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jueves, 9 de diciembre de 2010

SOBRE REFORMA PENAL: Informe para primer debate.


CONTEXTO DE LAS REFORMAS

El poder legislativo ha tramitado 15 reformas en materia penal en los últimos cinco años:

- Ley Reformatoria al Código Penal que tipifica los delitos de explotación sexual de los menores de edad (R.O. No. 45 de 23 de junio de 2005).
- Ley Reformatoria al Código Penal, que tipifica el delito denominado “secuestro express” (R.O. No. 154 de 28 de noviembre de 2005).
- Ley Reformatoria a los Códigos de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social; y, de Procedimiento Penal (R.O. No. 227, de 13 de marzo de 2006).
- Ley Reformatoria al Código Penal y a la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios (R.O. No. 231, de 17 de marzo de 2006).
- Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Judicial y al Código de Procedimiento Penal (R.O. No. 238, de 28 de marzo de 2006).
- Ley Interpretativa del artículo innumerado incorporado por el artículo 9 de la Ley Reformatoria del Código Penal, publicada en el Registro Oficial No. 45, de 23 de junio de 2005 (R.O.S. No. 350 de 6 de septiembre de 2006).
- Ley Reformatoria al Código Penal (R.O. No. 412, de 7 de diciembre de 2006).
- Ley Reformatoria al Código Penal (R.O.S. No. 427, de 29 de diciembre de 2006).
- Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y al Código Penal (R.O.S. No. 170, de 14 de septiembre de 2007).
- Ley Interpretativa del artículo 169 del Código de Procedimiento Penal (R.O.S. 2, No. 194, de 19 de octubre de 2007);
- Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal (R.O.S. No. 203, de 1 de noviembre de 2007).
- Ley Reformatoria al Código de Ejecución de Penas y Código Penal para la transformación del sistema de rehabilitación social (R.O.S. 2 No. 393, de 31 de julio de 2008).
- Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal (R.O.S. No. 555, de 24 de marzo de 2009).
- Ley Reformatoria al Código Penal que tipifica el delito de genocidio y etnocidio (R.O.S. No. 578, de 27 de abril de 2009).
- Ley Reformatoria al Código Penal y Código de Procedimiento Penal, (R.O.S. No. 160, de 29 de marzo de 2010).
- Ley Reformatoria al Código Penal para la tipificación de los delitos cometidos en el servicio militar y policial (R.O.S. No. 196, de 19 de mayo de 2010).


La Comisión de Justicia quiere dejar constancia de su firme convicción respecto de que la reducción de los índices de la delincuencia no es una consecuencia directa o automática de la reforma legal. Si bien las reformas pueden incidir, es necesario tomar en cuenta que las leyes son aplicadas por las y los jueces, fiscales, defensores, policías e incluso abogados y abogadas; y si ellos no cumplen a cabalidad con sus funciones, el sistema de justicia está destinado a colapsar.

Los datos demuestran que la mayoría de denuncias ingresadas en el 2009 fueron desestimadas por la Fiscalía General del Estado, esto es 139.780. Esto abre una brecha entre el número de denuncias ingresadas y el número de sentencias condenatorias.

En el informe realizado por el Dr. Luis Pásara para Projusticia, se analizó la producción judicial en el periodo que comprende los años de 2002 a 2008, en que ingresaron a los tribunales penales 40.327 causas, de las cuales fueron resueltas 23.006, lo que equivale a una falta de resolución o acumulación de más de 17.231 causas. Cabe resaltar que la mayor cantidad de “resoluciones” se producen gracias a la desestimación de los casos; es decir el fiscal decide no continuar con los procesos. Por tanto, en siete años los tribunales penales resolvieron sólo un poco más de la mitad de las causas ingresadas.
Asimismo, los Tribunales Penales convocaron en la provincia del Guayas, en el periodo comprendido de enero a mayo del año 2009, a 1814 audiencias; sin embargo, de ellas no se realizaron 1507, lo que da un total de 87% de audiencias fallidas. De las 1507 audiencias fallidas, 1049 de ellas no se efectuaron por responsabilidad de la Fiscalía (69.6%); y, el restante 30,4% fue atribuible a otro tipo de causas .
Incluso, el Relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, profesor Philip Alston, en un comunicado de prensa de 15 de julio de 2010, señaló que el sistema penal ecuatoriano es altamente disfuncional. “Este sistema consiste en un servicio policial que en escasas ocasiones realiza una investigación seria y sustanciada de los homicidios; un servicio de investigación fiscal que parece más preocupado por las relaciones públicas que por la condena de los autores de graves crímenes y un sistema judicial que ha sido condenado casi de manera generalizada por su ineficiencia mala gestión. Estos problemas se ven agravados por alegaciones de corrupción de la mayoría de niveles” .

Si bien ya han sido aprobados muchos cambios para la reforma y reestructuración de la administración de justicia, tanto a través de reformas penales como por la expedición del nuevo Código Orgánico de la Función Judicial, varios no se han puesto en práctica debido a la falta de actuación no solamente de jueces, policías y fiscales, sino también del Consejo de la Judicatura.
Es decir, el buen funcionamiento del sistema judicial no depende de la Asamblea Nacional; cada uno de los actores involucrados con la justicia debe asumir su responsabilidad en el mal funcionamiento del sistema, y sobre todo trabajar para la solución de este problema.
Una vez realizada esta aclaración, se analizan a continuación los temas objeto de la presente reforma:



1. Reformas al Código Penal



Valerse de niños, niñas y adolescentes para cometer la infracción
Las probabilidades de que una persona adulta se encuentre detrás de las acciones de un niño, niña o adolescentes que comete algún ilícito, son altas. Si bien en este caso el adulto podría ser procesado como autor intelectual de la infracción (figura regulada ya por el Código Penal), la Comisión de Justicia ha considerado adecuado, además, incorporar esta circunstancia como uno de los agravantes de la infracción, por lo que ha reformado el artículo 30 del Código Penal.


Igualmente, en el artículo 162 relativo al delito de portar armas de uso militar o policial sin el permiso necesario, se ha incorporado un inciso por medio del cual se sanciona con severidad a quien proporcione, venda o facilite un arma de fuego a un niño, niña o adolescente.

Finalmente, se cambió el artículo sobre la instigación para delinquir, para que la persona que incite a un niño niña o adolescente a cometer un ilícito sea sancionada con pena de tres a seis años de reclusión menor ordinaria, dependiendo del delito.

Delitos de odio
Mediante ley publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 555, de 24 de marzo de 2009, la Asamblea Nacional incorporó un capítulo innumerado denominado “De los Delitos de Odio”, en el Título II del Libro II del Código Penal, en el que se incluyeron como infracciones las conductas que incitaran al odio, desprecio o violencia física o moral contra una o más personas por diversas categorías de discriminación.


La Comisión ha considerado ampliar las circunstancias por las que puede entenderse un delito como de odio, para adecuarlas a la Constitución, en particular el numeral 2 del artículo 11, y se han reformado dichas normas para que consten razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad y diferencia física.

Prevaricato
La Comisión aceptó la sugerencia del asambleísta Leonardo Viteri de aclarar el artículo del prevaricato, para que no quede duda de que también pueden cometerlo los fiscales, quienes serán sancionados con pena de uno a cinco años de prisión si por interés personal, afecto o desafecto a alguna persona o en perjuicio de la causa pública o de un particular, resuelven o no dictar instrucción fiscal o dictaminar en contra ley expresa.


Comercialización ilícita de combustibles derivados de hidrocarburos

En el capítulo que contiene los delitos relativos a la comercialización ilícita de combustibles derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, la Comisión ha acogido la propuesta del Ejecutivo de incrementar las penas. Así, para el almacenamiento, transportación y comercialización sin la debida autorización, la pena de prisión de uno a tres años, se ha sustituido por pena de tres a seis años de reclusión menor ordinaria.


En el delito de adulteración de derivados de hidrocarburos, la pena de dos a tres años de prisión se incrementó a tres a seis años de reclusión menor ordinaria. Para el uso indebido de derivados de hidrocarburos, la pena que era de un año de prisión, se sustituyó por tres años de prisión. Finalmente, se reformó el delito de paralización o suspensión injustificada del servicio público de expendio o distribución de combustibles, para que tenga multa de cien a quinientas remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general, y pena de uno a tres años de prisión.

Asociación ilícita
Se ha contemplado, dentro del capítulo relativo a las asociaciones ilícitas, pena para quienes, sin estar comprendidos en los casos señalados en esas normas, participen de organizaciones o asociaciones ilícitas, que serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años.


Medio ambiente
Entre los delitos contra el medio ambiente, la Comisión ha incorporado una norma para que, tanto la maquinaria como los equipos que hubieren sido utilizados en actividades ilegales de minería, extracción de madera, explotación de recursos naturales o en su comercio clandestino, sean objeto de comiso especial, y los propietarios estén sujetos a una multa de quinientas a mil remuneraciones básicas unificadas y prisión de uno a tres años.
Vehículos sumergibles o semisumergibles
La Comisión de Justicia aceptó la propuesta del asambleísta Mauro Andino de incorporar, dentro del Título relativo a los delitos contra la seguridad pública, un capítulo con la regulación de la utilización de sumergibles o semisumergibles. En tal virtud, la persona que sin autorización legal financia, construye, posea, trafique o utilice uno de estos vehículos, tendrá pena de reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años. Si el vehículo se utiliza para el tráfico de personas, estupefacientes, armas, explosivos, sustancias radioactivas, la pena se incrementa a reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años.
“Sicariato”
Varios de los proyectos de reforma propuestos se refirieron al tema del asesinato por pago o recompensa, denominado comúnmente “sicariato”. Todos ellos coincidían en la necesidad de que se penalice más severamente esta conducta, aunque diferían en el mecanismo para hacerlo. Así, unas propuestas sugirieron tipificarlo como un artículo independiente, mientras que para otras, la reforma debía ser al artículo del asesinato.


