Los límites
Publicado en Diario Hoy
20/05/2007
María Paula Romo
Esta semana se ha caracterizado por el debate ocasionado a partir de la denuncia de Rafael Correa a diario La Hora por una afirmación que el Presidente consideró no solo inexacta, sino inaceptable para su Gobierno.
Como acostumbramos; el debate se ha personalizado y la lectura ha sido maniquea. Que si es bueno o malo, atenta contra la libertad de prensa o no, y respuestas de solidaridad con unos y otros como si todos los asuntos nos obligaran a tomar bandos (las circunstancias, los temas, claro que exigen que tomemos posiciones; pero no tienen porque ser ni intransigibles, ni de alineamientos personales).
El tema en cuestión: los límites entre la libertad de prensa e información y el derecho de un ciudadano o un Gobierno a solicitar la intervención judicial; me ponen en un conflicto, pues pretendo mirarlo de ambos lados. Desde hace más de un año mantengo esta columna y cada vez que la escribo estoy consciente de que su contenido genera reacciones y puede traer consecuencias incluso jurídicas (conocemos de casos recientes que lo atestiguan, más todavía cuando el contenido critica o se refiere a personajes políticos). Es más, la sola molestia de ciertos lectores con algunas de mis opiniones han provocado el envío (y la publicación) de cartas cuyos adjetivos habrían calzado bastante bien en lo que se conoce como injuria calumniosa grave. Esos son los “gajes del oficio”: la libertad de prensa y opinión prohíbe la censura previa pero también (según la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos) implica la responsabilidad ulterior por las opiniones emitidas.
Del otro lado, hace casi tres años, hago política públicamente; eso significa que la prensa y algunos periodistas, en más de una ocasión, han publicado o expresado opiniones mal intencionadas, falsas, ofensivas y que perfectamente justificaban una denuncia. Nunca me he atrevido a hacerla. La prensa, no es un enemigo deseable. Tener la verdad o que un juez falle a favor de mi argumento sería lo de menos frente al espacio en que determinado periodista podría dedicar sus energías a descalificarme. Mi decisión ha sido aceptar la desigualdad de condiciones y confiar en que mis actos desmientan las insinuaciones y las mentiras.
Hoy el presidente ha decidido emprender una acción judicial. El juez deberá decidir, apegado al derecho, en un caso en que no podrá satisfacer a todos. No importa, no es ese su deber. No convirtamos la discusión en un asunto de Estado y “ofensa pública”; pero tampoco en una evidencia de “persecución” o “autoritarismo”. Es sana la tensión entre prensa y política, lo grave sería una prensa cómplice; sin embargo, la falta de oposición inteligente tampoco puede tentar a la prensa a ocupar ese papel.
20/05/2007
María Paula Romo
Esta semana se ha caracterizado por el debate ocasionado a partir de la denuncia de Rafael Correa a diario La Hora por una afirmación que el Presidente consideró no solo inexacta, sino inaceptable para su Gobierno.
Como acostumbramos; el debate se ha personalizado y la lectura ha sido maniquea. Que si es bueno o malo, atenta contra la libertad de prensa o no, y respuestas de solidaridad con unos y otros como si todos los asuntos nos obligaran a tomar bandos (las circunstancias, los temas, claro que exigen que tomemos posiciones; pero no tienen porque ser ni intransigibles, ni de alineamientos personales).
El tema en cuestión: los límites entre la libertad de prensa e información y el derecho de un ciudadano o un Gobierno a solicitar la intervención judicial; me ponen en un conflicto, pues pretendo mirarlo de ambos lados. Desde hace más de un año mantengo esta columna y cada vez que la escribo estoy consciente de que su contenido genera reacciones y puede traer consecuencias incluso jurídicas (conocemos de casos recientes que lo atestiguan, más todavía cuando el contenido critica o se refiere a personajes políticos). Es más, la sola molestia de ciertos lectores con algunas de mis opiniones han provocado el envío (y la publicación) de cartas cuyos adjetivos habrían calzado bastante bien en lo que se conoce como injuria calumniosa grave. Esos son los “gajes del oficio”: la libertad de prensa y opinión prohíbe la censura previa pero también (según la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos) implica la responsabilidad ulterior por las opiniones emitidas.
Del otro lado, hace casi tres años, hago política públicamente; eso significa que la prensa y algunos periodistas, en más de una ocasión, han publicado o expresado opiniones mal intencionadas, falsas, ofensivas y que perfectamente justificaban una denuncia. Nunca me he atrevido a hacerla. La prensa, no es un enemigo deseable. Tener la verdad o que un juez falle a favor de mi argumento sería lo de menos frente al espacio en que determinado periodista podría dedicar sus energías a descalificarme. Mi decisión ha sido aceptar la desigualdad de condiciones y confiar en que mis actos desmientan las insinuaciones y las mentiras.
Hoy el presidente ha decidido emprender una acción judicial. El juez deberá decidir, apegado al derecho, en un caso en que no podrá satisfacer a todos. No importa, no es ese su deber. No convirtamos la discusión en un asunto de Estado y “ofensa pública”; pero tampoco en una evidencia de “persecución” o “autoritarismo”. Es sana la tensión entre prensa y política, lo grave sería una prensa cómplice; sin embargo, la falta de oposición inteligente tampoco puede tentar a la prensa a ocupar ese papel.