María Paula Romo

Inscripción de Ruptura, Reformas al Código de la Democracia y Nueva Corte Nacional de Justicia

2012-01-28T14:10:00.000-05:00

Entrevista en Teleamazonas del 27 de enero de 2012

Esta tarde, foro sobre proyecto Código Penal

2012-01-18T11:49:00.002-05:00

Lo que tod@s deben saber sobre el veto al Código de la Democracia

2012-01-10T19:33:00.003-05:00

VETO DEL PRESIDENTE AL CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA
Uno de los temas más delicados del veto es la fórmula de asignación de escaños; no solo se pretende aprobar una fórmula que favorece la representación de mayorías sino que se repite lo que tanto se criticó al sistema electoral ecuatoriano manejado a conveniencia de los partidos tradicionales: se reforma a última hora y según la proyección de los próximos resultados.

Otro tema de gran importancia en el veto es por un lado la restricción de la cobertura periodística en tiempo de campaña y por otro la gran permisividad para la publicidad estatal como se lee en estos artículos:

La ley vigente prohíbe publicidad estatal durante el tiempo de campaña:

Art. 203.- Durante el período de campaña electoral, conforme la norma constitucional y legal, está prohibido que las instituciones del Estado, en todos los niveles de gobierno, realicen propaganda, publicidad y utilicen sus bienes y recursos para estos fines.

También se prohíbe la contratación privada de propaganda y publicidad sobre el proceso electoral en prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias.

De aprobarse la objeción parcial planteada por el Presidente Rafael Correa, el artículo sería reemplazado por el siguiente:

Art. 203.- Durante la campaña electoral se prohíbe la publicidad o propaganda de las instituciones del Estado, en todos los niveles de Gobierno, salvo las excepciones que se detallan a continuación:

1.Que la difusión se refiera a información de programas o proyectos que estén ejecutándose o que por la oportunidad deban ejecutarse en dicho periodo.

2.Cuando se requiera en las obras públicas, informar a la ciudadanía sobre cierres o habilitación de vías u obras alternas; o lugares alternos;

3.En situaciones de emergencia, catástrofes naturales, cuando se requiera informar a la ciudadanía sobre medidas de seguridad, evacuación, cierre o habilitación de vías alternas.

4.Cuando se requiera informar temas de importancia nacional tales como: campañas de prevención, vacunación, salud pública, inicio o suspensión de períodos de clases, seguridad ciudadana, u otras de naturaleza similar.

Además, se prohíbe durante la campaña electoral la contratación y difusión de propaganda y publicidad por parte de sujetos de derecho privado referente al proceso electoral en prensa, radio, televisión, vallas publicitarias y cualquier otro medio de comunicación social.

Los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política.

El Consejo Nacional Electoral ordenará al medio de comunicación social la suspensión inmediata de la publicidad o propaganda que no cumpla con las excepciones previstas en el presente artículo, sin necesidad de notificación previa al anunciante, o, de ser el caso podrá disponer al anunciante la modificación de la publicidad o propaganda, sin perjuicio del juzgamiento de conformidad con esta Ley”

Además de los temas de fondo en este veto, está en juego la credibilidad y la confianza de la bancada del Movimiento PAIS puesto que si se da paso a este veto del Presidente que desautoriza los acuerdos a los que llegaron en la Asamblea, eso seguirá contribuyendo al clima de desconfianza que impide la construcción de acuerdos sobre otros proyectos legislativos. Para evitar el veto se requieren 83 votos de los 124 asambleístas, eso es imposible de lograr sin una parte de la bancada de PAIS.

Carta al Presidente Rafael Correa sobre los aportes de las mujeres a la democracia

2012-01-10T14:46:00.000-05:00

Quito, 10 de enero de 2012

Señor Economista

Rafael Correa

Presidente de la República

Ciudad.-

Señor Presidente,

Le dirigimos esta notapreocupadas por sus comentarios del fin de semana anterior respectode las mujeres asambleístas del movimiento PAIS en particular y delaporte de las mujeres a la democracia en general.

Según lo transmitierontodos los medios de comunicación que se enlazan para su informesemanal, al comentar sobre la cena de fin de año realizada enCarondelet usted dijo: “yo no sé si la equidad de géneromejora la democracia lo que sí es seguro es que ha mejorado la farraimpresionantemente (…)”

Ya que la política estambién pedagogía y que el discurso de un Presidente puede enviarmuchos mensajes, permítanos recordarle cómo ha mejorado lademocracia la participación de las mujeres: en primer lugar por unelemental sentido de participación y representación, ya que lasmujeres somos la mitad de la población, cualquier democracia estáincompleta y no merece ese nombre si no permite, promueve y asegurala participación y representación de un sector tan importante; otrogran aporte de las mujeres a la democracia ha sido el cuestionar ladivisión tradicional entre el mundo público y el privado; enconsecuencia la exigencia de que la política se encargue también dedar respuesta a las desigualdades y necesidades de la vida cotidiana.La participación de las mujeres en la política –aunque tampocose pueda generalizar- también cuestiona el poder en tanto ejerciciopatriarcal y autoritario. Y si los asuntos de fondo le resultandifíciles de juzgar; permítanos hablarle sobre la importanciasimbólica de la participación política de las mujeres pues nuestrapresencia es también un mensaje, a través del cual, les recordamosa sus hijas y a las nuestras que el espacio público no nos es ajenoy que la subordinación no es incuestionablemente nuestro destino.

No lo dude, SeñorPresidente, la equidad de género ha mejorado la democracia, la haprofundizado, la ha ampliado y no por las piernas o las minifaldas denadie, expresión usada por usted en ese mismo enlace al comentar:“Que asambleístas que tenemos guapísimas ahh, eh Corcho hayque aumentarles el sueldo eh porque no tuvieron plata para comprarsuficiente tela y todas con unas minifaldas dios mío, (risas). Yoni me fijo en esas cosas me contaron, me contaron unas piernas y unasminifaldas impresionantes guapísimas las asambleístas (…)”

Muchas de las aquífirmantes no estuvimos en la cena, ni usábamos las minifaldas de lasque le han contado pero todas nosotras somos asambleístas y mujeresque sabemos que expresiones como estas –aunque parezcan bromas nolo son y más bien fortalecen los estereotipos que exponen a lasniñas, las adolescentes y las mujeres ecuatorianas a todo tipo deagresiones. No lo olvide Presidente, el machismo es violencia.

Atentamente,

María Paula Romo
Nívea Vélez
Diana Atamaint
Magali Orellana
Silvia Kon
María Molina
Lourdes Alarcón
Betty Amores
Lourdes Tibán
Asambleístas

Atención sobre el cambio en la lista de candidatos a la Corte Nacional de Justicia

2012-01-05T11:59:00.003-05:00

Como todos conocemos el concurso para nombrar Corte Nacional de Justicia está en su última etapa, entrevistas de cuya calificación dependerá la conformación de la Corte Nacional del Ecuador por los próximos años.

El Consejo de la Judicatura suspendió el inicio de las entrevistas alegando fallas técnicas pero además ha hecho público un “alcance” al listado de los 63 finalistas; este alcance ha beneficiado a un solo concursante que, luego de volver a rendir su examen (también por fallas técnica) pasa de 6,7/20 a 16,01/20.

Este concursante, el único beneficiario del “alcance” es Luis Quiroz Erazo que también preside la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia que en unos pocos días deberá resolver el recurso de casación en el juicio del Presidente Rafael Correa contra el diario El Universo.

Sin comentarios.

Declaraciones sobre la Corte Constitucional / Reformas Legislativas y el caso Dahik

2011-12-31T14:15:00.001-05:00

Entrevista del 28 de diciembre de 2011

Sobre el pedido de revocatoria de Blasco Peñaherrera

2011-12-22T14:18:00.000-05:00

Algunas aclaraciones para los ciudadanos y ciudadanas de Pichincha. No las dirijo al Sr. Peñaherrera, porque tengo la impresión de que su interés no es cuestionar mi gestión, sino ser entrevistado por los medios de comunicación. Ahora, que él ha logrado su objetivo, considero mi deber compartir con ustedes toda la información relacionada con este pedido:

1. La revocatoria del mandato es una institución creada para que los ciudadanos puedan controlar, pedir cuentas o incluso retirar el encargo a sus representantes. Cualquier ciudadano tiene el derecho de activarla, solicitando a la autoridad electoral los formularios en los cuales debe probar que tiene el apoyo de otras personas.

2. Según la Constitución y el Código de la Democracia se requiere, para convocar el proceso electoral en que se puede revocar o no un mandato, el apoyo del 10% de los ciudadanos del correspondiente padrón. En las elecciones del 2009, la provincia de Pichincha tuvo 1’850.516 electores, es decir, el pedido de revocatoria debería ser firmado por 185.051 personas.

3. El Sr. Peñaherrera ha solicitado los formularios para este proceso con el argumento de que no asistí a la reunión de la Asamblea del día 17 de noviembre de 2011 en que se votó una resolución (resolución es igual a opinión; resolución no es decisión) respecto a la Ley de Fomento Ambiental, pues los asambleístas tratábamos de impedir que la reforma tributaria se apruebe por el ministerio de la ley. Insisto, lo que se propuso y finalmente se votó y aprobó (pues las resoluciones requieren solo la mitad más uno de los presentes) no tuvo ningún efecto jurídico en el tratamiento de la ley.

4. Para que podamos hacer memoria, la sesión en que esto se discutió fue el miércoles 16 de noviembre durante todo el día y, pasada la media noche, el Presidente Cordero la suspendió. Según manda la ley, las sesiones se deben convocar con 48 horas de anticipación. Sin embargo, el Presidente Cordero, al día siguiente, a las 12h30, convocó para la continuación de esta sesión a las 15h30. Fue la primera y única sesión convocada sin la anticipación de dos días y eso provocó que varios asambleístas estén en apuros para asistir. Afortunadamente, Francisco Cevallos, mi asambleísta alterno estaba en Quito y le pedí, tan pronto como me enteré de la convocatoria, que asistiera al Pleno, lo que en efecto sucedió.

