El Universo

Este artículo corresponde a un análisis que se realizó de la sentencia dictada por el Juzgado Décimo Quinto de Garantías Penales del Guayas. El día de hoy, 20 de septiembre de 2011, la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas, ha resuelto el recurso de apelación confirmando la sentencia, con dos votos de mayoría (Hellen Mantilla y Henry Morán) y un voto salvado (Guillermo Freire). Se trata de una versión editada luego de algunas observaciones y sugerencias recibidas de las primeras personas en revisarla. Gracias.

La nota completa de este artículo se publicará en la Revista La Tendencia.
Se puede revisar los documentos íntegros de la demanda, escritos de los demandados y sentencia en sección especial de El Universo


Por: María Paula Romo y Norman Wray



Para muchos ecuatorianos, la sentencia dictada contra el columnista Emilio Palacio y los directivos del diario El Universo no deja de ser una noticia circunstancial en los medios de comunicación. No obstante, además de haber suscitado la atención en el país y fuera de él, su estudio posibilita debatir lo jurídico, lo político y la concepción sobre el papel del Estado y su función punitiva.

A continuación, pasaremos revista a algunos temas que llaman la atención en la estructura de la sentencia dictada por el Juzgado Décimo Quinto de Garantías Penales del Guayas. Luego haremos algunos comentarios sobre las implicaciones políticas del caso.

1.- Énfasis estructural de la sentencia

Toda sentencia se compone de tres partes: expositiva, considerativa y resolutiva. De las 67 páginas de sentencia, 34 reproducen la querella presentada por el Presidente (más del 50% del fallo); y la parte considerativa y expositiva no superan las 10 páginas (de la 57 a la 67). Por tanto, la argumentación jurídica del fallo es deficiente, siendo superada en más del 600% por la simple reproducción de la querella.

2.- ¿Calidad de víctima-ciudadano o víctima-presidente?

Ante la opinión pública, Rafael Correa manifestó que su demanda la interpuso apelando a su calidad de ciudadano y no su investidura de Presidente de la República. Con ello trató de desvirtuar cualquier influencia en el proceso; sin embargo, la sentencia invoca en reiterados momentos la aflicción de las injurias a su cargo de Presidente de la República, por ejemplo cuando señala:

"Por medio de la referida publicación, el señor Emilio Palacio Urrutia y demás querellados pretenden crear en la opinión pública una idea errada del suscrito y de la forma cómo se desenvuelve el Gobierno Nacional, el cual ha sido y es completamente democrático, transparente, y como ningún otro ha acogido las necesidades e inquietudes de sus mandantes, cumpliendo con su voluntad que es mayoritaria" (fjs. 1)
  
"Señor Juez, que se me trata y se refieren a mi persona de forma vejatoria y ofensiva, por más de 11 veces se me señala como un Dictador y se hace referencia a mi Constitucional Gobierno, como si se tratase de una dictadura, lo cual no como su Presidente con un margen absoluto e históricamente superior al de cualquier otro Presidente del Ecuador" (fjs. 2).

3.- Valoración de la prueba

La carga argumentativa de la querella se sustenta en la importancia del cargo de Presidente de la República, y no en la de ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado. Esto es determinante al momento de estudiar la forma en que el juez valora la prueba, pues para “demostrar” el daño emergente, el querellado ciudadano/presidente incorpora al proceso los respaldos de gobiernos e instituciones –sobre todo internacionales– en los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, al que alude el artículo objeto de la querella. Con ello, se pierde la naturaleza del proceso de acción privada por injurias, ya que no corresponde analizar para este caso la veracidad o gravedad de los hechos ocurridos el 30 de septiembre. No obstante, el querellante sustenta su posición de víctima en las cartas-respaldos que rechazan estos incidentes.

La teoría del caso en la querella y la estrategia de litigación, se fundan en el repudio a los artículos escritos por Emilio Palacio en el diario El Universo, tratando de demostrar una especie de “mala conducta” y “reincidencia” del articulista por escribir y opinar en contra del gobierno.

4.- Las injurias y su contexto en el sistema interamericano de Derechos Humanos

La querella del Presidente de la República invoca el delito de injurias calumniosas graves, agravado cuando el sujeto pasivo es autoridad pública, el cual es acogido en la sentencia (artículos 489, 491 y 493 del Código Penal).

