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jueves, 21 de julio de 2011

Sobre la designación de delegado a la Comisión Tripartita.

Hemos vivido en estas semanas, con el show Cevallos – Coba y con la impresentable sentencia contra El Universo del día de ayer, las consecuencias de que la justicia se convierta en un recurso de la política. Y nada de esto ha sucedido por la Comisión de Transición pues ni siquiera existía. El retroceso en la justicia ya se dio cuando se autorizó que la política vuelva a intervenir en la justicia. El hecho de que el Pleno de la Asamblea discuta hoy quién será responsable de nombrar, sancionar o destituir funcionarios judiciales es una señal de un retroceso de más de una década en la independencia de la justicia. Sostuvimos este y otros argumentos para oponernos a la Consulta Popular pero los resultados están oficialmente anunciados y hoy le corresponde a la Asamblea elegir a su delegado y permitir que se conforme la Comisión Tripartita para cumplir así con la voluntad expresada en la Consulta Popular.
Es imposible que a través de la injerencia política y en dieciocho meses se vaya a transformar la justicia. Nuestra decisión ha sido votar en blanco por la candidata de gobierno porque creemos que le corresponde al Movimiento PAIS y al Presidente asumir la total responsabilidad política de lo que suceda en esta transición.

Sobre la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Sres, sras, asambleístas.
De mi consideración,

A través de la presente, pongo en su conocimiento las razones por las cuales no he suscrito ni me he adherido al informe de mayoría del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, aprobado el día 29 de junio de 2011 por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.

Empiezo por subrayar que ambos informes (mayoría y minoría), recogen temas de muchísima importancia y en los cuales se han logrado significativos acuerdos:
- El trámite de la consulta pre legislativa a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio, que fue ampliamente analizado y debatido junto con los sectores interesados en talleres y mesas de trabajo, producto de lo cual la Comisión propuso agregar una sección específica que desarrolla el derecho y define las etapas del procedimiento de consulta.
- Creación de la Unidad Técnica de Control de la Ejecución Presupuestaria del Estado (o de Asesoramiento Presupuestario en el informe de minoría), para optimizar la función de vigilancia de la Asamblea Nacional en la ejecución del Presupuesto General del Estado, en concordancia con el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
- Reformas al trámite de los proyectos de urgencia en materia económica, que mejoran los plazos de su tratamiento.
- Reformas a las atribuciones de la o el Presidente de la Asamblea Nacional y Consejo de Administración Legislativa, que reflejan las necesidades del quehacer diario parlamentario.

