¿Y detrás de lo que vemos?
Publicado en Diario Hoy
06/11/2005
María Paula Romo
Claro que el Ecuador está en medio de una profunda crisis política y que algunas reformas en el diseño institucional serían un buen primer paso para resolverla. Pero resulta inconcebible que el debate público se encuentre estancado alrededor de si necesitamos una asamblea constitucional o constituyente.
Cierto que en 1998 el Ecuador estrenó una Constitución progresista en materia de derechos y garantías, pero también es cierto que en términos de organizar el Estado esa Constitución no ha funcionado. Sino, ¿por qué aún no tenemos contralor?, ¿por qué tomó tanto tiempo la designación de defensor del Pueblo y se hizo en contra del acuerdo con las organizaciones de derechos humanos?, ¿por qué no se puede nombrar Directorio del Banco Central?, y ni hablar de la confianza que nos produce el Tribunal Supremo Electoral o de la falta de Tribunal Constitucional. Es momento entonces de centrar el debate político alrededor de lo sustancial.
Y mientras le damos contenido y hacemos público (de todos y para todos) este debate sobre el diseño del Estado, no podemos perder de vista lo que sigue sucediendo. Por ejemplo, para universalizar el primer año de educación básica, se requiere un presupuesto de $10 millones; la Pro forma de 2006, que se encuentra en el Congreso -y que deberá ser aprobada hasta el 30 de noviembre- solo asigna $2 millones para el tema. La educación es la tarea pendiente de la política ecuatoriana, pero los actores "oficiales" no parecen estar dispuestos a cumplirla.
Escuchamos, y decimos, todos los días que el Ecuador necesita un gran acuerdo y en efecto es así. Además de establecer como prioridad la educación y comprometerse a cumplir las reglas del juego democrático, el otro compromiso indispensable para el país está alrededor de un pacto fiscal. ¿En dónde queda ese pacto fiscal mientras el Congreso pretende aprobar una Ley que exoneraría del pago del impuesto a la renta por los próximos 12 años a ciertos sectores productivos del Ecuador? Sí, se trata de un proyecto de ley que beneficia solo a inversionistas nacionales, pues la inversión extranjera paga impuestos en sus propios países de resultar exonerados en el nuestro.
Del Congreso y los partidos que proponen esta Ley no se podría esperar nada distinto, pero cómo creer en el discurso de “refundación” y “patriotismo” del presidente Palacio, cuando permite -con su veto favorable- que se elimine el único mecanismo de redistribución de la riqueza que le queda al Estado ecuatoriano. De qué instituciones y respeto a la ley hablamos mientras ese mismo proyecto de ley autorizaría a las empresas a desconocer las disposiciones del SRI (una de las pocas instituciones que tenemos).
Son estas decisiones las que materializan las prioridades y las intenciones, no los discursos. Frente a las presiones para firmar el TLC es que se probará su compromiso con el país. Por lo pronto, independientemente del destino que el Congreso y el Ejecutivo -en pugna o acuerdo entre ellos- le den a la asamblea constituyente, el desafío es levantar un proceso paralelo de deliberación pública y esforzarnos por comprender qué intereses se juegan detrás de los discursos de micrófonos y tarimas.
06/11/2005
María Paula Romo
Claro que el Ecuador está en medio de una profunda crisis política y que algunas reformas en el diseño institucional serían un buen primer paso para resolverla. Pero resulta inconcebible que el debate público se encuentre estancado alrededor de si necesitamos una asamblea constitucional o constituyente.
Cierto que en 1998 el Ecuador estrenó una Constitución progresista en materia de derechos y garantías, pero también es cierto que en términos de organizar el Estado esa Constitución no ha funcionado. Sino, ¿por qué aún no tenemos contralor?, ¿por qué tomó tanto tiempo la designación de defensor del Pueblo y se hizo en contra del acuerdo con las organizaciones de derechos humanos?, ¿por qué no se puede nombrar Directorio del Banco Central?, y ni hablar de la confianza que nos produce el Tribunal Supremo Electoral o de la falta de Tribunal Constitucional. Es momento entonces de centrar el debate político alrededor de lo sustancial.
Y mientras le damos contenido y hacemos público (de todos y para todos) este debate sobre el diseño del Estado, no podemos perder de vista lo que sigue sucediendo. Por ejemplo, para universalizar el primer año de educación básica, se requiere un presupuesto de $10 millones; la Pro forma de 2006, que se encuentra en el Congreso -y que deberá ser aprobada hasta el 30 de noviembre- solo asigna $2 millones para el tema. La educación es la tarea pendiente de la política ecuatoriana, pero los actores "oficiales" no parecen estar dispuestos a cumplirla.
Escuchamos, y decimos, todos los días que el Ecuador necesita un gran acuerdo y en efecto es así. Además de establecer como prioridad la educación y comprometerse a cumplir las reglas del juego democrático, el otro compromiso indispensable para el país está alrededor de un pacto fiscal. ¿En dónde queda ese pacto fiscal mientras el Congreso pretende aprobar una Ley que exoneraría del pago del impuesto a la renta por los próximos 12 años a ciertos sectores productivos del Ecuador? Sí, se trata de un proyecto de ley que beneficia solo a inversionistas nacionales, pues la inversión extranjera paga impuestos en sus propios países de resultar exonerados en el nuestro.
Del Congreso y los partidos que proponen esta Ley no se podría esperar nada distinto, pero cómo creer en el discurso de “refundación” y “patriotismo” del presidente Palacio, cuando permite -con su veto favorable- que se elimine el único mecanismo de redistribución de la riqueza que le queda al Estado ecuatoriano. De qué instituciones y respeto a la ley hablamos mientras ese mismo proyecto de ley autorizaría a las empresas a desconocer las disposiciones del SRI (una de las pocas instituciones que tenemos).
Son estas decisiones las que materializan las prioridades y las intenciones, no los discursos. Frente a las presiones para firmar el TLC es que se probará su compromiso con el país. Por lo pronto, independientemente del destino que el Congreso y el Ejecutivo -en pugna o acuerdo entre ellos- le den a la asamblea constituyente, el desafío es levantar un proceso paralelo de deliberación pública y esforzarnos por comprender qué intereses se juegan detrás de los discursos de micrófonos y tarimas.