Los querellados apelan permanentemente a la inconstitucionalidad del tipo penal de injurias, fundados en las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la descriminalización de este delito de los códigos penales de América, tal como ha ocurrido en los casos: Almonacid Arellano Vs. Chile; Kimel Vs. Argentina; y, Herrero Ulloa Vs. Costa Rica. El juez de garantías penales es consciente, en su fallo, de la orientación del sistema interamericano de derechos humanos a la desregulación penal de los delitos de injurias. Sin embargo, se desentiende de su obligación de optimizar los estándares internacionales y funda su resolución en las normas vigentes, alejándose de la línea de las sentencias de la Corte Interamericana que son de obligatorio cumplimiento para los Estados parte.

“En el debate jurídico actual se ha dicho que la injuria debe ser despenalizada tratándose de funcionarios públicos y que debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión, y que el abuso de esa libertad, debe responderse tal y como indican los convenios internacionales, esto es, con la responsabilidad ulterior; todos podemos decir lo que queramos y no puede existir limitación a esa libertad, pero de igual forma una vez dicho lo que queramos debemos responder ante la ley si se adecúa esa conducta a lo establecido en el Código Penal, y la injuria es penalizada en nuestro marco legal, todo lo demás es parte del debate que debe ser positivado en una reforma legal.” (fjs. 66-67)

5.- ¿Responsabilidad penal extensiva?

Existen graves problemas en la imputación jurídica que realiza la sentencia. La forzada interpretación del artículo 28 del Código Penal español y del artículo 42 del Código Penal ecuatoriano, equipara como autor al cooperador o coadyuvante, destruyendo la existencia de coautorías y formas de complicidad. La sentencia extiende a nivel de coautor la participación del directorio de Diario El Universo y de la persona jurídica El Universo, es decir de personas naturales y jurídicas. La sentencia revive, de este modo, el causalismo jurídico superado en la moderna dogmática penal, al hacer responsable al directorio y a la persona jurídica de la injuria proferida en el artículo de Palacio.

Solo en el articulista se puede verificar el cumplimiento del principio de evitabilidad, toda vez que la injuria es un delito de acción, y ella se evita únicamente por quien puede materializarla con su firma (en el caso del artículo). Sin embargo, con el razonamiento del juez, podría haberse hecho responsable también al “canillita” que repartió el periódico, pues para el querellante:

"…todos los autores del delito poseen la misma relevancia y cada uno desempeñando su función y rol específico, todos con la misma importancia en la aportación de elementos objetivos y subjetivos constitutivos del delito de injurias calumniosas del cual soy víctima" (fjs. 10)

La sentencia inventa una figura desconocida por nuestro Código Penal, y muy discutida en los estudios de derecho penal de América y Europa. La responsabilidad penal de las personas jurídicas no se encuentra habilitada por nuestra legislación penal general, ni menos puede colegirse del Art. 42 del Código Penal. Sin embargo, la sentencia extiende el animus injuriandi para responsabilizar a la Compañía Anónima El Universo, interpretando subjetivamente el Art. 20 de su Estatuto Social, que sostiene que es obligación del Directorio el dirigir y supervisar el negocio y actividades de El Universo.  La teoría del demandante es atribuir la autoría coadyuvante al directorio y a la persona jurídica por el hecho de haber mantenido parsimonia frente al control de los artículos de Palacio, es decir comisión por omisión, que técnicamente sería un imposible en la realización del delito de injuria, toda vez que éste sólo puede ejecutarse a través de una acción. El querellante sostiene enfáticamente que:

"(Emilio Palacios es)…un gratuito enemigo mío, injuriador y calumniador confeso, siga y prosiga durante años calumniándome, y no solo que no han hecho uso de su veto sino que de manera dolosa, intencionada y deliberada han coadyuvado como autores en la publicación y difusión de las injurias calumniosas realizadas en mi contra, con la agravante de haberlo nombrado y mantenido en el alto y representativo cargo de Editor de Opinión del diario El Universo…" (fjs. 7)
...“su cooperación ha sido necesaria, insustituible e imprescindible… todo lo cual ha sido tramado dolosamente por los maquiavélicos querellados.” (fjs. 11)

Al atribuir autoría y responsabilidad penal a diario El Universo, la sentencia desmantela incluso principios jurídicos, toda vez que:

a.   Le atribuye a El Universo capacidad de acción; a pesar de que en materia penal la persona jurídica no la tiene. 
b.   Le atribuye capacidad de culpabilidad, la cual es históricamente individual, es decir culpa propia; y,
c.    Le abre la posibilidad de aplicación de una pena.

