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jueves, 28 de febrero de 2008

Más sobre la estructura de la nueva constitución

Ciudad Alfaro

Montecristi 27 de febrero de 2008.

APORTES PARA EL DEBATE DE LA ESTRUCTURA DEL

NUEVO TEXTO CONSTITUCIONAL


Una vez que las Mesas Constituyentes han avanzado en el debate de los temas que son materia de su trabajo, el Pleno ha empezado a debatir la organización del nuevo texto constitucional. Esta tarea es útil para organizar el tratamiento de cada tema; para articular el trabajo cuando los temas le correspondan a más de una mesa; y además nos ayuda a identificar puntos en donde se debe profundizar el debate para la construcción de acuerdos.


La pregunta recurrente es en qué se diferencia el texto que trabajamos en Montecristi de la Constitución del 98 o de las constituciones anteriores. Personalmente creo que sería un error cambiar por cambiar la estructura y los títulos o secciones. Los cambios radicales sólo se podrán verificar en el análisis del contenido de la nueva Constitución y en la posibilidad de ese nuevo texto de ser útil para organizar al Ecuador por más de los 10 años que son el promedio de vigencia de una Constitución según nuestra historia.



A continuación algunos comentarios para resaltar lo más importante de la propuesta de estructura presentada por Acuerdo País y también temas que podrían ser mejorados o que necesitan ser definidos en el debate de las Mesas Constituyentes, el Pleno, y la ciudadanía.



LO MEJOR DE LA ESTRUCTURA PROPUESTA



Constitución que pone en el centro al ser humano y su derecho a vivir con dignidad.

Hay que resaltar que lo más importante del texto propuesto es el doble reconocimiento: derechos y garantías judiciales para exigirlos. Sólo de esa manera logramos dar el paso de una Constitución como declaración de ideales, para pasar a un norma jurídica cuya aplicación es obligatoria.



La propuesta de Acuerdo País -que esperamos se refleje en el contenido más que en la estructura- es retomar la visión de que las normas de organización del Estado tienen como objetivo final el bienestar y la vida digna de los seres humanos, individual y colectivamente.



Corte Constitucional:

Es importante la propuesta de crear una Corte Constitucional y además de ubicarla entre las funciones del Estado, pero sin formar parte de ninguno de los poderes o funciones puesto que en su tarea de controlar la Constitucionalidad podría revisar los actos de todos los poderes.



En el desarrollo del contenido deberemos definir las atribuciones específicas de esta Corte que, a mi opinión, están bastante bien desarrolladas en la propuesta de Constitución elaborada por la Comisión de Juristas del CONESUP.





Defensoría Pública:

La propuesta de Acuerdo País incorpora en la estructura la institución de la defensoría pública que es la herramienta que hace posible el derecho a la defensa y también el de acceder a la justicia en aquellos casos en que las personas no cuentan con los recursos económicos suficientes para activar mecanismos judiciales.



Ministerio Fiscal:

Es correcto incorporar el Ministerio Fiscal a la Función Jurisdiccional. Con el nuevo sistema procesal penal: el acusatorio; el Ministerio Público juega un papel determinante en la administración de justicia. Fue un error de la Constituyente de 1997 el calificar al Ministerio Público como un organismo de control; es adecuada la lógica propuesta en el proyecto de Acuerdo País.



Competencias y recursos para los territorios:

Una organización eficiente del territorio y la real reorganización del poder no se logra con “autonomías a la carta”, por eso es clave que la nueva Constitución establezca con claridad no sólo los distintos niveles de gobierno sino las competencias y responsabilidades de cada uno de ellos. Por eso es importante que en el capítulo correspondiente se haya incorporado el tema de competencias y el de asignación de recursos. Esa es una muestra de la voluntad política de descentralizar el poder y acercarlo a los ciudadanos y ciudadanas.



Recursos judiciales para garantizar los derechos constitucionales:

La propuesta de Acuerdo País incorpora la definición de recursos de protección y exigibilidad de la Constitución: amparo, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la información pública, acción de incumplimiento, entre otras. Esta es una propuesta muy importante y hace realidad (o nos permitirá hacerlo) los derechos recogidos en el texto constitucional.


TEMAS A DEBATIR Y MEJORAR


Constitución no reglamentaria.

Hablando de uno de los aspectos de la redacción de la Constitución, es necesario decidir si redactaremos una Constitución Política que entre en detalles, que regule las garantías, que en algunos aspectos sea casi reglamentaria; o vamos a redactar una Constitución que contenga principios y normas inequívocas pero generales, que dejen la regulación de los mecanismos y procedimientos para la Ley y Reglamentos.



