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lunes, 16 de noviembre de 2015

Con transitoria o sin transitoria: la reforma constitucional es para darle más poder al poder.


La Asamblea Nacional creó hace aproximadamente un año, una Comisión Ocasional para el trámite de reforma a la Constitución (el segundo desde su vigencia hace siete años). Esta Comisión aprobaría esta tarde el informe para el segundo debate en que el Pleno de la Asamblea debe aprobar o negar la modificación constitucional.

Algunas reflexiones sobre este trámite y lo que más sorprende de él:

Durante este año la Asamblea ha realizado reuniones en todas las provincias del país y ha usado su aparato de comunicación para promocionar las enmiendas, no para debatirlas, que no es lo mismo. El debate implica el intercambio de opiniones distintas, el respeto a los interlocutores que no coinciden con las tesis propias, la disposición a cambiar de opinión. La publicidad es lo contrario, comunicación en un solo sentido, no se pretende escuchar al otro y sus razones, sino persuadirlo, convencerlo.

Los debates no han estado sobre la mesa. Desde hace varias semanas, los legisladores hablan de la posibilidad de no incluir una de las reformas o enmiendas y lo anuncian como resultado del diálogo. El único problema es que, a horas de que voten el segundo informe, no sabemos cuál o cuáles serían los temas excluidos. Un debate amplio y transparente incluiría el anuncio de qué temas se quedan fuera y por qué.

Finalmente, el presidente Correa (también hace pocos días) ha dicho que pedirá a la Asamblea que la reelección se autorice con una fecha posterior a la que le permitiría una nueva candidatura inmediata –al cumplir 10 años en el poder-. Nótese el eufemismo, a estas alturas nadie cree que la relación entre el Presidente y la Asamblea sea una cuestión de “pedidos”. Luego de que el Estado entero (en esta grave confusión que tiene el régimen, entre Estado y partido) ha usado todos los medios a su alcance para convencernos de que la reelección era buena, era democrática, era “ampliación de derechos”, hoy nos explicarán que esta decisión es una concesión, una prueba de sus convicciones democráticas, ¡por favor!

Luego de que varios asambleístas y dirigentes han hecho “de tripas, corazón”, se han enredado y desenredado buscando argumentos para la continuidad, la falta de alternancia, las reformas constitucionales y electorales hechas para sí mismos; hoy cambian el libreto, no por convicción sino por estrategia. ¿No les resultará difícil desdecirse tantas veces y de tantas formas?

Hoy la Asamblea, a través de la Comisión, estará un paso más cerca de borrar una regla fundamental para la democracia: la de ponerle límites al poder. La reelección, el control de la prensa a través de la reforma de la comunicación, la autorización para que militares realicen laborales regulares de seguridad ciudadana, la restricción para los casos de consulta popular, la eliminación de facultades a la Contraloría; con transitoria o sin transitoria son igual de graves. La Asamblea sigue en su línea de darle más poder al poder. 

viernes, 16 de octubre de 2015

¿Será que al Presidente no le gustó el resultado de los diálogos?


A partir del mal momento que enfrentó el gobierno vinculado al anuncio de las leyes de herencia y plusvalía (con lo que coincidieron otros motivos de descontento: casos de abuso de poder, la aparente inminencia de la aprobación de las enmiendas constitucionales, las primeras señales de la crisis económica), el presidente Correa escogió la estrategia del "diálogo" con diferentes sectores. Sin embargo,  anoche separó de su gabinete a quienes hace unos meses fueron escogidos como interlocutores de ese diálogo: Nathalie Cely (del Ministerio de la Producción) y Pabel Muñoz (de la Secretaría Nacional de Planificación). 

¿Cómo debería entenderse esta separación en relación a la anterior estrategia?  Es inevitable pensar que esta es sólo la confirmación de que el "diálogo" fue un pretexto para ganar tiempo, que los temas más incómodos y que provocan mayor resistencia van a mantenerse igual y no hay ninguna intención de cambio: seguirán ahí el Decreto 16 y la ley de herencias en la que el Presidente ha insistido hasta en la Asamblea General de la ONU; la reelección indefinida "va porque va", cambiará las normas laborales o tributarias cuantas veces quiera, etc., etc.  ¿Será que al Presidente no le gustó el resultado de los diálogos? 