6.- La desproporción en la indemnización

Por si lo anterior fuera poco, la sentencia es escandalosa respecto de la cuantificación del pago por indemnización. La pretensión del demandante es de 50 millones de dólares contra las personas naturales (fjs. 33) y 30 millones de dólares contra la persona jurídica El Universo.


Es al juez que conoce la causa a quien le corresponde decidir una sanción proporcional a la falta cometida y que se encuentre dentro de parámetros razonables (esto es parte de la seguridad jurídica misma). La sentencia no explica el por qué de la condena al pago de 40 millones de dólares. Parecería que el juez optó por castigar civilmente con la mitad de la pretensión de la querella, sin justificar su rebaja. No existe tampoco un análisis en el que se contabilice el daño moral causado ni la indemnización que como resultado deba entregarse.

7. ¿Y las implicaciones políticas?

Existen tantas y tan graves implicaciones para la política ecuatoriana como numerosos son los absurdos jurídicos que se han resuelto en la sentencia. Una de ellas es que al establecer la más alta indemnización que el sistema jurídico ha conocido, el juez Paredes convierte al derecho a la honra en el bien jurídico mejor valorado y protegido de nuestro sistema penal. En un país con crecientes índices de violencia y con una impunidad que se refleja en que el 98% de asesinatos no reciben sentencia, tiene que sorprendernos la eficacia y celeridad de la justicia ecuatoriana para responder el pedido del ciudadano Correa.

Por otro lado, se repite una triste práctica: llevar a la arena judicial las disputas políticas. Es cierto que los artículos de opinión de Emilio Palacio hace tiempo eran todo menos objetivos o mesurados, pero también es cierto que los políticos debemos estar dispuestos a un escrutinio más exigente porque estamos en el espacio público y tomamos decisiones que afectan la vida de l@s ciudadan@s.

En un verdadero Estado de Derecho, más en uno de derechos, no deben existir tipos penales que den mayor protección a los funcionarios públicos. Normas de esa naturaleza son contrarias al principio de igualdad ante la ley que es fundamento de la democracia.

También tendrá implicaciones futuras la absurda teoría de la autoría coadyuvante. Con el antecedente de esta sentencia, si un ministro comete peculado, ¿será el Presidente autor coadyuvante porque de no haberlo nombrado no se habrían dado las condiciones para que cometa el delito? ¿Será que otros accionistas de medios de comunicación se convierten, gracias a esta sentencia, en los primeros censores y evitan así las publicaciones que pudieran acarrear no sólo conflictos sino su quiebra?

El abogado Vera analiza el monto del Presupuesto que administra el Presidente para calcular su indemnización, ¿qué monto se calcularía entonces para el honor de un trabajador que administra su sueldo mensual? Por otro lado, el Estado ecuatoriano, en casos como el de la profesora Consuelo Benavides, que se han calificado como crímenes de Estado, no ha indemnizado por muerte con más de un millón de dólares, ¿cuál es entonces la relación que existe entre el derecho a la vida de una ciudadana y el honor de un Presidente?

Dicho todo esto debemos aclarar que, en nuestra opinión, el artículo No más mentiras, de autoría de Emilio Palacio, contiene afirmaciones que pueden ser consideradas injurias (afirmar que alguien cometió un delito) y que pudo ser escrito con ese ánimo (en el derecho es fundamental debatir el "animus injuriandi"); que no se trata de convertir a Palacio en el símbolo de la libre expresión ni de los derechos civiles; pero que la pretensión del Presidente resulta desproporcionada y excesiva, peor aún cuando gracias a la Consulta Popular sus delegados tienen la facultad de nombrar y remover funcionarios judiciales. Si la demanda del Presidente hubiera exigido disculpas públicas, rectificación, un día de privación de libertad, un salario mínimo para ser donado a una buena causa, esta pudo ser una discusión sobre los derechos, el papel de la prensa, los límites democráticos de la libertad de expresión. Lamentablemente, la desproporción de lo solicitado y lo absurdo de lo resuelto convirtió el caso en un ejemplo del abuso del poder. 