Personalmente creo que, sin dejar de abordar los temas fundamentales, debemos hacer una selección de temas que no necesariamente deben estar en la Constitución. Del análisis de la estructura que hemos propuesto como Acuerdo País -con la que en términos generales estoy de acuerdo- se pueden identificar algunos temas que podrían ser regulados a través de Ley y no en la Constitución:



En el Título III, el Capítulo 3, Garantías de políticas públicas (principios y normas de la acción del Estado referentes a cada sector): Son los principios de la acción del Estado los que debe recoger la Constitución, no considero conveniente que se incluya un capítulo con los principios y normas de cada sector pues se convertiría casi en un plan de gobierno.



En el Título III, capítulo 5, respecto de las garantías judiciales de los derechos constitucionales: Totalmente de acuerdo con la creación de recursos concretos y efectivos que hagan exigibles los derechos constitucionales; sin embargo considero que estos recursos (derechos objeto de protección y objetivos del recurso) deben ser enumerados en la Constitución Política pero deben ser desarrollados en un Código Procesal Constitucional. De esa manera, no deberíamos considerar una sección para cada recurso, sino un artículo para cada uno.



En el Título IV, Capítulo 3, de la Función Ejecutiva: actualmente no se regula en la Constitución el gabinete ministerial y los ministros de estado; todos son secretarios de Estado y el Presidente tiene la facultad de organizar como mejor le parezca su Gabinete. No creo que vale la pena recoger en la Constitución detalles que son importantes pero que pueden estar en la Ley Orgánica de la Función Ejecutiva.



En el Título IV, capítulo 3, De la Administración Pública: Es importante que la Constitución recoja los principios de la organización de la administración pública y de su funcionamiento; sin embargo no creo que corresponda dedicar una sección para los derechos y otra para los deberes de los funcionarios públicos. Ambos temas corresponden a una nueva Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa que buena falta le hace a nuestro país.


La Procuraduría no debe estar en la Función Ejecutiva:

No estoy de acuerdo con considerar al Procurador del Estado como parte de la Función Ejecutiva. El Procurador es el representante judicial del Estado, no sólo del Ejecutivo.


Polícia y Fuerzas Armadas son dos instituciones distintas:

La propuesta contenida en el Título IV, en la Función Ejecutiva, propone como sección sexta: “las Fuerzas Armadas y la Policía Civil Nacional”; creo que deben constar en una sección distinta. Es momento de que tengamos una policía que no confunda ni sus tareas ni su procedimiento con el de las Fuerzas Armadas, pues se trata de dos instancias muy distintas.


Es adecuado que ambas se encuentren en la Función Ejecutiva (como lo sugiere la Constitución del CONESUP, la de la CONAIE, la propuesta de Acuerdo País, y como lo establece la Constitución vigente y todas las de nuestra historia). No podemos poner en duda -como una intervención en el pleno lo hizo- la subordinación de la fuerza pública y su carácter obediente y no deliberante.



Muchos otros temas tendrán que cambiarse conforme avance el debate y las decisiones, queda mucho por debatir y esperamos que cada vez más ecuatorianos y ecuatorianas se incorporen en un debate informado, sin dogmas ni prejuicios.





María Paula Romo

Asambleísta.

lunes, 25 de febrero de 2008

El alcance del Estado Laico

Uno de los temas de especial importancia en la redacción del nuevo texto Constitucional es la definición expresa del Estado Laico. Instalados en la tierra de Alfaro y reivindicando el valor de su lucha, éste es un compromiso ineludible. Sin embargo no será suficiente el usar el adjetivo “laico” para definir nuestro Estado, resulta indispensable comprender el alcance del término y organizar el Estado en consecuencia con esa declaración.

A pesar de que la construcción de Estados laicos llevan más de cien años en distintos lugares del mundo occidental; el debate sigue vigente. La llegada al poder del conservador Sarkozy y la proximidad de las elecciones en España avivan el debate sobre la influencia religiosa en los procesos políticos. Sobre el tema, Josep Ramoneda, escribe un interesante artículo en el Diario El País del 31 de enero del presente año; reproduzco un párrafo que contribuye también a nuestro debate:

“¿Qué es un país laico? Un Estado en que las iglesias no puedan determinar la acción del poder político, pero en las que el poder político no pueda intervenir sobre las iglesias, salvo en el caso en que éstas desafíen a la ley con el delito. Y, por supuesto, nunca en cuestiones de teología y principios doctrinales.

Las religiones son inefables -se sitúan fuera de toda posibilidad crítica-. Las religiones pretenden tener la exclusiva de la verdad e imponérsela a todos los hombres. “¿Qué puedo hacer para que otros s.e salven y para que surja también para ellos la estrella de la esperanza?”, es una pregunta imperativa que el Papa Ratzinger hace en la encíclica Spe Salvi. Las religiones entienden que la legitimidad del poder emana de Dios y no de los hombres. Estas tres características las hacen incompatibles con las bases del sistema democrático. Por eso deben mantenerse al margen de las decisiones políticas. La coartada religiosa no es argumento para saltarse las leyes democráticas. Y, sin embargo, el Estado democrático tiene la libertad de expresión y de creencia como principio fundamental. Por eso, no debe intervenir sobre las ideas religiosas. Esta clara división de papeles es la que quiere confundir en Europa una nueva santa alianza de la derecha y el altar.”

