Sobre la Ley de Protección de animales domésticos

Ayer se debatió en la Asamblea Nacional el informe para primer debate del proyecto de ley de protección de animales domésticos y de compañía, aquí algunas reflexiones:
1. ¿Qué leyes necesitamos en esta materia?
Necesitamos desarrollar el concepto de derechos de la naturaleza que se encuentra en la Constitución. De lo contrario es una declaración vacía que se usa e interpreta a conveniencia. Por ejemplo hay que recordar que quienes discuten con aparente compromiso esta ley en el Pleno, son los mismos que se han negado en varias ocasiones a debatir sobre el Bloque 31 (80% de cuyo territorio se encuentra en el Parque Yasuní), y tampoco han revisado el informe de impacto ambiental sobre las actividades extractivas en Cordillera del Cóndor. Debemos llevar adelante un debate integral sobre los temas ambientales y las repercusiones que sobre nuestra biodiversidad tienen las decisiones nacionales y locales.
No sirven, y menos finalizada la campaña, ofertas demagógicas como la creación (a través de ley) de un hospital veterinario público (¿Conocen algún hospital creado en una ley? ¿Uno para todo el país? ¿En dónde?). Debe tratarse esto de manera seria, responsable y no demagógica.
2. ¡El debate!
Deberíamos discutir para qué nos sirve una ley como la que se debate en el Pleno. Tenemos dos visiones sobre como enfrentar la problemática: ¿Se trata de un asunto de leyes razonables, educación, políticas públicas de salud y una forma sostenible de estar en el mundo? o ¿vamos por una ley en donde se refleje la obsesión por el control, la sanción y la respuesta penal?
No es conveniente que en un primer paso por inculcar una cultura de mayor responsabilidad de las personas con sus mascotas o animales de compañía, la ley tenga un componente con tanto énfasis en las sanciones. Además, cuando se produce una ley de esa naturaleza es fundamental analizar seriamente quien estará encargado de ejecutarla, quienes ejercerán los controles, con qué capacidades. De lo contrario, una ley que en la práctica no se aplica o no puede ser exigida, se convierte en letra muerta.
En el caso de revisar sanciones, más que crear nuevos tipos penales (que no le corresponde a una ley como esta) podrían revisarse y mejorarse algunas normas hoy vigentes en el Código Penal.
3. Algunos aspectos problemáticos del proyecto de ley.
En el proyecto encontramos un sistema de control que corre el riesgo de rayar en lo absurdo o al menos irreal para los diversos municipios del país. Cada gobierno autónomo descentralizado municipal tiene la obligación de llevar un registro público de los animales domésticos y de compañía, así como de hacer censos de perros y gatos; y no solo se registran los animales sino cada centro veterinario, centro para la venta, adiestramiento, cuidado de animales, albergue privado, clínica y hospital veterinario, hotel, guardería, criadero, centro de adiestramiento, establecimiento de venta, refugio para animales abandonados, establecimiento para la práctica de equitación, centro de estética, organización de protección y defensa de los animales y cada persona que se dedique al entrenamiento de animales.
El proyecto contiene prohibiciones que, en principio, parecen exageradas especialmente por la forma en que están redactadas, tal es el caso de la prohibición de “usar la imagen de animales para simbolizar agresividad, maldad o peligro”.
Otro absurdo se encuentra al calificar como "perro peligroso" al que interviene en un "acto delictivo" (!?)
Se dice en la ley que los animales abandonados estarán a cargo del municipio, y que luego de un tiempo determinado serán donados a una organización de la sociedad civil, legalmente establecida, que se encargue de la protección y ayuda de animales. Sin embargo, no nos dicen qué sucede si el municipio no está en condiciones de mantener a estos animales, o de evaluarlos; o qué pasa con estos animales si en la localidad no existe una organización (legal o no) que se dedique a su protección. Lo ideal es que los municipios tengan mecanismos de respuesta para casos como estos, pero antes de la sanción hay que fortalecer las capacidades instaladas (o crearlas en donde no existen) de cada Municipio para que la norma tenga aplicación real.
Se cometen, además, errores técnicos como hablar de la “patria potestad” sobre una mascota o animal de compañía. O, en el proyecto presentado originalmente, crear tasas sin contraprestación definida (en el derecho una tasa es una especie de pago por servicio, por lo tanto no se puede confundir con impuesto).
4. Entonces ¿qué hacer?
Una ley tiene sentido en tanto sea una ley aplicable y exigible. Una ley irreal o imposible de cumplir le quita legitimidad al debate y provoca desconfianza en el sistema que resulte incapaz de aplicarla.
Algunas sugerencias:

• Revisar con seriedad el proyecto de ley, incorporar al debate a expertos y quienes trabajan en el tema. Revisar experiencias de otros países.
• La ley debería contener los parámetros generales que permitan que, a partir de ella, cada municipio pueda desarrollar políticas progresivas pues los más de 200 municipios del país no están en las mismas condiciones para cumplir determinadas normas (municipios que aún no cuentan con un catastro actualizado difícilmente podrán mantener un registro de mascotas).
• Es más eficiente tratar temas como maltrato, abandono, políticas de salud, superpoblación manejada con esterilizaciones quirúrgicas, educación con respecto a la tenencia responsable y al bienestar animal, etc., desde los propios GAD, que ya cuentan con una ordenanza, o se rigen por el Reglamento Nacional de Tenencia de Perros, que se podría modificar para que incluya a otros animales de compañía para empezar con medidas previas a una ley que podría quedar en letra muerta.
• La mayoría de los ecuatorianos desconoce sobre la existencia y vigencia de este Reglamento, y no debería pasar lo mismo con una posible ley. Lo ideal sería partir con esta norma secundaria -que existe desde el 2009- mientras se avanza en un proceso de consulta y apropiación de una ley razonable.
• Se podría también revisar los artículos de los Códigos Penal y Civil, del trato como bienes muebles que se les da a los animales. Para esto se necesita desarrollar también trabajo teórico pues las categorías de nuestra legislación no tienen la amplitud y la actualidad de la Constitución.
• En el caso de los procesos educativos, también están normados en el Reglamento y se deben fortalecer desde el sistema público y la sociedad civil.
• Está demostrado, en otros países, que la coerción (prohibiciones absurdas, multas o cárcel, por ejemplo) no ha sido la solución para erradicar ni el maltrato ni el abandono. Al contrario, la educación ha sido la solución para prevenir esta y otras formas de comportamiento violento.
• No se puede dejar de lado a las organizaciones o personas que trabajan en estos temas, de manera independiente o sin registro. Lo ideal sería tener mecanismos poco burocráticos y que permitan un trabajo en red con los ciudadanos organizados o no que quieran participar en estas acciones.

Finalmente, aunque no coincido con el 100% de sus propuestas, siempre he comprendido la defensa del bienestar y buen trato a los animales de compañía, como una causa por una forma menos violenta de estar en la vida y de relacionarnos con los otros, y por eso me sorprende la violencia con que algunos de sus defensores reaccionan a la posibilidad del diálogo y el debate.

María Paula Romo