La Comisión de Justicia consideró, en primer lugar, que la conducta conocida como “sicariato”, se encontraba ya tipificada en el artículo 450 del Código Penal que dispone: “Es asesinato y será reprimido con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, el homicidio que se cometa con alguna de las circunstancias siguientes: (…) 2a.- Por precio o promesa remuneratoria”. Sin embargo, también coincidió con las propuestas en el hecho de que debía prestarse atención especial a estos actos, debido a su incremento y a la alarma que generan en la ciudadanía.


En tal virtud, entendiendo que el sicariato es una forma agravada de asesinato, decidió reformar el artículo 450 del Código Penal para que, cuando el homicidio hubiere sido cometido por un sicario, la pena sea mayor: veinticinco a veintiocho años de reclusión mayor especial (a diferencia del rango de 16 a 25 hoy vigente). También se contempló bajo esta misma pena al caso en que el adulto se valiere de uno o más niños, niñas o adolescentes en la comisión del homicidio.

Es importante señalar que, de manera expresa, la norma dispone que en estos casos no solamente se sancione a quien ejecutó el acto, sino también a quien ofreció, facilitó o entregó el medio de pago o la recompensa.
Asimismo, se sancionan aquellos casos en los que los actos de preparación, organización y planificación se realizaren en otro país. Se decidió también que la prescripción de estos delitos sea de veinte años.


Incesto

En el artículo 512 del Código Penal, la Comisión de Justicia agregó como una circunstancia agravante el hecho de que la víctima fuere pariente hasta en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el agresor.


Lamentamos el error en el que incurrió el Ministerio de Justicia en su proyecto de reforma, en el que sugirió incorporar un artículo en el que se tipifique el incesto únicamente cuando el delito sexual se cometa contra hermanos o hermanas o descendientes entre los 14 y 18 años de edad, y dándole exactamente la misma pena que a cualquier otro caso de violación de una persona mayor de 14 años (doce a dieciséis años de reclusión mayor extraordinaria).

Casas de juego
En virtud de la reforma realizada a la Ley para reprimir el Lavado de Activos, que crea procedimientos expeditos para combatir este delito y otorga un conjunto de facultades importantes a la Unidad de Análisis Financiero, la Comisión decidió elevar las penas para los que establezcan casas o mesas de juegos sin permiso de la autoridad respectiva, con el fin de combatir los circuitos ilegales de juego clandestino.


Aumento de la reclusión mayor especial
La Comisión ha hecho un incremento en el rango de duración de la pena de reclusión mayor especial; actualmente es de dieciséis a veinticinco años, y se sugiere que se establezca de dieciséis a veintiocho años.

Acumulación de penas
Se decidió la reforma del artículo relativo a la concurrencia de infracciones, para simplificar sus reglas y consecuentemente su aplicación. En consecuencia, cuando concurran varios delitos reprimidos con reclusión, o reclusión y prisión, las penas serán acumulables hasta un máximo de treinta y cinco años; si concurren varios delitos reprimidos con prisión, la acumulación será de hasta un máximo de quince años; y finalmente, las penas de comiso especial en virtud de varias infracciones concurrentes, serán siempre acumuladas.


Por la consideración anterior, se decidió aceptar las propuestas del asambleísta Andrés Páez, del Presidente de la República y de otros proponentes que coincidían en el tema.


Vagos y mendigos
Por tratarse de un tipo penal anacrónico y en desuso, la Comisión aceptó la propuesta del Juez Primero de Garantías Penales de Pichincha de eliminar los artículos relacionados con la penalización de vagos y mendigos.


Usura
La Comisión ha hecho una reforma importante respecto de la usura, para aclarar que el que otorga crédito con intereses superiores a los legalmente permitidos, incurre en este delito, y que no necesita que su actividad sea habitual (como lo exige el tipo penal vigente). Asimismo, se aumentó la pena, que era de prisión de seis meses a dos años y multa de dieciséis a trescientos once dólares, a reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de cien a quinientas remuneraciones básicas unificadas.


Se estableció también, expresamente, que en estos casos se ordenará que se devuelva a la víctima todo lo que hubiere pagado ilegalmente, así como lo que hubiere hipotecado o prendado para pagar su deuda.


Uso de sustancias como escopolamina
Acogiendo la propuesta realizada por el asambleísta Vicente Taiano, la Comisión agregó, en el delito de robo, la circunstancia de ejecutar la infracción utilizando sustancias como la “escopolamina”, drogas, sustancias psicotrópicas, alcaloides o de otro tipo, con el fin de someter a la víctima o de dejarla en estado de somnolencia, inconsciencia o indefensión, o para obligarla en este estado a ejecutar actos que, con conciencia y voluntad no los habría ejecutado. La pena para esta conducta será de reclusión menor de seis a nueve años.


2. Reformas al Código de Procedimiento Penal



Falta de denuncia
De conformidad con el artículo 33 del Código de Procedimiento Penal, el ejercicio de la acción pública corresponde exclusivamente al fiscal, sin necesidad de denuncia previa. Para aclarar el papel del fiscal, se ha agregado expresamente que éste no podrá alegar falta de denuncia o falta de acusación particular para ejercer la acción pública, y se incluyó que para ello no constituirá requisito de procedibilidad el informe previo de la Contraloría General del Estado o de algún otro organismo de control sobre indicios de responsabilidad penal.

Atribuciones de la Policía Judicial
Por sugerencia expresa de los representantes de la Policía Judicial, se han ampliado sus facultades de investigación, para que puedan desarrollar su trabajo de manera más eficiente.

Suspensión condicional del procedimiento
Se realizó una reforma al artículo relativo a la suspensión condicional del procedimiento, para que opere con el acuerdo del ofendido y no en los delitos que se sancionan con reclusión. Esta decisión se adoptó porque la figura se está usando en forma indebida.

Orden internacional de detención
La Comisión aceptó la sugerencia del asambleísta Andrés Páez regular el caso de personas que, estando en el territorio ecuatoriano, han cometido delitos en el extranjero y sean requeridas por los canales de la Organización Internacional de Policía Criminal, con el fin de facilitar su entrega a las autoridades correspondientes.

Investigación de delitos sancionados con reclusión
Se ha aceptado la propuesta del asambleísta Mauro Andino de incorporar las figuras del agente encubierto, delación compensada y entrega vigilada, con la finalidad de mejorar la investigación de delitos sancionados con reclusión.


Medida cautelar
Se ha agregado como medida cautelar real la clausura del local o establecimiento utilizado para la actividad delictiva.

Caducidad de la prisión preventiva
Se ha agregado una disposición para que el juez, cuando se produce la caducidad de la prisión preventiva, disponga obligadamente que el procesado se presente periódicamente ante él y la prohibición de ausentarse del país. Asimismo, se ha agregado la posibilidad de que, cuando caduque la prisión preventiva, la jueza o juez de garantías penales disponga la utilización de dispositivos de ubicación satelital y geoposicionamiento global que permitan conocer su ubicación exacta.

Revisión de medidas cautelares
La Comisión decidió mejorar la redacción del artículo relativo a la revisión de medidas cautelares, para que no quede duda de que la prisión preventiva no puede ser sustituida por otra medida cautelar personal en los delitos contra la administración pública, delitos de los que resulta la muerte de una o más personas, delitos sexuales, de odio, de los sancionados con pena de reclusión o cuando exista reincidencia.

Sorteo de jueza o juez de garantías penales en control de instrucción
En el artículo 217, se ha aceptado la propuesta del Fiscal de incluir expresamente que el sorteo que determine la competencia de la jueza o juez de garantías penales que debe intervenir en el control de la instrucción, se realice en el término máximo de dos días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud del fiscal.

Plazo para resolver el recurso de nulidad
Se ha incluido, en el artículo 336, un inciso que ordena a la sala de la Corte Provincial que conozca el recurso de nulidad, lo resuelva en un plazo máximo de veinte días; y si se incumple injustificadamente el plazo establecido, se sancionará a los jueces por infracción grave de conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial.

Apelación en efecto devolutivo
La Comisión ha agregado que el recurso de apelación de las sentencias dictadas en proceso simplificado, proceso abreviado, y las que declaran la culpabilidad o confirman la inocencia del acusado, se concederá en efecto devolutivo.

Procedimiento simplificado
Se fijó como competente para resolver este tipo de procedimientos al juez de garantías penales en lugar del tribunal de garantías penales. Se ha aclarado, también, la naturaleza del procedimiento, y se salvaron algunas dificultades respecto al derecho a la defensa, en virtud del poco tiempo de preparación, así como se limitaron las facultades de la Fiscalía respecto del monto de la condena.

Extranjeros privados de libertad
Se ha incluido una disposición por la que toda persona extranjera privada de libertad que solicite ser trasladada a su país de nacionalidad de conformidad con los tratados o convenios internacionales vigentes o bajo el principio de reciprocidad, podrá pedir al tribunal que dictó la sentencia la exoneración de las multas impuestas en sentencia, cuando el agraviado sea únicamente el Estado, o cuando se haya satisfecho completamente la reparación civil fijada expresamente en la sentencia a favor de otros agraviados.

3. Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia.