Para revisar el artículo completo, los invito a buscar en el siguiente vínculo: http://asambleaconstituyente.gov.ec/blogs/maria_paula_romo/files/2008/02/alianza-derecha-y-altar-ramoneda.pdf

sábado, 23 de febrero de 2008

Sobre la Ley de Tránsito ... o Movilidad Sustentable

Ciudad Alfaro, Montecristi, 21 de febrero de 2008.


Señores, señoras
Mesa de Legislación y Fiscalización
En su despacho.

En cumplimiento de lo que establece el Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente, y en el término de los tres días establecidos en él, envío mis observaciones al Informe Preliminar del Proyecto de Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

1. Respecto a la categoría de la Ley

Coincido con el pronunciamiento del informe de mayoría de la Mesa Legislativa respecto a la categorización de la Ley como orgánica. La Constitución Política de la República del Ecuador establece en su artículo 142 que son leyes orgánicas “las que regulen las garantías de los derechos fundamentales y los procedimientos para su protección”

Esta ley, al tener relación directa con el derecho constitucional al libre tránsito, encaja en la categoría anteriormente citada, por lo cual debe calificarse a ésta como una Ley Orgánica.


2. Respecto al nombre de la Ley

Al ser el objetivo principal de este cuerpo legal la regulación de un derecho fundamental como lo es el del libe tránsito, es necesario determinar que el ámbito de aplicación va más allá de la regulación de los vehículos del transporte automotor. En ese sentido, el título “Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial” es limitativo, ya que su alcance no se extiende a los vehículos no automotores, a las opciones de movilidad alternativa y a la necesidad de que estas se desarrollen dentro del marco del respeto a las demás personas y al ambiente.

Adicionalmente, la ley abarca a los peatones, y sus derechos dentro de un espectro amplio en el cual se protegen sus derechos al libre tránsito. Es necesario cambiar el esquema vigente y reconocer que el derecho es el de movilizarse; el Estado debe garantizar los medios más seguros y eficientes para hacerlo; privilegiando la transportación masiva, los medios de transporte menos contaminantes; etc. En ese sentido, el conducir un vehículo automotor es una de las formas de ejercer ese derecho y el Estado debe regularlo y puede establecer límites.

Al mantener la denominación sugerida en el proyecto de ley se está dejando de lado al criterio de protección a los derechos y se está manteniendo un esquema obtuso que no abarca la integralidad del antes mencionado derecho.

Por estas consideraciones, sugiero que se cambie el título del Proyecto a “Ley Orgánica de Movilidad Sustentable”.

3. Sobre la situación de vehículos y modalidades de transporte privado no legalizadas

La situación de los denominados “taxis piratas” es un fenómeno que existe y que no puede ser desconocido. En ese sentido, y con la finalidad de que el Estado pueda efectivamente ejercer control, es necesario que se de paso a una legalización de una situación que no puede mantenerse ignorada por más tiempo. Como muchos otros temas, el ignorarlos no significa que no existan.

Muchos de los problemas se originan en el hecho de que el acceso a un mercado que ofrece el servicio de transportación se satura y provoca problemas. La demanda insatisfecha da paso a que varios vehículos empiecen a prestar el servicio sin la autorización correspondiente.

De la mano de esto, está el esquema que se emplea para el transporte de personas. El modelo de “cooperativa de transporte” acompañadas de un sistema poco efectivo de autorización, limita el acceso a la legalidad. De las exposiciones realizadas por varios actores, se puede concluir que no se trata de una rebeldía por entrar en un esquema legal, sino en la limitación para acceder al sistema.

Es imprescindible que en este proyecto se de paso a un proceso de legalización de este tipo de servicio mientras garantice un servicio seguro y eficiente, al igual que permitirá a las ciudades planificar según sus necesidades poblacionales y geográficas la cantidad de taxis y unidades de transporte público que deben autorizarse. El déficit de oferta del servicio da paso a estos fenómenos.

Las “mototaxis”, por otro lado, responden a una necesidad de pequeñas ciudades, esencialmente vinculadas con transporte en distancias cortas (generalmente no más de cinco o seis cuadras) o actividades turísticas. Existe oposición por sectores formales por la no legalización de esta modalidad de transporte.

Lo principal en este caso es identificar que el servicio responde a un mercado distinto, se trata de la “oferta” de un “producto” distinto. Sin embargo, cabe mencionar que por las condiciones de este tipo de unidades de transporte, es necesario establecer estrictamente que las mismas no podrán prestar este servicio más que en un sector delimitado y debe exigirse normas mínimas de seguridad en el transporte del pasajero así como de su conductor. Se debe impedir también la circulación de este tipo de transporte en vías rápidas, carreteras, vías principales dentro de las zonas urbanas.