Cada uno tendrá sus respuestas, pero sería importante conocer cómo se explican estos cambios quienes sí creyeron en el diálogo y hoy ven descalificados y separados del gobierno a aquellos que se presentaron /prestaron como los puentes ideales para reconstruir su confianza.

viernes, 9 de octubre de 2015

Los tres nuevos jueces de la Corte Constitucional del Ecuador: Francisco Butiñá Martínez, Pamela Martínez y Roxana Silva

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. El poder de la Corte según nuestro modelo de control constitucional es muy grande. Se trata de los jueces más importantes y más poderosos del país; la independencia de otras funciones del Estado, en particular del Ejecutivo, debería ser un requisito vital -más todavía cuando ya la concentración de poder del Presidente Correa es una de las mayores debilidades de la institucionalidad democrática-.

Los tres nuevos jueces (pues corresponde una renovación parcial), son precisamente lo contrario: sus vínculos con el partido de gobierno y el poder Ejecutivo son evidentes y parecería que uno de sus méritos es la incondicionalidad con ellos. Por otro lado, resulta imposible encontrar si han escrito un libro, un artículo, alguna investigación relacionada con el Derecho Constitucional, esa es la trayectoria que debería demostrar quien pretenda desempeñarse en esta Corte. 







jueves, 10 de septiembre de 2015

Solidaridad con Fundamedios y su trabajo


ILEGAL: 
Ni el procedimiento ni la facultad para hacerlo se encuentran regulados en una ley, están en un cuestionado Decreto Ejecutivo.

ABUSIVA Y ARBITRARIA: 
Fundamentan la disolución de una ONG en el hecho de que divulgan dos bitácoras (blogs) de crónica/opinión/análisis político. Pura libertad de expresión, aunque no les guste. 

SEÑAL DE LA DISTORSIÓN DE SUS PRIORIDADES: 
Frente a la crisis que vive y la que se avecina en el Ecuador (petróleo, dólares, fenómenos de la naturaleza), si el gobierno cree que su problema son los "blogs" políticos, están perdidos.

Más allá de que coincidamos con las opiniones de los blogueros, con las de Fundamedios, o con las de la SECOM, nuestras convicciones democráticas se juegan en defender el derecho de expresión de todos, de todas las ideas, de todas las opiniones; y en indignarnos contra la injusticia y el abuso, no importa contra quien se cometan.

Mi solidaridad con Fundamedios y todos aquellos que se ven amenazados directa o indirectamente por el Decreto 16.  

jueves, 3 de septiembre de 2015

Dos diarios procesados ante la Supercom, por denuncia de la Supercom, en relación a un remitido sobre la Supercom

Hoy la Supercom realizó audiencias por supuestas faltas cometidas por Diario La Hora y Diario Expreso, este proceso es el ejemplo perfecto para comprender de qué se trata y cómo se usa la Ley de Comunicación. Aquí la historia resumida (en el punto en que le parezca que rayan en el ridículo, no importa, siga leyendo, no es una broma).

Los hechos:

1. En un intento de pasar del caso emblemático o la anécdota sobre las resoluciones de la Supercom[1] emprendimos la tarea de mirar todas las decisiones de esta Superintendencia durante los dos primeros años de vigencia de la ley.

2. Con eso en mente,  tres abogados[2] -entre los que me encuentro- hicimos un análisis de los 269 procesos que con gran esfuerzo Fundamedios logró registrar (la Supercom no publicaba hasta ese entonces sus resoluciones en la web, así que para obtener los procesos se realizaron pedidos de acceso a la información pública en varios momentos y frente a las intendencias regionales y la nacional).

3. Con esa información, presentamos unos resultados preliminares a propósito del aniversario de la ley. Este informe (pueden revisar un resumen en http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/Opinion/ecuador-y-su-ley-de-comunicacion-un-retrato-en-cifras.asp?Miga=1 o http://estadodelderechoec.blogspot.com.co/2015/07/quienesganan-y-quienes-pierden-con-la.html )

4. El Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) envío una nota como remitido (es decir un anuncio pagado) a varios diarios. Este remitido consistía en la presentación de algunos de los datos del informe:

Remitido AEDEP
5. La Supercom exige a los diarios en los que se publicó el remitido, una rectificación (¡!). Lo hacen argumentando que sobre su labor debieran haber consultado fuentes oficiales y no “particulares”, para ser exactos, dicen:
Hacemos uso del derecho a la rectificación poniendo los datos precisos y del derecho a la réplica por cuanto no se tuvo la oportunidad de dar una versión oficial, aclarando además que las fuentes usadas para la difusión  de las mismas no son fuentes oficiales sino personas particulares”

