Atraco del siglo
Publicado en Diario Hoy
28/05/2006
María Paula Romo
Suena al nombre de algún estreno en Hollywood lleno de efectos especiales y situaciones solo posibles en la ciencia ficción, pero también podría ser la portada de las memorias que la Dra. Alejandra Cantos, gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos, estaba preparando como parte de su programa de cierre.
El Ecuador y los ecuatorianos aún no hemos procesado la debacle del sistema financiero en 1999 y todavía no se han señalado a los grandes responsables. Esa es una deuda pendiente con la historia de nuestro país y con la memoria de los ciudadanos, y de no darse, se convertirá en el peor precedente de impunidad de los últimos tiempos.
Al día de hoy, la AGD tiene una cartera por cobrar de $1 500 millones, con los intereses se convierte en aproximadamente $3 400 millones. El 90% de esa cartera tiene calificación E, lo que significa que será imposible de cobrar. La gran mayoría de estos créditos no está garantizada: no hay bienes que pueden responder por la deuda y en muchos casos fueron entregados a empresas fantasmas, domiciliadas en lugares que no existen (inolvidable el caso de la señora que trabajaba lavando ropa y vivía en los suburbios de Guayaquil y, a su nombre, el Banco del Progreso había entregado un crédito de más de $1 millón).
¿Qué pasará con esa cartera vencida? ¿Quiénes serán los que asuman ese costo? La Dra. Cantos tuvo la audacia y la entereza de hacer en la AGD lo que se supone correcto: pagar a los perjudicados y cobrar a quienes aún tienen cuentas pendientes. En uno de esos casos, siguió la trayectoria de un crédito que se supone vinculado y usó los mecanismos legales para asegurar su cobro. Estoy segura de que ese es el motivo de que hoy esté privada de su libertad, ¡el terror que debe haber causado en algunos la posibilidad de crear un precedente de seguir la trayectoria de los créditos vinculados!
Al día de hoy la AGD calcula que el costo total del salvataje bancario fue de algo más de $8 000 millones. Eso significa la mitad de la deuda pública del Estado ecuatoriano, o el total del Presupuesto General del Estado de un año entero. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Quiénes son los grandes responsables y los beneficiarios de la crisis? Mientras no encontremos las respuestas seguiremos sin entender los intereses que se juegan detrás de los discursos; las urgencias electorales; la lucha de algunos por interferir en la justicia e incluso la inestabilidad política que también es producto de este intento desesperado de reacomodo de los grandes poderes económicos. Al mismo tiempo, este es un momento de grandes oportunidades: la de comprobar que hay personas honestas y valientes –aunque hoy estén presas- y el momento para cambiar el rumbo de un país del que unos pocos se han sentido los únicos dueños.
28/05/2006
María Paula Romo
Suena al nombre de algún estreno en Hollywood lleno de efectos especiales y situaciones solo posibles en la ciencia ficción, pero también podría ser la portada de las memorias que la Dra. Alejandra Cantos, gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos, estaba preparando como parte de su programa de cierre.
El Ecuador y los ecuatorianos aún no hemos procesado la debacle del sistema financiero en 1999 y todavía no se han señalado a los grandes responsables. Esa es una deuda pendiente con la historia de nuestro país y con la memoria de los ciudadanos, y de no darse, se convertirá en el peor precedente de impunidad de los últimos tiempos.
Al día de hoy, la AGD tiene una cartera por cobrar de $1 500 millones, con los intereses se convierte en aproximadamente $3 400 millones. El 90% de esa cartera tiene calificación E, lo que significa que será imposible de cobrar. La gran mayoría de estos créditos no está garantizada: no hay bienes que pueden responder por la deuda y en muchos casos fueron entregados a empresas fantasmas, domiciliadas en lugares que no existen (inolvidable el caso de la señora que trabajaba lavando ropa y vivía en los suburbios de Guayaquil y, a su nombre, el Banco del Progreso había entregado un crédito de más de $1 millón).
¿Qué pasará con esa cartera vencida? ¿Quiénes serán los que asuman ese costo? La Dra. Cantos tuvo la audacia y la entereza de hacer en la AGD lo que se supone correcto: pagar a los perjudicados y cobrar a quienes aún tienen cuentas pendientes. En uno de esos casos, siguió la trayectoria de un crédito que se supone vinculado y usó los mecanismos legales para asegurar su cobro. Estoy segura de que ese es el motivo de que hoy esté privada de su libertad, ¡el terror que debe haber causado en algunos la posibilidad de crear un precedente de seguir la trayectoria de los créditos vinculados!
Al día de hoy la AGD calcula que el costo total del salvataje bancario fue de algo más de $8 000 millones. Eso significa la mitad de la deuda pública del Estado ecuatoriano, o el total del Presupuesto General del Estado de un año entero. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Quiénes son los grandes responsables y los beneficiarios de la crisis? Mientras no encontremos las respuestas seguiremos sin entender los intereses que se juegan detrás de los discursos; las urgencias electorales; la lucha de algunos por interferir en la justicia e incluso la inestabilidad política que también es producto de este intento desesperado de reacomodo de los grandes poderes económicos. Al mismo tiempo, este es un momento de grandes oportunidades: la de comprobar que hay personas honestas y valientes –aunque hoy estén presas- y el momento para cambiar el rumbo de un país del que unos pocos se han sentido los únicos dueños.