¿Autónomos?
Publicado en Diario Hoy
27/05/2007
María Paula Romo
En el trabajo en la Comisión especial del CONESUP, encargada de redactar un proyecto de nueva Constitución, he tenido la oportunidad de verificar con mucha mayor precisión algo que venimos afirmando desde hace tiempo: el solo tema de la organización del Estado ya es argumento suficiente para la realización de una Constituyente. Y no me refiero exclusivamente a la organización político-administrativa del Estado en relación a su territorio; sino también a los diferentes órganos del poder; las empresas estatales; los famosos “organismos de desarrollo regional” y una lista que podría ser interminable sobre aquellas partes del todo que es (debería ser) el Estado ecuatoriano que han decidido interpretar autonomía según su mejor versión.
Autonomía, para ciertas empresas públicas se ha interpretado como no estar obligados a rendir cuentas a nadie. La autonomía financiera, administrativa, de gestión, que tienen como objetivo la eficiencia de su funcionamiento, se ha confundido a tal nivel que no permite la intervención de Contraloría, reclaman la distribución de “utilidades”; no obedecen la Ley Orgánica de Transparencia, o firman contratos colectivos que resultan una afrenta en un país de desigualdad y pobreza que es el dueño de esas empresas. Los organismos de desarrollo regional son otro tema a poner en discusión. En su momento, fueron creados para la ejecución de obras interprovinciales y la planificación del desarrollo regional; hoy, la mayoría de ellos se ha convertido en una especie de gobierno seccional paralelo: no coordinan con las autoridades locales (estas sí electas por la población, identificables, sujetas a la evaluación pública y la responsabilidad política sobre sus actos u omisiones), manejan un presupuesto que en muchos casos supera al presupuesto de las provincias y no han mostrado los resultados esperados. En el tema de la organización político administrativa, tenemos de todo: ejemplos dignos de reconocimiento para los que autonomía ha significado asumir responsabilidades respecto del bienestar de su población: Cotacachi y Oña se han declarado cantones libres de analfabetismo sin que hoy la educación les corresponda a los Municipios; juntas parroquiales que –sin tener facultades de ejecución– han logrado gran eficiencia en manejo directo de proyectos; Consejos Provinciales que se han ganado el derecho a llamarse “Gobierno de la Provincia” (me refiero al caso de Tungurahua); mientras para otros autonomía significa escoger “a la carta” temas de su interés o conveniencia.
Según la Constitución vigente, hoy en día el Ecuador tiene más de 1 000 (sí, ¡mil!) gobiernos seccionales autónomos; el debate es entonces qué competencias le corresponden a cada uno, quién controla a quién y como eso se articula en un proyecto nacional.
27/05/2007
María Paula Romo
En el trabajo en la Comisión especial del CONESUP, encargada de redactar un proyecto de nueva Constitución, he tenido la oportunidad de verificar con mucha mayor precisión algo que venimos afirmando desde hace tiempo: el solo tema de la organización del Estado ya es argumento suficiente para la realización de una Constituyente. Y no me refiero exclusivamente a la organización político-administrativa del Estado en relación a su territorio; sino también a los diferentes órganos del poder; las empresas estatales; los famosos “organismos de desarrollo regional” y una lista que podría ser interminable sobre aquellas partes del todo que es (debería ser) el Estado ecuatoriano que han decidido interpretar autonomía según su mejor versión.
Autonomía, para ciertas empresas públicas se ha interpretado como no estar obligados a rendir cuentas a nadie. La autonomía financiera, administrativa, de gestión, que tienen como objetivo la eficiencia de su funcionamiento, se ha confundido a tal nivel que no permite la intervención de Contraloría, reclaman la distribución de “utilidades”; no obedecen la Ley Orgánica de Transparencia, o firman contratos colectivos que resultan una afrenta en un país de desigualdad y pobreza que es el dueño de esas empresas. Los organismos de desarrollo regional son otro tema a poner en discusión. En su momento, fueron creados para la ejecución de obras interprovinciales y la planificación del desarrollo regional; hoy, la mayoría de ellos se ha convertido en una especie de gobierno seccional paralelo: no coordinan con las autoridades locales (estas sí electas por la población, identificables, sujetas a la evaluación pública y la responsabilidad política sobre sus actos u omisiones), manejan un presupuesto que en muchos casos supera al presupuesto de las provincias y no han mostrado los resultados esperados. En el tema de la organización político administrativa, tenemos de todo: ejemplos dignos de reconocimiento para los que autonomía ha significado asumir responsabilidades respecto del bienestar de su población: Cotacachi y Oña se han declarado cantones libres de analfabetismo sin que hoy la educación les corresponda a los Municipios; juntas parroquiales que –sin tener facultades de ejecución– han logrado gran eficiencia en manejo directo de proyectos; Consejos Provinciales que se han ganado el derecho a llamarse “Gobierno de la Provincia” (me refiero al caso de Tungurahua); mientras para otros autonomía significa escoger “a la carta” temas de su interés o conveniencia.
Según la Constitución vigente, hoy en día el Ecuador tiene más de 1 000 (sí, ¡mil!) gobiernos seccionales autónomos; el debate es entonces qué competencias le corresponden a cada uno, quién controla a quién y como eso se articula en un proyecto nacional.