Castigos más severos para adolescentes que cometen actos reñidos con la ley
Además de castigar de forma más severa a los adultos que se valen de niños, niñas y adolescentes, la Comisión ha considerado necesario enviar un mensaje de mayor severidad en el castigo de adolescentes infractores que cometan delitos graves. Si bien los adolescentes deben, por mandato Constitucional, ser tratados de forma diferenciada de los adultos, también es cierto que deben tener una consecuencia cuando cometen una falta grave. En tal virtud, se ha reformado el Código de la Niñez y Adolescencia para incrementar la pena de internamiento institucional en la comisión de infracciones que en la legislación penal ordinaria se sancionan con reclusión.

Asimismo, se ha dispuesto que las personas que cumplan veintiún años en los centros de internamiento, deberán ser trasladadas de forma inmediata, para que finalicen con el cumplimiento del tiempo de la medida en los Centros de Rehabilitación Social correspondientes.

4. Reformas al Código de Ejecución de Penas

La reforma realizada al Código de Ejecución de Penas se ha hecho en el sentido de permitir, cuando exista sentencia condenatoria ejecutoriada en contra de ciudadanos extranjeros, el cumplimiento de la pena en el país de origen o de la nacionalidad del procesado, de conformidad con los convenios internacionales existentes.

Asimismo, en el artículo relativo a los criterios para la concesión de rebajas, se ha dispuesto que éstas operen hasta por un máximo del 30% de la pena impuesta al detenido, y que no se concedan en los delitos de plagio, asesinato, delitos sexuales, trata de personas, delitos contra la administración pública o por crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra, de agresión, determinados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Además, de manera expresa se consagró que no procederá ninguna rebaja en casos de reincidencia, cuando se haya recibido pena por acumulación, o cuando se hubiere cometido el delito en contra de un niño, niña o adolescente.

5. Otras consideraciones

Sanciones a jueces y fiscales que sean responsables de la caducidad de la prisión preventiva y otras faltas relacionadas
Algunos proyectos sugerían sancionar a los jueces y fiscales que sean responsables de permitir la caducidad de la prisión preventiva. Esta sanción ya existe y está en vigencia desde hace más de un año en el Código Orgánico de la Función Judicial. La Comisión de Justicia ha propuesto, inclusive, incrementar la sanción a través de la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, cuyo informe para primer debate fue ya presentado al Presidente de la Asamblea Nacional.

Propuesta sobre la detención obligada
La Comisión considera necesario referirse a esta propuesta, pues se ha señalado que la caducidad de la prisión preventiva sería una de las causas de la impunidad, y ésta a su vez, causa de los altos índices de delincuencia. En ese sentido, se sugirió crear una nueva forma de privación de libertad que se denominaría “detención obligada” (proyecto de la asambleísta Cynthia Viteri y otros).

Al respecto caben las siguientes reflexiones:
Como ya se planteó en un informe anterior respecto de esta misma propuesta; en el censo penitenciario cerrado a julio de 2008 se reveló que cerca del 90% de las solicitudes de prisión preventiva requeridas por los agentes fiscales no se traducen en sentencias condenatorias. Adicionalmente, el Estado ecuatoriano ha sido sentenciado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente por abusar, extender o prorrogar indebidamente, a través de sus aparatos judiciales, el plazo razonable de la prisión preventiva, tal como ocurrió en el afamado Caso Tibi de 7 de septiembre de 2004, donde el Ecuador fue condenado al pago de cerca de cuatrocientos mil euros (párrafos 111-113) .

De los datos con los que cuenta la Comisión, la caducidad de la prisión preventiva no opera en todas las circunscripciones de la misma manera. Pues en muchas provincias del país el año previsto sí es tiempo suficiente para que el sistema produzca una sentencia. El problema no es por lo tanto la norma, sino su aplicación, las respuestas deberían buscarse en la eficiencia de los operadores, en el número de judicaturas en relación a población y conflictividad, u otros factores que pudieran provocar un alto número de casos de caducidad.

La Comisión repara en el hecho de que los jueces no han aplicado lo previsto en el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal y, por tanto, han computado para la caducidad de la prisión preventiva también los incidentes deliberadamente planteados por los procesados para permitir que caduque.

Con independencia de qué denominación se cree, toda forma de privación de libertad anterior a la existencia de una sentencia se denomina prisión preventiva y debe someterse a la norma constitucional que señala un plazo máximo de un año para su aplicación como medida cautelar. Los tres años planteados en la propuesta analizada constituirían violación expresa a la Constitución vigente.

Los asambleístas Andrés Páez, Vicente Taiano y Henry Cuji consideran que el actual artículo 232 numeral 3 ya obliga al juez a dictar las medidas cautelares, por lo tanto se debería recordar que está obligado a dictar prisión preventiva cuando dicta el auto de llamamiento a juicio y no otra de las medidas cautelares, en ningún caso la privación de libertad podrá exceder de un año desde la fecha de la detención efectiva.

En conclusión, la Constitución hoy vigente es clara respecto de la aplicación de esta medida cautelar, por lo que la Comisión no considera pertinente la reforma propuesta.

Además, es necesario señalar que la asambleísta Cynthia Viteri, que fue quien presentó el “proyecto de Ley Orgánica Reformatoria en Materia Penal” en el que se incluyó esta figura, el día 3 de diciembre de 2010 entregó a la Comisión de Justicia un “alcance aclaratorio” al mismo, señalando que “la figura jurídica de la detención obligada, propuesta por dicho proyecto de iniciativa popular, no tiene plazos de caducidad, y será dictada solo en la etapa del juico para asegurar la presencia del sindicado en la audiencia. El Tribunal Penal correspondiente a cada caso es el que se ve sujeto a un plazo de tres meses para dictar sentencia, so pena de destitución”. Esto difiere sustancialmente del proyecto inicial, en el que se contemplaba que “El juez de garantías penales, para garantizar la comparecencia del acusado en la etapa del juicio, ordenará la detención obligada cuando se dicte auto de llamamiento a juicio... La detención obligada se mantendrá vigente mientras el tribunal penal no dicte sentencia y podrá durar hasta tres años después de ejecutoriado el auto de llamamiento a juicio. Una vez ejecutoriado el auto de llamamiento a juicio, el tribunal de garantías penales competente deberá dictar sentencia en un plazo no mayor de ciento ochenta días…”

lunes, 25 de octubre de 2010

A propósito de Halloween: TRIÁNGULO DE BRUJAS, de Juan Carlos Morales.

Hará unos cinco años, emprendí un viaje para descubrir los secretos de las brujas voladoras. Por los relatos del abuelo Juan José Mejía –seguidor del Quijote y de ese prodigio que es Las mil y una noches- sabía que surcaban los cielos en un triángulo perfecto entre Mira, Pimampiro y Urcuquí. Iban a Quito para traer noticias y, como si fuera poco, convertían a sus amantes en cabezas de plátano o en gallos, a quienes amarraban a la pata de la cama.
En el norte de Ecuador, como las brujas de Illuchi, en Baños, existen estos seres fantásticos que son diferentes a las brujas nórdicas, que vuelan en escoba y usan trajes negros, y que por estos días andan alborotadas por la celebración de Halloween, 31 de octubre, que según el mito celta es el día donde salen los muertos. No hay que tener miedo a estas fiestas globalizadas y a los niños que piden caramelos, pero sí debemos asustarnos de olvidar a nuestras propias brujas, en el sentido de perder la memoria como pueblo.
Entonces, entremos en materia. Como el libro trataba sobre las mitologías de Imbabura, arrendé una casa durante cuatro meses en San Blas de Urcuquí, con la esperanza de que alguna noche las brujas se pararan en la torre del campanario. Aún recuerdo con temor la entreabierta ventana y las noches estrelladas. Mientras el tiempo pasaba, se sucedían las mínimas procesiones, con los santos en andas, o los penitentes, quienes custodiaban al Crucificado, en medio de cucuruchos con tridentes. Pero de las brujas, nada.
Llevé los doctos libros de los griegos, pero también un curioso tratado de Julio Caro Baroja, Vidas mágicas e inquisición, pero además tenía presente esos magníficos lienzos de Francisco de Quevedo, de los aquelarres de las brujas o del entierro de la sardina. El ambiente era perfecto…

En los textos leía: “Diego de Torres y Villarroel, relativo al aquelarre de Barahona, en España, del siglo XVIII, pasó a la hora justa en que “las brujas salen a golosear ahorcados, espulgar calaveras, sorber niños y chupar rabos”.
Según avanzaba las páginas, encontré qué fórmulas se repetían, entre España y la entrañable América. Por ejemplo, antes de volar, las brujas dicen: “De viga en viga, de villa en villa, sin Dios ni Santa María”. A diferencia de las nórdicas, nuestras brujas levantan los brazos y llevan trajes almidonados y blanquísimos.
Por las tardes, me sentaba a escuchar los relatos de los abuelos del pueblo y, como un ovillo, seguía uniendo los misterios. Así supe que las voladoras, como son conocidas, se untan en el sobaco (axila) fórmulas mágicas, donde se incluyen potentes pócimas, como aquella que se consigue frotando, con una rama de membrillo, la piel de un sapo.

La mejor manera de descubrir a una bruja es lanzarse con los brazos en cruz, para que caiga. Esos relatos también están en el libro Memorias de Mira, de la maestra Rosa Cecilia Ramírez, quien investiga la cultura de su pueblo. Pero las brujas norandinas no son esperpentos con cazuelas de murciélagos, sino guapísimas muchachas que convierten a sus amantes en gallos. Eso sabía bien el abuelo, quien malignamente fue encantado en Mira. Pero esa es otra historia...

martes, 19 de octubre de 2010

MÁS SOBRE EL CONCEPTO DE CUIDADO (II)

Hoy se desarrolló la segunda jornada del Seminario Internacional sobre Economía del Cuidado. En este evento se expusieron los resultados de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (2007) que resulta muy importante para comprender el concepto del cuidado, la economía del cuidado y las implicaciones que tiene en el Ecuador los roles asignados o diferenciados para hombres y mujeres. Comparto con ustedes algunos datos:



■  El indicador carga global de trabajo, es parte de la popuesta de indicadores del Observatorio de Género encargado por la "X Conferencia Regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe", en el "Consenso de Quito" del 9 de agosto de 2007 a la CEPAL. Existen algunas formas de presentar este indicador, se lo puede hacer por el total de horas de trabajo semanal de3 todos los hombres y mujeres del país, o puede hacerse en forma de horas promedio de trabajo, la investigación del INEC escogió la segunda fórmula.