(Este análisis no pretende ser exhaustivo del caso, habrían muchos elementos adicionales que comentar: el tiempo en que la sentencia se dictó, los cambios en la conformación del tribunal de apelación, el tratamiento público y el gasto de recursos del Estado para presentar el caso, la "disposición" de los jueces para cambiar el día fijado para audiencia, la responsabilidad internacional que este caso podría ocasionar para el Estado ecuatoriano, etc. No todos esos elementos se encuentran aquí, sólo tratamos de plantear algunos para analizar una parte de este caso: la sentencia de primera instancia)

Conferencia Americana sobre Política de Drogas.

La semana pasada (13-14 septiembre) asistí a la III Conferencia Americana y I Conferencia Mexicana sobre Políticas de Drogas; organizada por Intercambios y CUPIDH.  El debate fue de lo más interesante y la primera conclusión: América Latina toda, enfrenta el dilema de la efectividad o no de su política de drogas. Luego de 30 años de implementar el paradigma de prohibición y sanción las evidencias nos muestran que ni se han reducido los cultivos y la producción de estas substancias y que además el consumo y la violencia han crecido hasta convertirse en uno de los principales problemas que afecta a los ciudadanos y ciudadanas en todos nuestros países.

Obviamente la producción y comercialización de la droga no es la única forma de crimen organizado que hoy afecta a la región, pero está sin duda relacionada al tráfico de armas y de personas y al lavado de activos; todas actividades lucrativas y que presionan además a las instituciones estatales corrompiéndolas o intimidándolas hasta el extremo de poner en duda el control que los estados tienen sobre partes de su territorio.

La pregunta parece obvia: si lo que estamos haciendo para enfrentar el problema no funciona, ¡es momento de explorar otras opciones! Los paneles entonces nos permitieron escuchar y exponer las distintas consecuencias de la guerra contra las drogas: las repercusiones en la institucionalidad democrática de nuestros países, en sus sistemas judiciales, en la economía; y también la relación que existe entre los mercados ilegales y el incremento de la violencia.

No se trata entonces de simplificar el debate entre bueno / malo; legalización / penalización. El asunto es mucho más complejo y debe tener distintas aproximaciones. Lo primero debe ser recabar información que nos permita tener un debate con estadísticas, datos, opciones, ejemplos exitosos y los que no lo han sido, pero sobretodo con menos prejuicios sobre un asunto tan serio.

Aquí algunos documentos de interés sobre este debate:
Políticas antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos, que Universidad de los Andes

Sistemas Sobrecargados: leyes de drogas y cárceles en América Latina.
Informe Final de la Comisión Latinoamericana sobre drogas y democracia (la Comisión está conformada, entre otros, por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, Ernesto Zedillo y César Gaviria).

martes, 6 de septiembre de 2011

El Presidente decretó ayer Estado de Excepción en la Función Judicial. ¿De qué se trata?

De conformidad con el artículo 164 de la Constitución, la Presidenta o Presidente de la República podrá decretar estado de excepción “en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado”.
El estado de excepción debe observar los principios de: necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad.
Al ser declarado un estado de excepción, el Presidente de la República puede:
1. Decretar la recaudación anticipada de tributos.
2. Utilizar fondos públicos destinados a otros fines, menos los correspondientes a salud y educación.
3. Trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional.
4. Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado.
5. Establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional.
6. Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar a servicio activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal de otras instituciones.
7. Disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.
8. Disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias, y decretar la desmovilización nacional, cuando se restablezca la normalidad.

El Presidente de la República, el 5 de septiembre de 2011, mediante el Decreto 872, declara el estado de excepción en la Función Judicial.

Entre los considerandos del Decreto, a más de las normas constitucionales y legales referidas a la Función Judicial y el Consejo de la Judicatura, se señala que los ecuatorianos claman por la correcta aplicación de justicia y un servicio digno; que la Función Judicial requiere nueva estructura institucional que permita “implementar y controlar eficazmente la gestión estratégica y operacional y se convierta en un verdadero órgano de gobierno y administrador de justicia (¿?)”; que el Consejo de la Judicatura debe modernizarse para mejorar sus unidades judiciales, con innovación tecnológica de última generación, digitalización de archivos, personal capacitado, infraestructura física; que la calidad de servicio de la Función Judicial está deteriorada, lo que es progresivo por los problemas económicos y financieros que ha sufrido en los últimos tiempos.

