Una asamblea de sumisas y sumisos


Publicado en mayo 22 de 2017, en www.4pelagatos.com
Hace una semana se terminó el periodo 2013–2017 de la Asamblea Nacional. En ella el gobierno obtuvo dos tercios de las curules gracias a la fórmula de asignación de escaños impuesta por Correa, de forma ilegítima, justo a tiempo para ese resultado (justo a tiempo no es exacto; en realidad el CNE postergó un mes las elecciones para que la fórmula le permita a PAIS más representación de la que su votación merecía).
Hay mucho motivos por los que podría ser recordado, me propongo hacer una lista de los que considero son los más importantes y deberían permanecer en nuestra memoria (sobre todo si sus protagonistas pretenden seguir en la vida política del país).
La primera ley aprobada en este periodo fue la Ley de Comunicación; luego de años de un trámite muy cuestionado y varios intentos de votación, resolvieron inaugurar su tarea legislativa con una ley que pasará a la historia como una herramienta de persecución, silencio y auto censura.
También a inicios del periodo, 105 legisladores reformaron la Ley de Minería y las normas tributarias aplicables a ella. Se cambiaron de 10 a 2 los informes y permisos que requería la explotación minera; se autorizó al gobierno a entregar concesiones sin subasta cuando las interesadas sean empresas estatales o con participación estatal; y, se reformó el concepto de ingresos extraordinarios para permitir que las empresas cubran toda su inversión antes de verse obligadas a este tributo. A finales del 2016 esta Asamblea aprobó una nueva gran exoneración tributaria para mineras en la Ley de Plusvalía.
Esta fue la Asamblea que autorizó la explotación de recursos naturales en el ITT. No sólo se trató de una autorización excepcional en un área protegida, sino de una flagrante violación a la Constitución que prohíbe las actividades extractivas en las zonas en que habitan pueblos en aislamiento voluntario (fue de ayuda la manipulación de los mapas realizada por el Ministerio de Justicia, lo que tampoco hay que olvidar).
Los legisladores de este periodo son los responsables de la “enmienda” constitucional que autorizó la reelección indefinida para todos los cargos, que limitó el mecanismo de consulta popular, que autorizó la participación de Fuerzas Armadas en seguridad interna.
En el 2015 la Asamblea votó por eliminar el aporte estatal fijo para el IESS, lo que más temprano que tarde se reflejará como una de las causas de la gran crisis provocada por este gobierno a la seguridad social.
Esta Asamblea condecoró a Luis Chiriboga, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que hoy cumple condena por lavado de activos, y también a la ex presidenta argentina Cristina Fernández, contra quien hace poco se dictó embargo de 130 millones de dólares por el mismo delito .
Este fue el periodo legislativo que no fiscalizó a nadie, ni investigó posibles implicaciones en el caso Odebrecht a pesar de ser el mayor escándalo de corrupción del continente. Son estos los legisladores que recibieron a Carlos Pareja Yannuzzelli y su argumento de que una compañía de nombre CAPAYA que negociaba con Petroecuador, era pura coincidencia.
Algunos dirán que esta legislatura pasará a la historia por haber estado presidida por tres mujeres. Así será: en los cuatro años en que por primera vez la Asamblea tuvo como presidenta a una mujer, fue precisamente en el que eliminó el financiamiento a la Ley de Maternidad gratuita y se aprobó el COIP, el que “olvidó” procedimientos adecuados y expeditos para violencia de género (según lo acaba de confirmar en su sentencia la Corte Constitucional) y que ha provocado por primera vez mujeres presas y sentenciadas por interrumpir sus embarazosincluso los que son espontáneos. Una legisladora llegó a justificar el “cateo íntimo” que se estaba realizando a las visitas de los centros penitenciarios.
Para cerrar y profundizar el ciclo autoritario que inauguró con la Ley de Comunicación, la Asamblea terminó su periodo aprobando una de las normas más polémicas: el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana que crea un cuerpo de “seguridad civil” por fuera de la norma constitucional y de la fuerza pública regulada en la Constitución.
La lista puede seguir, pero estas parecen ser muestras suficientes de lo que le hizo al país una asamblea de sumisas y sumisos.
 

 

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