Oportunidad perdida
Publicado en Diario Hoy
26/11/2006
María Paula Romo
Hoy vamos a las urnas, a elegir a quien gobernará los próximos cuatro (¿?) años el Ecuador. En otras circunstancias, escribiría sobre elecciones y el 15 de enero, sobre el período presidencial del Dr. Palacio, pero esta semana tenemos tres temas que dan ya por terminada su gestión.
No me voy a referir a la imposibilidad (¿falta de voluntad?) de llevar adelante las reformas políticas que la ciudadanía exigía el día de la fuga del coronel Gutiérrez. Ni siquiera voy a hacer alusión a las muchas formas en que el propio Ejecutivo boicoteó los intentos de llevar adelante las reformas y se perdió en su propio laberinto. Pero, aún sin la oportunidad de convertirse en el “refundador”, Palacio tuvo en sus manos decisiones trascendentales. Me refiero específicamente a la Ley de la Defensoría Pública, la de Salud y los temas materia de la Consulta Popular de hoy.
Empecemos por la Consulta: dos de las preguntas pretenden que los ciudadanos le demos un plazo al Congreso para legislar sobre el AUS y sobre el destino para los excedentes de los ingresos petroleros. La primera pregunta, sobre el Plan Decenal de Educación es una decisión obvia; una política que hay que llevar adelante con o sin consulta; y en los otros dos casos, teniendo el Presidente iniciativa legislativa, lo responsable habría sido proponer él las reformas legales pertinentes, en lugar de plantear un encargo tan vago.
Esta semana, el Ejecutivo decidió vetar totalmente la Ley de Defensoría Pública; un esfuerzo de años para responder a una realidad monstruosa: la de miles de ecuatorianos privados de su libertad o a los que se les ha negado justicia por no poder pagar un abogado. Esta era la forma de materializar el derecho constitucional, de dar respuesta a uno de los temas de la cacareada reforma al sector justicia, de buscar soluciones al drama humano de nuestras cárceles, y de asegurar una de las tareas irrenunciables del Estado: la administración de justicia.
Finalmente, el viernes, el presidente vetó parcialmente la Ley de Salud. Al parecer, cedió a presiones similares a aquellas que le hicieron oficializar el “Día del No Nacido” y sugirió que las políticas y programas de salud sexual y reproductiva en el caso de menores de edad, “respeten la autoridad de los padres”; que los programas educativos sobre esta materia se destinen a prevenir la “precocidad y promiscuidad en las relaciones sexuales”; y la eliminación de la anticoncepción de emergencia como una alternativa en el caso de violación. La Ley en sí misma es un avance importante, pero el veto parcial de Palacio evidencia que los prejuicios y los valores moralistas (mojigatos) todavía pueden imponerse sobre crudeza de los hechos y las necesidades de la mayoría.
26/11/2006
María Paula Romo
Hoy vamos a las urnas, a elegir a quien gobernará los próximos cuatro (¿?) años el Ecuador. En otras circunstancias, escribiría sobre elecciones y el 15 de enero, sobre el período presidencial del Dr. Palacio, pero esta semana tenemos tres temas que dan ya por terminada su gestión.
No me voy a referir a la imposibilidad (¿falta de voluntad?) de llevar adelante las reformas políticas que la ciudadanía exigía el día de la fuga del coronel Gutiérrez. Ni siquiera voy a hacer alusión a las muchas formas en que el propio Ejecutivo boicoteó los intentos de llevar adelante las reformas y se perdió en su propio laberinto. Pero, aún sin la oportunidad de convertirse en el “refundador”, Palacio tuvo en sus manos decisiones trascendentales. Me refiero específicamente a la Ley de la Defensoría Pública, la de Salud y los temas materia de la Consulta Popular de hoy.
Empecemos por la Consulta: dos de las preguntas pretenden que los ciudadanos le demos un plazo al Congreso para legislar sobre el AUS y sobre el destino para los excedentes de los ingresos petroleros. La primera pregunta, sobre el Plan Decenal de Educación es una decisión obvia; una política que hay que llevar adelante con o sin consulta; y en los otros dos casos, teniendo el Presidente iniciativa legislativa, lo responsable habría sido proponer él las reformas legales pertinentes, en lugar de plantear un encargo tan vago.
Esta semana, el Ejecutivo decidió vetar totalmente la Ley de Defensoría Pública; un esfuerzo de años para responder a una realidad monstruosa: la de miles de ecuatorianos privados de su libertad o a los que se les ha negado justicia por no poder pagar un abogado. Esta era la forma de materializar el derecho constitucional, de dar respuesta a uno de los temas de la cacareada reforma al sector justicia, de buscar soluciones al drama humano de nuestras cárceles, y de asegurar una de las tareas irrenunciables del Estado: la administración de justicia.
Finalmente, el viernes, el presidente vetó parcialmente la Ley de Salud. Al parecer, cedió a presiones similares a aquellas que le hicieron oficializar el “Día del No Nacido” y sugirió que las políticas y programas de salud sexual y reproductiva en el caso de menores de edad, “respeten la autoridad de los padres”; que los programas educativos sobre esta materia se destinen a prevenir la “precocidad y promiscuidad en las relaciones sexuales”; y la eliminación de la anticoncepción de emergencia como una alternativa en el caso de violación. La Ley en sí misma es un avance importante, pero el veto parcial de Palacio evidencia que los prejuicios y los valores moralistas (mojigatos) todavía pueden imponerse sobre crudeza de los hechos y las necesidades de la mayoría.