Recomendamos verificar que los contenidos materia de propaganda, publicidad u opiniones que versen sobre instituciones públicas, asuntos públicos o asuntos de interés general tengan información confiable, ya que la difusión de estas ideas impacta en las decisiones de los ciudadanos de forma favorable o desfavorable. “


Con este argumento, una especie de obligatoriedad de consultar fuentes oficiales para una publicación que NO ES responsabilidad del medio sino del ciudadano que pide su publicación, ordenan publicar lo siguiente:




6. Diario La Hora y Diario Expreso se niegan a publicar la “rectificación” puesto que el contenido que la Supercom discute no consistía en noticia o información producida por el medio.

7. En vista de la negativa, la Supercom inicia un proceso contra los diarios por no haber permitido la réplica y llegamos a la caricatura del día de hoy: medios de comunicación procesados por la Supercom, por denuncia de la Supercom, por publicar un remitido con un estudio sobre lo que hace la Supercom.


#ElChisteSeCuentaSolo




[1] Agencia de control de medios y contenidos, creada por la Ley de Comunicación.
[2] Francisco Barbosa (abogado, colombiano, docente de la U. Externado de Colombia, especialista en temas de libertad de expresión, derecho sobre el cual escribió su tesis de doctorado), Pamela Sevilla (abogada, con una maestría, trabaja en Fundamedios), y yo.

viernes, 12 de junio de 2015

El debate de fondo es el modelo económico

La bancada de gobierno acaba de anunciar que eliminará la tabla que contiene el 77.5% como tarifa máxima para herederos indirectos. Esto no significa que se retira la ley que reforma el impuesto a las herencias, legados y donaciones; sólo que ya ninguna de las tablas incluirá esta tarifa que a todas luces era confiscatoria y mal intencionada.  El anuncio parece ser un cambio de opinión respecto de las palabras del Presidente Correa el día de ayer que al afirmar que asumiría el costo político de la ley, no parecía estar dispuesto a dar marcha atrás en ninguno de sus aspectos.

A pesar de lo anterior, este cambio no resuelve el debate de fondo el país. El tema del impuesto a las herencias se ha convertido en un detonante de ya meses de decisiones económicas erráticas; en los que el gobierno nos lleva de la reconciliación con los organismos internacionales, la firma del TLC con Europa, las reuniones con el empresariado nacional; a las propuestas emblemáticas del neomarxismo en cuestión de semanas.

Los dirigentes de gobierno no pueden seguir presumiendo que todas sus posturas son desde los principios y todas las críticas desde los intereses individuales o sectoriales. La discusión sobre el impuesto a las herencias va más allá de cuánto alguien espera recibir o dejar como herencia; tiene relación directa con el modelo económico, el papel del Estado en generar condiciones para la producción y el empleo, y también la aspiración de la mayoría de ecuatorianos de superar la iniquidad pero facilitando para todos el acceso al crédito, a la vivienda, a la propiedad.

En este contexto, no hay voluntad de diálogo ni de rectificación posible, mientras este debate se plantee a través de una ley "económica urgente" que tiene un plazo de 30 días (desde su presentación para ser aprobada). Este proyecto no tiene ninguna urgencia ni una repercusión económica inmediata (favorable) si se aprueba en tres semanas más. Un debate de esta naturaleza exigiría retirar la ley e incorporar a los diversos en una discusión de presente y futuro sobre el modelo económico que se debería fortalecer en el Ecuador.


jueves, 11 de junio de 2015

Para los problemas de la democracia, más (y mejor) democracia

Del blog de Ruptura 
http://rupturaecuador.blogspot.com/2015/06/para-los-problemas-de-la-democracia-mas.html 

Funcionarios de gobierno, ministrosasambleístas, se han mostrado indignados frente a las protestas de estos días en la ciudad de Quito. Más allá de los temas que se han convertido en el detonante en la capital y otros lugares del país (impuestos confiscatorios que merecen su propio análisis), los dirigentes del movimiento de gobierno no pueden reaccionar con semejante sorpresa cuando han bloqueado sistemáticamente todos los mecanismos institucionales para procesar los conflictos y las diferencias.
La democracia es precisamente la forma de confrontar y procesar pacífica (y racionalmente) los conflictos en una sociedad. Lo que hemos visto en estos últimos años es el intento de imponer una visión reduccionista de la democracia: “somos más”. La democracia asimilada a la regla de mayorías, más la institucionalidad cooptada, cómplice, complaciente.  