- Reformas a la conformación de la Escolta Legislativa, para que a petición de la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional se integre por elementos en servicio activo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.
- Creación de la Empresa Pública de televisión, radio, publicaciones y multimedia de la función legislativa para difundir todas las actividades legislativas, y la Empresa Pública del Registro Oficial que se encargará de la impresión y publicaciones normativas.
Sin embargo, no puedo coincidir con los siguientes puntos contenidos en el informe de mayoría:
Creación de comisiones: En el artículo 15, que reforma el artículo 21 relativo a la temática de las comisiones especializadas permanentes, se han agregado seis comisiones: seguridad ciudadana, seguridad social, asuntos insulares y fronterizos, codificación y técnica legislativa, migración y protección de los derechos de los ecuatorianos en el exterior, y cultura física y deportes. Con ello, las comisiones de la Asamblea Nacional llegan al número de 19. Considero que no es adecuado incrementar el número de comisiones y sobre todo que ellas traten temas tan específicos. Todos los asambleístas y las comisiones especializadas deben realizar su trabajo con visión nacional, y por ello no se justifica una comisión, por ejemplo, para asuntos insulares y fronterizos, que se refiere únicamente a determinadas provincias, o para la migración y protección de los derechos de los ecuatorianos en el exterior, ya que todas las comisiones deben proteger, defender y legislar a favor de los derechos de todas y todos los ciudadanos, incluidos quienes residen fuera del Ecuador.
Una comisión de codificación resulta innecesaria y el o la asambleísta que pertenezca a esta comisión se alejaría del trabajo legislativo concreto; además la propia Comisión de Justicia es el mejor ejemplo de que la codificación y derogatoria de normas se puede realizar como una responsabilidad adicional, y no amerita la creación de una nueva comisión. En cualquier caso, la comisión de codificación y técnica legislativa podría ser únicamente ocasional, puesto que ya consta que es trabajo de la Unidad de Técnica Legislativa, en el artículo 31 de la ley vigente, el preparar proyectos de codificación de diversas leyes por decisión expresa del Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, debería crearse una comisión ocasional que revise el proyecto de codificación antes de que pase al Pleno de la Asamblea, que es el que, en un solo debate, aprueba o niega el proyecto de codificación.
Tampoco se debe olvidar que ya es facultad del Pleno crear comisiones ocasionales para el tratamiento de diversas materias, por lo que, si se requiere de atención especial sobre un tema, se puede conformar una de estas comisiones que cumpla con las características necesarias para la mejor comprensión y tratamiento de un proyecto de ley.
Calificación de los proyectos de ley: Se ha reformado el artículo 56 (artículo 26 del proyecto), que trata sobre el trámite de calificación de los proyectos de ley. Se ha eliminado uno de los requisitos cuyo cumplimiento debe verificar el Consejo de Administración Legislativa, que es “Que cumpla los requisitos que la Constitución de la República y esta Ley establecen sobre la iniciativa legislativa”. Siendo éste un importante requisito formal, no se entiende el por qué de su eliminación, y no se ha establecido que el mismo sea posteriormente revisado por la comisión especializada, y que ésta tenga la posibilidad de rechazarlo por falta del cumplimiento del requisito formal; en estricto sentido, un proyecto que no cumple un requisito constitucional o legal sobre iniciativa legislativa, no podría ser tratado siquiera por una comisión, ya que no existiría como tal.
Mayoría para la toma de decisiones: En varios artículos se ha cambiado la forma en la que se toman decisiones, que antes requerían de mayoría absoluta, para pasar a ser adoptadas por mayoría “simple”. Tal es el caso de los artículos 129 que se refiere a la modificación del orden del día; 135 relativo a la aprobación de mociones; y 140 de la apelación de la Presidencia. Sin embargo, se nota que en la reforma al artículo 111 se ha incluido que el inicio de instrucción fiscal o enjuiciamiento penal contra asambleístas requiera autorización de las dos terceras partes del Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, si bien por un lado se simplifica la toma de decisiones, en otros casos se complica (sometimiento a la justicia). Debería definirse una sola línea de actuación, tomando como referencia la Constitución que señala ya qué decisiones ameritan una mayoría de dos tercios.
Contratación de asesores: Se ha incrementado, en el artículo 159, el número de asesores que puede tener cada asambleísta. Considero que este es un tema que no debe constar en la ley, sino que debe analizarse en cada caso en relación a la carga de trabajo y a los resultados ofrecidos. De cualquier forma, ya consta tanto en los informes de mayoría como de minoría, la posibilidad de que el Consejo de Administración Legislativa pueda autorizar la contratación de asesores ocasionales provisionales para los asambleístas miembros de una comisión especializada por un tiempo definido, dependiendo de la carga de trabajo (agregado como inciso final del artículo 159), con lo que se hace innecesario el incremento.


FISCALIZACIÓN:

Tanto los informes de mayoría como de minoría han aclarado y mejorado el procedimiento de requerimiento de información a los funcionarios públicos. Asimismo, ambos informes han incorporado a la ley (aunque con algunas diferencias), una sección que permite, fuera del juicio político, la comparecencia al Pleno de la Asamblea Nacional de los funcionarios detallados en el artículo 131 de la Constitución. Estas reformas son valiosas para la responsabilidad que compartimos todos nosotros.
La diferencia fundamental entre los informes se da en el trámite del juicio político, puesto que, en el informe de mayoría se ha propuesto que la decisión de proceder con el juicio político o su archivo, pase de la comisión de fiscalización al Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, la comisión de fiscalización únicamente realizará un informe motivado de las pruebas de cargo y de descargo presentadas a ella.
He mantenido siempre y me ratifico en que la deuda que tenemos con el país en esta materia no es un problema de la ley sino de decisión política, pero en virtud de las experiencias sobre fiscalización que se han vivido en la Asamblea Nacional desde aproximadamente dos años, considero adecuado que la decisión sobre si procede o no el juicio político sea tomada por el Pleno de la Asamblea Nacional, tal como lo propusimos y apoyamos muchos en el informe para primer debate.
Con todas estas consideraciones, en virtud de que entre los informes de mayoría y minoría existen múltiples temas en los que hay total coincidencia, de conformidad con el inciso final del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que dispone que “Se podrá mocionar la aprobación del texto íntegro de la ley, o por títulos, capítulos, secciones o artículos…”, propongo que la votación del informe se realice por artículos, de tal manera que no se sacrifiquen temas de gran importancia en los que hay consenso, y que se amplíe el debate sobre nuestra responsabilidad en el tema que permanece como el de mayor polémica: la tarea de fiscalización de la Asamblea Nacional.
Aprovecho, además, para sugerir, que en las reformas que se realizan al tema de los proyectos de urgencia en materia económica, se agregue como inciso final del artículo 62, el siguiente:
“Si la comisión especializada a la que se le asignó el tratamiento de un proyecto de ley calificado por la Presidenta o Presidente de la República de urgencia en materia económica, incumpliere cualquiera de los plazos previstos tanto en este artículo como en el artículo 59, el Consejo de Administración Legislativa, de forma inmediata, reasignará obligatoriamente el proyecto a otra comisión especializada, para que produzca los informes para primero o segundo debate, según corresponda, sin que se sujete a ninguno de los plazos mínimos establecidos en los mencionados artículos”.

