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viernes, 30 de mayo de 2008

Sobre participación democrática y partidos políticos

La Mesa 2 puso a debate en esta semana los textos sobre participación democrática, sistema electoral, partidos políticos y mecanismos de democracia directa.

La propuesta es buena, amplía la participación política a muchas otras formas más allá del sufragio y además contiene los principios para la organización del sistema electoral y el sistema de partidos políticos.

Según los artículos propuestos, los partidos políticos deben funcionar de forma democrática, elección de candidatos, composición paritaria de las directivas, estricto control sobre sus recursos y financiamiento.

Los artículos también obligan a que cada nivel de gobierno garantice la existencia de audiencias públicas, consejos consultivos y otros mecanismos de participación en la planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

Se disminuye el porcentaje necesario para convocar consulta, referendum y revocatoria del mandato, haciendo realidad los mecanismos de democracia directa.

En relación a estos textos, hemos presentado junto con otros asambleístas, algunas observaciones; por ejemplo, se debe especificar que el sistema electoral debe ser proporcional para garantizar la representación de las minorías. Esta y otras sugerencias están en el análisis del documento presentado.

miércoles, 28 de mayo de 2008

El derecho a la propiedad y la función social.

Hoy se ha debatido en el pleno de la Asamblea Constituyente los dos artículos sobre propiedad que ha propuesto una de las mesas. Durante los últimos días y también en el debate de hoy, escuchamos discursos lamentables… Uno de los asambleístas afirmaba que se ha creado “sosobra en la ciudadanía”; pero no son los artículos los que han creado sosobra; es la falta de información de algunos lo que es inadmisible.

La propiedad es un derecho y así lo reconocen los artículos propuestos. La preocupación de algunos (insisto, falta de información en la mayoría de los casos) está relacionada a la frase de la función social. Que la propiedad debe cumplir una función social dice la propuesta, también lo dice la Constitución de 1998. La fórmula “función social” se usa también en las constituciones de Bolivia, Chile, Brasil, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Italia. Guatemala, México se refieren a beneficio social. España, a interés social. La Constitución de Colombia incluyen la frase “el interés privado deberá ceder al interés público o social”.

La función social no es por lo tanto un invento del Socialismo del S. XXI, ni una “novelería” de la Asamblea. Hemos vivido los últimos diez años con una Constitución que usa la misma frase sin esta alarma por la propiedad.

La otra preocupación (o falta de información) tiene que ver con la norma que regula la excepción a este derecho: la expropiación que el Estado a través de sus instituciones (en la Constitución de 1998 se especificaba también Municipios) puede realizar en casos de interés público, con fines de conservación y para garantizar el derecho a la vivienda (lo dice la Constitución del 98).

Que hemos “elevado a rango constitucional” a la expropiación observa otra asambleísta. ¿Es una atrocidad? ¿atenta contra la propiedad? En ningún caso. En todas las constituciones del Ecuador, desde Juan José Flores hasta la Constitución del 98 se han incluido en la Constitución las reglas para la expropiación. Normas similares se encuentran en las constituciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, España, Alemania, Italia, Suiza, y podríamos seguir con la lista!

El derecho a la propiedad está garantizado en el texto y estará en la nueva Constitución. Con un poco de lectura o rápida búsqueda de internet podemos comprobar que ninguno de estos términos es motivo de preocupación ni de alarma.

No está en juego la propiedad de los que tienen; nuestra preocupación es que mucha gente no tiene nada.

jueves, 22 de mayo de 2008

Los artículos sobre COMUNICACIÓN en debate en la Asamblea

Lo primero es aclarar que estos artículos más que referirse a un derecho se refieren al desarrollo y las condiciones necesarias para el ejercicio de ese derecho y deberán ubicarse en la sección sobre Comunicación (existe algo similar en la Constitución de 1998).

Estos artículos desarrollan el derecho humano a la libertad de expresión y comunicación. Sujetos de ese derecho: todas las personas, sin requisito alguno. ¿Por qué nos referimos entonces a los medios de comunicación? Sencilla respuesta: Porque el derecho a expresarse, a buscar información y a difundirla libremente, toma una nueva dimensión cuando esa comunicación se transmite o recibe a través de los medios masivos.

La pregunta inmediata al revisar los textos es si se deben regular algunos aspectos de los medios de comunicación (hago énfasis en que se debe usar la palabra regulación y no control). Sí, claro que deben existir regulaciones. Para evaluar cuáles son necesarias, convenientes y no vulneran un derecho fundamental debemos preguntarnos si esa regulación se justifica para garantizar derechos.

