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domingo, 11 de noviembre de 2007

Asuntos personales

Publicado en Diario Hoy
19/03/2006
María Paula Romo

La relación entre lo individual y lo colectivo es motivo de tensión permanente. Se trata de una de las preguntas medulares de lo político y es, sin duda, una de las tareas pendientes para dotarle de nuevos sentidos a la reflexión ideológica.
Lo vivido esta semana (por no decir en toda nuestra historia) en el Ecuador, también puede reducirse a eso: ¿cómo resolvemos los conflictos entre los intereses personales, o gremiales, y los intereses del país?
La decisión sobre la firma del TLC no puede tomarse, únicamente, en base al beneficio del sector exportador del país; como tampoco utilizando a la defensa de un grupo de pequeños agricultores -que, definitivamente, se verán perjudicados por este tratado-, como la bandera de lucha por una negativa tajante.
Ninguno de los dos es argumento suficiente. La pregunta que debemos formularnos es si al Ecuador le favorece, si a la mayoría de sus habitantes le permitiría vivir y trabajar en mejores condiciones y tener más oportunidades. Las preguntas, además, no son solo las referentes al libre comercio, debemos también definir nuestras posiciones sobre propiedad intelectual, protección a la producción cultural, si le corresponde o no al Estado garantizar las inversiones extranjeras,
entre muchas otras tantas contenidas en esta negociación ambigua.
¿Se debe impulsar un proceso de autonomía exclusivamente para asegurar el poder de los caciques locales, o para que algún alcalde pueda finalmente llegar a la Presidencia? (¡A propósito!, seguro todas sus planificaciones tienen perspectiva de género, como lo demostraba la última reunión del CONCOPE, cuya rueda de prensa usó como fondo a las candidatas a Miss Ecuador). El verdadero objetivo de la necesaria reforma administrativa del Estado es acercar el poder a la gente y mejorar la gestión de lo local; es desconcentrar el poder y formar seres autónomos y libres que resignifiquen lo político y den vida a nuestra Democracia.
El Congreso y los diputados tienen la tarea y el deber de fiscalizar llamando a juicio político a ministros y funcionarios, pero no es legítimo que la causal sea que no se entregan recursos extra presupuestarios a “mi cantón, mi aeropuerto, mi universidad”, que son los que les aseguran período a período “mi reelección”.
Decidir según el interés de la mayoría implica sacrificar algunas demandas particulares, eso es parte de la responsabilidad de la política honesta. Diferenciar entre la defensa de los intereses colectivos y la de los asuntos personales es el criterio para reconocer entre quienes hacen política y quienes se aferran a sus tradicionales privilegios.