4. Sobre el tipo de denominación de las instituciones a cargo de las competencias asignadas en la Ley

Insisto en la necesidad de emplear una denominación adecuada para las instituciones. Es necesario realizar clasificación adecuada de las instituciones públicas en función de sus atribuciones y alcances.

Denominar “Comisión” al ente encargado de la ejecución de las atribuciones constantes en el proyecto de ley contraviene al proceso de racionalización administrativa que se viene ejecutando.

A continuación, recopilo un documento de la Secretaría Nacional de Planificación SENPLADES, en el cual se explica que se está llevando a cabo un proceso de racionalización y reestructuración de las instancias administrativas dependientes de la función Ejecutiva.

En cuanto al tema específico relativo a la reforma planteada, SENPLADES manifiesta que:

Para el caso de la Ley de Tránsito, la institucionalidad encargada de realizar las tareas de regulación y control técnico y específico del sector es la Agencia de Regulación y Control, cuya definición debería ser: “Organismo técnico adscrito a un Ministerio. Encargado de la regulación y el control técnico de un sector específico” (Glosario de términos RDE SENPLADES)

El proceso de racionalización institucional y funcional pasa también por denominar coherentemente a las instituciones para no replicar los vicios que ahora se presentan en la estructura estatal (“bautizar” adecuadamente a las instituciones para que no existan con el mismo nombre instituciones que cumplen tareas distintas). La intención de denominar Comisión Nacional a la Agencia de Regulación y Control de este sector rompería el esquema trabajado y sobre el cual estamos reformando el resto de ministerios de sectores estratégicos.

Cabe también mencionar que en nuestra propuesta hemos denominado Comisión a una “instancia técnica que podrá ser creada por el poder ejecutivo para tratar problemáticas específicas y/o para las que el Estado no cuente con las capacidades técnicas institucionales desarrolladas. Su funcionamiento será acotado en el tiempo (máximo 2 años). Podrán ser creadas únicamente previa aprobación del Presidente” (Glosario de términos RDE SENPLADES)

Las entidades que se encarguen de la regulación y el control en ámbitos regionales deberían tener competencias desconcentradas de la Agencia de Regulación y Control, por lo tanto deberían llamarse Agencias regionales de Regulación y Control de Tránsito.

Adicionalmente, transcribo la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de los términos:
Comisión.
4. f. Conjunto de personas encargadas por la ley, o por una corporación o autoridad, de ejercer unas determinadas competencias permanentes o entender en algún asunto específico.
Agencia.
5. f. Der. Organización administrativa especializada a la que se confía la gestión de un servicio.
Como podemos ver, se justifica con estos argumentos la necesidad de cambiar la denominación de “Comisiones” o “Comisión” a “Agencias” o “Agencia”, como se establecía en el proyecto original enviado por el Ejecutivo.


5. Sobre el tipo de penas aplicables

En la línea del derecho penal mínimo, la protección del derecho a la libertad y además para frenar uno de los mecanismos de posible extorsión y chantaje, estoy totalmente de acuerdo con que no se castigue con prisión las contravenciones. Además de las consideraciones anteriores, esta decisión es coherente con el principio de la proporcionalidad de las penas.

Estamos de acuerdo en que se establezca que las penas aplicables en los casos de delitos de tránsito sean exclusivamente penas de prisión y no reclusión. La razón de incorporar este cambio se explica en que todo delito de tránsito es de carácter culposo, es decir, no existe ánimo de causar daño. En ese sentido, y siguiendo la doctrina penal; no se puede sancionar un delito culposo con pena de reclusión.



6. Sobre los procedimientos prejudiciales y judiciales

Coincido en la necesidad de crear Juzgados de Contravenciones de tránsito. Estos permitirán el que se apliquen procesos más ágiles para el tratamiento de este tipo de faltas. Esto garantiza que las contravenciones se juzguen de acuerdo con su menor gravedad que un delito de tránsito, al igual que se reconocerían mecanismos de solución mediadas entre las partes que contribuirían a la economía procesal.

Coincido también en la importancia de darle al parte policial un valor únicamente informativo y no probatorio. Esto es un elemento fundamental para la protección del derecho a la defensa.

Además, estoy de acuerdo con la introducción de mecanismos de transacción en materia de tránsito, mismos que son incentivos para economía procesal en el caso de que no existan lesiones graves ni muertes en los accidentes de tránsito.

Finalmente, cabe destacar la importancia de incorporar al sistema de juzgamiento de contravenciones y delitos de tránsito la oralidad, con la finalidad de mejorar la economía procesal y un trámite más acelerado de causas.

En el tema procesal, en busca de lograr soluciones efectivas, el asambleísta Mauro Andino ha presentado una propuesta con la que coincido totalmente y recomiendo que se incorporen las normas sugeridas.

7. Sobre contratos de operación

El informe sugiere que se cambie la denominación de “concesión” por la de “contrato de operación”. Considero que no es pertinente dicho cambio. Transcribo la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua:

concesión
Der. Negocio jurídico por el cual la Administración cede a una persona facultades de uso privativo de una pertenencia del dominio público o la gestión de un servicio público en plazo determinado bajo ciertas condiciones.

El Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas define a la concesión de la siguiente manera:

En derecho público, esta palabra aplica a los actos de autoridad soberana por los cuales se otorga a un particular (llamado concesionario) o a una empresa (entonces concesionaria), determinado derecho o privilegio para la explotación de un territorio o de una fuente de riqueza, la prestación de un servicio o la ejecución de las obras convenidas

El contrato, según el Art. 1454 del Código Civil, se define de la siguiente manera:

Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas.

Por estas razones, la definición de concesión, en estricto sentido de derecho, se ajusta más a las necesidades del sector público, reconocidas también por la Ley de Modernización del Estado, que establece que el Estado puede delegar la prestación de servicios públicos, siendo la concesión una de las modalidades reconocidas por el Art. 43 del anteriormente señalado cuerpo legal.

Una de las preocupaciones expresadas en la Mesa fue que la figura de concesión era un mecanismo de privatización, coincido en que no se puede privatizar un servicio público y la ley debe precautelar ese objetivo último; sin embargo para lograrlo se deben establecer las condiciones de los contratos. Un ejemplo: si un permiso de operación se autoriza durante 50 o 60 años, para los fines prácticos es una forma de privatización. De esa manera deben quedar claros los límites y condiciones para cualquier modalidad de operación y el Estado debe reservarse la posibilidad de revisar su decisión cuando no se esté prestando el servicio en las rutas respectivas o si el servicio no es seguro para los usuarios.

8. Sobre estado de unidades de transporte privado de pasajeros pertenecientes a empresas de turismo

En el Proyecto de Ley que hace parte del Informe Preliminar, no se resuelve la contradicción entre la ley que establece regulaciones para el transporte turístico y la Ley y Reglamentos vigentes que no sólo regulan esta operación, sino que establecen la autoridad del Ministerio de Turismo. La propuesta final debe resolver este problema.

9. Comisiones Provinciales de Tránsito.
La propuesta de ley de Tránsito plantea la creación de Agencias Provinciales de Tránsito y exceptúa a la Comisión de Tránsito del Guayas. Por un tema de técnica legislativa, considero que las leyes deben tener las menores excepciones posibles; precisamente las leyes se sostienen en la generalidad de su aplicación. Es por esto, que planteo que las Agencias Provinciales de Tránsito gocen todas de autonomía, con la finalidad de equipararlas al caso de la Comisión de Tránsito del Guayas, sobretodo siguiendo el argumento de que su modelo de gestión se mantiene precisamente por su efectividad. De ser así, podríamos aplicar el mismo modelo en todas las provincias.
10. Los municipios y el tránsito.
Es necesario tomar en cuenta que la Ley Orgánica de Régimen Municipal establece varias disposiciones en donde le asigna las competencias relacionadas con la planificación, organización y regulación del tránsito en sus jurisdicciones:
Artículo 14 numeral 19ª:
Podrá planificar, organizar y regular el tránsito y transporte terrestre, en forma directa, por concesión, autorización u otras formas de contratación administrativa, en coordinación con los organismos de tránsito competentes, de acuerdo con las necesidades de la comunidad;
Art. 63 Numeral 19
19. Reglamentar la circulación en calles, caminos y paseos dentro de los límites de las zonas urbanas y restringir el uso de las vías públicas para el tránsito de vehículos;
Art. 147

En materia de obras, a la administración municipal le compete:
e) Cuidar del cumplimiento de las ordenanzas y reglamentos municipales relativos al tránsito en calles, caminos y paseos públicos;

Adicionalmente, en la Constitución Política de la República, en su artículo 234, existe claramente definida como competencia de los Municipios la regulación y ordenamiento del Transporte y tránsito en sus jurisdicciones.
Art. 234.- Cada cantón constituirá un municipio. Su gobierno estará a cargo del concejo municipal, cuyos miembros serán elegidos por votación popular. Los deberes y atribuciones del concejo municipal y el número de sus integrantes estarán determina dos en la ley.
El alcalde será el máximo personero del concejo municipal, que lo presidirá con voto dirimente. Será elegido por votación popular y desempeñará sus funciones durante cuatro años. Sus atribuciones y deberes constarán en la ley.
El concejo municipal, además de las competencias que le asigne la ley, podrá planificar, organizar y regular el tránsito y transporte terrestre, en forma directa, por concesión, autorización u otras formas de contratación administrativa, de acuerdo con la s necesidades de la comunidad.

Esta es la única competencia que constitucionalmente se asigna expresamente a los municipios en la Constitución. Ese es un tema que la Asamblea Constituyente deberá revisar pues resulta imprescindible definir con claridad competencias mínimas para los municipios más allá de esta.