Así se explican las regulaciones planteadas en estos artículos, regulaciones algunas como responsabilidad del Estado y otras como derechos de los ciudadanos.

¿Se deben prohibir los monopolios y los oligopolios en los medios de comunicación y en general en la industria cultural? Claro que sí; solo de esta manera se asegura que la información sea plural; que venga de fuentes diversas.

¿Se debe impedir la vinculación de medios de comunicación con otro tipo de sectores de la economía? Por supuesto que sí!. Sólo de esa manera se asegura la información objetiva y veraz que sea capaz de construir democracia y cuestionar al poder. ¡Necesitamos que los medios vigilen y cuestionen al poder político! ¡Eso sostiene las democracias! ¡Pero también necesitamos medios que vigilen y cuestionen a los poderes fácticos en lugar de ser sus cómplices! No puede repetirse en el Ecuador una historia todavía muy fresca: todos recordamos una disputa entre intereses financieros en que cada banco participó con su propio canal (algunos con varios canales y hasta hoy se dan el lujo de confundir prófugo con exiliado).

Algunas observaciones concretas sobre el texto:

El derecho a acceder a la información pública debe establecer como principio inequívoco y general. Los mecanismos y las excepciones deben ser tratadas en la ley, ya están en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública que es una conquista reciente y tuvo el impulso de medios serios y comprometidos.

La norma sobre servicios públicos es general y se refiere a la potestad de la ley para definir cuáles son y cuáles dejan de ser (a eso se refiere “supresión”) servicios públicos. Esa norma no debe estar en esta sección y no hay motivo para que se refiera únicamente al servicio de telecomunicación. La transitoria relacionada con este artículo debe eliminarse.

Se debería cambiar el término control social por control ciudadano.


Finalmente es inaceptable el artículo que plantea que “El Estado controlorá la publicidad y la programación (....)”. Se deben separar los conceptos: el control de la publicidad y la posibilidad de demandar cuando su contenido sea discriminante, sexista, ofensivo es un derechos de todos los ciudadanos, no se puede reducir a un tema de Estado.

En lo que se refiere al “control de programas” creo que debe eliminarse cualquier norma que pueda convertirse en control de contenido. A primera vista son justificados los motivos y temas del control, pero eso no es cierto cuando se trata de libertad de expresión. Si se proponen controles sobre programas que contengan violencia no podremos volver a ver una película sobre una guerra mundial o una buena película de ficción; no faltará el entusiasta que prohíba la Guerra de las Galaxias. Si se prohíbe programas que se refieran al comercio sexual, ¡van a prohibir Pantaleón y las Visitadoras!

Es adecuada la fórmula que a este respecto contiene la Convención Americana de Derechos Humanos: no censura previa, sí responsabilidad ulterior. Esa también es la norma para todos los que nos comunicamos; como ciudadanos asumimos las consecuencias de lo que decimos, ojalá los medios de comunicación también lo hagan.

jueves, 15 de mayo de 2008

El Derecho a la VIDA DIGNA

Hoy en el Pleno de la Asamblea Constituyente se inició el debate sobre derechos civiles. Como era de esperarse, la derecha conservadora dentro de la Asamblea limitó todo este debate a su intención de penalizar todas las formas de interrupción de embarazo, incluida la terapéutica que se practica para salvar la vida de la madre.

La Mesa 1 ha aprobado la redacción del derecho a la vida. En general estamos de acuerdo con esa redacción aunque lo óptimo sería redactar “Derecho a la vida. No hay pena de muerte”.

Es falso plantear éste com un debate entre la vida y la muerte. Todos en esta sala estamos a favor de la vida; pero hay una diferencia: algunos creemos que la defensa de la vida como proceso biológico no es suficiente, la vida también es una vida con dignidad, con libertad, libre de violencia.

¿Qué pasa si se redacta el derecho a la vida “desde la concepción, sin excepciones”?: se prohibirán los abortos terapéuticos, que salvan la vida de la madre cuando está en peligro. Esta redacción no resuelve el problema de fondo; en eso se parecen las posiciones de penalizar y despenalizar: por sí solas, ninguna resuelve los problemas de violencia sexual, de pobreza, de acceso a salud reproductiva.. la única diferencia es que quienes defienden esta frase quieren meter presas a las mujeres… por si no fueran suficientes las duras condiciones que podrían llevar a una mujer a suspender su embarazo, la respuesta es perseguirla judicialmente y castigarla con la cárcel. Nos negamos a eso.

