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domingo, 11 de noviembre de 2007

Cochabamba y las autonomías

Publicado en Diario Hoy
14/01/2007
María Paula Romo

Los enfrentamientos producidos esta semana en Cochabamba ponen sobre la mesa una discusión vigente en la región andina y de resolución todavía pendiente también para nosotros aquí en el Ecuador: la necesidad de terminar con los vicios del Estado centralista y, del otro lado, la de redefinir el rol que juegan los gobiernos locales y sus dirigentes políticos en esta tarea. En el año 2005 en Bolivia, los prefectos fueron electos por primera vez mediante voto directo; en el pasado, estas autoridades seccionales eran designadas desde el Gobierno central en una lógica similar a la de nuestros actuales gobernadores. A pesar de que las elecciones marcaron el triunfo de Evo Morales y su proyecto político, los resultados seccionales produjeron resultados distintos: seis, de los nueve prefectos bolivianos, son parte de la oposición al MAS.

Uno de los discursos centrales de estas nuevas autoridades fue el de la descentralización y las autonomías. En julio pasado el gobierno de Morales convocó a un referéndum para preguntarle al país sobre un modelo autonómico para Bolivia. Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija –cuatro de los nueve departamentos- votaron a favor de establecer un régimen autonómico; los cinco restantes votaron por el no. El resultado nacional fue de un 57% de ciudadanos que dijeron NO al modelo autonómico. Entre otras cosas, la negativa reflejó el temor de que las autonomías puedan provocar la división del país.

El conflicto desencadenado estos días en Cochabamba tiene que ver con la propuesta del prefecto Reyes Villa de un nuevo referéndum por la autonomía y la tesis contraria de fuerzas cívicas y movimientos sociales que han respondido exigiendo la renuncia del prefecto. El problema se agrava por la falta de legislación y de claridad respecto de quién y cómo dirime conflictos de este tipo.

Lo que hoy sucede en Bolivia nos llama a reflexionar sobre el caso ecuatoriano: la ineficiencia del Estado central ha generado legítimas demandas por el diseño de un modelo que permita acercar el poder y el Estado a los ciudadanos, pero no puede convertirse en el mecanismos para perpetuar a los caudillos locales. Es fundamental que el nuevo diseño responda a un proyecto nacional y a un amplio acuerdo (este es otro de los temas urgentes de la Asamblea Constituyente); de lo contrario puede convertirse en factor adicional de conflicto y chantaje político. Esta discusión también exige redefinir las nociones de representación; la responsabilidad que tienen en el escenario nacional los dirigentes locales, y la necesidad de renovar permanentemente los pactos de convivencia en países tan diversos como los nuestros.