A continuación, mi intervención en el Pleno en la que queda clara mi posición sobre este tema:

Finalmente, cuando se presenten las 185.000 firmas empezaría un período de campaña en que cada posición presenta sus argumentos a la ciudadanía. Me alegrará tener la oportunidad de debatir y rendir cuentas de forma más extensa. ¿Será necesario explicarle al Sr. Peñaherrera todos los detalles que evidentemente desconoce sobre el funcionamiento del Legislativo y sobre mis posturas políticas?

Se aprueba la amnistía para los comuneros de Nabón

2011-12-21T12:12:00.002-05:00

Esta mañana la Asamblea ha aprobado la amnistía para los siete comuneros de Nabón: Vinicio Saravio Jaya Quezada, Plutarco Patiño Patiño, Celso Amable Patiño Quezada, Rodrigo de los Angeles Quezada Sanmartín, Segundo Olmedo Sanmartín Mora, Luis Nelson Sanmartín Mora y Manuel Remigio Capelo Erráez. Ellos fueron condenados a 8 años de prisión por el delito de sabotaje (uno de los delitos usados por excelencia para la persecución).

Esta amnistía había sido otorgada ya por la Asamblea Constituyente pero los jueces interpusieron argumentos de forma para negarse a acatar la decisión.

Ojalá esta decisión se inscriba en un debate más amplio sobre la minería en la zona y el uso de tipos penales indeterminados como el de sabotaje que lamentablemente se sigue utilizando en otros casos similares y sobre la gravedad de utilizar la justicia como herramienta de poder.

2011-12-09T10:29:00.001-05:00

La Inmunidad Parlamentaria

2011-12-09T09:58:00.001-05:00

La inmunidad parlamentaria es una institución que existe desde siempre en el Ecuador (Constitución de 1830) y en la mayoría de los sistemas democráticos del mundo. Esta inmunidad se relaciona directamente con la tarea del Parlamento que, como su nombre lo indica, tiene su esencia en el hablar. En el Legislativo, Asamblea, Congreso, Parlamento, es en donde se expresan todas las voces que tengan alguna representación política (a diferencia del Poder Ejecutivo, donde el triunfador de las elecciones decide por sí solo sobre la administración pública).

La inmunidad no es total; no se trata de la prohibición de enjuiciar a un parlamentario, sino de un privilegio para que, en cada caso, se examine la pretensión de procesar a un diputado o parlamentario y así se pueda proteger su derecho a hablar, cuestionar, fiscalizar. Es cierto que hay casos en la historia del Ecuador en que se ha abusado de esta figura; tal vez el más famoso es el de Junior León, diputado del PRE que disparó a una persona en una discoteca y en el que, obviamente, no cabía su protección con la inmunidad; sin embargo, en su momento el Congreso lo hizo e impidió el juicio, desnaturalizando y desprestigiando esta figura. Esto es lo que la Asamblea debe discutir en cada caso en que le requieran autorizar el enjuiciamiento de alguno de sus miembros.

Son casos como estos que la Asamblea analizó el 8 de diciembre de 2011 (un pedido originado por la querella penal formulada por el Presidente de la República y otro por la Ministra Ximena Ponce), los que constituyen la esencia del otorgamiento de la figura de la inmunidad, ya que el pedido del Presidente está relacionado con los términos que Galo Lara utilizó en un discurso en el Pleno; y el pedido de Ximena Ponce por las declaraciones y entrevistas de Lara sobre un caso de fiscalización al ministerio a su cargo. El término usado por Lara es "corrupción"; así como la prensa corrupta, los jueces corruptos, etc., que -lamentablemente- están dentro de una escalada de violencia verbal de la que él no es único protagonista.

Preocupa además, que el Presidente de la República y sus Ministros, traten de sellar sus diferencias políticas apelando a la justicia penal. En este país se ha discutido varios años sobre los problemas de la judicialización de la política. Eso es lo que se debe evitar, en la medida de lo posible, más allá de quién sea el asambleísta enjuiciado. Más grave todavía cuando el propio Ejecutivo está dirigiendo una "re estructuración" de la justicia en el país...

Si se solicitara levantar la inmunidad porque el diputado o asambleísta ha estafado a un ciudadano, porque ha cometido un delito contra la vida, etc., por supuesto que cabe levantar la inmunidad; sin embargo, en el caso de intervenciones en el Pleno precisamente se discute el derecho/obligación del asambleísta a hablar; y aunque lo haga en un tono que no nos guste o que no compartimos, es preferible esto a que la Asamblea tenga temor de realizar su trabajo.

Estas fueron las reflexiones que planteamos en la Constituyente cuando aprobamos la figura de la inmunidad parlamentaria y han sido repetidas en el Pleno -incluso en el caso de Galo Lara en marzo del año pasado-. Esta ha sido también la reflexión que hemos compartido con el Comité Ejecutivo de la Ruptura para decidir mi voto de hoy en la Asamblea Nacional que será en contra de autorizar las querellas del Presidente y la Ministra Ponce.

A continuación constan los links de los asambleístas que se pronunciaron, en ese entonces, sobre la inmunidad:

Mauro Andino

Silvia Salgado

En esa sesión, la 34, del 23 de marzo del 2010, 109 de los 112 asambleístas presentes votamos en contra de levantar la inmunidad de Lara por ser un caso relacionado con la facultad fiscalizadora. Aquí el detalle de la votación

En video: debate del Proyecto de Ley de Comunicación y reformas tributarias

2011-11-23T14:17:00.001-05:00

Intervenciones realizadas en el Pleno de la Asamblea durante el debate del Proyecto de Ley de Comunicación, y del Proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los ingresos del Estado (reformas tributarias), el 16 de noviembre de 2011. Te invito a conocer las observaciones que hice a ambos proyectos.

Ley de Comunicación

Reformas Tributarias

¿Sabe usted, Luz Helena? Jorge Enrique Adoum

2011-10-18T20:43:00.000-05:00

(vale la pena volver a leer a Adoum en estos días que María Fernanda Restrepo nos ha obligado, con "Mi corazón en el Yambo" a recordar una historia que es la del país, la de todos nosotros)

¿Sabe usted, Luz Helena?

Jorge Enrique Adoum

La conocí golpeándose contra el silencio del poder en esa plaza a donde el pueblo acude cada vez que necesita recordar que el monumento fue erigido a su independencia y no a su servidumbre.

Y cada semana estaba usted allí, sacudiendo la apatía del sistema hasta cuando concluyó el plazo que les concedió el señor Ministro de Gobierno para que ustedes preguntaran por sus hijos y su paradero en el agua, hasta cuando nuestros gritos contra la tortura como pus o caspa del sistema molestaron al señor Presidente en su trabajo, incluso cuando dijo que eso "no iba a devolverles la vida" sin entender que ustedes y nosotros estábamos pidiendo que nos devolvieran su muerte (el otro zapato, un botón de la camisa, los huesos de ambos).

Y cuando yo tenía la impresión de que ya nada servía de nada, ni las peticiones con firmas, ni las marchas de protesta, ni las consignas pintadas en las paredes (acaban de derribar la que frente a mi casa decía "pero Yambo no desaparece").

Y nada hacía maldiciendo carajeando contra la impotencia frente al imperio policíaco, usted seguía haciendo algo algo cualquier cosa cada miércoles cada día a cada hora, y cuando ya no podíamos acercarnos a la plaza cercada a varias cuadras a la redonda ocupada -como por un ejército extranjero que hubiera venido a derrotarnos en nuestra guerra nuestra- por la misma policía que los mató a los dos y los siguió matando, usted avanzaba reclamaba pedía exigía bajo las ventanas mismas del palacio y cuando nos mordíamos el alma porque el gran culpable instalaba su trono en una Alcaldía y aún se atrevía a pontificar sobre el derecho a violar el derecho pero nada decía del crimen cobarde el asesinato aleve callando encubridor y cómplice y el gran ejecutor que tenía un jeep a la puerta abierta de su cárcel huyó del país.

Y ni el ministro de gobierno y policía ni la policía hicieron nada para que
regresara el general de policía, usted enarbolaba -bandera de mil colores bajo el sol- su esperanza de mujer, humana en la justicia de los humanos (¿eran humanos?).

Usted enarbolaba -bandera sin color bajo la lluvia- su dolor de huérfana al revés
dos veces (demasiada orfandad en una sola madre) llenando con él los intersticios de vacío entre las piedras o entre el aire y las nubes, o entre nosotros mismos y el destino sin saber muy bien lo que significa (y al perder la vida usted recuperó para nosotros el derecho elemental de cada ciudadano a volver a las puertas del palacio a recordar a voces a su inquilino que el asesino sigue libre y los muchachos muertos).

Usted se me acercó una mañana cuando todos los escogidos por la música cantaban por los hermanos en una afirmación de la vida o sea de la justicia exigiendo el castigo y puesto que los jóvenes decían "todos somos Restrepo" santiago y andrés eran hijos de todos nosotros,
usted y Pedro eran en ese momento nosotros y usted me dejó dos lágrimas en mi camisa como si me hubieran matado a mis dos hijas.

Como recordándome con su humedad que sí puedo podemos hacer algo que sí cabe esperar después de la desesperanza, por ejemplo recordar a los desaparecidos que un día no volvieron a su casa, ni a la vida, o ponerles como una chaqueta en los hombros su cadáver que andan, buscando entre otros muertos, que sí vale la pena escribir mil consignas, contraseñas maldiciones, firmar mil denuncias, condenas, cartas, manifiestos, gritar hasta enronquecernos el corazón, contra la desventurada teniente de policía que cobraba por haberlos visto, cobraba para verlos, de nuevo cobraba para mentirlos vivos. Contra el general de policía que anunció iba a ensuciar unas hojas de papel, escribiendo en su defensa un libro con las patas dentro de las botas, contra los que torturaron a ese muchacho hasta matarlo y mataron al que había visto la tortura y así doblaron la muerte. Contra el imbécil coronel de policía que dijo "por la desaparición o muerte de dos mocosos no se debió armar tanto relajo y estar ahora con la misma cantaleta".

