La política del ultimátum, en 4pelagatos enero 30, 2016
La política del ultimátum
“Esta universidad, si no cumple con la ley
ecuatoriana se va del país, salgan a las calles quienes salgan. Prefiero
perder mi cargo a permitir este insulto al pueblo ecuatoriano” (Rafael Correa, 29 de enero de 2016); “Patiño da 15 días al Consejo Superior de la Universidad Andina para derogar a Montaño como rector” (26 de enero de 2016); José Serrano: “tienen 24 horas para probar que estuve en el US Open…” (14 de septiembre de 2015), “medios mercantilistas tienen 24 horas para probar escuchas telefónicas” (junio de 2013), “48 horas para probar tortura a estudiantes presos” (25 septiembre de 2014).
Esta semana el presidente Rafael Correa amenazó
por décima cuarta ocasión (espero que la cuenta sea correcta, podrían
ser más) con renunciar a su cargo. Lo ha hecho en varias otras ocasiones
y todas tienen algo en común: está en juego EL. Él y su malsana idea de
que tiene la verdad. Estos casos
han sido sobre su ego, su palabra, su familia, sus creencias
religiosas, su opinión personal sobre determinado caso (ya sea el Código
Penal, el comportamiento de un embajador, o su estrategia para cooptar
la Universidad Andina).
Más allá del potencial que tienen estos anuncios
para convertirse en memes y “tendencia” en las redes, estas
declaraciones implican una forma de comprender la política y una postura
sobre la democracia. La política del ultimátum es exactamente lo
contrario de la del debate, la deliberación pública, el espacio para la
existencia del otro y sus ideas. El que pone un ultimátum no está
dispuesto ni siquiera e escuchar argumentos distintos a los suyos, mucho
menos a cambiar de opinión; no le interesa entrar en ningún diálogo,
requisito indispensable para construir sociedades democráticas.
La política de los plazos que se otorgan desde el
poder, entraña una profunda confusión sobre quién está obligado a
rendir cuentas a quien. Cuando se sospecha que un gobierno está
espiando a sus ciudadanos, son las autoridades las que deben
explicaciones. Cuando se denuncian abusos de poder o de fuerza, son los
responsables institucionales los encargados de demostrar lo contrario
–sucede hasta con los estándares probatorios en cortes internacionales
en estos casos-.
Estas formas políticas se corresponden
perfectamente con quienes creen que la democracia se reduce a un asunto
de números: “somos más”, dos palabras que resumen la convicción
democrática del Presidente y su gobierno. Visto así, evidentemente no
importa el debate, el otro o sus ideas, los límites impuestos por la
Constitución, la ley o los principios. La política es entonces un juego
de suma – cero en donde todos los asuntos deben llevarse “hasta las
últimas consecuencias”, en donde la institucionalidad depende de que el
Presidente no se moleste, para que “nos haga el favor” de permanecer en
el cargo; una política de vencedores y vencidos, sin puntos medios, sin
espacios para el acuerdo; de dueños del poder que se dan el lujo de
poner plazos a quienes les deben explicaciones. Aunque en honor a la
verdad, Correa ha pasado ya de ser el Presidente que amenazaba al país
con su renuncia a ser el que nos amenaza con quedarse o –peor aún- regresar.
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