También se dice que el Presidente del Consejo de la Judicatura transitorio ha solicitado la declaratoria del estado de excepción por cuanto: no hay sistemas informáticos apropiados para recopilar información para la planificación estratégica institucional; no se han sostenido los procesos de modernización; las estructuras orgánico funcionales no satisfacen las necesidades ciudadanas; los procedimientos judiciales no han tomado en cuenta el desarrollo tecnológico; la implementación de tecnología es importante para erradicar la acumulación de causas; que no hay correcta coordinación entre las instituciones de la Función Judicial; el gran aumento anual de causas y el decremento en su resolución, lo que ha generado una acumulación de aproximadamente un millón doscientas quince mil causas.

Finalmente, se señala que “la situación angustiante de la Función Judicial, no permitirá ofrecer el servicio de administración de justicia de forma oportuna e integral como se merecen los habitantes del Ecuador y más bien su deterioro por los fenómenos indicados podría generar una grave conmoción interna” (subrayado fuera de texto).

Es decir que la grave conmoción interna, que es una de las causas para decretar el estado de excepción, en este caso no existe, sino que PODRÍA EXISTIR, PODRÍA GENERARSE.

El Decreto, en su artículo 1, declara el estado de excepción en la Función Judicial para resolver la situación crítica por la que atraviesa, y garantizar el derecho a la justicia que consta en la Constitución, y PREVENIR una INMINENTE conmoción interna.

Declara luego, en el artículo 2, la “movilización nacional”, especialmente de todo el personal de la Función Judicial, para garantizar el acceso a la justicia oportuna e integral. No se entiende el alcance de esta disposición; el artículo 36 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado (Suplemento del Registro Oficial 35, 28-IX-2009), dispone:

“Art. 36.- De la movilización.- Decretado el Estado de Excepción, el Presidente de la República podrá ordenar la Movilización Nacional, que se implementará a través de la Dirección Nacional de Movilización.
La Movilización Nacional, ya sea total o parcial, comprende el paso de las actividades ordinarias del Estado a las de crisis, conflicto o cualquier otra emergencia nacional, por factores humanos o naturales, e implicará la orden forzosa de prestar servicios individuales o colectivos, sean a nacionales y extranjeros, o personas naturales o jurídicas.
La desmovilización será decretada por el Presidente o la Presidenta de la República, en cuanto se restablezcan las condiciones de seguridad que hubiesen sido afectadas”.


Declara posteriormente el Decreto, como acción prioritaria, la formulación, ejecución e implementación de los proyectos de cambio de la justicia, mediante el “Plan de Transformación de la Justicia”.

La declaratoria tiene la duración máxima: 60 días; su ámbito territorial: toda la República.

Se ordena al Ministerio de Finanzas que sitúe los recursos suficientes para atender la emergencia, y encarga la ejecución del Decreto a los ministros de Finanzas y de Justicia.

TUITEROS IBEROAMERICANOS, según Foreign Policy

Septiembre 2011
Gabriela Keseberg Dávalos
Bernardo Jurema

En el último año, el crecimiento de usuarios de Twitter ha sido significativo tanto en España (151%, el más alto de Europa) como en Latinoamérica (305%). FP en español ha hecho una lista de los tuiteros iberoamericanos que publican información relevante sobre Iberoamérica y que aportan una visión más global de las relaciones internacionales, política exterior y cooperación.
AFP/Gettyimages
Think Tanks

@rielcano El Real Instituto Elcano es un think tank que se ocupa del estudio de las relaciones internacionales y la posición de España en la sociedad global. Tuitea en: español. Sede: España
@AsuntosDelSur Think tank dedicado al análisis y generación de políticas públicas para América Latina. Discute escenarios políticos para la región y compila a diario las cinco noticias esenciales sobre Latinoamérica. Tuitea en: español. Sede: Chile
@FRIDE2011 Think tank con sede en Madrid. Busca influir en las políticas y prácticas públicas para asegurar un papel más eficaz de la UE en su apoyo al multilateralismo, los valores democráticos, la seguridad y el desarrollo sostenible. Tuitea en: español e inglés. Sede: España
@CidobBarcelona El Centro de Estudios y Documentación Internacionales (CIDOB) es un think tank con sede en Barcelona que promueve una buena gobernanza global, construida a partir de un gobierno democrático. Tuitea en: español e inglés. Sede: España

@CIPLatinAmerica Tuits de los programas de América Latina del Centro de Estudios de Política Internacional. Escribe sobre noticias políticas en el hemisferio. Tuitea en: inglés. Sede: Colombia
Activistas y ONG