Y aunque todos ellos estén dentro o fuera de una cárcel de cinco estrellas,
sí valió la pena luz helena por esos adolescentes puros,
sí valió la pena luz helena insistir para que esos reos poco comunes puesto
que salvajes pasen a una cárcel común. Particularmente ése que dijo hablando de los mocosos "ellos no fueron personas relevantes como un presidente norteamericano o un cantante mexicano para dar tanto revuelo al asunto".

Ignorando el ignorante que la vida de un muchacho, de un niño, de un adulto transeúntes por el país o calle de las lágrimas, cortada por la brutalidad del poder y su justicia, es para nosotros más importante que la de cualquier presidente o candidato muerto en el cumplimiento de su ambición o de su destino.

Lo que valió la pena sobre todo Luz Helena, es habernos dado a todos la conciencia de que los derechos humanos son sagrados, no una sigla, ni una composición literaria, ni un discurso oficial de sobremesa, sino algo en cuya defensa se muere y vale la pena morir porque es por los demás por los otros nosotros.

Como murió Consuelo Benavides.
Como murieron Santiago y Andrés sin imaginar para qué iba a servir su muerte.
Luz Helena, como murió usted tantas veces Luz Helena.

Y ¿sabe? es como si ahora su llanto hubiera vuelto a mojarme la camisa, recordándome lo poco que hice y hago y sigo sin hacer, por todos los que fueron y de golpe dejaron de ser a golpes, y por los que son como usted es y sigue siendo Luz Helena.

1994. Jorgenrique Adoum

De "Cementerio personal"
(A Luz Elena Arizmendi, madre de Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo)

Ruptura se inscribe como movimiento nacional!

2011-10-10T16:27:00.003-05:00

Buena noticia que compartir con ustedes: mañana martes 11am la Ruptura entrega al CNE sus firmas para inscribirse como mov político. Nos encantaría que nos acompañen!

"Los siete Nobel más innobles" por José Ignacio Torreblanda (blogs de El País)

2011-10-10T05:33:00.000-05:00

Los siete Nobel más innobles (por José Ignacio Torreblanca)
Café Steiner

Con la concesión del Premio Nobel de la Paz 2011 a tres mujeres, una pacifista liberiana (Leymah Gbowee), una economista (la presidente de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf) y una periodista yemení (Tawakkul Karman), el comité noruego nos llama la atención sobre la relación entre las mujeres, la violencia y la construcción de la paz. Aunque, globalmente, el número de guerras ha disminuido, y con ello el número de víctimas en conflictos armados, estos son hoy generalmente de tipo civil, lo que significa que su impacto sobre las mujeres es mucho mayor. En el Congo, por ejemplo, la violación se ha catalogado como un "arma de guerra" ya que es utilizada como tal por las partes en conflicto para forzar desplazamientos de población y castigar a la población civil (véase esta crónica de ELPAIS donde se habla de 27.000 violaciones sólo en el territorio de Kivu).
Desde la aprobación de la Resolución 1325 (2000) de Naciones Unidas, la dimensión de género en los conflictos internacionales ha adquirido una nueva visibilidad: hoy somos más conscientes del terrible impacto que los conflictos bélicos tienen sobre las mujeres, y también de que su papel es clave en la construcción de sociedades más justas, y por tanto, más libres y más pacíficas. La resolución de Naciones Unidas ha tenido una amplio recorrido, tanto en lo relativo a la violencia sexual contra las mujeres como al comportamiento de los cascos azules en las operaciones de mantenimiento de la paz, muchas veces agentes activos de la violencia y explotación sexual de mujeres y niñas (véase, por ejemplo el Plan de Acción del Gobierno español, la web del Observatorio de Género, Democracia y Derechos Humanos o este informe de Carmen Magallón en CEIPAZ.org donde hace un balance de la resolución).
Este Nobel ha restaurado la credibilidad del premio, maltrecha por algunas decisiones polémicas del pasado. En el pasado, el Nobel se ha concentrado a veces en exceso en premiar a instituciones oficiales y a grandes figuras políticas, en detrimento de los individuos y de la sociedad civil. ¿Quieren saber quiénes son los premios nobeles más innobles que han hecho que el Nobel sufra en su prestigio? Joshua Keating ha hecho un listado en la revista Foreign Policy. En la lista están (por orden de aparición): Yasir Arafat, por sus actividades terroristas; Henry Kissinger, por el bombardeo secreto de Camboya; Theodore Roosevelt, por su papel en la guerra de 1898 contra España; Woodrow Wilson, por su racismo; Kofi Annan, por sus errores en Ruanda y en la operación Petróleo por Alimentos en Irak; Mohamed el Baradei y la AIEA, por su incapacidad de controlar la proliferación nuclear; y Barack Obama, por sus escasos méritos, complementados además por un discurso de aceptación íntegramente dedicado a defender el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

La lista es discutible, y unos premios parecen más inmerecidos que otros, desde luego el de Wilson llama la atención. Eso sí, tiene cierto mérito que en una revista estadounidense se "galardone" con la distinción de premio nobel más innoble a cuatro estadounidenses, entre ellos nada menos que tres Presidentes. Por lo demás, por si no lo han notado, los siete tienen algo que les une: son todos hombres. ¿Casualidad?..

El ejemplo del abuso de poder

2011-09-27T19:02:00.003-05:00

Publicado el 27/Septiembre/2011

análisis de hoy
analisis@hoy.com.ec

Un sencillo análisis jurídico de la sentencia dictada por el juez Juan Paredes contra los directivos de diario El Universo, el rotativo como persona jurídica y el exeditor de Opinión de ese medio Emilio Palacio prueba hasta la saciedad que eso fue un simple absurdo jurídico que no se sostiene por ninguna parte, porque en el fondo del asunto es que hay una demanda de un ciudadano que se defendió y cobró como presidente de la República.

"Toda sentencia se compone de tres partes: expositiva, considerativa y resolutiva. De las 67 páginas de sentencia, 34 reproducen la querella presentada por el presidente (más del 50% del fallo); y las partes considerativa y expositiva no superan las 10 páginas (de la 57 a la 67). Por tanto, la argumentación jurídica del fallo es deficiente, siendo superada en más del 600% por la simple reproducción de la querella", dice el primer punto.

¿Víctima ciudadano o víctima presidente?, pregunta el análisis. "Ante la opinión pública, Rafael Correa manifestó que su demanda la interpuso apelando a su calidad de ciudadano (); sin embargo, la sentencia invoca en reiterados momentos la aflicción de las injurias a su cargo de presidente de la República", tanto es así que "la carga argumentativa de la querella se sustenta en la importancia del cargo de presidente de la República y no en la de ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado".

"La sentencia extiende a nivel de coautor la participación del directorio de diario El Universo y de la persona jurídica El Universo, es decir, de personas naturales y jurídicas. La sentencia revive, de este modo, el causalismo jurídico superado en la moderna dogmática penal, al hacer responsable al directorio y a la persona jurídica de la injuria proferida en el artículo de Palacio", sigue el análisis.

La teoría de la autoría coadyuvante es el tema que más llama la atención a María Paula Romo y Norman Wray. "Con el antecedente de esta sentencia, si un ministro comete peculado, ¿será el presidente autor coadyuvante porque de no haberlo nombrado no se habrían dado las condiciones para que cometa el delito? ¿Será que otros accionistas de medios de comunicación se convierten, gracias a esta sentencia, en los primeros censores y evitan así las publicaciones que pudieran acarrear no solo conflictos sino su quiebra?".

Con estos antecedentes, un caso que según Romo y Wray se pudo haber convertido en el centro del debate sobre los derechos, el papel de la prensa, los límites democráticos de la libertad de expresión. "Lamentablemente, la desproporción de lo solicitado ($80 millones, que se bajaron a $40 millones) y lo absurdo de lo resuelto convirtió el caso en un ejemplo del abuso del poder".

Reflexiones sobre la sentencia contra El Universo

2011-09-19T19:15:00.039-05:00

Este artículo corresponde a un análisis que se realizó de la sentencia dictada por el Juzgado Décimo Quinto de Garantías Penales del Guayas. El día de hoy, 20 de septiembre de 2011, la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas, ha resuelto el recurso de apelación confirmando la sentencia, con dos votos de mayoría (Hellen Mantilla y Henry Morán) y un voto salvado (Guillermo Freire). Se trata de una versión editada luego de algunas observaciones y sugerencias recibidas de las primeras personas en revisarla. Gracias.

La nota completa de este artículo se publicará en la Revista La Tendencia.

Se puede revisar los documentos íntegros de la demanda, escritos de los demandados y sentencia en sección especial de El Universo

Por: María Paula Romo y Norman Wray

Para muchos ecuatorianos, la sentencia dictada contra el columnista Emilio Palacio y los directivos del diario El Universo no deja de ser una noticia circunstancial en los medios de comunicación. No obstante, además de haber suscitado la atención en el país y fuera de él, su estudio posibilita debatir lo jurídico, lo político y la concepción sobre el papel del Estado y su función punitiva.

A continuación, pasaremos revista a algunos temas que llaman la atención en la estructura de la sentencia dictada por el Juzgado Décimo Quinto de Garantías Penales del Guayas. Luego haremos algunos comentarios sobre las implicaciones políticas del caso.

1.- Énfasis estructural de la sentencia

Toda sentencia se compone de tres partes: expositiva, considerativa y resolutiva. De las 67 páginas de sentencia, 34 reproducen la querella presentada por el Presidente (más del 50% del fallo); y la parte considerativa y expositiva no superan las 10 páginas (de la 57 a la 67). Por tanto, la argumentación jurídica del fallo es deficiente, siendo superada en más del 600% por la simple reproducción de la querella.

