Ruptura frente a la Marcha por el agua, la dignidad y la vida

21/03/2012

En las próximas horas llegarán a Quito ecuatorianos y ecuatorianas que han dicho expresar así su demanda sobre varios temas del país. Algunos han cruzado todo el Ecuador desde Zamora, otros se han sumado en el último trayecto; son indios, campesinos, mestizos, hombres, mujeres, que como todos los ecuatorianos tienen pleno derecho a movilizarse, a ocupar el espacio público, a manifestar sus acuerdos o desacuerdos políticos. 

No necesitamos coincidir con la totalidad de sus demandas, para estar convencidos de que tienen derecho a plantearlas sin por ellos ser llamados golpistas, terroristas o corruptos. No necesitamos ser parte de la convocatoria de esta iniciativa para ser capaces de saludar y acompañar una lucha social y su expresión política. 

El gobierno ha optado por el descredito de la movilización que partiera de Zamora el 8 de marzo y por hacer de este momento uno de medición de fuerzas, en busca de crear la idea de que solo es posible tener dos posiciones, lo hace recuperando un discurso que la derecha de este país sostuvo por muchos años, el de las mayorías que desmerecen y se creen legitimadas para superar a las expresiones de lo que ellos autodenominan minorías. Condenamos la desmesurada respuesta desde el gobierno, su utilización del aparato estatal y de los canales administrados por el gobierno convertidos en órganos de difusión de las tesis del oficialismo. 

Para nosotros es momento de mirar con responsabilidad un tema sensible, que implica sin duda salir de uno u otro fundamentalismo; para hacer aproximaciones reales de todas las implicaciones que puede tener la minería para con el futuro del país y sus generaciones, así como, de los costos que tiene ser un país que vive del extractivismo como fuente principal de sus ingresos. Debemos dedicar el tiempo necesario para, como país, tomar las decisiones más acertadas, respetando la Constitución y construyendo ese “buen vivir”. Las legítimas preocupaciones sobre lo que sucederá con las fuentes de agua y los territorios concesionados a las mineras no son temas menores. La ciudadanía exige información científica, independiente y oportuna para saber si efectivamente la “nueva era” de la minería en el Ecuador no nos pasará la factura ambiental y social más cara y más rápido de lo que nos imaginamos. 

Sabemos -porque hemos estado en las calles- que se puede protestar pacíficamente; la movilización social no es igual a desestabilización, y aun cuando creemos que en este momento no hay riesgo de desestabilización para nuestro sistema político, como ya lo hemos hecho otras veces, estaremos siempre vigilantes por defender nuestro derecho a vivir en democracia. 

Los conflictos en democracia, se resuelven con mas democracia, más diálogo, mayor predisposición a escuchar los argumentos contrarios, ese es el camino por el que nosotros optamos y esa la disposición con que Quito y el gobierno deberían recibir a quienes han evidenciado que en el país, ante temas tan sensibles aún quedan discusiones pendientes.