Aprobado el Código de Justicia

Se trata de una nueva ley que regula toda la Función Judicial (según la nueva Constitución eso incluye: la justicia ordinaria, la Fiscalía General, la Defensoría Pública, los jueces de paz, Consejo de la Judicatura, y notarios)

PUNTOS IMPORTANTES:

Mejor acceso: se garantiza la gratuidad según lo ordena la Constitución. A nivel comunitario se crean jueces de paz; se ordena expresamente que en cada cantón exista al menos un Juez de la Familia, Niñez y Adolescencia; se incluye la posibilidad de que un mismo juez tenga competencia sobre varias materias en los casos en que existen uno o dos en un sólo cantón.

Justicia especializada para las mujeres víctimas de violencia: las comisarías de la mujer y la familia darán paso a los jueces y juezas de la violencia contra la mujer y la familia; pero además en los lugares en donde no existan estas juezas o jueces, serán competentes los jueces de contravención y los de la familia, mujer, niñez y adolescencia. En términos reales eso multiplicará por ocho el número de espacios para denunciar violencia contra las mujeres.

El derecho a la defensa: Se norma la defensoría pública para garantizar que todos tengan defensa; esta defensoría también debe hacer el patrocinio de las causas; de esta forma los recursos económicos no son un obstáculo para acceder a la justicia.

Se crea la carrera judicial: jueces, fiscales y defensores deben ingresar por examen a la carrera; especializarse y ser evaluados para su ascenso o separación. Los otros funcionarios son parte de las carreras administrativas y también tienen responsabilidades específicas, incluso pueden ser sancionados por retraso en el despacho de su trabajo.

Un nuevo Consejo de la Judicatura: se diseña un Consejo de la Judicatura con todas las herramientas para convertirse en un administrador del sector justicia. El Consejo será también una especie de encargado de recursos humanos; de esa manera jueces, fiscales y defensores podrán dedicarse exclusivamente a sus tareas propias y además se garantiza independencia interna en el manejo de funcionarios de estas instituciones.
Se prohíbe que el Consejo de la Judicatura confunda sus tareas y se permita hacer una revisión jurídica de las decisiones judiciales.

Un estricto régimen disciplinario. Se pretende garantizar que las denuncias contra servidores corruptos sean tratadas y resueltas de forma ágil e independiente.

Las notarías con controles y como servicio público. Se establece un sistema de control de ingresos de los notarios del país. El proyecto de ley define condiciones de participación del Estado de tal manera que las notarías no signifiquen un gasto extra ni tampoco un incremento de funcionarios públicos; pero al mismo tiempo se impida los ingresos desmesurados que algunos notarios tienen en el país, y que sea el Estado el que reciba el porcentaje más importante que se recaude por servicios notariales.

Una “rural para abogados”. Todos los futuros abogados deberán realizar práctica profesional obligatoria al servicio de las personas que lo necesitan. Todas las facultades de derecho deberán contar con consultorios jurídicos gratuitos.

Registro público y gratuito de los abogados: el Consejo de la Judicatura registrará a los abogados y también recibirá denuncias y quejas sobre su ejercicio profesional. La transformación de la justicia exige que los abogados tengan nuevas prácticas; quienes litiguen de mala fe o pretendan corromper a los servidores judiciales serán duramente sancionados.