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lunes, 25 de abril de 2011

Análisis de la Consulta Popular. PREGUNTA 1.

Pregunta 1.

¿Está usted de acuerdo en enmendar el numeral 9 del artículo 77 de la Constitución de la República incorporando un inciso que impida la caducidad de la prisión preventiva cuando esta ha sido provocada por la persona procesada y que permita sancionar las trabas irrazonables en la administración de justicia por parte de juezas, jueces, fiscales, peritos o servidores de órganos auxiliares de la Función Judicial, como establece el anexo 1?
Esta pregunta plantea la aparente necesidad de frenar los beneficios de la caducidad de la prisión preventiva cuando deviene de los abusos de los procesados y servidores judiciales.

Esta pregunta es innecesaria e incompleta. Es innecesaria porque el Código de Procedimiento Penal vigente ya regula la prohibición de la caducidad de la prisión preventiva cuando ha sido atribuida a maniobras desleales del procesado, pues el inciso sexto del artículo 169 señala que:

“No se considerará, por consiguiente, que ha excedido el plazo de caducidad de prisión preventiva cuando el imputado, por cualquier medio, ha evadido, retardado, evitado o impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar la caducidad de la prisión preventiva”.
Además, el mismo Art. 169 del Código de Procedimiento Penal, y el Art. 108.7 del Código Orgánico de la Función Judicial, ya establecen la responsabilidad y sanciones a los funcionarios judiciales que en el proceso hayan dejado caducar la prisión preventiva.
Por otra parte, si bien la pregunta repite las excepciones a la caducidad de la prisión preventiva por conducta del inculpado o de las autoridades judiciales que se encuentran reguladas, es incompleta porque no prevé la excepción por complejidad del caso, que se encuentra harto difundida en la doctrina de la Corte Europea e Interamericana de Derechos Humanos.
Entonces, ¿cuál es la intención de la pregunta? Ninguna al menos en términos de reforma normativa. Por ello una pregunta de este peso, que interfiere en derechos y garantías del debido proceso, no hace más que formar parte del populismo penal, aquella estrategia que desmantela derechos bajo el discurso de la seguridad en el soterrado poder simbólico de medir popularidad.

sábado, 23 de abril de 2011

Hermosa costumbre: regalarse libros y poemas por el Día del Libro.

Mi regalo: un fragmento que me gusta mucho de un libro de A. Mastreta:
"... me comprometo a vivir con intensidad y regocijo, a no dejarme vencer por los abismos del amor, ni por el miedo que de éste me caiga encima, ni por el olvido, ni siquiera por el tormento de una pasión contrariada.
Me comprometo a recordar, a conocer mis yerros, a bendecir mis arrebatos. Me comprometo a perdonar los abandonos, a no desdeñar nada de todo lo que me conmueva, me deslumbre, me quebrante, me alegre.
Larga vida prometo, larga paciencia, historias largas. Y nada abreviaré que deba sucederme, ni la pena, ni el éxtasis, para que cuando sea vieja tenga como deleite la detallada historia de mis días"
(MASTRETA, Ninguna eternidad como la mía).

martes, 5 de abril de 2011

En la Consulta Popular:


¡LAS RAZONES DE LA RUPTURA PARA VOTAR NO!
Una campaña de ideas y propuestas

La consulta al pueblo es un mecanismo que debe usarse con responsabilidad y para profundizar la democracia, no para justificar decisiones contrarias a la Constitución y sus principios.

A través de la Consulta propuesta el Presidente ejerce el poder Ejecutivo, el Legislativo, reemplaza al Consejo de Participación Ciudadana y nombraría al Judicial. Esta concentración es exactamente lo contrario de lo que conviene a las democracias.

La consulta encierra un discurso en donde nos hacen escoger entre seguridad y derechos, como si fueran opuestos. El desafío es lograr vivir con seguridad sin  renunciar a los derechos.

Estamos conscientes que la crisis que enfrentamos en seguridad y justicia es sumamente grave. Precisamente por eso, por la responsabilidad con nuestro presente y futuro, las soluciones deben ser integrales y profundas. Esta Consulta posterga el proceso de cambio de la justicia al volver al círculo vicioso de la interferencia política que hemos reclamado en otros gobiernos.

Cuando Ruptura nació y nos preguntábamos sobre las prácticas que había que romper, criticamos duramente a Febres Cordero y sus tanques frente a la Corte. Fuimos implacables contra Gutiérrez y su Pichi Corte. Por eso no podemos repetir los errores del pasado.

La política no es un acto de fe; lo revolucionario en nuestro país es construir instituciones para el presente y el futuro, más allá de los vaivenes políticos.

Por estos y otros motivos que resultan del análisis global de la Consulta y del contenido de cada pregunta, como Ruptura tomamos la decisión de separarnos de PAIS y RESPONDER NO en la Consulta Popular.

Nuestra campaña será comunicar, analizar, debatir, pero sabemos que la Consulta no resolverá los problemas reales del Ecuador y nos parece irresponsable gastar 30 millones de dólares en preguntas sobre temas que no requerían de este procedimiento. En consecuencia, como Ruptura, devolveresmos los fondos públicos asignados a nuestra organización por el Consejo Nacional Electoral. 

El Ecuador necesita de una política coherente, por eso invitamos a todos los actores políticos, a que como nosotros, hagamos esta campaña con argumentos y propuestas, sin fondos públicos.