■  Este indicador de carga global de trabajo nos sirve para evidenciar la diferencia de la misma entre hombres y mujeres y resaltar la incidencia del trabajo no remunerado en la vida de las mujeres.


■  Las mujeres indígenas trabajan en promedio 23 horas / semana más que los hombres indígenas. En la población mestiza las mujeres trabajan 15 horas más que los hombres cada semana.


■  Por estado civil, las mujeres que viven en pareja (unión libre y casadas) trabajan más tiempo que las mujeres solteras; sobretodo en hogares rurales que las mujeres casadas trabajan 28 horas más que los hombres; el promedio nacional: 19 horas más por semana que los hombres.

 
■  En el trabajo remunerado la diferencia es menor; en promedio los hombres ocupan 8 horas más que las mujeres cada semana; mientras en trabajo no remunerado la diferencia promedio nacional es de 23 horas más de trabajo de las mujeres. Estos datos nos dicen que las mujeres siguen siendo las encargadas "naturales" de las tareas de cuidado y que además la realización de un trabajo no remunerado, no valorado, disminuye la cantidad de tiempo disponible para sí mismas.


fuente: El tiempo de ellas y de ellos. Indicadores de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo _ 2007. CONAMU, INEC.

lunes, 18 de octubre de 2010

ALGUNOS DATOS SOBRE EL CONCEPTO DE CUIDADO (I)

Comparto con ustedes algunos datos del documento de trabajo del Seminario Internacional "Economía del cuidado y Seguridad Social"; las autoras investigadoras son: Amparo Armas, Jackeline Contreras y Alison Vásconez. El evento y la investigación es resultado de la iniciativa de varios ministerios, el propio IESS y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.



- Una forma más general de tratar el trabajo doméstico, y para considerarlo en una dimensión también extra-doméstica de sostenimiento, es el uso del concepto de trabajo de cuidados. Este forma parte de lo que se denominará, en adelante, Economía del Cuidado, para referirnos a las actividades realizadas para el sostenimiento de la vida, sean desarrolladas dentro o fuera del hogar.


- El trabajo de cuidado no remunerado se caracteriza, esencialmente, por tener su base en la atención y las relaciones humanas y ser generador de valores de uso (servicios). Un criterio general es que son actividades realizadas por y para personas del hogar (considerando también algunas tareas comunitarios o de hogares extendidos), que son susceptibles de ser desarrolladas por una tercera persona, y producen bienes cuasi mercadeables, en el sentido de ser posible intercambiar muchos de ellos en el mercado, pero con la característica de ser bienes preferentes, es decir, de naturaleza cuasi pública.

 
- Estas tareas requieren de una multiplicidad de destrezas que han sido socialmente atribuidas a las mujeres, sobre la base de una formación genérica desde la educación formal y familiar. Este proceso de "especialización" también está asociado con la separación (casi) definitiva entre las esfereas productiva y reproductiva en el capitalismo avanzado, lo cual provoca que se mire al hogar como un espacio no productivo y como el sitio indiscutible del cuidado.


- Relacionada con este proceso también estpa la marginación y subordinación de quienes realizan trabajo doméstico y de cuidado (...). Estas condiciones se mantienen aun cuando las mujeres crecientemente acceden a posibilidades de generación de ingresos propios y mayor autonomía económica, así como también se mantiene en el imaginario social la idea del hombre proveedor.



- El trabajo no pagado de cuidados es esencialmente intensivo en recursos: tiempo, espacio, ingresos monetarios y destrezas. Es realizado a diario y con horarios inflexibles, e impone restricciones a quien lo realiza. Entre ellas, la de optar por actividades generadoras de ingreso, tomar trabajos o carreras, cuidarse a uno mismo y tener tiempo disponible. Los costos reales de este trabajo pueden verse, para quienes lo proveen, como ingresos perdidos, costos financieros, oportunidades no aprovechadas y deterioro físico.

lunes, 6 de septiembre de 2010

NOTAS SOBRE EL VETO A LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Con las modificaciones que se sugieren en el veto (que deben todavía ser sometidas a votación); algunos puntos importantes de la Ley de Educación Superior serían:

LO BUENO:
  • El 60% de la planta docente de las universidades deben ser profesores a tiempo completo (dos años de plazo para alcanzar ese porcentaje).
  • L@s profesores a tiempo completo deben tener título de cuarto nivel (Ph. D) (siete años de plazo para cumplir este requisito).
  • El 6% del presupuesto de las universidades debe destinarse a la investigación y publicación.
  • El 10% de l@s alumn@s de las universidades privadas deben tener becas completas.
  • Para ser dirigente estudiantil se requiere haber aprobado el 50% de la malla curricular y no haber reprobado ninguna materia.
  • Las rentas correspondientes y el incremento del FOPEDEUPO se asignará a universidas públicas, privadas y politécnicas.
  • Las universidades privadas que reciben asignaciones seguirán recibiéndolas y sólo podrán destinarlas a becas de estudio o investigación.
  • Las universidades que realicen actividades económicas, comerciales o productivas deberán crear para ese efecto personas jurídicas distintas a la universidad pues no pueden beneficiarse de exoneraciones tributarias o de aranceles para estas actividades. Así mismo deberán reconocer el pago de sus salarios a profesores y estudiantes que trabajen en estas empresas.
  • Los profesores serán remunerados según una ley de escalafón para el sector y tendrán derecho a un año sabático cada seis años de funciones; es decir un año que podrán dedicar al estudio o la investigación y seguirán recibiendo su remuneración.
  • Se prohíbe el cobro por derechos de grado u otorgamiento de título.
  • Se garantiza la gratuidad pero no se cubre la segunda ni tercera matrícula.

LO MALO (según mi opinión)

  • En lo que se refiere al mecanismo de designación de autoridades académicas la ley hace una excepción para las universidades militares y las que se han acogido al modus vivendi; estas universidades, en este tema no están obligadas a regirse por la ley, sino por sus propios estatutos. Estas excepciones no son correctas ni justificables en un Estado de Derecho (en donde todos se someten a la ley) y menos en un Estado Laico (pues este trato excepcional / preferencial se hace sólo con las universidades católicas estableciendo así un tratamiento desigual, injustificado, que no tiene ninguna otra organización religiosa).

miércoles, 11 de agosto de 2010

APROBADAS HOY DOS LEYES MUY IMPORTANTES!!

El Código de Organización Territorial: 80 votos !!
La Ley de Servicio Público: 106 votos !!

lunes, 12 de julio de 2010

LISTA LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR...

Y tiene cambios muy importantes. Se mantienen todos los temas de calidad, requisitos para los profesores, evaluación de universidades y cuerpo docente. Aquí algunos temas que fueron polémicos y lo que dice la versión para la votación:

EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA RESPONSABLE: (se garantiza la autonomía)

La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en:

a)La independencia para que los profesores e investigadores de las universidades y escuelas politécnicas ejerzan la libertad de cátedra e investigación;

b) La libertad de expedir sus estatutos en el marco de las disposiciones de la presente Ley;

c) La libertad en la elaboración de sus planes y programas de estudio en el marco de las disposiciones de la presente Ley;

d) La libertad para nombrar a sus autoridades, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, las y los servidores y las y los trabajadores, atendiendo a la alternancia y equidad de género, de conformidad con la Ley;

e) La libertad para gestionar sus procesos internos;

f) La libertad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional. Para el efecto, en el caso de instituciones públicas, se observarán los parámetros establecidos por la normativa del sector público;

g) La libertad para adquirir y administrar su patrimonio en la forma prevista por la Ley;

h) La libertad para administrar los recursos acorde con los objetivos del régimen de desarrollo, sin perjuicio de la fiscalización a la institución por un órgano contralor interno o externo, según lo establezca la Ley; e,

i)La capacidad para determinar sus formas y órganos de gobierno, en consonancia con los principios de alternancia, equidad de género, transparencia y derechos políticos señalados por la Constitución de la República, e integrar tales órganos en representación de la comunidad universitaria, de acuerdo a esta Ley y los estatutos de cada institución.

FINANCIAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (se garantizan los recursos de todas las universidades, no existe disminución alguna)

a) Los bienes muebles e inmuebles que al promulgarse esta Ley sean de su propiedad, y los bienes que se adquieran en el futuro a cualquier título, así como aquellos que fueron ofertados y comprometidos al momento de presentar su proyecto de creación;

b) Las rentas establecidas en la Ley del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO) para las instituciones públicas;

c) Las asignaciones que han constado para las universidades públicas y particulares hasta el presente año en el Presupuesto General del Estado, y los incrementos correspondientes para las instituciones públicas, según manda la Constitución de la República del Ecuador;

d) Las asignaciones que corresponden a la gratuidad para las instituciones públicas;

e) Los ingresos por matrículas, derechos y aranceles, con las excepciones establecidas en la Constitución y en esta Ley en las universidades y escuelas politécnicas públicas.

f) Los beneficios obtenidos por su participación en actividades productivas de bienes y servicios, siempre y cuando esa participación no persiga fines de lucro y que sea en beneficio de la institución;

g) Los recursos provenientes de herencias, legados y donaciones a su favor;

h) Los fondos autogenerados por cursos, seminarios extracurriculares, programas de posgrado, consultorías, prestación de servicios y similares, en el marco de lo establecido en esta Ley;

i) Los ingresos provenientes de la propiedad intelectual como fruto de sus investigaciones y otras actividades académicas;

j) Los saldos presupuestarios comprometidos para inversión, desarrollo de ciencia y tecnología y proyectos académicos y de investigación que se encuentren en ejecución no devengados a la finalización del ejercicio económico, obligatoriamente se incorporarán al presupuesto del ejercicio fiscal siguiente; y,

k) Los recursos obtenidos por contribuciones de la cooperación internacional.

l) Otros bienes y fondos económicos que les correspondan o que adquieran de acuerdo con la Ley.