Vamos a seguir defendiendo la vida de las mujeres y la vida digna para todos; vamos a mantener este debate con respeto, sin manipulación ni amarillismo; sin escandalizar a la población aprovechándonos de un tema íntimo, sensible, doloroso pero real.

Las mujeres siempre hemos defendido la vida, pero también hemos luchado por la dignidad, la libertad, por ser consideradas seres humanos completos, capaces de tomar decisiones éticas. Esto es lo que se encuentra en discusión y deberá debatirse hablando de derechos, no de pecados.

domingo, 11 de mayo de 2008

Política de la Alegría

El trabajo en Ciudad Alfaro nos absorbe. Los horarios, las demandas ciudadanas, la responsabilidad de las decisiones. Debe ser por eso que me llamó la atención un libro titulado "Política de la Alegría" y no dude un minuto en comprarlo y buscar la receta. Finalmente no encontré la fórmula sencilla que estaba buscando para mezclar política y alegría pero terminé leyendo una muy buena reflexión sobre la necesidad de que la izquierda se recree alejada del nihilismo y la desesperanza.

El texto es de Pere Saborit y es una llamada de atención a la izquierda contemporánea; entre otras cosas dice: "Toda verdadera lucha revolucionaria se ha nutrido históricamente de la alegría de la afirmación de la existencia que busca ser compartida, frente a la idea de que sólo puede surgir de la envidia hacia los ostentadores del poder o de la deseperación que conlleva la pobreza extrema."

Como insiste el autor, no podemos limitarnos a competir con la derecha en la "gestión de la seriedad y los miedos" es tarea de la izquierda y de cualquier revolución recordar que la solidaridad y la justicia deben ser buscadas desde la alegría y la esperanza. Nos urge transmitir esa sensación al Ecuador entero, comunicar las buenas noticias, que en la Asamblea hay muchas y no se ven en los noticieros.


Tu risa me hace libre,
me pone alas,
soledades me quita,
cárcel me arranca.

Miguel Hernández

miércoles, 7 de mayo de 2008

Ley, bicicletas y derecho a la ciudad

La Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial que hemos tratado durante ya varios meses, además de los conflictos propios de este sector, nos ha dado la posibilidad de innovar en un tema de gran importancia: el reconocimiento del derecho a la ciudad sobretodo en lo que se refiere a la ocupación y uso de los espacios públicos, haciéndolos más amigables para peatones y ciclistas; fomentando el uso de medios de transporte no contaminantes y regulando el servicio público de transporte terrestre.

Afortunadamente las propuestas de varios colectivos fueron buenas, insistentes y tuvieron respaldo en la Mesa de Legislación. Tenemos buenas noticias en esta ley, así que comparto con ustedes el texto enviado por los amigos y amigas de biciacción.



*De los ciclistas, sus deberes y derechos en el segundo informe de mayoría de la Ley de Tránsito*




Han pasado casi 3 meses desde que varios grupos ciudadanos relacionados con la movilidad alternativa y espacio público presentamos a la mesa 10 de legislación el documento base para el reconocimiento y la inclusión de la bicicleta como medio de transporte. Después de varias reuniones, cabildeo con varios asambleístas, marchas en bicicleta a Montecristi, notas de prensa, etc., se ha logrado finalmente que la mesa 10 incluya en su segundo informe de mayoría el tema de las bicis en la Ley de Tránsito, la cual ahora pasará al Ejecutivo para observaciones en el término de una semana y volverá de nuevo a la Asamblea para ser aprobada....



En este sentido la reforma a la actual Ley de Tránsito es bastante progresista, integradora y ampliada para todos los actores que intervienen en la movilidad. Por ello, consideramos el Ejecutivo debe mantenerla y no ceder ante presiones de gremios de transporte o grupos de poder que se han beneficiado del actual sistema que permite el otorgamiento de licencias a personas que no han cumplido los requisitos básicos de formación o cuyas multas son leves frente a la gravedad y los daños causados a la sociedad civil en su conjunto.

Cabe destacar el capítulo I, DE LOS USUARIOS DE LAS VÍAS, de la SECCION 3 que habla DE LOS CICLISTAS Y SUS DERECHOS. De aprobarse la ley se permitirá que se fomente el uso de la bicicleta, se la integre dentro de los sistemas de transportación pública y sea parte del diario urbano en las ciudades del país.