Concuerdo con la necesidad de acercar al ciudadano las decisiones y su control; los gobiernos municipales deben asumir responsabilidades concretas y responder por la organización y el desarrollo de sus localidades. El mecanismo de descentralización existente que opera en función de demandas voluntarias por parte de gobiernos seccionales; y obligatorias para el gobierno central, no ha funcionado de forma adecuada. La nueva Constitución deberá optar por un sistema descentralizado o autonómico, pero en ningún caso “a la carta”.
En esa línea sugiero que las competencias de regulación de tránsito y transporte no sólo sean transferibles, sino que la ley determine la obligatoriedad de asumir la competencia para aquellos municipios con una población mayor a 150.000 habitantes.
Sugiero el siguiente artículo:
DISPOSICIÓN GENERAL ….- En todo cantón que cuente con ciento cincuenta mil o más habitantes conforme las cifras de proyecciones oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la municipalidad asumirá la planificación, regulación y coordinación del transporte público y privado dentro de su jurisdicción, para lo cual expedirá, con competencia, las normas que sean necesarias

Sus decisiones se enmarcarán en las políticas nacionales que determine, conforme sus atribuciones, la Agencia Nacional de Tránsito. La ejecución de las regulaciones que sobre transporte público y privado adopte el Concejo Municipal será controlada por la Policía Nacional a través de sus organismos especializados, que conservará para este efecto las atribuciones contenidas en leyes especiales.

La regulación del uso de vías que conecten vías cantonales con vías intercantonales o interprovinciales, se coordinará obligatoriamente con el Consejo / Agencia Provincial de Tránsito y Municipio (s) competente. De existir diferencias al respecto, la decisión final la tomará la Agencia Nacional de Transporte, tomando en cuenta criterios de eficiencia y privilegiando el transporte masivo.

Las disposiciones de este artículo no modifican las normas legales y reglamentarias que garantizan ingresos a la Policía Nacional, quien continuará percibiéndolos conforme la presente ley y demás leyes vigentes.

Este texto tiene como base el texto del artículo 2, numeral 2 de la Ley Orgánica de Creación del Distrito Metropolitano de Quito. En el se distinguen tres competencias esenciales que están comprendidas en las funciones de las Agencias Provinciales.

Las competencias son específicamente la planificación, regulación y coordinación, que van de la mano con las disposiciones constantes en la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Juan Pablo Chauvin1 afirma que la experiencia de la descentralización de la competencia de tránsito al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha sido positiva:

“Se trata sin duda alguna de una de las experiencias de descentralización más exitosas en el Ecuador hasta la fecha. No solo ha llevado a un mejoramiento sustantivo de la calidad y la cobertura del servicio, sino que sobre todo ha instaurado en su planificación y regulación un renovado sistema de representación de los intereses de los actores sociales frente al sistema político-institucional, y de procesamiento de sus conflictos. Y esto ha sido posible en tanto la asunción de competencias por parte de la municipalidad le permitió romper con la sobre representación de los intereses de los transportistas, que era la principal fuerza que frenaba las mejoras. La entrada en escena de la municipalidad terminó con la ausencia del Estado como ente autónomo promotor del interés público.

Ahora bien, se debe subrayar que la descentralización como tal no fue más que un instrumento, una condición favorable pero no suficiente para el cambio. No bastó que la municipalidad tenga el poder para planificar y regular el transporte urbano, sino que ésta tuvo además que hacer uso de este poder abordando frontalmente la crisis del servicio, colocándola en el tope de la agenda pública, regresándola al terreno de lo político. Esto requería tener la decisión política suficiente como para entrar en confrontación abierta con los poderosos gremios de transportistas, y la capacidad (y legitimidad) para desplegar una estrategia efectiva, que canalice poderes mayores en defensa de los intereses de la mayoría.”

Como herramienta para la disposición que transfiere las competencias a los municipios, se plantea la inclusión de la siguiente disposición:

DISPOSICIÓN GENERAL …- Para efectos de aplicación de la disposición anterior, la Agencia Provincial y la municipalidad conformarán una comisión mediante la cual se organizará la transferencia de dichas competencias. De igual manera, se transferirán los recursos humanos, técnicos, tecnológicos en la parte proporcional a la jurisdicción cantonal.

La no transferencia de las competencias por parte de la Agencia Provincial… será causal de destitución de su autoridad máxima y de los funcionarios responsables, a solicitud de la municipalidad afectada.

Para el efecto, la Agencia Provincial y la municipalidad conformarán una comisión mediante la cual se organizará la transferencia de dichas competencias. De igual manera, se transferirán los recursos humanos, técnicos, tecnológicos en la parte proporcional a la jurisdicción cantonal.

La no transferencia de las competencias por parte de la Agencia Provincial (nacional) de transporte terrestre y tránsito será causa de destitución de su autoridad máxima y de los funcionarios responsables, a solicitud de la municipalidad afectada.

