La trampa del tiempo
Publicado en Diario Hoy
16/07/2006
María Paula Romo
El nuestro, en lugar de ser un sistema de pesos y contrapesos, es un sistema político de chantajes y bloqueos y una de las mejores herramientas que usa es la del tiempo. Eso ha sido evidente en la práctica del Congreso Nacional: en el hecho de no nombrar contralor general; los siete meses que esperó la última vez para el Directorio del Banco Central; en la lista de expedientes que la comisión de Fiscalización del propio Congreso almacena para poder intercambiar con otras investigaciones pendientes.
Ese es exactamente el caso del actual TC: en los pocos meses de su gestión a partir de su cuestionado nombramiento ha logrado acumular la resolución de causas que le permiten blandir una “espada de Damocles” sobre una serie de actores políticos y de poderes fácticos en el Ecuador. Entre otros, me refiero a la resolución respecto de la Ley de Hidrocarburos, la reestructuración de la Corte Suprema de Justicia y aquella que supuestamente abriría la puerta a la participación electoral del “dictócrata”.
En ninguno de los tres casos se justifica su demora para emitir una resolución definitiva, pero en los tres el transcurso del tiempo va convirtiendo a los temas en un asunto mucho más conflictivo y una fuente de inseguridad para los involucrados. No quiero imaginar el inmenso perjuicio que le causaría al Estado ecuatoriano una resolución que invalide la Reforma a la Ley de Hidrocarburos; de suceder, reglamento, administración, gestión de los recursos sería lo de menos, pues no solo que estaría el Estado obligado a restituir lo ganado sino que sería objeto de una serie de denuncias adicionales. ¿Por qué entonces el Tribunal no resuelve de una vez un tema tan delicado?
Respecto de la conformación del Poder Judicial la demora en la resolución, ¿no podría darle al Tribunal una especial facultad de presión respecto de la Corte y el Consejo de la Judicatura? ¿Tiene sentido un proceso complejo de reestructuración, el desgaste político que implica, los costos económicos de llevarlo adelante, si finalmente el TC podría -en cualquier momento- echar abajo el proceso entero?
Y, respecto de Gutiérrez, ¿qué sentido tiene retrasar la decisión una semana? ¿Habrá nuevos elementos de juicio o solo mayor incertidumbre e incentivos para negociar si la resolución se toma con el plazo justo de inscribir candidaturas? El Tribunal Constitucional es el órgano de control más importante de las democracias modernas; atención entonces porque el nuestro tiene poca legitimidad, ninguna responsabilidad política, algunos temas importantes y se está tomando más tiempo que el oportuno.
16/07/2006
María Paula Romo
El nuestro, en lugar de ser un sistema de pesos y contrapesos, es un sistema político de chantajes y bloqueos y una de las mejores herramientas que usa es la del tiempo. Eso ha sido evidente en la práctica del Congreso Nacional: en el hecho de no nombrar contralor general; los siete meses que esperó la última vez para el Directorio del Banco Central; en la lista de expedientes que la comisión de Fiscalización del propio Congreso almacena para poder intercambiar con otras investigaciones pendientes.
Ese es exactamente el caso del actual TC: en los pocos meses de su gestión a partir de su cuestionado nombramiento ha logrado acumular la resolución de causas que le permiten blandir una “espada de Damocles” sobre una serie de actores políticos y de poderes fácticos en el Ecuador. Entre otros, me refiero a la resolución respecto de la Ley de Hidrocarburos, la reestructuración de la Corte Suprema de Justicia y aquella que supuestamente abriría la puerta a la participación electoral del “dictócrata”.
En ninguno de los tres casos se justifica su demora para emitir una resolución definitiva, pero en los tres el transcurso del tiempo va convirtiendo a los temas en un asunto mucho más conflictivo y una fuente de inseguridad para los involucrados. No quiero imaginar el inmenso perjuicio que le causaría al Estado ecuatoriano una resolución que invalide la Reforma a la Ley de Hidrocarburos; de suceder, reglamento, administración, gestión de los recursos sería lo de menos, pues no solo que estaría el Estado obligado a restituir lo ganado sino que sería objeto de una serie de denuncias adicionales. ¿Por qué entonces el Tribunal no resuelve de una vez un tema tan delicado?
Respecto de la conformación del Poder Judicial la demora en la resolución, ¿no podría darle al Tribunal una especial facultad de presión respecto de la Corte y el Consejo de la Judicatura? ¿Tiene sentido un proceso complejo de reestructuración, el desgaste político que implica, los costos económicos de llevarlo adelante, si finalmente el TC podría -en cualquier momento- echar abajo el proceso entero?
Y, respecto de Gutiérrez, ¿qué sentido tiene retrasar la decisión una semana? ¿Habrá nuevos elementos de juicio o solo mayor incertidumbre e incentivos para negociar si la resolución se toma con el plazo justo de inscribir candidaturas? El Tribunal Constitucional es el órgano de control más importante de las democracias modernas; atención entonces porque el nuestro tiene poca legitimidad, ninguna responsabilidad política, algunos temas importantes y se está tomando más tiempo que el oportuno.