ASIGNACIONES PARA UNIVERSIDADES PRIVADAS DEBEN DESTINARSE A BECAS:

Art.- 30.- Asignaciones y rentas del Estado para universidades y escuelas politécnicas particulares.- Las universidades y escuelas politécnicas particulares que reciban asignaciones y rentas del Estado, las seguirán recibiendo en los montos asignados hasta el presente año. Están obligadas a destinar dichos recursos al otorgamiento de becas de escolaridad de estudiantes matriculados en programas académicos de cualquier nivel, que por su origen socio económico, etnia, género, discapacidad o lugar de residencia entre otros, tengan dificultad des para acceder, mantenerse y terminar exitosamente su formación, de escasos recursos económicos desde el inicio de la carrera.

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación velará por el cumplimiento de esta obligación mediante las regulaciones respectivas.

RECONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA DE TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTRANJERO (creo que se debe incluir GRATUITA).

Art. 127.- Reconocimiento e inscripción automática de títulos obtenidos en el extranjero.- Los títulos profesionales o grados académicos obtenidos en otros países serán legalizados y registrados en el Ecuador por la Secretaría Nacional de Educación de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en virtud del procedimiento que apruebe el Consejo de Educación Superior.

PROFESORES SERÁN EVALUADOS.
Art. 155.- Evaluación del desempeño académico.- Los profesores de las instituciones del sistema de educación superior serán evaluados periódicamente en su desempeño académico.

El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior establecerá los criterios de evaluación, las formas de participación estudiantil en dicha evaluación y los estímulos académicos y económicos.

INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (el Ejecutivo ni tiene mayoría, ni preside)

Art. 167.- Integración del Consejo de Educación Superior.- El Consejo de Educación Superior estará integrado por los siguientes miembros:

a)Cuatro representantes del Ejecutivo que serán: el Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación; el Secretario Técnico del Sistema Nacional de Planificación o su delegado; el Ministro que dirija el Sistema Educativo Nacional o su delegado; el Ministro que dirija la Política de Producción o su delegado.

b)Seis Académicos elegidos por concurso público de merecimientos y oposición, que provendrán, tres del sector de las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas; dos del sector de las Universidades y Escuelas Politécnicas Particulares, uno del sector de los Institutos Superiores Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos, de artes y conservatorios superiores; y,

c)Un representante de las y los estudiantes que participará en las sesiones con voz.

El Presidente del Consejo será elegido de entre sus miembros, al menos por las dos terceras partes de sus integrantes con derecho a voto. El Presidente del Consejo tendrá voto de calidad.

EL CONSEJO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN (todos se eligen a través de concurso público, se eliminó la designación directa del Ejecutivo).
Art. 175.- Integración del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.- El Consejo estará integrado por seis académicos seleccionados por concurso público de méritos y oposición que organizará el Consejo Nacional Electoral, quienes cumplirán los mismos requisitos dispuestos para ser Rector de universidad. El concurso garantizará el anonimato de postulación.

La Academia y el Presidente de la República podrán presentar tantas candidaturas como consideren pertinente. Del número total de candidaturas propuestas se escogerán los tres mejores puntuados que provengan de las candidaturas propuestas por la academia, y tres de las candidaturas propuestas por el Presidente de la República, respetando la equidad, alternancia y paridad de género de acuerdo con la Constitución.

Los seis académicos que conformarán el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, elegirán a su presidenta o presidente de entre los tres académicos nominados por el Ejecutivo, que hubieren ganado el concurso.

En las TRANSITORIAS se ordena una nueva evaluación para las universidades que fueron observadas en el informe del CONEA, si no cumplen los requisitos esta vez serán derogadas las leyes que las crearon. Se ordena al SRI el análisis del uso brindado a las asignaciones del 25% del impuesto y se regula la transición entre una y otra ley.

Primera plana de El Universo: ¿El Fiscal quiere reelegirse?

Ya lo sabíamos, el Fiscal quiere volver por la Fiscalía o ir al Consejo de la Judicatura, o como ya lo dijo en una entrevista en el mismo diario, ser candidato a la Presidencia...

En el sistema de concursos públicos, todo el mundo puede postularse, pero también gracias a ese sistema, todos los ciudadanos podemos impugnar las candidaturas y aportar con información, documentos, datos que permitan escoger a los y las mejores para cargos tan delicados.

Miren la nota de El Universo.

martes, 6 de julio de 2010

Presentación consejo de la judicatura,

Los invito a revisar esta información sobre irregularidades en el Consejo de la Judicatura.

jueves, 1 de julio de 2010

Escuela Política Virtual.

UN FAVOR...
Estamos trabajando, con la Ruptura, en una escuela política virtual; esperamos ponerla en marcha en noviembre de este año y que sea un espacio para aprender y discutir sobre política.

Como parte de la preparación tenemos una encuesta que les invito a que llenen. Les tomará menos de 5 minutos.

http://www.surveymonkey.com/s/BL75SQY

lunes, 28 de junio de 2010

Hoy, 28 de junio es el día mundial del orgullo gay

Hoy, 28 de junio es el día mundial del orgullo gay (o del orgullo LGBTI para ser más incluyentes). Para todos los que creemos en las libertades, los derechos, la no discriminación por ningún motivo, la solidaridad con los excluidos.. este es un tema que no podemos pasar por alto.

Todavía hay en el mundo más de 70 países en donde la homosexualidad es un delito y en al menos 7 de ellos se castiga con pena de muerte. Aunque en el Ecuador hemos avanzado mucho en las reformas formales, los artículos de la Constitución y un poquito en el discurso político; todavía la discriminación real está ahí. Hay "clínicas" para lesbianas en donde torturan y violan a mujeres; hace poco un equipo de fútbol de mujeres fue expulsado de una liga barrial porque dos mujeres se besaron!, todavía tenemos reglamentos en las ffaa y policía que consideran como causal de expulsión o de "baja" el ser homosexual, han resurgido los grupos neo nazis que "persiguen" homosexuales... y estos son sólo los ejemplos extremos, ni hablar de la discriminación familiar, laboral, social que todavía queda en el Ecuador.

La no discriminación por opción sexual es uno de nuestros temas pendientes!
La marcha del orgullo será este sábado a las 15 en Quito, allí y en cada espacio hagamos nuestro esfuerzo por construir una sociedad de justicia.

martes, 15 de junio de 2010

Comisión de la Verdad Ecuador

Les invito a revisar el informe completo de la Comisión de la Verdad:

www.coverdad.org.ec

Este informe no es una resolución judicial ni una sentencia, pero es la recopilación de información y datos de una parte de nuestra historia democrática. Es importante conocer y comprender lo sucedido para que no vuelva a repetirse. NADA justifica los abusos del Estado ni sus excesos, nada justifica detenciones ilegales, torturas, desapariciones... Para construir la paz y la justicia se necesita verdad y reparación, este informe es un factor para la construcción de nuestra democracia.

viernes, 14 de mayo de 2010

Baltasar Garzón: "Las situaciones como esta se afrontan con la tranquilidad de saber que se es inocente" (www.elpais.es)

"Estoy muy tranquilo. Las situaciones como esta no se afrontan con optimismo sino con la tranquilidad de saber que se es inocente". Así se ha despedido el juez Baltasar Garzón del acto de esta noche en la Casa de América de Madrid, probablemente su última pesentación como juez en activo si finalmente el Consejo General del Poder Judicial lo suspende mañana de sus funciones.

"No sigas por ahí, que me voy a emocionar". Y se ha emocionado con las palabras de apoyo y reconocimiento de un colega argentino. Garzón ha sido recibido en pie y con una larga ovación en la Casa de América donde se ha celebrado un diálogo con el juez argentino Daniel Rafecas sobre las víctimas judías de la dictadura militar argentina, organizado por la Casa Sefarad.

"Es el último acompañamiento que le podemos hacer al juez en activo y aquí estamos", ha dicho Fausto Canales, hijo de un fusilado durante el franquismo. "Hemos seguido todo este proceso día a día, minuto a minuto, y es un palo. Una vendeta, algo anómalo, aberrante. ¿Por qué no dejan a Garzón al menos marcharse tranquilo?".

Durante el encuentro, Garzón ha quitado hierro a su situación. "Es un momento delicado, pero la vida tiene muchos momentos delicados. Si hablamos de justicia, los documentales que acabamos de ver [sobre víctimas de la dictadura argentina] dan buena cuenta de ello. Lo demás, créanme de verdad, es circunstancial".

Su colega argentino, Daniel Rafecas, le había dedicado su primera intervención. "Esta fecha, este día, fue previsto hace mucho tiempo, hace más de tres meses. El destino quiso que fuera el día antes del día muy difícil para el juez. La Argentina, en este momento difícil, está con usted". Ha hablado de la situación en España relacionándola con Argentina. "Allí se escuchaban las mismas cosas que ahora en España: ¿por qué se van a reabrir las heridas? Hay que olvidarse. Están todos muertos". Y ha dicho que la grieta para juzgar la dictadura argentina la abrió "un juez muy valiente que actuó cuando nadie actuaba y que se llama Baltasar Garzón".

