¿Legalidad vs. Legitimidad?
Publicado en Diario Hoy
29/04/2007
María Paula Romo
En una de mis primeras clases de Derecho en la Universidad (cuando todavía creía que la relación entre ley y justicia era directa ¡qué inocencia!), me repetían que no es suficiente escribir una ley y que sea aprobada con los votos necesarios según la Constitución; me explicaban también que la ley debe contar con legitimidad para ser efectiva. Teníamos que hacer deberes explicando la relación; eran más o menos así: una ley que nos obligue a todos a manejar por la izquierda no sería racional, sería el caos total; o, por ejemplo, a estas alturas una ley que regule la forma de vestirse de las personas (como cuando Bucaram decidió prohibir minifaldas en sus tareas de intendente del Guayas) no solo sería ridícula y anacrónica sino que no sería respetada ni apoyada por nadie.
Entendí en ese entonces que no se trataba de escoger entre legalidad y legitimidad; que se trataba de conjugarlas, de que sean consecuentes y estén relacionadas entre sí; de lograr la aplicación y el cumplimiento de una ley o una resolución precisamente porque los ciudadanos consideraban ese comportamiento adecuado y la infracción de la ley era un acontecimiento marginal que entonces podía ser susceptible de sanción.
He recordado estas historias porque desde diferentes sectores se empieza a levantar un discurso que pretende que debemos escoger entre la una o la otra: unos desconocen totalmente la legalidad (ley, sentencias, resoluciones) y afirman que la legitimidad es lo único que interesa (habitualmente se atribuyen también la condición de decidir lo que para la mayoría es legítimo). Por otro lado, hay quienes se han convertido en unos defensores a ultranza de la legalidad (los mismos que todos los días hacen contratos de compra-venta con precios falsos porque las tarifas notariales y los impuestos municipales son exagerados; o que ejercen la profesión de abogados y sugieren simular un contrato antes de hacer una donación para evitar el impuesto; o aquellos que legislaron sobre la detención en firme cuando era atentatoria contra la Convención Americana de Derechos Humanos y la propia Constitución). Todo esto solo para decir que legalidad versus legitimidad es un falso dilema. El ordenamiento jurídico debe ser legitimado para que la sociedad sienta que es un acuerdo del que formó parte. Las decisiones de los jueces tienen poco sentido si no se miran a la luz de lo razonable, y hay lugar para dudar sobre su intencionalidad. El debate solo argumenta sobre la necesidad de un nuevo acuerdo político (la Constitución) y políticos que debatan y se opongan con inteligencia, en lugar de fugar en avión privado.
29/04/2007
María Paula Romo
En una de mis primeras clases de Derecho en la Universidad (cuando todavía creía que la relación entre ley y justicia era directa ¡qué inocencia!), me repetían que no es suficiente escribir una ley y que sea aprobada con los votos necesarios según la Constitución; me explicaban también que la ley debe contar con legitimidad para ser efectiva. Teníamos que hacer deberes explicando la relación; eran más o menos así: una ley que nos obligue a todos a manejar por la izquierda no sería racional, sería el caos total; o, por ejemplo, a estas alturas una ley que regule la forma de vestirse de las personas (como cuando Bucaram decidió prohibir minifaldas en sus tareas de intendente del Guayas) no solo sería ridícula y anacrónica sino que no sería respetada ni apoyada por nadie.
Entendí en ese entonces que no se trataba de escoger entre legalidad y legitimidad; que se trataba de conjugarlas, de que sean consecuentes y estén relacionadas entre sí; de lograr la aplicación y el cumplimiento de una ley o una resolución precisamente porque los ciudadanos consideraban ese comportamiento adecuado y la infracción de la ley era un acontecimiento marginal que entonces podía ser susceptible de sanción.
He recordado estas historias porque desde diferentes sectores se empieza a levantar un discurso que pretende que debemos escoger entre la una o la otra: unos desconocen totalmente la legalidad (ley, sentencias, resoluciones) y afirman que la legitimidad es lo único que interesa (habitualmente se atribuyen también la condición de decidir lo que para la mayoría es legítimo). Por otro lado, hay quienes se han convertido en unos defensores a ultranza de la legalidad (los mismos que todos los días hacen contratos de compra-venta con precios falsos porque las tarifas notariales y los impuestos municipales son exagerados; o que ejercen la profesión de abogados y sugieren simular un contrato antes de hacer una donación para evitar el impuesto; o aquellos que legislaron sobre la detención en firme cuando era atentatoria contra la Convención Americana de Derechos Humanos y la propia Constitución). Todo esto solo para decir que legalidad versus legitimidad es un falso dilema. El ordenamiento jurídico debe ser legitimado para que la sociedad sienta que es un acuerdo del que formó parte. Las decisiones de los jueces tienen poco sentido si no se miran a la luz de lo razonable, y hay lugar para dudar sobre su intencionalidad. El debate solo argumenta sobre la necesidad de un nuevo acuerdo político (la Constitución) y políticos que debatan y se opongan con inteligencia, en lugar de fugar en avión privado.