Art 7.- Las vías de circulación terrestre del país son bienes nacionales de uso público, y quedan abiertas al tránsito nacional e internacional de peatones y vehículos motorizados y *no motorizados*, de conformidad con la ley, sus reglamentos e instrumentos internacionales vigentes. En materia de transporte terrestre y tránsito, el Estado garantiza la libre movilidad de personas, vehículos y bienes, bajo normas y condiciones de seguridad vial y observancia de las disposiciones de circulación vial.

SECCIÓN 3
DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Art 26.- El Consejo Consultivo Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial estará integrado de la siguiente manera:
a) El Ministro del sector del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, o su delegado; quien lo presidirá;
b) Un delegado del Ministro de Educación;
c) Un delegado del Ministro de Salud;
d) Un delegado por las Federaciones Nacionales de Transportes.
e) Un delegado por la Federación de Choferes Profesionales del Ecuador;
f) Un delegado de las escuelas de conducción;
g) Un delegado de las asociaciones automotrices del Ecuador; y,
h) Un delegado de las organizaciones de veeduría ciudadana relacionadas con el transporte terrestre y tránsito.

TÍTULO II
DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE

CAPÍTULO I
DE LAS CLASES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

Art 63.- Los terminales terrestres, estaciones de trolebús, metrovía y similares, paraderos de transporte en general, áreas de parqueo en Aeropuertos, Puertos, Mercados, Plazas, Parques, Centros educativos de todo nivel y en los de los de las instituciones públicas en general, dispondrán de un espacio y estructura para el parqueo, accesibilidad y conectividad de bicicletas, con las seguridades mínimas para su conservación y mantenimiento.

Los organismos seccionales exigirán como requisito obligatorio para otorgar permisos de construcción o remodelación, un lugar destinado para el estacionamiento de la bicicletas en el lugar más próximo a la entrada principal, en número suficiente y con bases metálicas para que puedan ser aseguradas con cadenas, en todo nuevo proyecto de edificación de edificios de uso público.

LIBRO TERCERO
DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL

TÍTULO I
DEL ÁMBITO DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL

Art 87.-Están sujetas a las disposiciones del presente Libro, todas las personas que como peatones, pasajeros, ciclistas o conductores de cualquier clase de vehículos, usen o transiten por las vías destinadas al tránsito en el territorio nacional.


SECCION 1
CONTRAVENCIONES LEVES DE PRIMERA CLASE

Art 143.- Incurren en contravención leve de primera clase y serán sancionados con multa equivalente al cinco por ciento de la remuneración básica unificada del trabajador en general y reducción de 1,5 puntos en su licencia de conducir:
t. Los conductores de motocicletas, ciclistas, y peatones que circulen entre vehículos detenidos o en movimiento.

En los casos señalados en las contravenciones m), n), o), p), q), r), s) y t), a los conductores de motocicletas, ciclistas, y peatones en general, se los sancionará única y exclusivamente con la multa pecuniaria establecida en el presente artículo.

SECCION 2
CONTRAVENCIONES LEVES DE SEGUNDA CLASE
Art 144.- Incurren en contravención leve de segunda clase y serán sancionados con multa equivalente al diez por ciento de la remuneración básica unificada del trabajador en general y reducción de 3 puntos en su licencia de conducir:

e. Quien estacione un vehículo en los sitios prohibidos por la Ley o el Reglamento; o que, sin derecho, estacione su vehículo en los espacios destinados a un uso exclusivo de personas con discapacidad o mujeres embarazadas; o estacione su vehículo obstaculizando rampas de acceso para discapacitados, puertas o vías de circulación peatonal;*


*SECCION 3
CONTRAVENCIONES LEVES DE TERCERA CLASE
Art 145.- Incurren en contravención leve de tercera clase y serán sancionados con multa equivalente al quince por ciento de la remuneración básica unificada del trabajador en general, veinte horas de trabajo comunitario y reducción de 4,5 puntos en su licencia de conducir:
*
*t. Los conductores de vehículos de transporte público masivo que se negaren a transportar a los ciclistas con sus bicicletas, siempre que el vehículo se encuentre adecuado para transportar bicicletas.*
*u. Los conductores que no respeten el derecho preferente de los ciclistas en los desvíos y avenidas y carreteras, cruce de caminos, intersecciones no señalizadas y ciclovías.
v. El conductor que invada con su vehículo, circulando o estacionándose, las vías asignadas para uso exclusivo de los ciclistas.

