El Estado de Derecho

Publicado en Diario Hoy
11/02/2007
María Paula Romo

Hoy que la legalidad está tan venida a menos, y empezamos a creer que la legitimidad y las encuestas son la mejor forma de conducir una democracia, parece fundamental acordarse de qué se trata el famoso Estado de Derecho. Es una conquista de la política moderna; tiene algunas implicaciones: la primera, tal vez la más importante, es reconocer que el poder no está en las personas, sino en las leyes (para que esto quedara claro, la monarquía francesa pasó por la guillotina); su segunda característica fundamental es que frente a ese poder -de las leyes- todos somos iguales: no privilegios, no concesiones especiales; la gran ficción de la democracia es la igualdad ante la ley.

Esto nos da algunas pistas de por qué es importante defender este concepto que a veces hasta nos suena hueco; es porque, mientras más real sea, estamos menos expuestos a las arbitrariedades del poder o a sus abusos. ¿Cómo se hace realidad semejante enunciado?: organizando instancias de poder, control, administración de justicia y garantizando que su actuación sea independiente, previsible y a través de un proceso justo. Larga introducción para terminar diciendo que el gran debate de hoy sobre la Corte Suprema, el Consejo de la Judicatura, el fiscal, el Congreso, no son debates entre personas, rencillas entre grupos o sagaces movimientos políticos. Estamos precisamente discutiendo sobre los cimientos de la democracia. Este momento entonces nos exige a todos generosidad y responsabilidad: menos cálculo político y más compromiso ético; incluso la firme decisión de abandonar las prebendas y privilegios a los que algunos han estado acostumbrados.

Con estos antecedentes, algunas preguntas urgentes: ¿procede en un Estado de Derecho que la CSJ analice una resolución de un Tribunal Constitucional?; ¿procede que este Tribunal revise -con celeridad digna de mejor causa- una decisión de la Corte?; ¿le corresponde a una ex fiscal (la misma que le daba bendiciones a Bucaram por teléfono) exigir “su” cargo como si fuera un derecho adquirido?; ¿es posible que miremos un patrullero parqueado frente al Ministerio Público desde hace semanas?; ¿a nombre de qué la dirigencia de una agrupación política ocupa instalaciones de una empresa estatal para exigir que se designen funcionarios de entre ellos? Aunque por mucho tiempo el discurso de la legalidad ha justificado atracos e injusticias, la solución no es vivir por fuera de la ley. En un mundo tan desigual como el nuestro, los derechos y una legalidad (construida con legitimidad) son una garantía para los más débiles. Por aquí deberíamos empezar a caminar para la construcción de un verdadero Estado Social de Derecho.

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