El juez español ha hecho su propia reflexión sobre la impunidad: "El olvido pertenece sólo a aquellos que quieren olvidar. Cuando se quiere imponer, produce unas condiciones desastrosas".

Varios asistentes han portado a la entrada caretas con la cara de Garzón, pero los organizadores han pedido, por deseo del juez, que se las quitaran. "Por supuesto. Hacemos lo que quiera el juez. Si quiere que cree perjudicarle, no las usamos", ha respondido uno de ellos.

Las víctimas se manifestarán mañana por la tarde. "Pero entonces ya será tarde", dice con tristeza Fausto Canales. "Ya se habrá decidido todo. Se lo habrán cargado. Lo que querían desde el principio".

sábado, 10 de abril de 2010

ALEGATO FINAL DEL JUICIO POLÍTICO

SEÑORES MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICO:

María Paula Romo Rodríguez, junto con las y los asambleístas que solicitamos el inicio del Juicio Político en contra del doctor Washington Pesántez Muñoz, Fiscal General del Estado, dentro del término de prueba en este proceso, nos ratificamos en las acusaciones que hemos presentado, y creemos importante subrayar, de la prueba actuada, los siguientes elementos que fortalecen las acusaciones planteadas:


2.1. PRIMERA ACUSACIÓN: El Fiscal General encargado, ha demostrado falta de probidad e imparcialidad en el cumplimiento de sus funciones:

a) En la fase de investigación del accidente de tránsito acaecido el día jueves 14 de enero del 2010, que tuvo como consecuencia el fallecimiento de la señora Natalia Emme.

Como prueba de esta acusación, téngase en cuenta el reporte de llamadas telefónicas que presentó el fiscal Patricio Sosa, en el que se demuestra que en el teléfono que usa recibió la llamada del teléfono registrado para el Fiscal General.

El Fiscal Patricio Sosa se ratificó en el contenido de su declaración juramentada respecto de dos actos reñidos con la ley y la ética: el primero, que el Fiscal, a través de su llamada, intervino en un caso en el que tenía intereses personales; y el segundo, que el Fiscal en su conversación con el doctor Sosa intervino en la decisión de un funcionario de la Fiscalía, pidiéndole que actúe en contra de lo que los elementos de convicción evaluados por él le sugerían.

Téngase en cuenta como prueba a nuestro favor la declaración de la señora María Elena Bedoya, que hizo énfasis en los hechos que constituyen abuso de poder del Fiscal General: el envío de un piquete de policías al lugar del accidente, el levantamiento del cadáver siguiendo un procedimiento no regular, el retiro del vehículo causante del accidente sin seguir los procedimientos previstos para casos como este, entre otros.

Téngase también en cuenta las declaraciones de la señora María Elena Chediak, que relató las amenazas telefónicas y la agresión física que sufrió, relacionadas, según quienes la agredieron y amenazaron, con el hecho de que actuó como testigo del accidente de tránsito.

Solicito se tenga en cuenta como prueba de la falta de imparcialidad el testimonio de la doctora Myriam Sánchez, que confirmó que en el sorteo de nuevo fiscal para este accidente de tránsito, estuvo presente el señor José Antonio Cevallos García, hijo del abogado defensor de la doctora Aliz Borja.

Finalmente, téngase en cuenta la intervención del doctor Washington Pesántez, en la que declaró sobre la llamada a Sosa que “… y ahí dice en la declaración juramentada señores asambleístas “el Fiscal me llamó y me dijo que no le trate como un delincuente a la esposa, pero es lógico, ¿alguno de ustedes evitaría decir “trátele bien a mi esposa que estuvo enferma”?. Con esta intervención el Fiscal no negó haber realizado la llamada, al contrario, reconoció esta posibilidad y claramente no considera que fue una falta.

b) El Fiscal conocía y autorizó la reunión en que se legalizaron los descuentos para pagar el remitido de prensa.

En este punto solicitamos que se tenga como prueba a nuestro favor, a más de la documentación que obra del proceso, las aseveraciones de la funcionaria de la Fiscalía Blanca del Hierro, quien al responder la pregunta: “Diga usted si es verdad que el Fiscal General, Dr. Washington Pesántez, conoció de la convocatoria realizada por Asociación de Funcionarios y Empleados de la Fiscalía General del Estado, a sesión extraordinaria para el día viernes 22 de enero de 2010, a las 08h00”, la funcionaria respondió: “Sí, con autorización del Fiscal General se realiza la asamblea”. Lo que pone en evidencia que el Fiscal General, en su comparecencia del día viernes 9 de abril del presente año, miente al decir que ni conocía ni autorizó la realización de dicha asamblea.

c) Someterse a un proceso de fiscalización es la obligación constitucional del funcionario que ocupe la Fiscalía General del Estado, responder con amenazas y agresiones demuestra falta de probidad en el ejercicio del cargo.

Se ha probado a través de los originales de prensa adjuntos que, cuando se presentó el pedido de Juicio Político contra el Fiscal General, éste, en lugar de responder a las acusaciones, ha cuestionado la facultad de la Asamblea Nacional de fiscalizar, y ha acusado él, públicamente, a los asambleístas interpelantes, pretendiendo descalificarlos en lugar de aclarar las dudas sobre su función.

Con ello, se demuestra el inaceptable comportamiento del Fiscal General, que ha amenazado públicamente con usar sus potestades legales para “vengarse” o “responder” a la legítima actuación del Poder Legislativo. Esta amenaza de revelación de supuestos ilícitos por parte de los asambleístas proponentes, es incumplimiento de funciones, revela el “modus operandi” de un poder desmesurado que ataca, amenaza e intimida, a quienes pretenden revisar sus actuaciones. Téngase como prueba de esta afirmación la manera en la que el Fiscal General culminó su exposición frente a la Comisión.



2.2. SEGUNDA ACUSACIÓN: El Fiscal incurrió en incumplimiento de sus funciones y responsabilidades específicas dentro de la etapa pre procesal y procesal penal de las personas que tienen fuero, y en la conducción de las políticas generales de la Fiscalía para lograr sanciones justas e impedir la impunidad:

a) Falta de comparecencia a las Audiencias a las que tiene la obligación legal de asistir.

Para esta acusación, solicitamos que se tenga como prueba a nuestro favor los certificados expedidos por las Salas Penales de la Corte Nacional y las declaraciones de los doctores Hernán Ulloa e Isabel Garrido, quienes ratificaron el hecho de que el Fiscal Washington Pesántez jamás ha asistido personalmente a una audiencia en la Corte Nacional de Justicia.

Es discutible si la facultad de delegar al subrogante u otros fiscales releva por completo al Fiscal General de participar en el proceso penal, pero debe subrayarse que actualmente el trámite de los juicios penales es oral, se realiza por audiencias, y es imprescindible la presencia del Fiscal General en las mismas, particularmente en casos tan graves como el peculado y enriquecimiento ilícito.

Además, téngase en cuenta la declaración del Fiscal Washington Pesántez, en la que afirmó: “…yo delego muchas intervenciones, y les pregunto a ustedes, acaso, acaso el Procurador General del Estado… no tiene la obligación de asistir a todas las audiencias, el Procurador no asiste, delega y eso está bien, lo mismo hace el Contralor… el Fiscal dicta Políticas, gerencia a la institución”. Con este razonamiento, el Fiscal ha declarado que sus funciones son más cercanas a las de un Director Administrativo o de Recursos Humanos que a las de un Fiscal General.

b) Caso concreto de incumplimiento u omisión: En el caso Filanbanco instaurado en contra de los hermanos Roberto y William Isaías Dassum.

El punto fundamental de acusación es que la Fiscalía no se pronunció, no respondió, al traslado con las solicitudes de ampliación, aclaración y revocatoria del auto de confirmación del auto de llamamiento a juicio plenario, lo que no desvirtuó el Fiscal en su defensa.

c) Caso concreto de incumplimiento u omisión: Proceso contra Olmedo Bermeo Idrovo.

Como prueba a nuestro favor, téngase en cuenta el escrito presentado a la Sala del Área Penal de la Corte Nacional de Justicia por el doctor Washington Pesántez, luego de formulada la petición de Juicio Político, en el que señala que “extraprocesalmente” se ha enterado de que el procesado se encuentra solicitando la declaratoria de desierto del recurso de casación, lo que no procede por cuanto la orden de la sala de fundamentar por escrito el recurso de conformidad con el artículo 352 no se aplica a la Fiscalía, ya que para ella existe la norma especial del artículo 354; es decir, que debía concederse término a la Fiscalía para que fundamente el recurso y remitirse el proceso para tales fines.

Sin embargo, el mencionado artículo 354 no concede ningún plazo especial a la Fiscalía, ni contempla el “envío” del expediente a esa institución para que fundamente el recurso. Tal es así que disponía:

Art. 354.- Fundamentación por el Ministerio Público.- Si el recurso se hubiere interpuesto por el Ministerio Público, quien deberá fundamentarlo será el Ministro Fiscal General (vigente en el año 2000).

Actualmente la norma dispone:

Art. 354.- Si el recurso es interpuesto por la Fiscalía General del Estado, quien deberá fundamentarlo será el Fiscal General o su Representante o Delegado, debidamente acreditados (vigente desde marzo de 2009).

Además, tómese en cuenta la declaración de Washington Pesántez en que señala que no fundamentó el recurso porque la providencia que se le notificó no dice en qué caso y entre qué personas era. Debemos anotar que sin embargo, en la providencia SÍ CONSTA el número de proceso, por lo que es fácilmente identificable. De la comparecencia del Fiscal queda probado entonces que la Fiscalía fue notificada en este proceso y se confirma que a través de su falta de actuación dejó sin efecto el recurso de casación.

d) Política institucional ILEGAL de archivar expedientes de “ínfima cuantía”.

