La revolución inacabada
Publicado en Diario Hoy
04/06/2006
María Paula Romo
Mañana, 5 de junio, es el Día del Liberalismo Nacional. Debemos aprovechar la fecha para preguntarnos si la Revolución logró sus objetivos o, al menos, su objetivo central: construir un Estado laico. La pregunta resulta más oportuna que nunca frente a los acontecimientos políticos de estos días: la comisión de lo Civil y Penal del Congreso solicitó el archivo del proyecto de ley sobre la despenalización del aborto en casos de violación, el Tribunal Constitucional emitió una resolución absurda y retardataria al prohibir la comercialización de la anticoncepción de emergencia; y se presentaron solicitudes en el Congreso que pretenden eliminar del Proyecto de Código de Salud el capítulo de derechos sexuales y reproductivos, y del currículo escolar los temas de educación sexual. Este debate, que parecería de segundo orden en la política nacional, no puede ser planteado en términos religiosos.
En un Estado laico esta es una discusión de derechos y de salud pública, y también sobre cómo construir una ética de mínimos para lo público, respetando los máximos éticos y religiosos como opciones íntimas y personales. Además, este es un debate sobre el derecho más importante alcanzado por las mujeres en la historia de la humanidad: el derecho a tomar decisiones libres y soberanas sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos, y el reconocimiento de nuestra capacidad ética para hacerlo. No es una discusión sobre una píldora, sino un debate de principios: resulta inaceptable que el Estado pretenda regular nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. ¿En qué caso lo hace con los hombres? ¿Qué tan razonable resultaría declarar ilegales los condones o forzar vasectomías o paternidades? Se calcula que, en América Latina, se realizan 4 millones de abortos cada año; de estos, 800 mil mujeres deben ser hospitalizadas por complicaciones provocadas por los procedimientos clandestinos. Estos números convierten el tema en un debate sobre salud pública en el continente, pero además demuestran que la prohibición legal no es el camino para evitarlos. Información sobre salud sexual y reproductiva y el acceso a métodos anticonceptivos permitirán que hombres y mujeres en el continente puedan ejercer su derecho a un plan de vida, a la autonomía, y la libertad para formar una familia. El tipo de prohibiciones que hoy se intentan imponer solo es efectivo para crear mercados ilegales e incrementar los riesgos a los que se exponen miles de mujeres en nuestro país. ¿Podremos empezar el debate desde esta perspectiva, o solo sirven los fundamentalismos? La construcción de un Estado laico y democrático es una revolución pendiente.
04/06/2006
María Paula Romo
Mañana, 5 de junio, es el Día del Liberalismo Nacional. Debemos aprovechar la fecha para preguntarnos si la Revolución logró sus objetivos o, al menos, su objetivo central: construir un Estado laico. La pregunta resulta más oportuna que nunca frente a los acontecimientos políticos de estos días: la comisión de lo Civil y Penal del Congreso solicitó el archivo del proyecto de ley sobre la despenalización del aborto en casos de violación, el Tribunal Constitucional emitió una resolución absurda y retardataria al prohibir la comercialización de la anticoncepción de emergencia; y se presentaron solicitudes en el Congreso que pretenden eliminar del Proyecto de Código de Salud el capítulo de derechos sexuales y reproductivos, y del currículo escolar los temas de educación sexual. Este debate, que parecería de segundo orden en la política nacional, no puede ser planteado en términos religiosos.
En un Estado laico esta es una discusión de derechos y de salud pública, y también sobre cómo construir una ética de mínimos para lo público, respetando los máximos éticos y religiosos como opciones íntimas y personales. Además, este es un debate sobre el derecho más importante alcanzado por las mujeres en la historia de la humanidad: el derecho a tomar decisiones libres y soberanas sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos, y el reconocimiento de nuestra capacidad ética para hacerlo. No es una discusión sobre una píldora, sino un debate de principios: resulta inaceptable que el Estado pretenda regular nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. ¿En qué caso lo hace con los hombres? ¿Qué tan razonable resultaría declarar ilegales los condones o forzar vasectomías o paternidades? Se calcula que, en América Latina, se realizan 4 millones de abortos cada año; de estos, 800 mil mujeres deben ser hospitalizadas por complicaciones provocadas por los procedimientos clandestinos. Estos números convierten el tema en un debate sobre salud pública en el continente, pero además demuestran que la prohibición legal no es el camino para evitarlos. Información sobre salud sexual y reproductiva y el acceso a métodos anticonceptivos permitirán que hombres y mujeres en el continente puedan ejercer su derecho a un plan de vida, a la autonomía, y la libertad para formar una familia. El tipo de prohibiciones que hoy se intentan imponer solo es efectivo para crear mercados ilegales e incrementar los riesgos a los que se exponen miles de mujeres en nuestro país. ¿Podremos empezar el debate desde esta perspectiva, o solo sirven los fundamentalismos? La construcción de un Estado laico y democrático es una revolución pendiente.