A continuación, presento un cuadro de las estimaciones de la población al 2008 realizadas por el INEC de las ciudades que estarían enmarcadas en la disposición sugerida

Población de ciudades (2001)

CIUDAD
POBLACIÓN
Cuenca
417.623
Riobamba
193.315
Machala
217.696
Esmeraldas
157.792
Guayaquil
2.039.789
Duran
178.714
Ibarra
153.256
Loja
175.077
Babahoyo
132.824
Portoviejo
238.430
Manta
192.322
Quito
1.839.853
Santo Domingo
287.018
Ambato
287.282
Fuente: INEC

Existen casos de Municipios que cuentan con convenios vigentes de transferencia de competencias, conforme las disposiciones de la Ley de Descentralización y Participación Social, su reglamento, y la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Estos convenios deberán ser reconocidos a través de una Disposición General que resuelva cualquier duda sobre su vigencia.

En la actualidad, los Municipios que cuentan con este tipo de convenios son: Quito, Cuenca, Loja, Ibarra, Otavalo, Manta y Ambato.

11. Movilidad alternativa.

Entre las organizaciones ciudadanas más activas para el tratamiento de esta ley se encuentran aquellas que promueven la movilidad alternativa, los derechos de los peatones, el uso adecuado del espacio público y la responsabilidad ambiental. Sus propuestas están al rededor de reconocer expresamente estas formas de movilidad y establecer que Gobierno Central y Municipios deben promover estos mecanismos y hacerlos viables: vías para su circulación, incentivos para el uso de estos mecanismos, entre otros.

Coincido con estas propuestas en los términos en que sea posible incorporarlos en esta Ley. Debemos hacer un esfuerzo por incluir varias de estas demandas y revisar algunas normas que responden a la lógica anterior: los autos como los principales destinatarios de la Ley y los peatones o ciclistas sólo como infractores (necesario revisar la infracción de circular entre autos).


Debemos reconocer que el Proyecto del Informe Preliminar es mucho mejor que el que originalmente fue enviado a la Mesa de Legislación y Fiscalización. Con algunas mejoras y cambios, la versión definitiva puede convertirse en una verdadera solución para algunos de los problemas que han caracterizado por años a este sector.


Atentamente,



María Paula Romo
Asambleísta por Pichincha

jueves, 7 de febrero de 2008

Informe individual sobre Ley de Recursos Petroleros

Ciudad Alfaro, Montecristi, 06 de febrero de 2008.



Señores, señoras,

Mesa de Legislación y Fiscalización

En su despacho,


De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente, y dentro del término fijado para el efecto; a continuación incluyo mis comentarios y observaciones respecto del Proyecto de Ley para la Recuperación del Uso Público de los Recursos Petroleros:

1. Sugiero un cambio de nombre a la Ley; el título propuesto sugiere que sólo se trata del tema de los recursos petróleros y se omiten las referencias a los cambios propuestos para los procedimientos de contratación de crédito público.

2. De acuerdo con la necesidad de un manejo transparente y directo de los recursos provenientes de la explotación y comercialización petrolera. Estos recursos deben manejarse a través del Presupuesto General del Estado.

3. De acuerdo con la necesidad de calificar claramente qué tipo de ingresos son los provenientes de este recurso. Coincido también con lo que sugiere el Informe Preliminar de Mayoría, de reconocer la permanencia o no de los ingresos como el factor principal para esta calificación. Siendo el petróleo un recurso no renovable, mi coincidencia con que se establezca como ingreso de capital.

4. La regla fiscal es correcta. No se pueden destinar los ingresos de capital a gasto corriente.

5. Es necesario que los gobiernos, con los controles correspondientes, tengan la flexibilidad suficiente para el manejo de su presupuesto. Sin embargo sugiero que en lugar de eliminar la norma que autoriza un cambio del 5% del monto del presupuesto al Ministro de Finanzas se incremente ese porcentaje, ampliando el margen de acción del Ministro pero estableciendo un límite. Es evidente que habría que incluir una transitoria que autorice al Ministro a reorganizar el Presupuesto contando con los montos que se transferirían por eliminación de Fondos y Fideicomisos en el presente año fiscal.

6. Sobre el procedimiento para contratar un crédito: cada uno de los pasos (sugeridos o que los se pretende derogar) merecen un análisis por separado.



El informe del Banco Central parece innecesario dado que sus consideraciones globales sobre liquidez y manejo macro de la economía ya son analizadas al momento que el Congreso Nacional fija el monto máximo de endeudamiento; adicionalmente al dejar de ser el Banco Central el instituto emisor, tiene mucho menos que decir respecto del manejo de la masa monetaria.

El informe de la Procuraduría se enmarca en que le ha sido asignado un rol de control previo de legalidad a casi todos los contratos del sector público. Personalmente considero que no es ese el rol de la Procuraduría; es urgente repensar el papel del Procurador y decidir si es -como creo que debería- el representante judicial del Estado Ecuatoriano o si es casi una especie de asesor jurídico de todo el sector público. Considerando ese último argumento, concuerdo con que el informe de la Procuraduría no sea un requisito para el proceso de endeudamiento y que el examen de legalidad de ese contrato, como de otros, debería corresponderle al órgano que adquiere la obligación y, la responsabilidad a sus representantes. Por eso coincido con la sugerencia del Informe de Mayoría de mantener al Ministro y al Presidente de la República como responsables últimos en estos casos.