2.- ¿Calidad de víctima-ciudadano o víctima-presidente?

Ante la opinión pública, Rafael Correa manifestó que su demanda la interpuso apelando a su calidad de ciudadano y no su investidura de Presidente de la República. Con ello trató de desvirtuar cualquier influencia en el proceso; sin embargo, la sentencia invoca en reiterados momentos la aflicción de las injurias a su cargo de Presidente de la República, por ejemplo cuando señala:

"Por medio de la referida publicación, el señor Emilio Palacio Urrutia y demás querellados pretenden crear en la opinión pública una idea errada del suscrito y de la forma cómo se desenvuelve el Gobierno Nacional, el cual ha sido y es completamente democrático, transparente, y como ningún otro ha acogido las necesidades e inquietudes de sus mandantes, cumpliendo con su voluntad que es mayoritaria" (fjs. 1)

"Señor Juez, que se me trata y se refieren a mi persona de forma vejatoria y ofensiva, por más de 11 veces se me señala como un Dictador y se hace referencia a mi Constitucional Gobierno, como si se tratase de una dictadura, lo cual no como su Presidente con un margen absoluto e históricamente superior al de cualquier otro Presidente del Ecuador" (fjs. 2).

3.- Valoración de la prueba

La carga argumentativa de la querella se sustenta en la importancia del cargo de Presidente de la República, y no en la de ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado. Esto es determinante al momento de estudiar la forma en que el juez valora la prueba, pues para “demostrar” el daño emergente, el querellado ciudadano/presidente incorpora al proceso los respaldos de gobiernos e instituciones –sobre todo internacionales– en los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, al que alude el artículo objeto de la querella. Con ello, se pierde la naturaleza del proceso de acción privada por injurias, ya que no corresponde analizar para este caso la veracidad o gravedad de los hechos ocurridos el 30 de septiembre. No obstante, el querellante sustenta su posición de víctima en las cartas-respaldos que rechazan estos incidentes.

La teoría del caso en la querella y la estrategia de litigación, se fundan en el repudio a los artículos escritos por Emilio Palacio en el diario El Universo, tratando de demostrar una especie de “mala conducta” y “reincidencia” del articulista por escribir y opinar en contra del gobierno.

4.- Las injurias y su contexto en el sistema interamericano de Derechos Humanos

La querella del Presidente de la República invoca el delito de injurias calumniosas graves, agravado cuando el sujeto pasivo es autoridad pública, el cual es acogido en la sentencia (artículos 489, 491 y 493 del Código Penal).

Los querellados apelan permanentemente a la inconstitucionalidad del tipo penal de injurias, fundados en las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la descriminalización de este delito de los códigos penales de América, tal como ha ocurrido en los casos: Almonacid Arellano Vs. Chile; Kimel Vs. Argentina; y, Herrero Ulloa Vs. Costa Rica. El juez de garantías penales es consciente, en su fallo, de la orientación del sistema interamericano de derechos humanos a la desregulación penal de los delitos de injurias. Sin embargo, se desentiende de su obligación de optimizar los estándares internacionales y funda su resolución en las normas vigentes, alejándose de la línea de las sentencias de la Corte Interamericana que son de obligatorio cumplimiento para los Estados parte.

“En el debate jurídico actual se ha dicho que la injuria debe ser despenalizada tratándose de funcionarios públicos y que debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión, y que el abuso de esa libertad, debe responderse tal y como indican los convenios internacionales, esto es, con la responsabilidad ulterior; todos podemos decir lo que queramos y no puede existir limitación a esa libertad, pero de igual forma una vez dicho lo que queramos debemos responder ante la ley si se adecúa esa conducta a lo establecido en el Código Penal, y la injuria es penalizada en nuestro marco legal, todo lo demás es parte del debate que debe ser positivado en una reforma legal.” (fjs. 66-67)

5.- ¿Responsabilidad penal extensiva?

Existen graves problemas en la imputación jurídica que realiza la sentencia. La forzada interpretación del artículo 28 del Código Penal español y del artículo 42 del Código Penal ecuatoriano, equipara como autor al cooperador o coadyuvante, destruyendo la existencia de coautorías y formas de complicidad. La sentencia extiende a nivel de coautor la participación del directorio de Diario El Universo y de la persona jurídica El Universo, es decir de personas naturales y jurídicas. La sentencia revive, de este modo, el causalismo jurídico superado en la moderna dogmática penal, al hacer responsable al directorio y a la persona jurídica de la injuria proferida en el artículo de Palacio.

Solo en el articulista se puede verificar el cumplimiento del principio de evitabilidad, toda vez que la injuria es un delito de acción, y ella se evita únicamente por quien puede materializarla con su firma (en el caso del artículo). Sin embargo, con el razonamiento del juez, podría haberse hecho responsable también al “canillita” que repartió el periódico, pues para el querellante:

"…todos los autores del delito poseen la misma relevancia y cada uno desempeñando su función y rol específico, todos con la misma importancia en la aportación de elementos objetivos y subjetivos constitutivos del delito de injurias calumniosas del cual soy víctima" (fjs. 10)

La sentencia inventa una figura desconocida por nuestro Código Penal, y muy discutida en los estudios de derecho penal de América y Europa. La responsabilidad penal de las personas jurídicas no se encuentra habilitada por nuestra legislación penal general, ni menos puede colegirse del Art. 42 del Código Penal. Sin embargo, la sentencia extiende el animus injuriandi para responsabilizar a la Compañía Anónima El Universo, interpretando subjetivamente el Art. 20 de su Estatuto Social, que sostiene que es obligación del Directorio el dirigir y supervisar el negocio y actividades de El Universo. La teoría del demandante es atribuir la autoría coadyuvante al directorio y a la persona jurídica por el hecho de haber mantenido parsimonia frente al control de los artículos de Palacio, es decir comisión por omisión, que técnicamente sería un imposible en la realización del delito de injuria, toda vez que éste sólo puede ejecutarse a través de una acción. El querellante sostiene enfáticamente que:

"(Emilio Palacios es)…un gratuito enemigo mío, injuriador y calumniador confeso, siga y prosiga durante años calumniándome, y no solo que no han hecho uso de su veto sino que de manera dolosa, intencionada y deliberada han coadyuvado como autores en la publicación y difusión de las injurias calumniosas realizadas en mi contra, con la agravante de haberlo nombrado y mantenido en el alto y representativo cargo de Editor de Opinión del diario El Universo…" (fjs. 7)

...“su cooperación ha sido necesaria, insustituible e imprescindible… todo lo cual ha sido tramado dolosamente por los maquiavélicos querellados.” (fjs. 11)

Al atribuir autoría y responsabilidad penal a diario El Universo, la sentencia desmantela incluso principios jurídicos, toda vez que:

a. Le atribuye a El Universo capacidad de acción; a pesar de que en materia penal la persona jurídica no la tiene.

b. Le atribuye capacidad de culpabilidad, la cual es históricamente individual, es decir culpa propia; y,

c. Le abre la posibilidad de aplicación de una pena.

6.- La desproporción en la indemnización

Por si lo anterior fuera poco, la sentencia es escandalosa respecto de la cuantificación del pago por indemnización. La pretensión del demandante es de 50 millones de dólares contra las personas naturales (fjs. 33) y 30 millones de dólares contra la persona jurídica El Universo.

Es al juez que conoce la causa a quien le corresponde decidir una sanción proporcional a la falta cometida y que se encuentre dentro de parámetros razonables (esto es parte de la seguridad jurídica misma). La sentencia no explica el por qué de la condena al pago de 40 millones de dólares. Parecería que el juez optó por castigar civilmente con la mitad de la pretensión de la querella, sin justificar su rebaja. No existe tampoco un análisis en el que se contabilice el daño moral causado ni la indemnización que como resultado deba entregarse.

7. ¿Y las implicaciones políticas?

Existen tantas y tan graves implicaciones para la política ecuatoriana como numerosos son los absurdos jurídicos que se han resuelto en la sentencia. Una de ellas es que al establecer la más alta indemnización que el sistema jurídico ha conocido, el juez Paredes convierte al derecho a la honra en el bien jurídico mejor valorado y protegido de nuestro sistema penal. En un país con crecientes índices de violencia y con una impunidad que se refleja en que el 98% de asesinatos no reciben sentencia, tiene que sorprendernos la eficacia y celeridad de la justicia ecuatoriana para responder el pedido del ciudadano Correa.

Por otro lado, se repite una triste práctica: llevar a la arena judicial las disputas políticas. Es cierto que los artículos de opinión de Emilio Palacio hace tiempo eran todo menos objetivos o mesurados, pero también es cierto que los políticos debemos estar dispuestos a un escrutinio más exigente porque estamos en el espacio público y tomamos decisiones que afectan la vida de l@s ciudadan@s.

En un verdadero Estado de Derecho, más en uno de derechos, no deben existir tipos penales que den mayor protección a los funcionarios públicos. Normas de esa naturaleza son contrarias al principio de igualdad ante la ley que es fundamento de la democracia.

También tendrá implicaciones futuras la absurda teoría de la autoría coadyuvante. Con el antecedente de esta sentencia, si un ministro comete peculado, ¿será el Presidente autor coadyuvante porque de no haberlo nombrado no se habrían dado las condiciones para que cometa el delito? ¿Será que otros accionistas de medios de comunicación se convierten, gracias a esta sentencia, en los primeros censores y evitan así las publicaciones que pudieran acarrear no sólo conflictos sino su quiebra?

El abogado Vera analiza el monto del Presupuesto que administra el Presidente para calcular su indemnización, ¿qué monto se calcularía entonces para el honor de un trabajador que administra su sueldo mensual? Por otro lado, el Estado ecuatoriano, en casos como el de la profesora Consuelo Benavides, que se han calificado como crímenes de Estado, no ha indemnizado por muerte con más de un millón de dólares, ¿cuál es entonces la relación que existe entre el derecho a la vida de una ciudadana y el honor de un Presidente?

