El privilegio de las tarifas
Publicado en Diario Hoy
17/09/2006
María Paula Romo
Entre el primer y segundo debate de las reformas a la Ley Eléctrica transcurrieron cuatro años. El tema es fundamental para el Ecuador, para los usuarios, para el sector productivo; pero no parece haber sido tan importante para el Congreso Nacional. Se ha retomado la discusión y ahora les corresponde al propio Congreso y al Ejecutivo iniciar a través de esta reforma la definición de una política energética para el Ecuador, pensada con el objetivo de beneficiar a todo el país y no de preservar el negocio, los beneficios o privilegios de unos cuantos grupos o sectores.
Sobran argumentos para exigir cambios en el sector eléctrico; el inmenso déficit, la ineficiencia de algunas de las empresas, hasta las conexiones ilegales y las grandes fugas sobre las que las propias empresas se hacen de la vista gorda desde hace años.
Pero no solo existen esos problemas; lo más grave es las injusticias y la inequidad amparadas por la Ley y las regulaciones actuales. Unos ejemplos: una residencia que consuma 200 kilovatios en un mes pagará una planilla de aproximadamente $16 si está ubicada en Guayaquil, pero más de $26 si esa familia vive en Sucumbíos y casi $25 si está en Loja. La tarifa industrial es, en promedio nacional, (exceptuando Quito y Guayaquil) un 40% más alta que la de la CATEG y un 27% más alta que la de la Empresa Eléctrica Quito.
Este sistema es injusto para las familias que viven en lugares distintos de Quito y Guayaquil; pero en lo que respecta a la producción industrial no solo es un problema de inequidad, sino la eliminación de oportunidades de crecimiento y desarrollo para las otras ciudades y provincias del país. Las soluciones no pueden ni deben esconder la ineficiencia de algunas empresas; pero cuidado con engañarnos: las empresas más eficientes no son precisamente las de Quito y Guayaquil. Tampoco nuevos subsidios deben ser la respuesta a la falta de voluntad para ejecutar reformas integrales al sistema eléctrico nacional, que no solo tengan que ver con el precio, sino con un importante incremento en la generación y con la eficiencia y transparencia en las empresas generadoras y distribuidoras, que permitan disminuir progresivamente los costos de una energía eléctrica que es una de las más costosas de la región. En el mismo proyecto, el Gobierno asegura el financiamiento para compensar el déficit tarifario, ¿por qué solo unos pocos se benefician de ese mecanismo, mientras el 65% de los usuarios paga tarifas más caras por no vivir en Quito o Guayaquil? Es imprescindible el establecimiento de una tarifa unificada, pero ese es solo el primer paso, se debe resolver de una vez por todas el problema energético que ha sido aplazado por grandes intereses de unos pocos.
17/09/2006
María Paula Romo
Entre el primer y segundo debate de las reformas a la Ley Eléctrica transcurrieron cuatro años. El tema es fundamental para el Ecuador, para los usuarios, para el sector productivo; pero no parece haber sido tan importante para el Congreso Nacional. Se ha retomado la discusión y ahora les corresponde al propio Congreso y al Ejecutivo iniciar a través de esta reforma la definición de una política energética para el Ecuador, pensada con el objetivo de beneficiar a todo el país y no de preservar el negocio, los beneficios o privilegios de unos cuantos grupos o sectores.
Sobran argumentos para exigir cambios en el sector eléctrico; el inmenso déficit, la ineficiencia de algunas de las empresas, hasta las conexiones ilegales y las grandes fugas sobre las que las propias empresas se hacen de la vista gorda desde hace años.
Pero no solo existen esos problemas; lo más grave es las injusticias y la inequidad amparadas por la Ley y las regulaciones actuales. Unos ejemplos: una residencia que consuma 200 kilovatios en un mes pagará una planilla de aproximadamente $16 si está ubicada en Guayaquil, pero más de $26 si esa familia vive en Sucumbíos y casi $25 si está en Loja. La tarifa industrial es, en promedio nacional, (exceptuando Quito y Guayaquil) un 40% más alta que la de la CATEG y un 27% más alta que la de la Empresa Eléctrica Quito.
Este sistema es injusto para las familias que viven en lugares distintos de Quito y Guayaquil; pero en lo que respecta a la producción industrial no solo es un problema de inequidad, sino la eliminación de oportunidades de crecimiento y desarrollo para las otras ciudades y provincias del país. Las soluciones no pueden ni deben esconder la ineficiencia de algunas empresas; pero cuidado con engañarnos: las empresas más eficientes no son precisamente las de Quito y Guayaquil. Tampoco nuevos subsidios deben ser la respuesta a la falta de voluntad para ejecutar reformas integrales al sistema eléctrico nacional, que no solo tengan que ver con el precio, sino con un importante incremento en la generación y con la eficiencia y transparencia en las empresas generadoras y distribuidoras, que permitan disminuir progresivamente los costos de una energía eléctrica que es una de las más costosas de la región. En el mismo proyecto, el Gobierno asegura el financiamiento para compensar el déficit tarifario, ¿por qué solo unos pocos se benefician de ese mecanismo, mientras el 65% de los usuarios paga tarifas más caras por no vivir en Quito o Guayaquil? Es imprescindible el establecimiento de una tarifa unificada, pero ese es solo el primer paso, se debe resolver de una vez por todas el problema energético que ha sido aplazado por grandes intereses de unos pocos.