LIBRO CUARTO
DE LA PREVENCIÓN
TITULO IV
DE LOS ACTORES DE LA SEGURIDAD VIAL

CAPITULO I
DE LOS USUARIOS DE LAS VÍAS
SECCION 3
DE LOS CICLISTAS Y SUS DERECHOS
Art 210.- Los ciclistas tendrán los siguientes derechos:

a. Transitar por todas las vías públicas del país, con respeto y seguridad, excepto en aquellos en la que la infraestructura actual ponga en riesgo su seguridad, como túneles y pasos a desnivel sin carril para ciclistas, en los que se deberá adecuar espacios para hacerlo.

b. Disponer de vías de circulación privilegiada dentro de las ciudades y en las carreteras, como ciclovías y espacios similares.

c. Disponer de espacios gratuitos y libres de obstáculos, con las adecuaciones correspondiente, para el parqueo de las bicicletas en los terminales terrestres, estaciones de trolebús, metrovía y similares.

d. Derecho preferente de vía o circulación en los desvíos de avenidas y carreteras, cruce de caminos, intersecciones no señalizadas y ciclovías.

e. Derecho a ser transportados con sus bicicletas en los vehículos de transporte público cantonal e interprovincial, sin ningún costo adicional. Para facilitar este derecho, y sin perjuicio de su cumplimiento incondicional, los transportistas dotarán a sus unidades de estructuras portabicicletas en sus partes anterior y superior.

f.Derecho a tener días de circulación preferente de las bicicletas en el área urbana, con determinación de recorridos, favoreciéndose e impulsándose el desarrollo de ciclopaseos ciudadanos.

CAPITULO III
DE LAS VÍAS
Art 215.-Toda vía a ser construida, rehabilitada o mantenida deberá contar en los proyectos con un estudio técnico de seguridad y señalización vial, previamente al inicio de las obras.

Los Municipios, Consejos Provinciales y Ministerio de Obras Públicas, deberán exigir como requisito obligatorio en todo nuevo proyecto de construcción de vías de circulación vehicular, la incorporación de senderos asfaltados o de hormigón para el uso de bicicletas con una anchura que no deberá ser inferior a los dos metros por cada vía unidireccional.

Las entidades municipales deberán hacer estudios para incorporar en el casco urbano vías nuevas de circulación y lugares destinados para estacionamiento de bicicletas para facilitar la masificación de este medio de transporte.

viernes, 2 de mayo de 2008

No al trabajo infantil

En el debate sobre la Sección del Trabajo que el Pleno de la Asamblea Constituyente tuvo el día de ayer se debatió mucho sobre la referencia al trabajo de mayores de 15 años.

El trabajo infantil y adolescente es una realidad en el Ecuador, pero no por eso podemos mirarla con “normalidad”. Debemos defender el derecho de niños y adolescentes a no trabajar; cuando los niños trabajan dejan de estudiar, dejan de jugar, se exponen a riesgos mayores que los de otros trabajadores.



Algunos datos según la Encuesta de Trabajo Infantil y Adolescente (ENEMDUR) , realizada por el INEN en el 2001.

- cerca de 780 mil niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años se encuentran ocupados en alguna actividad laboral, cifra que representa el 21% de las personas en este grupo de edad. La tasa de trabajo en este grupo es mayor para los hombres (25%) que para las mujeres (16%) y superior entre los residentes rurales (36%) frente a los urbanos (11%).

- la edad promedio de los trabajadores infantiles es de 13 años; edad que está por debajo, en un 59% de los casos, de la edad mínima de admisión al empleo que según las leyes ecuatorianas es de 15 años. - la edad promedio a la que empezaron a trabajar los niños, niñas y adolescentes es de apenas 10 años, siendo aún menor (9 años) en el caso de las áreas rurales. En un 90% de los casos, los niños, niñas y adolescentes trabajadores en el Ecuador empezaron a trabajar por primera vez antes de la edad mínima permitida.

- se estima que 8 de cada 10 niños, niñas y adolescentes realizan labores consideradas “peligrosas”.



Insisto entonces, el trabajo infantil es una realidad que debemos asumir y tratar de resolver. El objetivo último debe ser que los niños, niñas y adolescentes no trabajen. Por eso -junto con otros compañeros- nos hemos pronunciado en el sentido de que esta sección no debe referirse a niños y adolescentes como un trabajador regular; el tema debe ser tratado en la Sección de niños y niñas y además en el Código del Trabajo.