Reestructuración
Publicado en Diario Hoy
14/05/2006
María Paula romo
Se discute en estos días la decisión de la Corte Suprema de Justicia de llevar adelante una reestructuración de gran alcance en el Poder Judicial; la propuesta suscita discusión, preocupaciones y preguntas; pero también abre la puerta a la posibilidad de contar con un sistema judicial independiente, oportuno, eficaz, que lleve adelante la tarea para la que está creado.
La Función Judicial está en crisis: los problemas van desde la propia legislación -sustantiva y procesal-, pasando por problemas de infraestructura, falta de credibilidad en el sistema, acusaciones de corrupción a los funcionarios judiciales, sospechas -en algunos casos pruebas- de las vinculaciones de la justicia con poderes políticos y económicos, y una serie de otros temas.
También es cierto que en los últimos años se ha hecho un especial intento para resolver estos problemas: a pesar de las circunstancias anteriores -el golpe del coronel-, el proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia, transparente, público, a través de un concurso de méritos, ha sido el logro más importante de esta etapa
La transparencia y publicidad del proceso de selección se ha convertido no solo en la fortaleza y legitimidad de los actuales magistrados, sino en un modelo para convocatorias similares, como está sucediendo con la iniciativa para la selección de fiscal general y como se anuncia para la selección de jueces. En principio la idea no suena mal, pero no podemos olvidarnos de la necesidad de garantizar estabilidad de jueces y operadores de justicia; sin embargo, esta garantía no puede convertirse en “seguridad a toda prueba”. Será necesario entonces un mecanismo que permita la evaluación permanente de los funcionarios y que sea tan eficiente en castigar a los corruptos como en promover e incentivar a aquellos que hagan un buen trabajo.
La Corte Suprema y el Consejo Nacional de la Judicatura deberán ser muy cuidadosos con los mecanismos que les permitan llevar adelante este proceso: sería un error que se haga desde dentro de la misma estructura hoy cuestionada o que no se traten de mecanismos públicos y de evaluación de capacidades. También sería un error que los cambios en Notarías y Registros de la Propiedad sean solo una nueva distribución de privilegios; los dos son asuntos que requieren cambios radicales.
Esta es una oportunidad de aportar en la construcción de un estado de derecho en oposición a un sistema de favores, prerrogativas y clientela; no se trata de un tema de profesores de derecho o politólogos; en los estados modernos, como afirma el italiano Ferrajoli, los derechos son la garantía de los débiles, eso convierte este tema en un asunto vital.
14/05/2006
María Paula romo
Se discute en estos días la decisión de la Corte Suprema de Justicia de llevar adelante una reestructuración de gran alcance en el Poder Judicial; la propuesta suscita discusión, preocupaciones y preguntas; pero también abre la puerta a la posibilidad de contar con un sistema judicial independiente, oportuno, eficaz, que lleve adelante la tarea para la que está creado.
La Función Judicial está en crisis: los problemas van desde la propia legislación -sustantiva y procesal-, pasando por problemas de infraestructura, falta de credibilidad en el sistema, acusaciones de corrupción a los funcionarios judiciales, sospechas -en algunos casos pruebas- de las vinculaciones de la justicia con poderes políticos y económicos, y una serie de otros temas.
También es cierto que en los últimos años se ha hecho un especial intento para resolver estos problemas: a pesar de las circunstancias anteriores -el golpe del coronel-, el proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia, transparente, público, a través de un concurso de méritos, ha sido el logro más importante de esta etapa
La transparencia y publicidad del proceso de selección se ha convertido no solo en la fortaleza y legitimidad de los actuales magistrados, sino en un modelo para convocatorias similares, como está sucediendo con la iniciativa para la selección de fiscal general y como se anuncia para la selección de jueces. En principio la idea no suena mal, pero no podemos olvidarnos de la necesidad de garantizar estabilidad de jueces y operadores de justicia; sin embargo, esta garantía no puede convertirse en “seguridad a toda prueba”. Será necesario entonces un mecanismo que permita la evaluación permanente de los funcionarios y que sea tan eficiente en castigar a los corruptos como en promover e incentivar a aquellos que hagan un buen trabajo.
La Corte Suprema y el Consejo Nacional de la Judicatura deberán ser muy cuidadosos con los mecanismos que les permitan llevar adelante este proceso: sería un error que se haga desde dentro de la misma estructura hoy cuestionada o que no se traten de mecanismos públicos y de evaluación de capacidades. También sería un error que los cambios en Notarías y Registros de la Propiedad sean solo una nueva distribución de privilegios; los dos son asuntos que requieren cambios radicales.
Esta es una oportunidad de aportar en la construcción de un estado de derecho en oposición a un sistema de favores, prerrogativas y clientela; no se trata de un tema de profesores de derecho o politólogos; en los estados modernos, como afirma el italiano Ferrajoli, los derechos son la garantía de los débiles, eso convierte este tema en un asunto vital.