Dicho todo esto debemos aclarar que, en nuestra opinión, el artículo No más mentiras, de autoría de Emilio Palacio, contiene afirmaciones que pueden ser consideradas injurias (afirmar que alguien cometió un delito) y que pudo ser escrito con ese ánimo (en el derecho es fundamental debatir el "animus injuriandi"); que no se trata de convertir a Palacio en el símbolo de la libre expresión ni de los derechos civiles; pero que la pretensión del Presidente resulta desproporcionada y excesiva, peor aún cuando gracias a la Consulta Popular sus delegados tienen la facultad de nombrar y remover funcionarios judiciales. Si la demanda del Presidente hubiera exigido disculpas públicas, rectificación, un día de privación de libertad, un salario mínimo para ser donado a una buena causa, esta pudo ser una discusión sobre los derechos, el papel de la prensa, los límites democráticos de la libertad de expresión. Lamentablemente, la desproporción de lo solicitado y lo absurdo de lo resuelto convirtió el caso en un ejemplo del abuso del poder.

(Este análisis no pretende ser exhaustivo del caso, habrían muchos elementos adicionales que comentar: el tiempo en que la sentencia se dictó, los cambios en la conformación del tribunal de apelación, el tratamiento público y el gasto de recursos del Estado para presentar el caso, la "disposición" de los jueces para cambiar el día fijado para audiencia, la responsabilidad internacional que este caso podría ocasionar para el Estado ecuatoriano, etc. No todos esos elementos se encuentran aquí, sólo tratamos de plantear algunos para analizar una parte de este caso: la sentencia de primera instancia)

Conferencia Americana sobre Política de Drogas.

2011-09-19T16:41:00.000-05:00

La semana pasada (13-14 septiembre) asistí a la III Conferencia Americana y I Conferencia Mexicana sobre Políticas de Drogas; organizada por Intercambios y CUPIDH. El debate fue de lo más interesante y la primera conclusión: América Latina toda, enfrenta el dilema de la efectividad o no de su política de drogas. Luego de 30 años de implementar el paradigma de prohibición y sanción las evidencias nos muestran que ni se han reducido los cultivos y la producción de estas substancias y que además el consumo y la violencia han crecido hasta convertirse en uno de los principales problemas que afecta a los ciudadanos y ciudadanas en todos nuestros países.

Obviamente la producción y comercialización de la droga no es la única forma de crimen organizado que hoy afecta a la región, pero está sin duda relacionada al tráfico de armas y de personas y al lavado de activos; todas actividades lucrativas y que presionan además a las instituciones estatales corrompiéndolas o intimidándolas hasta el extremo de poner en duda el control que los estados tienen sobre partes de su territorio.

La pregunta parece obvia: si lo que estamos haciendo para enfrentar el problema no funciona, ¡es momento de explorar otras opciones! Los paneles entonces nos permitieron escuchar y exponer las distintas consecuencias de la guerra contra las drogas: las repercusiones en la institucionalidad democrática de nuestros países, en sus sistemas judiciales, en la economía; y también la relación que existe entre los mercados ilegales y el incremento de la violencia.

No se trata entonces de simplificar el debate entre bueno / malo; legalización / penalización. El asunto es mucho más complejo y debe tener distintas aproximaciones. Lo primero debe ser recabar información que nos permita tener un debate con estadísticas, datos, opciones, ejemplos exitosos y los que no lo han sido, pero sobretodo con menos prejuicios sobre un asunto tan serio.

Aquí algunos documentos de interés sobre este debate:

Políticas antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos, que Universidad de los Andes

Sistemas Sobrecargados: leyes de drogas y cárceles en América Latina.
Informe Final de la Comisión Latinoamericana sobre drogas y democracia (la Comisión está conformada, entre otros, por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, Ernesto Zedillo y César Gaviria).

El Presidente decretó ayer Estado de Excepción en la Función Judicial. ¿De qué se trata?

2011-09-06T11:40:00.000-05:00

De conformidad con el artículo 164 de la Constitución, la Presidenta o Presidente de la República podrá decretar estado de excepción “en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado”.
El estado de excepción debe observar los principios de: necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad.
Al ser declarado un estado de excepción, el Presidente de la República puede:
1. Decretar la recaudación anticipada de tributos.
2. Utilizar fondos públicos destinados a otros fines, menos los correspondientes a salud y educación.
3. Trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional.
4. Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado.
5. Establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional.
6. Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar a servicio activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal de otras instituciones.
7. Disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.
8. Disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias, y decretar la desmovilización nacional, cuando se restablezca la normalidad.

El Presidente de la República, el 5 de septiembre de 2011, mediante el Decreto 872, declara el estado de excepción en la Función Judicial.

Entre los considerandos del Decreto, a más de las normas constitucionales y legales referidas a la Función Judicial y el Consejo de la Judicatura, se señala que los ecuatorianos claman por la correcta aplicación de justicia y un servicio digno; que la Función Judicial requiere nueva estructura institucional que permita “implementar y controlar eficazmente la gestión estratégica y operacional y se convierta en un verdadero órgano de gobierno y administrador de justicia (¿?)”; que el Consejo de la Judicatura debe modernizarse para mejorar sus unidades judiciales, con innovación tecnológica de última generación, digitalización de archivos, personal capacitado, infraestructura física; que la calidad de servicio de la Función Judicial está deteriorada, lo que es progresivo por los problemas económicos y financieros que ha sufrido en los últimos tiempos.

También se dice que el Presidente del Consejo de la Judicatura transitorio ha solicitado la declaratoria del estado de excepción por cuanto: no hay sistemas informáticos apropiados para recopilar información para la planificación estratégica institucional; no se han sostenido los procesos de modernización; las estructuras orgánico funcionales no satisfacen las necesidades ciudadanas; los procedimientos judiciales no han tomado en cuenta el desarrollo tecnológico; la implementación de tecnología es importante para erradicar la acumulación de causas; que no hay correcta coordinación entre las instituciones de la Función Judicial; el gran aumento anual de causas y el decremento en su resolución, lo que ha generado una acumulación de aproximadamente un millón doscientas quince mil causas.

Finalmente, se señala que “la situación angustiante de la Función Judicial, no permitirá ofrecer el servicio de administración de justicia de forma oportuna e integral como se merecen los habitantes del Ecuador y más bien su deterioro por los fenómenos indicados podría generar una grave conmoción interna” (subrayado fuera de texto).

Es decir que la grave conmoción interna, que es una de las causas para decretar el estado de excepción, en este caso no existe, sino que PODRÍA EXISTIR, PODRÍA GENERARSE.

El Decreto, en su artículo 1, declara el estado de excepción en la Función Judicial para resolver la situación crítica por la que atraviesa, y garantizar el derecho a la justicia que consta en la Constitución, y PREVENIR una INMINENTE conmoción interna.

Declara luego, en el artículo 2, la “movilización nacional”, especialmente de todo el personal de la Función Judicial, para garantizar el acceso a la justicia oportuna e integral. No se entiende el alcance de esta disposición; el artículo 36 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado (Suplemento del Registro Oficial 35, 28-IX-2009), dispone:

“Art. 36.- De la movilización.- Decretado el Estado de Excepción, el Presidente de la República podrá ordenar la Movilización Nacional, que se implementará a través de la Dirección Nacional de Movilización.
La Movilización Nacional, ya sea total o parcial, comprende el paso de las actividades ordinarias del Estado a las de crisis, conflicto o cualquier otra emergencia nacional, por factores humanos o naturales, e implicará la orden forzosa de prestar servicios individuales o colectivos, sean a nacionales y extranjeros, o personas naturales o jurídicas.
La desmovilización será decretada por el Presidente o la Presidenta de la República, en cuanto se restablezcan las condiciones de seguridad que hubiesen sido afectadas”.

Declara posteriormente el Decreto, como acción prioritaria, la formulación, ejecución e implementación de los proyectos de cambio de la justicia, mediante el “Plan de Transformación de la Justicia”.

La declaratoria tiene la duración máxima: 60 días; su ámbito territorial: toda la República.

Se ordena al Ministerio de Finanzas que sitúe los recursos suficientes para atender la emergencia, y encarga la ejecución del Decreto a los ministros de Finanzas y de Justicia.

TUITEROS IBEROAMERICANOS, según Foreign Policy

2011-09-06T11:34:00.000-05:00

Septiembre 2011
Gabriela Keseberg Dávalos
Bernardo Jurema

En el último año, el crecimiento de usuarios de Twitter ha sido significativo tanto en España (151%, el más alto de Europa) como en Latinoamérica (305%). FP en español ha hecho una lista de los tuiteros iberoamericanos que publican información relevante sobre Iberoamérica y que aportan una visión más global de las relaciones internacionales, política exterior y cooperación.
AFP/Gettyimages
Think Tanks

@rielcano El Real Instituto Elcano es un think tank que se ocupa del estudio de las relaciones internacionales y la posición de España en la sociedad global. Tuitea en: español. Sede: España
@AsuntosDelSur Think tank dedicado al análisis y generación de políticas públicas para América Latina. Discute escenarios políticos para la región y compila a diario las cinco noticias esenciales sobre Latinoamérica. Tuitea en: español. Sede: Chile
@FRIDE2011 Think tank con sede en Madrid. Busca influir en las políticas y prácticas públicas para asegurar un papel más eficaz de la UE en su apoyo al multilateralismo, los valores democráticos, la seguridad y el desarrollo sostenible. Tuitea en: español e inglés. Sede: España
@CidobBarcelona El Centro de Estudios y Documentación Internacionales (CIDOB) es un think tank con sede en Barcelona que promueve una buena gobernanza global, construida a partir de un gobierno democrático. Tuitea en: español e inglés. Sede: España

@CIPLatinAmerica Tuits de los programas de América Latina del Centro de Estudios de Política Internacional. Escribe sobre noticias políticas en el hemisferio. Tuitea en: inglés. Sede: Colombia
Activistas y ONG