Saludos cordiales,

María Paula Romo

Asambleísta

viernes, 8 de julio de 2011

Jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre facultades jueces de primera instancia (destitución / restitución de Cevallos?)

En seguimiento a lo ocurrido esta semana con la destitución de Benjamín Cevallos, seleccionamos pronunciamientos de la  Corte Constitucional en lo que se refiere a la aplicación del artículo 86 (4) de la Constitución. Los tres casos abordan el uso de este mecanismo constitucional por jueces de primera instancia, penal – civil, tránsito y de la niñez y adolescencia. Se adjunta un extracto de las argumentaciones en las tres sentencias:


1) Sentencia N.º 076-10-SEP-CC: 22 de diciembre del 2010, CASO N.º 1114-10-EP, Juez Constitucional Ponente: Dr. Roberto Bhrunis Lemarie

EXTRACTO

En la especie, se debe determinar ¿los jueces que conocen garantías constitucionales pueden declarar directamente el incumplimiento de sentencias constitucionales e imponer sanciones a las autoridades que supuestamente no han dado cumplimiento a su resolución?

Debemos hacer una diferenciación entre los tipos de acciones en materia de garantías jurisdiccionales que contempla la Constitución de la República, específicamente entre la acción de protección y la acción por incumplimiento.

La presente causa, objeto de acción extraordinaria de protección, tiene como origen una acción de protección de derechos, en donde en mérito del proceso se concederá o negará cierta demanda a favor de una de las partes procesales; en cambio la acción por incumplimiento está direccionada al incumplimiento de actos normativos o administrativos de carácter general, así como a las sentencias de organismos de protección de los Derechos Humanos, y conforme lo determina el artículo 436, numeral 9 de la Constitución de la República, el incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales, otorgándose esa competencia al máximo órgano de interpretación y control constitucional en nuestro país como es la Corte Constitucional, para lo cual la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional ha establecido requisitos y procedimientos propios de estas acciones; por tanto, no pueden confundirse estas acciones constitucionales, como dentro de la presente causa lo ha hecho la Jueza Segundo de lo Civil de Esmeraldas.

Conforme lo determina la Constitución de la República en sus artículos 93 y numerales 5 y 9 del artículo 436, la Corte Constitucional es la única competente para conocer y resolver las acciones por incumplimiento, así como para iniciar un proceso de destitución; aquello guarda relación con las disposiciones contenidas en el artículo 163 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional:

“Art. 163.- Incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales.- Las juezas y jueces tienen la obligación de ejecutar las sentencias en materia constitucional que hayan dictado. Subsidiariamente, en caso de inejecución o defectuosa ejecución, se ejercitará la acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional”.

Y en cuanto al trámite, el artículo 164 de la norma ibídem determina: “La acción de incumplimiento de sentencias constitucionales tendrá el siguiente trámite: […] 2. Cuando se trate del incumplimiento de sentencias expedidas dentro de procesos de garantía judiciales de derechos constitucionales, la jueza o juez competente, a petición de parte, remitirá el expediente a la Corte Constitucional, al cual acompañará un informe debidamente argumentado sobre las razones del incumplimiento suyo o de la autoridad obligada, para lo cual tendrá un término de cinco días desde el momento en que el interesado hizo la solicitud”.

De lo antes expuesto se colige que la Jueza no procedió conforme lo determinan los artículos antes citados de la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; por ende, con sus actuaciones ha violentado el derecho a la seguridad jurídica.

