La seguridad
Publicado en Diario Hoy
16/04/2006
María Paula Romo
Lo más grave de la creciente percepción de inseguridad es que se convierta en la condición perfecta para el éxito del discurso político de la “mano dura”. Y cuando las soluciones a un tema tan grave se plantean en esos términos, no solo que no se resuelve el problema, sino que se crean otros y se ponen en riesgo derechos fundamentales e incluso los supuestos del estado de derecho y la democracia.
Una característica elemental del Estado es la de poseer el monopolio legítimo de la fuerza. ¿Puede entonces actuar a nombre de la fuerza pública alguien distinto al Estado? Y, si la fuerza no es ejercida por el Estado, ¿deja de ser legítima? Esa era la discusión de fondo al hablar de la privatización de la vigilancia urbana en Guayaquil. Lamentablemente, un Gobierno central débil puede llegar a creer que lo único que la teoría exige que el Estado monopolice puede “tercerizarse”.
Condición elemental para la democracia es la independencia de los poderes del Estado. Entre ellos, resulta fundamental asegurar sobre todo la independencia de la administración de justicia. Esa fue una de las demandas centrales hacia Gutiérrez, y su intervención inconstitucional en la destitución y nombramiento de la CSJ fue uno de los detonantes de la protesta popular que provocó su fuga.
¿Qué sucede hoy con las demandas del alcalde Nebot y de las “fuerzas vivas”? (un compañero guayaquileño siempre bromea preguntando si todo el que no pertenece a una Cámara ¿es “fuerza muerta”?). Los problemas y las acusaciones sobre las irregularidades en la Fiscalía del Estado no son nuevas, ciudadanos y ciudadanas demandan todos los días una actuación ética y oportuna de esos funcionarios, pero ¿por qué tienen eco esas demandas cuando van acompañadas de la presión del alcalde?; la celeridad -y omisión del debido proceso y los trámites administrativos- con que ha actuado la fiscal general ¿cómo deben interpretarse en términos de su independencia frente a presiones políticas?
La seguridad es un componente importante para la calidad de vida de las personas. Una vida sin violencia es un derecho de los seres humanos. Frente a una realidad de creciente inseguridad se requiere de una política de Estado con la capacidad de resolver este tema en sus múltiples frentes. Se requiere de una justicia independiente y oportuna, pero también de una política de no impunidad (quien comete un delito paga sus consecuencias, no importa si es político, banquero o personaje reconocido). Es urgente contar con un real sistema de rehabilitación social. La seguridad significa la necesidad de construir nuevos códigos de convivencia y, sobre todo, la seguridad también se asegura desde la construcción de equidad. ¿Será que vamos en el camino correcto?
16/04/2006
María Paula Romo
Lo más grave de la creciente percepción de inseguridad es que se convierta en la condición perfecta para el éxito del discurso político de la “mano dura”. Y cuando las soluciones a un tema tan grave se plantean en esos términos, no solo que no se resuelve el problema, sino que se crean otros y se ponen en riesgo derechos fundamentales e incluso los supuestos del estado de derecho y la democracia.
Una característica elemental del Estado es la de poseer el monopolio legítimo de la fuerza. ¿Puede entonces actuar a nombre de la fuerza pública alguien distinto al Estado? Y, si la fuerza no es ejercida por el Estado, ¿deja de ser legítima? Esa era la discusión de fondo al hablar de la privatización de la vigilancia urbana en Guayaquil. Lamentablemente, un Gobierno central débil puede llegar a creer que lo único que la teoría exige que el Estado monopolice puede “tercerizarse”.
Condición elemental para la democracia es la independencia de los poderes del Estado. Entre ellos, resulta fundamental asegurar sobre todo la independencia de la administración de justicia. Esa fue una de las demandas centrales hacia Gutiérrez, y su intervención inconstitucional en la destitución y nombramiento de la CSJ fue uno de los detonantes de la protesta popular que provocó su fuga.
¿Qué sucede hoy con las demandas del alcalde Nebot y de las “fuerzas vivas”? (un compañero guayaquileño siempre bromea preguntando si todo el que no pertenece a una Cámara ¿es “fuerza muerta”?). Los problemas y las acusaciones sobre las irregularidades en la Fiscalía del Estado no son nuevas, ciudadanos y ciudadanas demandan todos los días una actuación ética y oportuna de esos funcionarios, pero ¿por qué tienen eco esas demandas cuando van acompañadas de la presión del alcalde?; la celeridad -y omisión del debido proceso y los trámites administrativos- con que ha actuado la fiscal general ¿cómo deben interpretarse en términos de su independencia frente a presiones políticas?
La seguridad es un componente importante para la calidad de vida de las personas. Una vida sin violencia es un derecho de los seres humanos. Frente a una realidad de creciente inseguridad se requiere de una política de Estado con la capacidad de resolver este tema en sus múltiples frentes. Se requiere de una justicia independiente y oportuna, pero también de una política de no impunidad (quien comete un delito paga sus consecuencias, no importa si es político, banquero o personaje reconocido). Es urgente contar con un real sistema de rehabilitación social. La seguridad significa la necesidad de construir nuevos códigos de convivencia y, sobre todo, la seguridad también se asegura desde la construcción de equidad. ¿Será que vamos en el camino correcto?