@mariapaularomo Abogada y asambleísta electa por la provincia de Pichincha (Ecuador). Forma parte de Ruptura 25. Escribe sobre política ecuatoriana y los derechos de la mujer. Tuitea en: español. Sede: Ecuador
@piedadcordoba Fue senadora colombiana. Escribe sobre política y derechos humanos en Colombia. Miembro de Colombian@s Por La Paz. Tuitea en: español. Sede: Colombia
@yoanisanchez Bloguera, residente en La Habana. Con sus crónicas abre una ventana a la Cuba real. Tuitea en: español. Sede: Cuba
@silva_marina Profesora de Historia, fue candidata a la presidencia de Brasil en 2010 por el Partido Verde. Escribe sobre política y medio ambiente en Brasil. Fue ministra de Medio Ambiente y senadora. Tuitea en: portugués. Sede: Brasil
@Javierciurlizza Director para América Latina y Caribe de International Crisis Group. Política interior y exterior de países Latinoamericanos. Conflictos y peligros que amenazan a la región. Tuitea en: español e inglés. Sede: Colombia
@AngelaCorbalan Responsable de Comunicación para la UE de Oxfam Unión Europea. Tuitea acerca de las relaciones de Europa con los países en vías de desarrollo: la ayuda al desarrollo y humanitaria, la seguridad alimentaria y el cambio climático. Tuitea en: español, inglés y francés. Sede: Bélgica

@blogdosakamoto Periodista, politólogo y coordinador de Repórter Brasil. Escribe sobre la sociedad brasileña y la vida cotidiana en São Paulo. Tuitea en: portugués. Sede: Brasil
@gvamericalatina Global Voices Online es interesante para seguir el movimiento de tuiteros de toda América Latina. Tuitea en: español e inglés. Sede: Países Bajos

@InfoNarco Información sobre el narcotráfico en México. Tuitea en: español. Sede: México

@feminicidio Portal de noticias con perspectiva de género, base de datos del feminicidio en Iberoamérica, red social y de voluntariado. Tuitea en: español. Sede: España
@votainteligente ONG que promueve la transparencia y la participación ciudadana a través de distintas herramientas web. Publica sobre política y activismo virtual en Chile. Tuitea en: español. Sede: Chile
@alboradanet Página web independiente que cubre temas relacionados con Latinoamérica, como política, medios y cultura. Organiza y promueve muestras de documentales y de charlas sobre la región. Tuitea en: inglés. Sede: Colombia y Reino Unido
Periodistas e información
@Guerraeterna Iñigo Ugarte es periodista. Escribe sobre política internacional y nacional española, además de comentar habitualmente sobre lo que publican los medios ingleses. Tuitea en: español Sede: Reino Unido
@guerraypaz Moeh Atitar es periodista, redactor y editor gráfico del diario El País. Escribe sobre la actualidad en relaciones internacionales y ocasionalmente sobre deporte y política nacional española. Tuitea en: español. Sede: España
@psirven Periodista, secretario de Redacción del diario argentino La Nación. Tuits sobre política argentina. Autor de Perón y los medios de comunicación (versión actualizada de Perón a los K). Tuitea en: español. Sede: Argentina
@jordipc Jordi Pérez Colomé es periodista. Director adjunto de El Ciervo trata mayoritariamente sobre temas de política americana y de su influencia en el mundo. Tuitea en: español. Sede: España
@beltrandelriomx Periodista y director Editorial del periódico mexicano Excélsior. Escribe y comenta sobre política en México. Tuitea en: español. Sede: México
@LuzMaSierra Periodista y editora general de la revista Semana. Informa sobre noticias y acontecimientos en Colombia. Tuitea en: español. Sede: Colombia
@HollmanMorris Director del programa periodístico de televisión @Contravia. Escribe sobre seguridad y justicia en Colombia. Tuitea en: español. Sede: Colombia
@monicagprieto Mónica García Prieto es corresponsal en Oriente Medio para Periodismo Humano, Cuarto Poder y El Mundo. Escribe sobre lo que acontece en los países árabes. Tuitea en: español. Sede: Líbano
@antonio_cano_Periodista y analista político enfocado en Estados Unidos y Latinoamérica. Corresponsal de El País en EE UU. Tuitea en: español. Sede: EE UU
@sipiapa_oficial Sociedad Interamericana de Prensa. Informa sobre el estado de la prensa en Latinoamérica, lo que la amenaza y los nuevos desarrollos en el periodismo. Tuitea en: español. Sede: EE UU
@Ricamconsult Economista. Escribe sobre economía del Brasil y la crisis financiera mundial. Presentador del programa Manhattan Connection, columnista de la revista IstoÉ. Tuitea en: portugués. Sede: Brasil
@vozdacomunidade Primer periódico ciudadano de la favela Complexo do Alemão en Rio de Janeiro. Escribe sobre asuntos relacionados con la vida de la comunidad, sus transformaciones socio-económicas y urbanas. Tuitea en: portugués. Sede: Brasil
@gugachacra Gustavo Chacra (Guga), corresponsal de O Estado de S. Paulo en Nueva York. Escribe y comenta sobre los acontecimientos en EE UU, Oriente Medio y Brasil. Tuitea en: portugués. Sede: EE UU
@masteson Como corresponsal en el Cairo para el diario El País, Nuria Tesón, habla acerca de lo que acontece en Egipto, con especial énfasis en la primavera árabe. Tuitea en: español e inglés. Sede: Egipto
@tierralejana Tierra Lejana es la página del analista político y periodista Hernán Maldonado. Tuits sobre política y periodismo en América Latina, enfoque en Bolivia y Venezuela. Tuitea en: español e inglés. Sede: EE UU

@LatinAmDispatch Noticias sobre América Latina, la política exterior de EE UU, inmigración y asuntos hispanos. Tuitea en: español e inglés. Sede: EE UU
@bloggingsbyboz Escritor y consultor independiente. Escribe sobre política, seguridad, economía y tecnología en Latinoamérica. Tuitea en: inglés. Sede: Nicaragua
Expertos en RR II y académicos
@jitorreblanca Ignacio Torreblanca es director de la oficina en Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR), profesor de la UNED y columnista de El País. Tuitea en: español. Sede: España
@javiersolana Javier Solana es ex secretario general de la OTAN. Escribe sobre temas de política y recomienda numerosos artículos que son de su interés. Tuitea en: español e inglés. Sede: España

@jlori Profesor universitario, conferenciante y bloguero. Comparte pistas, noticias y enlaces sobre cibercultura, medios, periodismo y comunicación digital. Tuitea en: español. Sede: España

@FrederiqueLG Investigadora sobre la historia de América Latina y humanidades digitales en el Centre National de la Recherche Scientifique, Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales. Tuitea en: español. Sede: Francia

@carlosraulher Doctor en Sociología y Master en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Política interior y exterior de Venezuela. Escribe sobre la democracia y el cambio social. Jefe de la cátedra de Sociología del Arte en la Universidad Central de Venezuela. Colabora con El Universal. Tuitea en: español. Sede: Venezuela

@iavelar Catedrático de Literaturas e Historias Intelectuales de América Latina en la Universidad de Tulane. Columnista en la revista Fórum. Comenta sobre política, economía, medios y cultura en el hemisferio, con enfoque en Brasil. Tuitea en: español y portugués. Sede: EE UU

@LASDDFellowship Beca Latinoamericana de Seguridad, Drogas y Democracia del Social Science Research Council (SSRC), organización estadounidense sin ánimo de lucro independiente dedicada al avance de la investigación en las ciencias sociales y disciplinas afines. Tuitea en: español e inglés. Sede: EE UU

@utlanic Latin American Network Information Center (LANIC) está afiliado a la Universidad de Texas. Su misión es facilitar el acceso a todo tipo de información basada en Internet relacionada con Latinoamérica. Tuitea en: español e inglés. Sede: EE UU

@BrazilPolitics João Augusto de Castro Neves es politólogo. Actualmente trabaja como consultor independiente e investigador de política en Washington DC. Escribe sobre las relaciones exteriores de Brasil. Tuitea en: inglés. Sede: EE UU
@NACLA El North American Congress on Latin America proporciona información y análisis sobre la región, sobre todo en cuanto a su compleja y cambiante relación con Estados Unidos. Tuitea en: inglés. Sede: EE UU
Aportaciones realizadas por los lectores de FP
@Hirschfeld1977 Guillermo Hirschfeld es analista político. Está especializado en Política Latinoamericana y es coordinador del Programas para América Latina de FAES. Tuitea en: español. Sede: España
@Judithtorrea Judith Torrea es una periodista española que escribe sobre el tráfico de drogas en Ciudad Juárez. Tuitea en: español. Sede: México
@lydiacachosi Lydia Cacho es periodista, escritora y activista de derechos humanos de las mujeres. Tuitea en: español. Sede: México
@SanjuanaMtz SanJuana Martínez es una periodista mexicana que escibe sobre justicia social, derechos humanos e igualdad de género. Tuitea en: español. Sede: México

FOREIGN POLICY: LOS 10 nuevos rostros en el pensamiento iberoaméricano.

2011-09-06T10:22:00.000-05:00

LOS 10 NUEVOS ROSTROS DEL PENSAMIENTO IBEROAMERICANO
FP en español le ha preguntado a sus lectores quiénes son los nuevos rostros del pensamiento en España y América Latina. Entre las 25 personalidades propuestas por FP, los participantes han dado una victoria abrumadora al guatemalteco Luis von Ahn. El resto de puestos los ocupan otros seis latinoamericanos, dos españoles y un brasileño.
1. LUIS VOH AHN

Por sus innovadores proyectos tecnológicos.

Este matemático guatemalteco fue nombrado uno de las 50 personas más influyentes en el mundo de la tecnología en 2007, con menos de 30 años. Su trabajo se centra en el desarrollo de la computación humana, que busca la interacción entre humanos y máquinas para resolver problemas complejos, porque estas últimas todavía necesitan aprender mucho de los primeros. Pero además de crear programas, códigos y juegos, Von Ahn cree en la importancia de la divulgación.