Sobre esta acusación, solicitamos que se tenga en cuenta como prueba a nuestro favor, las aseveraciones que realizó la funcionaria de la Fiscalía, Elsa Moreno, en la comparecencia ante la Comisión, quien afirmó que las políticas institucionales las dicta el Fiscal General, y que la cuantificación de la “ínfima cuantía” se dejaba a la discrecionalidad de los fiscales; que en ningún momento se estableció el monto.

Téngase en cuenta también, la declaración hecha por el doctor Guillermo Moreno, Fiscal Provincial de Napo, quien ante la Comisión de Fiscalización dijo que “mínima cuantía” era entendida en su jurisdicción como cuatrocientos dólares.

Téngase en cuenta la declaración del Fiscal Washington Pesántez, quien señaló en su comparecencia que “…nosotros amparados en lo que dice la Constitución y la ley hemos establecido ciertas políticas, una de ellas fue un oficio que procede de la Dirección de Actuación y Gestión Procesal… el oficio dice en definitiva que los casos de bagatela, los pequeños, tengan salidas alternativas y que no sea juicio penal; es que no se puede seguir un juicio penal por vente, por treinta, cincuenta dólares”.

Téngase también en cuenta la declaración de Washington Pesántez, quien dice “…antes que yo el señor doctor German, y eso sí en una forma ilegal porque en ese momento estuvo vigente la ley, ordenó que ningún caso de teléfonos celulares robados vaya a la Fiscalía, pero hay teléfonos que pueden costar ochocientos o mil dólares”. Al respecto, me permito adjuntar a la presente como prueba, copia del Oficio No. 004672, de 18 de junio de 2008, a través del cual el doctor Alfredo Alvear indica a Marco Freire López, Fiscal Distrital de Pichincha que “no se debe aperturar una Instrucción Fiscal por el robo de celulares, pues si bien cierto es un delito pero no siempre sobrepasará el valor de un salario mínimo vital general…”. De esta forma, el subrogante del Fiscal Pesántez repitió una conducta calificada como ilegal por el propio Dr. Pesántez.

Téngase en cuenta que a pesar que la funcionaria Elsa Moreno negó la relación entre su “disposición” sobre la “mínima cuantía” y la norma civil que hace relación a este tema, ella envió con fecha 06 de mayo del 2009, el oficio circular 3209-DNAGP-FGE, en que adjunta oficio de la Corte Suprema sobre la mínima cuantía en lo civil, es decir $5.000 dólares. (se presenta copia de este oficio). La falta de definición sobre la mínima cuantía para el supuesto archivo, junto con el envío de este oficio puede provocar la confusión suficiente como para que los fiscales comprendan la instrucción de archivar peculado o evasión tributaria o contrabando de hasta $5.000 dólares; aunque en realidad, la disposición es tan ambigua que puede ser pretexto para el archivo de cualquier caso.

Considérese en el análisis de esta acusación la prohibición expresa que señala la ley para que los fiscales archiven casos de perjuicio contra el Estado o que puedan ser sancionados con más de cinco años de reclusión, lo que sería precisamente el caso de peculado o el de evasión tributaria. Es inmensa la discrecionalidad que se instruyó a través de esta disposición: perjudica los intereses del Estado y es contraria a los objetivos y funciones de la Fiscalía General del Estado. La Dra. Moreno pretendió disminuir la gravedad de su oficio señalando una especie de diferencia de obligatoriedad entre una directriz y una disposición, por lo que sugerimos a la Comisión que revise los términos del escrito de la Dra. Moreno que instruye a los fiscales dar “irrestricto cumplimiento” a su disposición, lo cual deja sin efecto los argumentos de la Dra. Moreno.



2.3. TERCERA ACUSACIÓN: El Fiscal General violó las normas legales y constitucionales en relación con la selección de los funcionarios de la Fiscalía según un proceso de méritos y oposición y aquellas obligaciones de aplicar el régimen disciplinario interno de la Fiscalía.

a) Complicidad e incumplimiento del régimen disciplinario con relación al remitido publicado el 19 de enero del 2010.

Téngase en cuenta los documentos adjuntados al proceso, la declaración de la Señora Blanca del Hierro y, sobretodo el hecho de que el Fiscal General no inició los sumarios administrativos -hasta el pronunciamiento de la Asamblea´- tal como debió haber actuado de forma inmediata a la publicación de un comunicado que viola el Código de Ética de la Fiscalía y el Código Orgánico de la Función Judicial.

b) Violación de las normas de la Constitución y la Ley de que los funcionarios ingresen a la Fiscalía a través de concursos de oposición y méritos.

Fase de oposición para los concursos de oposición y méritos.

Téngase en cuenta la comparecencia del doctor Juan José Puertas, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja, quien informó sobre el proceso y las seguridades que tienen las evaluaciones que realiza la universidad; así como también el hecho de que nunca se le mostraron las evaluaciones que supuestamente habían tratado de ser vendidas a un funcionario de la Fiscalía.

Considérese en esta caso, y en directa relación con las prácticas de amenaza y amedrentamiento, las declaraciones del Fiscal de Loja, encargado de la indagación con las cuales aceptó que la solicitud de día y hora para la audiencia de formulación de cargos se realizó el día miércoles de esta semana, como “consecuencia” de la comparecencia del Dr. Puertas.

Téngase en cuenta la contundente declaración del veedor Ángel Gabriel Salvador quien manifestó haber constatado que si bien algunos concursos de oposición y méritos que convocaba y llevaba adelante la Fiscalía General del Estado, cumplían con el marco legal establecido, no desembocaban necesariamente en el nombramiento de los mejores puntuados, lo que convertía a los concursos en meras pantomimas con las cuales se engañaba a la opinión pública y al mismo Estado. Téngase en cuenta la declaración que a este respecto realizó el Dr. Pesántez quien no pudo desvirtuar lo declarado por Salvador y se limitó a desacreditarlo echando mano de innecesarias adjetivaciones.


Una quinta parte de la nota final es asignada según la sola opinión de Pesántez.

Sobre esta acusación, la Comisión debe tener en cuenta los testimonios tanto propuestos por los peticionarios del juicio como por la Fiscalía, en particular de:

Marcelo Andrés Icaza (compareciente pedido por el Fiscal), que dijo que las preguntas que se le realizaron en la entrevista personal con Washington Pesántez fueron, el porqué debía entrar a la Fiscalía, si conoce otro idioma y si había hecho pasantías en la Fiscalía. Además dijo que nunca conoció el puntaje de la entrevista.
Ximena Alexandra Rodríguez Párraga (comparecencia solicitada por el Fiscal), que afirmó que las preguntas que se le efectuaron fueron si era abogada o seguía estudiando, si tenía conocimientos de otro idioma, si había realizado pasantías en la Fiscalía y por qué quería entrar a la institución. Además señaló que las entrevistas fueron de cinco en cinco, no personales y que duraron aproximadamente dos minutos. También dijo no conocer el puntaje que obtuvo en la entrevista.
Fernando Garay (por la parte actora), quien señaló que se presentaron los doce primeros puestos a la entrevista al mismo tiempo, que no fue personal, sino que los hizo colocar en fila y que les realizaron preguntas que ya estaban contestadas en la carpeta de los méritos, el título que tenían, idiomas y pasantías realizadas. Asimismo, afirmó que el puntaje de la entrevista nunca les fue dado a los participantes. La entrevista duró menos de un minuto, y el Fiscal les indicó que los mejores puntajes no iban a ser tomados en cuenta porque era su potestad.
Gabriela Molina (por la parte actora) quien afirmó que las preguntas realizadas en la entrevista se refirieron a requisitos que presentaron en la carpeta para los méritos; y que por el reclamo realizado por cuatro personas, incluida ella, el Fiscal como “favor” y para que se queden calladas, sorteó entre ellas dos puestos que estaban vacantes.

También téngase en cuenta la exposición realizada por el Fiscal General en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, en la que dijo: “…para los niveles más bajos el Reglamento dice que el Fiscal puede poner veinte puntos, hasta veinte puntos sobre cien, oiga yo nunca ocupé esos veinte puntos, les entrevisté de cinco en cinco porque tenía que entrevistar a seiscientos… les entrevisto y les pregunto básicamente: usted hizo pasantía en la Fiscalía: si, no; usted tiene alguna especialidad en materia penal: si, no; habla algún idioma: sí, no. Y esas tres cosas… y el 80%, 82% de las personas que ya vinieron con los mejores puntajes fueron nombradas; quiere decir que el Fiscal casi no incidió en nada, pero bien podía yo utilizar los 20 puntos…”

Téngase en cuenta en esta acusación la aceptación de los funcionarios de la Fiscalía de que no se realizaron concursos de oposición y méritos para las Fiscalías Indígenas. Esta especie de “excepción” a un mandato expreso de la Constitución y la Ley no tiene ningún fundamento. En las respuestas presentadas por el Fiscal General al pliego de preguntas anterior al proceso de fiscalización (documento original reposa en la Secretaría de la Asamblea Nacional) el Fiscal General directamente confirma esta violación: no se realizaron concursos para las Fiscalías Indígenas.



2.4. CUARTA ACUSACIÓN: El Fiscal General ha diseñado y reformado reglamentos y la estructura interna de la Fiscalía con el objeto de favorecer a determinadas personas y no necesariamente con un criterio de funcionamiento técnico y eficiente de la Fiscalía.

a) El proceso de “ascenso” del Dr. Víctor Miño Arias.