Es larguísima la lista de ejemplos de herramientas democráticas, legítimas, legales que se han emprendido y que han sido negadas y bloqueadas desde el gobierno: la consulta de los Yasunidos, las distintas iniciativas para llevar a consulta popular el tema de la reelección indefinida, la negativa para la consulta Íntag o al sólo intento de poner en debate lo relativo al Bloque 31; el bloqueo de todos los intentos de emprender un proceso de revocatoria del mandato en contra de los asambleístas de gobierno; la disolución ilegal de partidos políticos; la persecución de organizaciones, dirigentes, observatorios, cuando interponen una denuncia; el acoso a los críticos ya sea a través de la Policía (Caravana Climática), a través de los medios de comunicación o en redes sociales; o simplemente la imposibilidad absoluta de recibir protección por parte de un sistema judicial tomado por el Ejecutivo.

Lo que pasa en estos días no puede mirarse de forma aislada, es exactamente lo que tenía que suceder luego de llevar al extremo el control, la represión, la vigilancia. Es lo que pasa cuando terminan –en la práctica- con las vías institucionales o cuando ya no existe ninguna confianza en ellas. Si nos quitan los recursos judiciales, los medios de comunicación, las organizaciones de sociedad civil, los partidos y movimientos políticos, la consulta popular, la posibilidad de revocatoria del mandato, parecería que sólo queda la calle, y por supuesto que hay que ocuparla, pero no será suficiente para reconstruir las herramientas democráticas que se requieren para que el Ecuador tenga presente y futuro para todos. Vamos a requerir de mucha organización, reflexión, generosidad política; un esfuerzo por pensar en el país y evitar que nos gobiernen las pasiones y los odios, que es precisamente lo que ha llevado al gobierno hasta este punto.

No creemos en la polarización como camino, el gobierno es responsable de este desfogue democrático y sus consecuencias. Los ecuatorianos debemos construir propuestas que superen el oportunismo electoral frente al descontento popular, ahí está el desafío de construir democracia más allá de lo electoral.

Movimiento Ruptura

martes, 9 de junio de 2015

Impugnaciones ante el CNE contra postulantes al Consejo deParticipación Ciudadana


El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) fue creado como un espacio de representación de los ciudadanos que no reconozcan o participen en los canales de representación tradicional: partidos y movimientos políticos, presentes en el Legislativo. Se pretendía también evitar bloqueos políticos en determinadas decisiones y conseguir mayor independencia de los poderes políticos, en particular del Ejecutivo, pues a través de este Consejo se designan los órganos de control que requieren autonomía para cumplir sus funciones.

El paso del tiempo nos ha mostrado que el CPCCS es uno de los peores resultados de la Constitución de Montecristi (probablemente por su diseño, seguro por la incontinencia política que no resistió la tentación de cooptarlo y que no le dio ni el menor margen de acción por fuera de lo que sea funcional). El Consejo se ha convertido en un mecanismo de institucionalización y control de la participación y una fórmula para librar responsabilidad y darle apariencia de objetividad y concurso de méritos a la cooptación política de un importante poder. El CPCCS ha servido para pasar con este simulacro de concurso, lo que sería impresentable si se hace directamente en el Congreso: nombrar a esposos, esposas, hijos y ex colaboradores.

Ya en lo formal, la sola presunción de falsedad de certificados, sería causa suficiente para excluir a estos participantes del proceso, según el artículo 8 del Reglamento (PLE-CNE-7-22-1-2015, del 22 de enero de 2015)  “… Previo informe de la Comisión de Apoyo y en caso de presumirse que algún dato incluido en la postulación o de los documentos presentados, incurra en falsedad o adulteración, la o el postulante será excluido del concurso…”

Los invito a revisar un resumen de los argumentos en los que se fundamenta la impugnación que he presentado la semana anterior ante el CNE, en contra de los siguientes postulantes:

Edwin Jarrín
Vinculación con el Ejecutivo
El postulante Edwin Jarrín fue Secretario de Estado, cargo de confianza política del Presidente de la República de quien también fue su asesor.

