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martes, 17 de mayo de 2016

La política del ultimátum, en 4pelagatos enero 30, 2016

La política del ultimátum

en Columnistas/Las Ideas por
 
“Esta universidad, si no cumple con la ley ecuatoriana se va del país, salgan a las calles quienes salgan. Prefiero perder mi cargo a permitir este insulto al pueblo ecuatoriano” (Rafael Correa, 29 de enero de 2016); “Patiño da 15 días al Consejo Superior de la Universidad Andina para derogar a Montaño como rector” (26 de enero de 2016);  José Serrano: “tienen 24 horas para probar que estuve en el US Open…” (14 de septiembre de 2015),   “medios mercantilistas tienen 24 horas para probar escuchas telefónicas” (junio de 2013), “48 horas para probar tortura a estudiantes presos” (25 septiembre de 2014).

Esta semana el presidente Rafael Correa amenazó por décima cuarta ocasión (espero que la cuenta sea correcta, podrían ser más) con renunciar a su cargo. Lo ha hecho en varias otras ocasiones y todas tienen algo en común: está en juego EL. Él y su malsana idea de que tiene la verdad. Estos casos han sido sobre su ego, su palabra, su familia, sus creencias religiosas, su opinión personal sobre determinado caso (ya sea el Código Penal, el comportamiento de un embajador, o su estrategia para cooptar la Universidad Andina).

Más allá del potencial que tienen estos anuncios para convertirse en memes y “tendencia” en las redes, estas declaraciones implican una forma de comprender la política y una postura sobre la democracia. La política del ultimátum es exactamente lo contrario de la del debate, la deliberación pública, el espacio para la existencia del otro y sus ideas. El que pone un ultimátum no está dispuesto ni siquiera e escuchar argumentos distintos a los suyos, mucho menos a cambiar de opinión; no le interesa entrar en ningún diálogo, requisito indispensable para construir sociedades democráticas.

La política de los plazos que se otorgan desde el poder, entraña una profunda confusión sobre quién está obligado a rendir cuentas a quien.  Cuando se sospecha que un gobierno está espiando a sus ciudadanos, son las autoridades las que deben explicaciones. Cuando se denuncian abusos de poder o de fuerza, son los responsables institucionales los encargados de demostrar lo contrario –sucede hasta con los estándares probatorios en cortes internacionales en estos casos-.

Estas formas políticas se corresponden perfectamente con quienes creen que la democracia se reduce a un asunto de números: “somos más”, dos palabras que resumen la convicción democrática del Presidente y su gobierno. Visto así, evidentemente no importa el debate, el otro o sus ideas, los límites impuestos por la Constitución, la ley o los principios. La política es entonces un juego de suma – cero en donde todos los asuntos deben llevarse “hasta las últimas consecuencias”, en donde la institucionalidad depende de que el Presidente no se moleste, para que “nos haga el favor” de permanecer en el cargo;  una política de vencedores y vencidos, sin puntos medios, sin espacios para el acuerdo; de dueños del poder que se dan el lujo de poner plazos a quienes les deben explicaciones.  Aunque en honor a la verdad, Correa ha pasado ya de ser el Presidente que amenazaba al país con su renuncia a ser el que nos amenaza con quedarse o –peor aún- regresar.

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