El Fiscal señala que “… se presenta al concurso en el Oriente siendo Secretario en Pichincha, quiere mejorar y decide concursar en el Oriente y gana el concurso, por desgracia ni siquiera pude llenar las vacantes porque de los doce que intervienen no llenan el puntaje todos y se designa a una sola persona, a un funcionario de carrera… Qué pasa con Miño, gana ese concurso pero él estaba desempeñándose como Secretario aquí en la Unidad de Actuación Procesal, que es la auditoría de procesos, que van a todas partes del país a hacer la auditoría procesal, a ver los procesos… Una vez designado fiscal la directora me pide con informe previo de Recursos Humanos me pide que se le mantenga acá hasta terminar temporalmente cumplir el POA 2010, y yo acepto que se quede temporalmente aquí… dónde está el favoritismo”.

Téngase en cuenta la declaración del Fiscal en la que acepta que un funcionario se benefició con su cambio de reglamento a pesar de que residía en Quito, con lo cual no se justifica que hubiera cambiado el puntaje requerido para permitir su ascenso. Si ni siquiera se pudieron llenar las vacantes de ese concurso cómo es que el Fiscal traslada a Quito a quien había sido nombrado fiscal de Sucumbios. ¿Quién se quedó a cargo en Sucumbios? ¿para qué se realiza un concurso para prestar servicios en una provincia si al único que tiene “méritos” para ingresar lo trasladan de inmediato a la capital?


b) El auditor de la Fiscalía fue antes asesor personal del Fiscal Pesántez y este funcionario de Contraloría firmó el comunicado!!

Los documentos ya presentados así lo demuestran. Téngase en cuenta además que la Contraloría acepta la gravedad de la firma de este comunicado y por lo tanto ha separado ya de sus funciones al Dr. Mario Gustavo Andrade Trujillo, para demostrarlo adjuntamos original de la carta del Contralor General en que se confirma esta terminación del contrato del Dr. Andrade.


2.5. QUINTA ACUSACIÓN: En lugar de estructurar y dirigir la Fiscalía para perseguir el delito y proteger a las víctimas, el Dr. Pesántez ha organizado la estructura de la Fiscalía según sus intereses personales, decidiendo de manera arbitraria cómo proceder en cada caso o a quién se “persigue” y a quién se “protege”.

a) La Fiscalía usa, a sabiendas, autos robados que son reclamados por sus dueños.

Tómese en cuenta la declaración de Washington Pesántez, en la que señaló que casi todos los autos habían sido robados en Colombia “…el Convenio Esmeraldas dice que entre Colombia y Ecuador cuando se recuperen vehículos hay que entregarlos, yo estoy de acuerdo así debe ser pues, yo pregunto cuántos, cuántos vehículos nos han entregado de Colombia: ninguno. Nosotros como Fiscalía no tenemos la obligación de comunicar, la obligación es de la Policía Judicial y de la Aduana, porque la ley caduca es de 1992 antes que la facultad sea otorgada a la Fiscalía, ese Convenio está vigente”.

Además, Pesántez en su comparecencia no señala qué vehículos robados en Colombia habrían sido devueltos a sus legítimos propietarios.

b) El Fiscal usó un Porsche Cayenne a pesar de existir orden judicial que mandaba su devolución. Posterior compra del vehículo por el Dr. José Borja y recepción del vehículo por el Sr. Bosco Solórzano.

Tómese en cuenta que los comparecientes: Luz Paulina Garcés Cevallos, Sandra Cecilia Siguenza Llerena, Myriam Magdalena Sánchez Carrasco, Patricio Edison Sosa Herrera, Blanca del Hierro, Elsa Moreno, Daniela Camacho, Ángel Gabriel Salvador, Antonio Gagliardo, Lucy Blacio, Dilza Muñoz y Marco Freire señalaron conocer a Bosco Solórzano, haberlo visto en las dependencias de la Fiscalía, y sin embargo no conocer si trabaja o no en ella.

También, téngase en cuenta la declaración del Fiscal Pesántez, quien aseguró en la comparecencia: “…el 28 de enero se me hace conocer, y ese mismo día… se entrega se devuelve el Porsche Cayenne que utilizaba eventualmente…”. Con estas palabras Washington Pesántez faltó a la verdad, cayendo en grave contradicción con los testimonios de los comparecientes funcionarios del CONSEP y con las actas de entrega recepción del automotor que se adjuntaron ya en la solicitud de juicio político.

También dice: “… se infiere de manera errónea de que el Banco Bolivariano, en vista de que la Fiscalía no entrega se vio obligada a vender barato un vehículo que costaba más caro, es más yo he visto el contrato, ese vehículo con todas las falencias y demás, lo que se vende son derechos litigiosos, quién compra una casa en litigio, quién compra un vehículo con derechos litigiosos, así es como se vende y se dice que el vehículo es absolutamente barato y que por desgracia ha comprado un pariente político mío, yo no sé quién compra, quién vende, yo no tengo absolutamente nada que ver con los familiares”.

Téngase en cuenta que el primo político del Dr. Pesántez comprador -a un precio irrisorio- de un automotor de lujo, declara en el contrato de compra venta que conoce la situación legal del Porsche Cayenne y que se encuentra en los patios de la Fiscalía. Tomando las palabras del Fiscal General, ¿quién compra un bien en litigio? ¿quién compra un bien que el vendedor no tiene en su poder por qué no ha logrado recuperar?: sólo lo compra alguien que está seguro que va a poder reclamarlo y conseguir su devolución, pues el funcionario que lo conserva en su poder -contra orden judicial- es su primo político.

c) Presiones sobre fiscales para emitir dictámenes según intereses y no según la ley.

También téngase como prueba a nuestro favor el testimonio rendido por la Dra. Lucy Blacio, quien aseguró que se vio obligada a renunciar como Fiscal Distrital de El Oro por “prácticas de corrupción que fueron impartidas por el Fiscal Washington Pesantez”, quien le exigió que en el delito contra la propiedad intelectual denunciado por OCEANUS contra ALICORP y AGASSYCORP, archivara una indagación previa por cuanto uno de los abogados del bufet Moeller Gomez-Lince, Ider Valverde Farfán, que defendía a la parte acusada, había facilitado algún vehículo para la Fiscalía (se trata del abogado que representaba al Banco Bolivariano en el caso del Porsche Cayenne).

Asimismo, la ex Fiscal Lucy Blacio dijo que Bosco Solórzano fue la persona quien en primer lugar le presionó para que actúe en el mencionado caso como “favor” al doctor Pesántez, y que luego ella misma habló con el Fiscal General y recibió la amenaza de iniciar investigaciones en su contra por su falta de colaboración.

Téngase en cuenta que el Fiscal General en su comparecencia no pudo desvirtuar de manera alguna el testimonio rendido por la valiente Fiscal Lucy Blacio.

d) La remodelación del edificio de la Fiscalía del Cañar la realizó el hermano del asesor del Fiscal General.

Téngase en cuenta la documentación presentada.

FINALMENTE,
Ha sido muy importante en la sustanciación de este proceso, la figura de Bosco Giovanny Solórzano García. Los funcionarios de la Fiscalía, tanto aquellos convocados por el Fiscal General cuanto aquellos solicitados por la parte actora, confirmaron conocer al Sr. Solórzano García, haberlo visto o conocido en los “pasillos y ascensores” de la Fiscalía, en los actos de la Fiscalía, junto al Fiscal General, algunos incluso llegaron a creer que se trataba de un funcionario o asesor del Fiscal.


¿Puede la Comisión inferir que papel jugaba el Sr. Bosco Giovanny Solórzano García en la Fiscalía y la presión sobre dictámenes? ¿Es normal que un ciudadano que no es funcionario tenga una constante presencia en los actos de la Fiscalía? ¿Es normal que lo conozcan no sólo en una dependencia sino en diferentes provincias y fffen diferentes materias?

Si a la Comisión le queda alguna duda sobre este personaje, su cercanía con Washington Pesántez y su papel en el “funcionamiento” de la Fiscalía a nivel nacional, téngase en cuenta lo siguiente:

Testimonio de la ex Fiscal Lucy Blacio, que relata con detalle la presión del Sr. Solórzano y su relación con el Fiscal General.
Testimonio del Asambleísta Tomás Zevallos que afirma haber sido contactado, en el recinto de la Asamblea Nacional, por el Sr. Bosco Solórzano García para pedirle que no se presente su resolución que proponía el retiro del encargo al Fiscal General.
El registro de viajes en TAME del que se desprende la realización de 159 viajes al interior del país a partir de noviembre del 2007.
El certificado del SRI de que no consta ningún pago de Impuesto a la Renta del Sr. Bosco Solórzano.
El certificado del Registro de la Propiedad de Quito en el que consta la compra de un departamento (a fines del año 2009) a nombre del Sr. Bosco Solórzano.
El testimonio del Director del CONSEP de que la entrega final del Porsche Cayenne se realizó al Sr. Bosco Giovanny Solórzano García.
El acta de entrega recepción del Porsche Cayenne firmada entre el CONSEP y el Sr. Bosco Solórzano.
Adjuntamos copia simple de que según los registros públicos del Servicio de Rentas Internas, el Sr. Bosco Giovanny Solórzano García consta con dos números de cédula distintos: 0991223487 y 1303204612.

Téngase en cuenta que, a pesar de ser esta la más grave de las acusaciones, el Fiscal General del Estado no dio ninguna respuesta sobre la identidad y “funciones” de Solórzano García en su comparecencia a la Comisión. Evitó referirse al tema y, a pesar, de ser el tema más repetido en las comparecencias ni siquiera lo nombró.


Sírvase proveer conforme lo solicitado.


María Paula Romo
Asambleísta