Además, en supuesta aplicación del artículo 86, numeral 4 de la Constitución de la República, la Jueza procede a destituir de su cargo de rector al legitimado activo, lo cual no es procedente por las circunstancias antes señaladas, por lo que el Juez de instancia ha excedido sus facultades, generando una vulneración a la seguridad jurídica en el país, al no acatar a las disposiciones constitucionales y a las normas que integran el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

Dentro de la causa, objeto de la presente acción extraordinaria de protección, se puede observar que la Jueza Segundo de lo Civil de Esmeraldas a lo largo del proceso iniciado por acción de protección emite una serie de disposiciones, señalando que en caso de no cumplirlas aplicará, como en efecto lo hizo, el artículo 86, numeral 4 de la Constitución de la República. Así, el 08 de junio del 2010 la Jueza dispone: “Que el señor TENORIO MALDONADO PEDRO en compañía de un Señor Notario del cantón Esmeraldas, en días y horas hábiles se presente a las oficinas de la UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS y dicho recurrente se ponga a disposición de la autoridad universitaria antes mencionada para que se reintegre al trabajo, en caso de que no se le deje entrar a laborar el señor Notario sentará razón respectiva y comunicará al Juzgado, para luego, cumplir con lo que dice el numeral 4 del artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador”. Se puede observar un exceso por parte de la Jueza en cuanto a sus facultades, escudándose en las prevenciones del artículo 86, numeral 4 de la Constitución de la República. Esta atribución comporta un exceso en las facultades del juez de instancia y determina una violación al debido proceso, al derecho a la defensa y el ser escuchado en un momento oportuno.
La Corte Constitucional ya ha manifestado de manera enfática dentro de la causa N.º 0485-09-EP que el juez de instancia no puede exceder sus facultades en la fase de cumplimiento de una sentencia, ya que la actividad del juez tiene límites que están dados por el respeto de las disposiciones constitucionales y legales en cuanto a la tramitación de las diversas acciones constitucionales; el aplicar sanciones de manera inmediata y sin el respeto de normas del debido proceso atenta, además de este derecho constitucional, a la seguridad jurídica del país. Conforme se ha manifestado en artículos precitados de la Constitución de la República y de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el único organismo competente para conocer y resolver acciones de incumplimiento, así como para destituir de un cargo a un servidor público es la Corte Constitucional del Ecuador.
Con estos antecedentes se deduce que no ha existido una tutela judicial efectiva por parte de la señora Jueza Segundo de lo Civil y mercantil de Esmeraldas, ya que no ha actuado con diligencia al momento de observar las disposiciones normativas contenidas en la Constitución, al no tener competencia para proceder a la destitución del legitimado activo, lo cual tuvo como efecto la destitución del cargo de rector de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, al hoy legitimado activo, repercutiendo en una vulneración a su legítimo derecho al trabajo.

2) SENTENCIA N.º 001-10-PJO-CC, 22 de diciembre del 2010, CASO N.º 0999-09-JP, Juez Constitucional Ponente: Dr. Roberto Bhrunis Lemarie, MSc.

EXTRACTO

52.- La Corte Constitucional en ejercicio de la competencia prevista en el artículo 86, numeral 4 de la Constitución de la República, determina que las juezas y jueces constitucionales que sin fundamento constitucional y legal expidan sentencias dentro de garantías jurisdiccionales, que vuelvan inejecutables las sentencias resueltas previamente, podrán ser destituidos de su cargo por parte de la Corte Constitucional, garantizándoles el derecho al debido proceso.

57.- (…) Primero, el señor Juez Sexto de Tránsito del Guayas, en primera providencia de calificación de la acción de protección, con fecha 21 de julio del 2009, dispuso dejar sin efecto el acto en cuestión. Al respecto, cabe señalar que las garantías jurisdiccionales, específicamente la acción de protección, proceden cuando del proceso se desprenda la vulneración de derechos constitucionales proveniente de un acto de autoridad pública no judicial, vulneración que debe ser declarada por el juez constitucional vía sentencia y no a través de una providencia de calificación, como sucedió en el caso concreto. Si la intención del señor Juez Sexto de Tránsito del Guayas fue adoptar una medida cautelar en los términos previstos en el artículo 87 de la Constitución, como producto de esa medida no podía adelantar criterio y menos aún pronunciarse sobre el fondo del asunto controvertido. La medida cautelar cumple la función de suspender provisionalmente el acto presuntamente violatorio de derechos constitucionales, hasta que vía sentencia, se declare o no dicha vulneración. En otras palabras, la medida cautelar puede ser adoptada en primera providencia, cuando a criterio del juez existan presunciones de una posible vulneración de derechos constitucionales que no pueda esperar a la sentencia, pero aquello no implica un pronunciamiento de fondo y, por tanto, no puede generar un efecto propio de una garantía de conocimiento, como en efecto es la acción de protección. En definitiva, el Juez Sexto de Tránsito del Guayas no podía pronunciarse en primera providencia sobre la vulneración de disposiciones legales, menos aún declarar sin efecto el acto.