“Errores” en los certificados
Documento número 395 del postulante: el Sr. Luis Narváez Córdoba, Presidente de la Federación Indígena de Nacionalidad Cofán del Ecuador (FEINCE), indica “Que el Sr. Edwin Leonardo Jarrín Jarrín, portador de la cédula de identidad N° 170853291-4, ha trabajado con la organización activamente en acompañamientos en planes estratégicos, contribuyendo de manera especial al fortalecimiento y consolidación de la Federación Indígena de la Nacionalidad Cofán en los temas de participación y organización. Los aportes en los procesos de organización social promoviendo la participación democrática han sido ejes fundamentales para la construcción de este nuevo proyecto social de transformación ciudadana. Por lo tanto expresamos nuestro respaldo y apoyo al compañero como representante al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”.

El certificado tiene fecha 6 de noviembre de 2008, fecha en que aún la Constitución no había entrado en vigencia, ni tampoco el señor Jarrín era candidato a conformar el Consejo.


Doris Lucia Gallardo Cevallos
Vinculación directa con el Ejecutivo
Asesora de la Presidencia de la República entre 2008 y 2012. Directora del Consejo de la Judicatura (en el periodo actual del CJ); integró el equipo de selección del actual Consejo Nacional Electoral, órgano que hoy está a carga de este proceso y de quien depende la presente impugnación.

Información omitida en declaración patrimonial
La postulante Gallardo es accionista de la empresa VENEGAS Y ASOCIADOS (verificados por superintendencia de Compañías y SRI. En sus declaraciones patrimoniales juramentadas presentadas a la Contraloría General Del Estado, nunca incluyó estas acciones dentro de su patrimonio, incumpliendo deliberadamente lo contenido en el artículo 13, numeral d) de la Ley que regula la presentación de las Declaraciones Juramentadas.

Manipulación del concepto acción afirmativa
La acción afirmativa nace con el fin de promover la igualdad real a favor de los titulares de derechos que encuentren situación de desigualdad y con el fin de reparar los daños históricos a los grupos vulnerables; en el caso de la ruralidad la desigualdad esta dada por las necesidades básicas insatisfechas, por la falta de oportunidades en la zona, por la necesidad de migrar a las zonas urbanas para salir de la pobreza. Es anti ético usar esta acción afirmativa de ruralidad si la conexión con la ruralidad se da por vivir en un barrio residencial ubicado en uno de los valles aledaños a Quito.


Yolanda Raquel González Lastre

Vinculación directa con el Ejecutivo
Subsecretaria de Pueblos y Nacionalidades, en la Secretaría Nacional de Gestión de la Política.

Vinculación directa con el partido de gobierno, en su hoja de vida, presentada al concurso incluye lo siguiente:

Miembro de la Directiva Provincial de Guayas, 2012.
Miembro de la Comisión Provincial de Formación y Capacitación Política,2012
Responsable del Equipo de Capacitación Política Provincial Guayas 2006: Formación de formadores y facilitadores
Miembro del Equipo de Nacional de Capacitación Política PAIS 2006 -2007 Conformación de las Escuelas de Formación Política en 22 provincias del País.
Conformación de Facilitadores Provinciales de Formación Política: 750 facilitadores a nivel nacional.
Miembro del Equipo Nacional de Formación Política del Movimiento, 2007 2008 :
- Conformación de las Escuelas de Formación Política en 22 provincias del País.
- Conformación de Facilitadores Provinciales de Formación Política: facilitadores a nivel provincial y cantonal ( Formación Ciudadana/ Asamblea Constituyente)
- capacitación delegados a juntas receptoras y control del voto


Entre sus certificados de iniciativas de participación ciudadana se encuentra uno en que  la Sra. Emperatriz Barco, Presidenta del Comité Promejoras del Bloque 5 certifica que capacitó en temas del COIP (Código Orgánico Integral Penal). Aunque sorprende que siendo su formación como licenciada en Educación Física tenga las herramientas para hacer una capacitación en complejos temas de Derecho Penal, lo verdaderamente alarmante es que haya hecho la capacitación en noviembre del 2010 cuando el Código entró en vigencia en agosto de 2014. O la señora González tiene poderes de clarividente para dar clases sobre un Código que se aprobaría 4 años después, o debería sospecharse que presentó certificados forjados con el objeto de obtener el puntaje necesario en el concurso.  