@mariapaularomo Abogada y asambleísta electa por la provincia de Pichincha (Ecuador). Forma parte de Ruptura 25. Escribe sobre política ecuatoriana y los derechos de la mujer. Tuitea en: español. Sede: Ecuador
@piedadcordoba Fue senadora colombiana. Escribe sobre política y derechos humanos en Colombia. Miembro de Colombian@s Por La Paz. Tuitea en: español. Sede: Colombia
@yoanisanchez Bloguera, residente en La Habana. Con sus crónicas abre una ventana a la Cuba real. Tuitea en: español. Sede: Cuba
@silva_marina Profesora de Historia, fue candidata a la presidencia de Brasil en 2010 por el Partido Verde. Escribe sobre política y medio ambiente en Brasil. Fue ministra de Medio Ambiente y senadora. Tuitea en: portugués. Sede: Brasil
@Javierciurlizza Director para América Latina y Caribe de International Crisis Group. Política interior y exterior de países Latinoamericanos. Conflictos y peligros que amenazan a la región. Tuitea en: español e inglés. Sede: Colombia
@AngelaCorbalan Responsable de Comunicación para la UE de Oxfam Unión Europea. Tuitea acerca de las relaciones de Europa con los países en vías de desarrollo: la ayuda al desarrollo y humanitaria, la seguridad alimentaria y el cambio climático. Tuitea en: español, inglés y francés. Sede: Bélgica

@blogdosakamoto Periodista, politólogo y coordinador de Repórter Brasil. Escribe sobre la sociedad brasileña y la vida cotidiana en São Paulo. Tuitea en: portugués. Sede: Brasil
@gvamericalatina Global Voices Online es interesante para seguir el movimiento de tuiteros de toda América Latina. Tuitea en: español e inglés. Sede: Países Bajos

@InfoNarco Información sobre el narcotráfico en México. Tuitea en: español. Sede: México

@feminicidio Portal de noticias con perspectiva de género, base de datos del feminicidio en Iberoamérica, red social y de voluntariado. Tuitea en: español. Sede: España
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Expertos en RR II y académicos
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@carlosraulher Doctor en Sociología y Master en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Política interior y exterior de Venezuela. Escribe sobre la democracia y el cambio social. Jefe de la cátedra de Sociología del Arte en la Universidad Central de Venezuela. Colabora con El Universal. Tuitea en: español. Sede: Venezuela

@iavelar Catedrático de Literaturas e Historias Intelectuales de América Latina en la Universidad de Tulane. Columnista en la revista Fórum. Comenta sobre política, economía, medios y cultura en el hemisferio, con enfoque en Brasil. Tuitea en: español y portugués. Sede: EE UU

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@utlanic Latin American Network Information Center (LANIC) está afiliado a la Universidad de Texas. Su misión es facilitar el acceso a todo tipo de información basada en Internet relacionada con Latinoamérica. Tuitea en: español e inglés. Sede: EE UU

@BrazilPolitics João Augusto de Castro Neves es politólogo. Actualmente trabaja como consultor independiente e investigador de política en Washington DC. Escribe sobre las relaciones exteriores de Brasil. Tuitea en: inglés. Sede: EE UU
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Aportaciones realizadas por los lectores de FP
@Hirschfeld1977 Guillermo Hirschfeld es analista político. Está especializado en Política Latinoamericana y es coordinador del Programas para América Latina de FAES. Tuitea en: español. Sede: España
@Judithtorrea Judith Torrea es una periodista española que escribe sobre el tráfico de drogas en Ciudad Juárez. Tuitea en: español. Sede: México
@lydiacachosi Lydia Cacho es periodista, escritora y activista de derechos humanos de las mujeres. Tuitea en: español. Sede: México
@SanjuanaMtz SanJuana Martínez es una periodista mexicana que escibe sobre justicia social, derechos humanos e igualdad de género. Tuitea en: español. Sede: México

FOREIGN POLICY: LOS 10 nuevos rostros en el pensamiento iberoaméricano.

LOS 10 NUEVOS ROSTROS DEL PENSAMIENTO IBEROAMERICANO
FP en español le ha preguntado a sus lectores quiénes son los nuevos rostros del pensamiento en España y América Latina. Entre las 25 personalidades propuestas por FP, los participantes han dado una victoria abrumadora al guatemalteco Luis von Ahn. El resto de puestos los ocupan otros seis latinoamericanos, dos españoles y un brasileño.
1. LUIS VOH AHN

Por sus innovadores proyectos tecnológicos.