Debe ser un tema de debate no sólo para la Mesa de Legislación, sino durante la elaboración del nuevo texto constitucional, el papel de la Procuraduría General del Estado.



Espero que estas sugerencias resulten útiles en el tratamiento de un tema de especial importancia para el país.

Atentamente,

María Paula Romo

viernes, 1 de febrero de 2008

LIBERTAD de ASOCIACIÓN

En estos días se ha levantado una polémica por un tema que en el Ecuador se ha discutido en varias ocasiones (existe más de una demanda de inconstitucionalidad, hace un año se presentó en el Congreso un proyecto de Ley; y es una tesis de la que se ha discutido durante la campaña electoral): la libertad de asociación.

Este derecho, reconocido y defendido durante al menos doscientos años (ya consta en la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, de la Revolución Francesa) ha provocado discusión en la medida en que su cabal reconocimiento pudiera eliminar la obligatoriedad de afiliación a cámaras o colegios profesionales.

Como política y también como profesional (agremiada por obligación) estoy de acuerdo con que se reconozca el doble sentido del derecho de libre asociación; que significa que nadie nos puede prohibir asociarnos y, evidentemente, que nadie nos puede obligar a asociarnos.

Parte de la visión corporativista de nuestro Estado es precisamente causa y resultado de una sociedad construida en la lógica de gremios y asociaciones cuya dirigencia más allá de representar los intereses de su sector; se ha convertido en mecanismos de protección de prebendas y en algunos casos, en protagonistas de los chantajes al Estado y a la ciudadanía.

Algunos ejemplos: la obligación de afiliarse a las cámaras de comercio: que la ley establezca la obligatoriedad de ser parte de una asociación privada como un requisito de legalidad??; la obligación de afiliarse al Consejo de Consultoría para trabajar en el sector público??. La pertenencia a una cámara o asociación debe ser el resultado de la voluntad y además motivado por el buen funcionamiento y los beneficios legítimos que esa pertenencia pueda generar; la validez de un título universitario o la autorización para ejercer la profesión es la consecuencia de verificar que el título sea original y sea emitido por una universidad reconocida, para eso existe el CONESUP, no los colegios profesionales.

En el campo jurídico el tema se ha discutido largamente. Existe una Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se refiere expresamente a la Colegiatura Obligatoria de Periodistas. La Corte -en resumen- resolvió que el obligar a quienes quieran transmitir información a ser parte de una asociación, atenta directamente contra el derecho a la libre expresión y al derecho de la libre asociación.

Algunos fragmentos de la Opinión Consultiva citada (el artículo 16 a que hacer referencia el texto es el artículo que desarrolla el derecho a la libre asociación en la Convención Americana de Derechos Humanos):

“El contenido del artículo 16.1 toca, a la vez, con un derecho y con una libertad, es decir, con el derecho a formar asociaciones, que no puede ser restringido sino en los eventos y para los propósitos contemplados en los artículos 16.2 y 16.3 y con una libertad, en el sentido de que nadie puede ser compelido u obligado a asociarse (…)

Cabe preguntarse si los entes públicos con estructura asociativa, llámense asociaciones, corporaciones o colegios, violan el carácter voluntario -la voluntariedad de la acción-, contenido en la libertad de asociación. Habrá que responder que la norma imperativa de derecho público que obliga a los individuos a asociarse en colegios por profesiones es válida y no puede considerarse per se violatoria de la libertad de asociación, cuando tales colegios cumplen fines estrictamente públicos, trascendentes al interés privado, es decir, cuando perciben del Estado una delegación que éste podría cumplir directamente, pero que delega porque considera que esa es la forma más idónea para cumplir el fin propuesto. Tales colegios no pueden considerarse que sean de aquellas asociaciones a las que se refiere el artículo 16 de la Convención.

(…)

En cambio, puede considerarse que se viola la libertad de asociarse al obligar por ley a los individuos a hacerlo, si los fines propuestos de tal asociación son de aquellos que podrían cumplirse por asociaciones creadas por los individuos al amparo de su libertad, es decir, si tales asociaciones corresponden a aquellas a las que se refiere el artículo 16.”


Los criterios establecidos por la Corte Interamericana pueden alimentar el debate nacional sobre el tema. En ningún caso se trata de una propuesta direccionada o con “dedicatoria”; simplemente se trata del ejercicio de un derecho y una libertad. El escritor argentino Mempo Giardinelli en una novela suya, “Santo Oficio de la Memoria” escribe que la historia de la humanidad se desarrolla en la permanente lucha por la libertad y el miedo que tenemos de asumir sus consecuencias. También deberíamos reflexionar sobre ese tema.