2. YOANI SÁNCHEZ

Por su aportación al debate político desde un lugar en el que no existe.

Además de mantener su blog, Generación Y, frente a los bloqueos y el hostigamiento del régimen cubano, Yoani Sánchez se ha convertido en un referente en el uso de Internet para el activismo político y la lucha por los derechos humanos y la libertad de expresión. Su último proyecto, Voces cubanas, ofrece una plataforma a todos aquellos que deseen narrar sus vicisitudes en la isla caribeña.

3. JAVIER SANTISO

Por su afán de integrar las economías emergentes en el debate político-económico global.

Con un gran conocimiento y capacidad analítica, ha otorgado a los países emergentes un lugar predominante en el pensamiento sobre política económica, especialmente en su etapa al frente del Centro de Desarrollo de la OCDE. Ahí llegó siendo el director general más joven jamás nombrado por la institución. Hoy sigue reflexionando desde dentro de una gran corporación y desde una escuela de negocios, ambas españolas.

4. MARÍA PAULA ROMO

Por su compromiso con la democracia y los derechos de las mujeres.

Es joven, mujer y abogada y desde que comenzó su actividad política en Ruptura 25 no ha dejado de luchar por los derechos de las mujeres y por un cambio en la política democrática de Ecuador. Escribe en medios de comunicación y tiene un blog donde almacena los artículos que ha ido escribiendo en diversas publicaciones.
5. JAIME BAYLY

Por su contribución irreverente a la literatura y televisión de su país.

Sus novelas se caracterizan por tener un estilo realista con algo de confesión personal. Destaca por sus comentarios y críticas políticas a través de los programas de televisión que presenta, donde entrevista a personajes de la vida pública de Perú y desde donde apoyó la candidatura de Mario Vargas Llosa a las presidenciales en 1990.

6. RICARDO AMORIM

Por su trabajo de difusión de la economía brasileña y global.

Es economista y presentador de televisión brasileño con gran influencia en su país. Ha protagonizado numerosas conferencias sobre economía brasileña caracterizadas por abordar los complejos conceptos económicos de forma interesante y comprensible. Ha trabajado en Estados Unidos y está licenciado en Administración y Finanzas internacionales por la Universidad de París.
7. JORGE VOLPI

Por sus reflexiones acerca de la ciencia, la política y la ética.

Fusiona literatura y ciencia, sus dos grandes pasiones, a la hora de crear una ficción que intenta explica el mundo y la condición humana. Licenciado en Derecho y doctor en Filología Hispánica, dirige también la televisión cultural mexicana Canal 22 y escribe para medios latinoamericanos y españoles.
8. MICHAEL PENFOLD

Por diseccionar la Venezuela contemporánea.

No solo es un rostro nuevo, sino también una buena noticia en el plano de las ideas. Doctor en Política Económica por la Universidad de Columbia, Penfold analiza de manera exhaustiva las convulsiones políticas y sociales de uno de los países más polarizados del continente, la Venezuela de Chávez. 

9. JOSÉ IGNACIO TORREBLANCA

Por acercar lo que ocurre en el mundo de una forma comprensible y amena.

El director de la oficina en Madrid del European Council on Foreign Relations aporta lucidez y claridad al debate sobre el presente y el futuro de Europa. Colabora de manera asidua en medios españoles y europeos, demostrando que rigurosidad y amenidad no están reñidas a la hora de desenmarañar la realidad internacional.
10. WILLIAM OSPINA

Por ser uno de los impulsores del renacer creativo de la novela latinoamericana.

Ensayos, poemas y novelas avalan el trabajo de uno de los más brillantes autores del actual panorama literario latinoamericano, así como estudioso de la historia y de la realidad del continente. Para muchos se ha convertido ya en el digno sucesor de Gabriel García Márquez.

http://www.fp-es.org/los-10-nuevos-rostros-del-pensamiento-iberoamericano

FERIA EXPOSALUD “ROMPIENDO EL SILENCIO”

2011-08-25T10:10:00.001-05:00

Callar es agachar la cabeza, es bajar los brazos ante el miedo y la amenaza. Por eso ROMPE EL SILENCIO… y dile no a la violencia doméstica e intrafamiliar.

A nuestro alrededor existen niños y niñas víctimas de bullying, que sufren en silencio y con miedo. Niños que sienten pánico de acercarse a los colegios donde estudian, que necesitan cambiar de escuela varias veces por año, que incluso después de convertirse en adultos, tratan de superar los traumas vividos por haber sido rotulados como “diferentes”, tímidos, correctos en todo, gordos como elefante, flacos como palito, etc. Quizás hasta conocemos a algunos de esos niños. Bien cerca nuestro, padres, educadores y amigos, puede haber un grito de socorro haciendo eco.

No podemos quedarnos callados; paremos la violencia. ¡Rompa el silencio!

Este domingo 28 de agosto del 2011 de 8:00 a 15:00, se desarrollará la Feria Exposalud “Rompiendo el Silencio, en el parque La Carolina de Quito (atrás de la Tribuna de la Avenida de Los Shyris y Portugal).

El evento contará con la participación de cientos de mujeres de distintas partes de la provincia y también de invitados especiales que se darán cita a este programa.

Entre las actividades que se prevén realizar durante la jornada de la Exposalud “Rompiendo el silencio” estarán:

Conferencia Salud Plena en la Mujer – Lic. Yeseli de Carvajal
Conferencia Rompiendo el Silencio – Asambleísta María Paula Romo
Conferencia Bulling-Violencia escolar – Lic. Miriam de Pitaro

Asimismo se estarán presentando una serie de stands, donde se expondrán los beneficios de los 8 remedios naturales para una vida saludable y también sobre comida vegetariana.

Este programa es organizado por el Departamento de Ministerio de la Mujer de la Misión Ecuatoriana Adventista del Norte, el Servicio Educacional Hogar y Salud (SEHS), Radio Nuevo Tiempo y La Clínica Americana Adventista.

Ecuador clausura casi 30 clínicas ilegales que ofrecían cura a homosexualidad

2011-08-16T21:04:00.001-05:00

Tomado de: http://www.ecuavisa.com/noticias-nacionales/39620-ecuador-clausura-casi-30-clinicas-ilegales-que-ofrecian-cura-a-homosexualidad.html

Fuente: EFE

Ecuador clausuró en lo que va de año cerca de 30 clínicas ilegales que consideraban la homosexualidad como una enfermedad, por lo que ofrecían una posible cura a ésta, mientras que colectivos homosexuales creen que podrían existir en el país alrededor de 200 centros de este tipo.

"Dicen que son 200 en el país, es posible, si nosotros clausuramos casi 30, seria muy importante que denunciaran (los afectados) para que se clausuraran todas (las clínicas ilegales)", dijo en una entrevista a Efe el ministro de Salud Pública encargado, Nicolás Jara.

Karen Barba, representante de la fundación Causana, explicó que estas clínicas se esconden detrás de centros de rehabilitación de personas adictas a las drogas, que aparentemente son legales, pero que se convierten en inconstitucionales cuando dan tratamientos a homosexuales, ya que la Carta Magna del país, aprobada en 2008, es la primera que reconoce los derechos de estas personas.

Paola Ziritt, de 28 años, estuvo dos años ingresada en uno de estos centros, donde "fue perdiendo las fuerzas para vivir", tras sufrir diferentes abusos, incluso sexuales, insultos y torturas, como estar esposada, días sin comer, palizas o que los guardias le tiraran orina o agua helada por encima.

"Fue denigrante, humillante, horrible", aseguró Ziritt, quien estuvo tres meses sola, esposada en una habitación que le llamaban "la sauna", puesto que ahí dentro no había nada más que unos tubos, donde estaba atada y ni tenía luz.

Un día, uno de los guardias se le acercó y se bajó la cremallera de la chaqueta.

Debajo de la cazadora, guardaba un trozo de pan, un yogur, leche y el libro "El hombre en busca de sentido", que relata las vivencias de su escritor, Viktor Frankl, en un campo de concentración nazi.

Pese que la madre de Ziritt fue quien la ingresó a la clínica, pues en ese entonces pensaba que la homosexualidad se podía curar, ella misma la sacó de ahí, después de que su hija le hiciera llegar, a escondidas, una carta.

Aunque Ziritt logró salir hace casi cuatro años, lamenta que la clínica en la que estuvo sigue abierta, pese que tiene múltiples denuncias, pues, según ella, muchos de estos centros "son una mafia que pagan dinero" para que no los clausuren.

Por su parte, Jara destacó que junto al ministerio de Interior están trabajando para cerrar estas clínicas "clandestinas" que están al margen de la constitución y son "un engaño", porque "no hay tratamiento para la homosexualidad".

En este mismo sentido, se manifestó el Defensor del pueblo ecuatoriano, Fernando Gutiérrez, quien enfatizó que "legislación no autoriza" el tratamiento de la homosexualidad "como una enfermedad", por lo que si hubiera un centro de este tipo se clausuraría.

Jara y Guerrero también coincidieron que, el temor a las represalias, hace que las víctimas no denuncien a las clínicas, pero pidieron a los colectivos homosexuales que saquen a la luz esta situación.

Sin embargo, la activista Cayetana Salao manifestó que los homosexuales "no se sienten protegidos por el Estado" y explicó que diferentes colectivos organizaron recientemente un simbólico juicio en el cual el principal testimonio fue Ziritt y en el que se juzgó a diferentes autoridades por la existencia de los centros.

Entre el público estaba la asambleísta, María Paula Romo, del movimiento político de ruptura de los 25, quien manifestó que pese que la "ley y los reglamentos prohíben" la existencia de estas clínicas es "totalmente deficiente la aplicación" de la legislación.