Este matemático guatemalteco fue nombrado uno de las 50 personas más influyentes en el mundo de la tecnología en 2007, con menos de 30 años. Su trabajo se centra en el desarrollo de la computación humana, que busca la interacción entre humanos y máquinas para resolver problemas complejos, porque estas últimas todavía necesitan aprender mucho de los primeros. Pero además de crear programas, códigos y juegos, Von Ahn cree en la importancia de la divulgación.

2. YOANI SÁNCHEZ

Por su aportación al debate político desde un lugar en el que no existe.

Además de mantener su blog, Generación Y, frente a los bloqueos y el hostigamiento del régimen cubano, Yoani Sánchez se ha convertido en un referente en el uso de Internet para el activismo político y la lucha por los derechos humanos y la libertad de expresión. Su último proyecto, Voces cubanas, ofrece una plataforma a todos aquellos que deseen narrar sus vicisitudes en la isla caribeña.

3. JAVIER SANTISO

Por su afán de integrar las economías emergentes en el debate político-económico global.

Con un gran conocimiento y capacidad analítica, ha otorgado a los países emergentes un lugar predominante en el pensamiento sobre política económica, especialmente en su etapa al frente del Centro de Desarrollo de la OCDE. Ahí llegó siendo el director general más joven jamás nombrado por la institución. Hoy sigue reflexionando desde dentro de una gran corporación y desde una escuela de negocios, ambas españolas.


4. MARÍA PAULA ROMO

Por su compromiso con la democracia y los derechos de las mujeres.

Es joven, mujer y abogada y desde que comenzó su actividad política en Ruptura 25 no ha dejado de luchar por los derechos de las mujeres y por un cambio en la política democrática de Ecuador. Escribe en medios de comunicación y tiene un blog donde almacena los artículos que ha ido escribiendo en diversas publicaciones.
5. JAIME BAYLY

Por su contribución irreverente a la literatura y televisión de su país.

Sus novelas se caracterizan por tener un estilo realista con algo de confesión personal. Destaca por sus comentarios y críticas políticas a través de los programas de televisión que presenta, donde entrevista a personajes de la vida pública de Perú y desde donde apoyó la candidatura de Mario Vargas Llosa a las presidenciales en 1990.

6. RICARDO AMORIM

Por su trabajo de difusión de la economía brasileña y global.

Es economista y presentador de televisión brasileño con gran influencia en su país. Ha protagonizado numerosas conferencias sobre economía brasileña caracterizadas por abordar los complejos conceptos económicos de forma interesante y comprensible. Ha trabajado en Estados Unidos y está licenciado en Administración y Finanzas internacionales por la Universidad de París.
7. JORGE VOLPI

Por sus reflexiones acerca de la ciencia, la política y la ética.

Fusiona literatura y ciencia, sus dos grandes pasiones, a la hora de crear una ficción que intenta explica el mundo y la condición humana. Licenciado en Derecho y doctor en Filología Hispánica, dirige también la televisión cultural mexicana Canal 22 y escribe para medios latinoamericanos y españoles.
8. MICHAEL PENFOLD

Por diseccionar la Venezuela contemporánea.

No solo es un rostro nuevo, sino también una buena noticia en el plano de las ideas. Doctor en Política Económica por la Universidad de Columbia, Penfold analiza de manera exhaustiva las convulsiones políticas y sociales de uno de los países más polarizados del continente, la Venezuela de Chávez.


9. JOSÉ IGNACIO TORREBLANCA

Por acercar lo que ocurre en el mundo de una forma comprensible y amena.

El director de la oficina en Madrid del European Council on Foreign Relations aporta lucidez y claridad al debate sobre el presente y el futuro de Europa. Colabora de manera asidua en medios españoles y europeos, demostrando que rigurosidad y amenidad no están reñidas a la hora de desenmarañar la realidad internacional.
10. WILLIAM OSPINA

Por ser uno de los impulsores del renacer creativo de la novela latinoamericana.

Ensayos, poemas y novelas avalan el trabajo de uno de los más brillantes autores del actual panorama literario latinoamericano, así como estudioso de la historia y de la realidad del continente. Para muchos se ha convertido ya en el digno sucesor de Gabriel García Márquez.

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