El famoso acuerdo mínimo
Publicado en Diario Hoy
13/11/2005
María Paula Romo
Todos hemos oído, y hablado, de la necesidad de que nuestro país tenga un proyecto claro, una agenda común, o -en el peor de los casos- un acuerdo mínimo que nos permita construir a futuro. En momentos de incertidumbre política como este (incertidumbre por todo lo que se estará tramando detrás del discurso oficial del poder), se vuelve urgente la necesidad de este acuerdo mínimo, de alguna certeza.
Podríamos lanzar algunas ideas sobre el potencial contenido de este acuerdo: que educación y salud fueran la inversión prioritaria, por ejemplo; o la firme voluntad de construir instituciones, o temas elementales de soberanía y dignidad en el manejo de los temas internacionales, en fin, el tema exige articulación y debate público. Sin embargo, la agitación en el Congreso Nacional las últimas semanas nos da pistas sobre dos temas centrales: es imprescindible hacer un acuerdo alrededor de la estabilidad fiscal, y los poderes reales -muchas veces representados por los poderes políticos- deben comprometerse a no intentar obtener su riqueza en perjuicio de lo público (los recursos públicos, los bienes públicos, las empresas públicas).
Y como estos acuerdos mínimos no existen, la situación se aprovecha para sacar ventaja de un ambiente convulsionado y confuso, gobernado (¿?) por un Ejecutivo débil y sin proyecto político. ¿Cómo explicar sino el trámite que se ha dado a la Ley de Exoneraciones Tributarias, o Ley Nebot?
¿Cómo explicar (el tema debería tener escandalizados a todos los abogados) que en lugar de que las exoneraciones tributarias estén claramente contenidas en la ley, se entregue a cada uno de los municipios del país la facultad de autorizar los proyectos que se verán beneficiados por la exoneración?
Con la debilidad de los presidentes en un régimen de gobierno como el nuestro (que así seguirá, si la reforma se deja en manos del Congreso), ¿estamos seguros de querer entregar en manos únicamente del Ejecutivo la posibilidad de ampliar las materias que serán exoneradas de impuesto a la renta en el futuro? ¿Y el principio de legalidad?
¿Cómo les explicaremos a los actuales inversionistas que ellos sí deben pagar impuesto a la renta mientras sus competidores en las mismas áreas estarán exonerados en sus inversiones futuras? ¿Y el derecho a ser iguales frente a la ley?
La Ley Nebot nos plantea varias preguntas difíciles de responder mientras se habla de instituciones, respeto a las reglas y democracia. ¿Qué haremos al respecto?
Y los impuestos, la ley y la democracia, nos ponen frente a otro tema a ser resuelto dentro del famoso acuerdo mínimo: el rol de las Fuerzas Armadas.
¿Permitiremos ahora que el 25% del impuesto a la renta de las actividades empresariales de las FFAA también salga del Presupuesto del Estado y vaya directamente al ISSFA? (según consta en la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas). Si le ponemos orden al debate, van primero las preguntas de por qué las Fuerzas Armadas tienen un sistema paralelo de Seguridad Social, o si el país considera necesario que posean empresas e industrias.
Sin abandonar el debate sobre la necesidad de la constituyente, ojo con quienes esperan el menor descuido.
13/11/2005
María Paula Romo
Todos hemos oído, y hablado, de la necesidad de que nuestro país tenga un proyecto claro, una agenda común, o -en el peor de los casos- un acuerdo mínimo que nos permita construir a futuro. En momentos de incertidumbre política como este (incertidumbre por todo lo que se estará tramando detrás del discurso oficial del poder), se vuelve urgente la necesidad de este acuerdo mínimo, de alguna certeza.
Podríamos lanzar algunas ideas sobre el potencial contenido de este acuerdo: que educación y salud fueran la inversión prioritaria, por ejemplo; o la firme voluntad de construir instituciones, o temas elementales de soberanía y dignidad en el manejo de los temas internacionales, en fin, el tema exige articulación y debate público. Sin embargo, la agitación en el Congreso Nacional las últimas semanas nos da pistas sobre dos temas centrales: es imprescindible hacer un acuerdo alrededor de la estabilidad fiscal, y los poderes reales -muchas veces representados por los poderes políticos- deben comprometerse a no intentar obtener su riqueza en perjuicio de lo público (los recursos públicos, los bienes públicos, las empresas públicas).
Y como estos acuerdos mínimos no existen, la situación se aprovecha para sacar ventaja de un ambiente convulsionado y confuso, gobernado (¿?) por un Ejecutivo débil y sin proyecto político. ¿Cómo explicar sino el trámite que se ha dado a la Ley de Exoneraciones Tributarias, o Ley Nebot?
¿Cómo explicar (el tema debería tener escandalizados a todos los abogados) que en lugar de que las exoneraciones tributarias estén claramente contenidas en la ley, se entregue a cada uno de los municipios del país la facultad de autorizar los proyectos que se verán beneficiados por la exoneración?
Con la debilidad de los presidentes en un régimen de gobierno como el nuestro (que así seguirá, si la reforma se deja en manos del Congreso), ¿estamos seguros de querer entregar en manos únicamente del Ejecutivo la posibilidad de ampliar las materias que serán exoneradas de impuesto a la renta en el futuro? ¿Y el principio de legalidad?
¿Cómo les explicaremos a los actuales inversionistas que ellos sí deben pagar impuesto a la renta mientras sus competidores en las mismas áreas estarán exonerados en sus inversiones futuras? ¿Y el derecho a ser iguales frente a la ley?
La Ley Nebot nos plantea varias preguntas difíciles de responder mientras se habla de instituciones, respeto a las reglas y democracia. ¿Qué haremos al respecto?
Y los impuestos, la ley y la democracia, nos ponen frente a otro tema a ser resuelto dentro del famoso acuerdo mínimo: el rol de las Fuerzas Armadas.
¿Permitiremos ahora que el 25% del impuesto a la renta de las actividades empresariales de las FFAA también salga del Presupuesto del Estado y vaya directamente al ISSFA? (según consta en la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas). Si le ponemos orden al debate, van primero las preguntas de por qué las Fuerzas Armadas tienen un sistema paralelo de Seguridad Social, o si el país considera necesario que posean empresas e industrias.
Sin abandonar el debate sobre la necesidad de la constituyente, ojo con quienes esperan el menor descuido.