Tania Elizabeth Pauker Cueva

Vinculación con el Ejecutivo
Cargos de confianza desempeñados en este periodo:
Directora Técnica del Instituto para el Ecodesarrollo Amazónico, Ecorae Asesora 5 de la Vicepresidencia de la República
Subsecretaria de Coordinación Política en el ministerio de Gobierno
Ha sido contratada por tres ocasiones distintas como funcionaria de SENPLADES

Otro factor de su cercanía con el régimen se relaciona con que es la esposa del asambleísta de Mov. PAIS Carlos Viteri Gualinga


Irregularidades en la documentación presentada
En la hoja numerada 93 la organización COMAGA expide certificado sobre actividades de la postulante con hoja membretada que contiene número telefónico de su oficina. Este número tiene 7 dígitos pero la reforma que incluyó el dígito adicional es del año 2008. Evidencia de que el documento no fue otorgado en la fecha que ahí se señala.

En el documento 99, un ex diputado del Napo, emite certificado el 27 de febrero del 2003 refiriéndose a actividades supuestamente desarrolladas por la postulante desde febrero de 1999 hasta abril del 2003, es decir certifica actividades que sucederían un mes después de la fecha de su firma.

Postulante no declara acciones en la compañía Dávila Pauker Construcciones S.A., de la que fue gerente general hasta el año 2010. Aunque la compañía fue disuelta en 2013, debió haber declarado su participación desde el 1999 hasta ese año cuando era funcionaria pública y tenía esa obligación.


La postulante Pauker consta como gerente general de EVALPEOPLE CORP desde 2008 hasta que la compañía fue disuelta en 2012. Esta compañía tiene obligaciones pendientes con el SRI y Superintendencia de Compañías que se remiten a su periodo como gerente general.

viernes, 15 de mayo de 2015

Las mujeres no somos sumisas, en Diario Expreso

Entrevista publicada en Diario Expreso, viernes 15 de mayo de 2015
Si bien es destacable que tres mujeres vuelvan a dirigir la Asamblea Nacional, ¿cree usted en la renovación?
Que las mujeres conduzcan la Asamblea es simbólicamente muy importante. Sin embargo, creo que en este caso hay una gran manipulación del tema. Las mujeres somos el pretexto para suavizar la magnitud de las medidas y, además, la pregunta es cuál es el resultado de su gestión. Y no solo de su gestión, sino cuáles son las características con las que ejercen el poder.
¿Y cuál es la valoración que usted da a la gestión de ellas?
Tengo una valoración general de la Asamblea. Ellas conducen la Asamblea, pero el pleno ha tomado algunas decisiones. Para mí esta Asamblea ha tenido en sus manos temas que van a convertirse en hitos de la política. Esta es la Asamblea que autorizó la explotación del ITT, que permitió que se elimine el aporte del 40 % a las pensiones jubilares, que aprobó la Ley de Comunicación, que reformará la Constitución en un claro retroceso democrático. Es un periodo triste para la historia legislativa.
La asambleísta Marcela Aguiñaga dijo: "Seré sumisa una y mil veces cuando se trate de luchar y reivindicar los derechos de la mujer". ¿Es la sumisión una característica de las mujeres en cualquier circunstancia?
Todo lo contrario. La reivindicación de las mujeres es en contra de esa sumisión que la sociedad pretende imponer al sexo femenino. La reivindicación de los derechos de las mujeres es de la autonomía, no de la sumisión... La declaración de la asambleísta Aguiñaga no nos deja bien paradas a las mujeres. La idea de la sumisión como la cualidad de mujeres que ocupan un espacio tan importante de poder es contradictoria con ese símbolo. Porque nos dicen que aquí hay unas mujeres ejerciendo el poder y luego nos dicen que están ahí para ser sumisas.
La asambleísta dijo esa frase en respuesta a la vicealcaldesa de Guayaquil, Doménica Tabacchi, quien lideró una reunión de un frente de mujeres. ¿Qué opina de este colectivo femenino a favor del respeto y la democracia?
No tengo ninguna opinión sobre esa reunión. Sin embargo, las declaraciones de la asambleísta Aguiñaga, a pesar de que en el tema de la sumisión provocaron muchas más reacciones, me parece que hay que ponerle atención a lo que se refirió a la separación de poderes. Dijo que nos debería quedar claro que no existe la separación de poderes. Es una grave señal en boca de quien es la vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Desde la conducción de la Asamblea Nacional es la aceptación de un nuevo retroceso democrático. Que la sola idea de la división de poderes sea negada es muy delicado para el país.
Alfonso Albán Espín
albana@granasa.com.ec - Guayaquil