Segundo, el Juez Constitucional no declaró la vulneración a derecho constitucional alguno en su primera providencia; por el contrario, dejó sin efecto el acto −vía acción de protección− por violar normas legales, es el caso de los artículos 354, 355 y 342 de la Ley de Compañías, ámbito material de protección ajeno a la acción de protección y atinente a los mecanismos de justicia ordinaria.

61.- La Corte Constitucional conforme anteriores pronunciamientos , en el presente caso verifica que el señor Juez Sexto de Tránsito del Guayas (Caso N.° 2), ha desnaturalizado la acción de protección, reflejada en su primera providencia de avoco, así como en la sentencia dictada por la Primera Sala de lo Laboral y la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial del Guayas, (Caso N.° 1) provocando la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica, debido proceso y tutela judicial efectiva, reconocidos en los artículos 82, 76 numeral 1, y 75 de la Constitución de la República. En el caso que nos ocupa, tanto la Constitución de la República como las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional, normativa vigente al momento de la sustanciación de las causas, prevén normas claras respecto a la procedencia, naturaleza y efectos de las distintas garantías jurisdiccionales. En atención a ello, es deber de las juezas y jueces constitucionales aplicar adecuadamente dichos preceptos en la sustanciación de una causa, de lo contrario, tal como sucedió en el caso concreto, más allá de lesionar la seguridad jurídica de las partes, acarrea además una grave vulneración a los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, en consideración a que su actuación devendría en arbitraria.

3) SENTENCIA N.° 031-09-SEP-CC, 24 de Noviembre del 2009, CASO: 0485-09-EP, Jueza Constitucional Sustanciadora: Dra. Ruth Seni Pinoargote.

EXTRACTO

Ahora bien, esta Corte no puede dejar de referirse a una serie de actos provenientes del señor Juez Tercero de Garantías Penales de Esmeraldas, en la incorrecta ventilación de la acción de protección N.º 087- 2009. El señor juez de instancia, en supuesta aplicación del artículo 86 numeral 4 de la Constitución, y a pretexto de dar cumplimiento de su infundada sentencia de acción de protección –que dispone el cumplimiento de una norma– ha dictado una serie de medidas; entre ellas, el 06 de julio del 2009 dictó orden de prisión preventiva en contra del accionante de la presente causa, por no cumplir con el plazo de 15 días previsto en su sentencia. Al no ser suficiente, el 13 de julio del 2009, más allá de la orden de prisión preventiva, dicta la prohibición de enajenar bienes respecto al Presidente del CONESUP, Dr. Gustavo Vega; luego, el 14 de julio del 2009 revoca la orden de prisión preventiva y dicta la medida cautelar de prohibición de salida del país.

Es decir, el juez constitucional de instancia, denominación que reciben los jueces de la justicia ordinaria cuando conocen de garantías jurisdiccionales –alejándose temporalmente de su función original de juez de garantías penales– en la fase de cumplimiento de la sentencia de acción de protección, ha excedido claramente sus facultades y ha expedido medidas cautelares, no sólo reales sino que incluso personales, respecto al accionado de la acción de protección. Al respecto, esta Corte señala de manera enfática, que la emisión de medidas cautelares personales o reales, no son de competencia del juez constitucional, aun tratándose de un juez de garantías penales, pues, como es obvio, su función como juez constitucional se circunscribe en la atribución prevista en el artículo 86, numeral 4 de la Constitución:

(…) Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar.

Por las razones expuestas, esta Corte, como consecuencia de la reparación integral que debe realizar respecto a los derechos constitucionales que han sido vulnerados por parte del Juez Constitucional de instancia, deja sin efecto todas las providencias emitidas por el juez constitucional en la fase de cumplimiento de la sentencia de protección. Por otro lado, por la serie de actuaciones arbitrarias cometidas por el juez constitucional en la tramitación de la causa, se solicita al Consejo de la Judicatura la adopción de cuanta medida administrativa y disciplinaria sea necesaria para juzgar la conducta del Juez de Garantías Penales de Esmeraldas.