Romo también resaltó que hay "discursos religiosos y políticos que se reproducen en la familia" y que reflejan perjuicios contra los homosexuales, lo que se tiene que combatir con educación, pues recordó que, en la mayoría de los casos, es la misma familia quien ingresa a las personas en estos centros.

Pese a todo, Ziritt también aprendió algo dentro de esa clínica y las fuerzas y las ganas de vivir es lo que transmite ahora en unos talleres que da a niños de la Amazonía ecuatoriana para prevenirlos de posibles abusos sexuales y de la violencia familiar.

Sobre la designación de delegado a la Comisión Tripartita.

2011-07-21T20:45:00.000-05:00

Hemos vivido en estas semanas, con el show Cevallos – Coba y con la impresentable sentencia contra El Universo del día de ayer, las consecuencias de que la justicia se convierta en un recurso de la política. Y nada de esto ha sucedido por la Comisión de Transición pues ni siquiera existía. El retroceso en la justicia ya se dio cuando se autorizó que la política vuelva a intervenir en la justicia. El hecho de que el Pleno de la Asamblea discuta hoy quién será responsable de nombrar, sancionar o destituir funcionarios judiciales es una señal de un retroceso de más de una década en la independencia de la justicia. Sostuvimos este y otros argumentos para oponernos a la Consulta Popular pero los resultados están oficialmente anunciados y hoy le corresponde a la Asamblea elegir a su delegado y permitir que se conforme la Comisión Tripartita para cumplir así con la voluntad expresada en la Consulta Popular.
Es imposible que a través de la injerencia política y en dieciocho meses se vaya a transformar la justicia. Nuestra decisión ha sido votar en blanco por la candidata de gobierno porque creemos que le corresponde al Movimiento PAIS y al Presidente asumir la total responsabilidad política de lo que suceda en esta transición.

Sobre la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

2011-07-21T15:56:00.000-05:00

Sres, sras, asambleístas.
De mi consideración,

A través de la presente, pongo en su conocimiento las razones por las cuales no he suscrito ni me he adherido al informe de mayoría del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, aprobado el día 29 de junio de 2011 por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.

Empiezo por subrayar que ambos informes (mayoría y minoría), recogen temas de muchísima importancia y en los cuales se han logrado significativos acuerdos:
- El trámite de la consulta pre legislativa a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio, que fue ampliamente analizado y debatido junto con los sectores interesados en talleres y mesas de trabajo, producto de lo cual la Comisión propuso agregar una sección específica que desarrolla el derecho y define las etapas del procedimiento de consulta.
- Creación de la Unidad Técnica de Control de la Ejecución Presupuestaria del Estado (o de Asesoramiento Presupuestario en el informe de minoría), para optimizar la función de vigilancia de la Asamblea Nacional en la ejecución del Presupuesto General del Estado, en concordancia con el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
- Reformas al trámite de los proyectos de urgencia en materia económica, que mejoran los plazos de su tratamiento.
- Reformas a las atribuciones de la o el Presidente de la Asamblea Nacional y Consejo de Administración Legislativa, que reflejan las necesidades del quehacer diario parlamentario.

- Reformas a la conformación de la Escolta Legislativa, para que a petición de la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional se integre por elementos en servicio activo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.
- Creación de la Empresa Pública de televisión, radio, publicaciones y multimedia de la función legislativa para difundir todas las actividades legislativas, y la Empresa Pública del Registro Oficial que se encargará de la impresión y publicaciones normativas.
Sin embargo, no puedo coincidir con los siguientes puntos contenidos en el informe de mayoría:
Creación de comisiones: En el artículo 15, que reforma el artículo 21 relativo a la temática de las comisiones especializadas permanentes, se han agregado seis comisiones: seguridad ciudadana, seguridad social, asuntos insulares y fronterizos, codificación y técnica legislativa, migración y protección de los derechos de los ecuatorianos en el exterior, y cultura física y deportes. Con ello, las comisiones de la Asamblea Nacional llegan al número de 19. Considero que no es adecuado incrementar el número de comisiones y sobre todo que ellas traten temas tan específicos. Todos los asambleístas y las comisiones especializadas deben realizar su trabajo con visión nacional, y por ello no se justifica una comisión, por ejemplo, para asuntos insulares y fronterizos, que se refiere únicamente a determinadas provincias, o para la migración y protección de los derechos de los ecuatorianos en el exterior, ya que todas las comisiones deben proteger, defender y legislar a favor de los derechos de todas y todos los ciudadanos, incluidos quienes residen fuera del Ecuador.
Una comisión de codificación resulta innecesaria y el o la asambleísta que pertenezca a esta comisión se alejaría del trabajo legislativo concreto; además la propia Comisión de Justicia es el mejor ejemplo de que la codificación y derogatoria de normas se puede realizar como una responsabilidad adicional, y no amerita la creación de una nueva comisión. En cualquier caso, la comisión de codificación y técnica legislativa podría ser únicamente ocasional, puesto que ya consta que es trabajo de la Unidad de Técnica Legislativa, en el artículo 31 de la ley vigente, el preparar proyectos de codificación de diversas leyes por decisión expresa del Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, debería crearse una comisión ocasional que revise el proyecto de codificación antes de que pase al Pleno de la Asamblea, que es el que, en un solo debate, aprueba o niega el proyecto de codificación.
Tampoco se debe olvidar que ya es facultad del Pleno crear comisiones ocasionales para el tratamiento de diversas materias, por lo que, si se requiere de atención especial sobre un tema, se puede conformar una de estas comisiones que cumpla con las características necesarias para la mejor comprensión y tratamiento de un proyecto de ley.
Calificación de los proyectos de ley: Se ha reformado el artículo 56 (artículo 26 del proyecto), que trata sobre el trámite de calificación de los proyectos de ley. Se ha eliminado uno de los requisitos cuyo cumplimiento debe verificar el Consejo de Administración Legislativa, que es “Que cumpla los requisitos que la Constitución de la República y esta Ley establecen sobre la iniciativa legislativa”. Siendo éste un importante requisito formal, no se entiende el por qué de su eliminación, y no se ha establecido que el mismo sea posteriormente revisado por la comisión especializada, y que ésta tenga la posibilidad de rechazarlo por falta del cumplimiento del requisito formal; en estricto sentido, un proyecto que no cumple un requisito constitucional o legal sobre iniciativa legislativa, no podría ser tratado siquiera por una comisión, ya que no existiría como tal.
Mayoría para la toma de decisiones: En varios artículos se ha cambiado la forma en la que se toman decisiones, que antes requerían de mayoría absoluta, para pasar a ser adoptadas por mayoría “simple”. Tal es el caso de los artículos 129 que se refiere a la modificación del orden del día; 135 relativo a la aprobación de mociones; y 140 de la apelación de la Presidencia. Sin embargo, se nota que en la reforma al artículo 111 se ha incluido que el inicio de instrucción fiscal o enjuiciamiento penal contra asambleístas requiera autorización de las dos terceras partes del Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, si bien por un lado se simplifica la toma de decisiones, en otros casos se complica (sometimiento a la justicia). Debería definirse una sola línea de actuación, tomando como referencia la Constitución que señala ya qué decisiones ameritan una mayoría de dos tercios.
Contratación de asesores: Se ha incrementado, en el artículo 159, el número de asesores que puede tener cada asambleísta. Considero que este es un tema que no debe constar en la ley, sino que debe analizarse en cada caso en relación a la carga de trabajo y a los resultados ofrecidos. De cualquier forma, ya consta tanto en los informes de mayoría como de minoría, la posibilidad de que el Consejo de Administración Legislativa pueda autorizar la contratación de asesores ocasionales provisionales para los asambleístas miembros de una comisión especializada por un tiempo definido, dependiendo de la carga de trabajo (agregado como inciso final del artículo 159), con lo que se hace innecesario el incremento.

FISCALIZACIÓN:

Tanto los informes de mayoría como de minoría han aclarado y mejorado el procedimiento de requerimiento de información a los funcionarios públicos. Asimismo, ambos informes han incorporado a la ley (aunque con algunas diferencias), una sección que permite, fuera del juicio político, la comparecencia al Pleno de la Asamblea Nacional de los funcionarios detallados en el artículo 131 de la Constitución. Estas reformas son valiosas para la responsabilidad que compartimos todos nosotros.
La diferencia fundamental entre los informes se da en el trámite del juicio político, puesto que, en el informe de mayoría se ha propuesto que la decisión de proceder con el juicio político o su archivo, pase de la comisión de fiscalización al Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, la comisión de fiscalización únicamente realizará un informe motivado de las pruebas de cargo y de descargo presentadas a ella.
He mantenido siempre y me ratifico en que la deuda que tenemos con el país en esta materia no es un problema de la ley sino de decisión política, pero en virtud de las experiencias sobre fiscalización que se han vivido en la Asamblea Nacional desde aproximadamente dos años, considero adecuado que la decisión sobre si procede o no el juicio político sea tomada por el Pleno de la Asamblea Nacional, tal como lo propusimos y apoyamos muchos en el informe para primer debate.
Con todas estas consideraciones, en virtud de que entre los informes de mayoría y minoría existen múltiples temas en los que hay total coincidencia, de conformidad con el inciso final del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que dispone que “Se podrá mocionar la aprobación del texto íntegro de la ley, o por títulos, capítulos, secciones o artículos…”, propongo que la votación del informe se realice por artículos, de tal manera que no se sacrifiquen temas de gran importancia en los que hay consenso, y que se amplíe el debate sobre nuestra responsabilidad en el tema que permanece como el de mayor polémica: la tarea de fiscalización de la Asamblea Nacional.
Aprovecho, además, para sugerir, que en las reformas que se realizan al tema de los proyectos de urgencia en materia económica, se agregue como inciso final del artículo 62, el siguiente:
“Si la comisión especializada a la que se le asignó el tratamiento de un proyecto de ley calificado por la Presidenta o Presidente de la República de urgencia en materia económica, incumpliere cualquiera de los plazos previstos tanto en este artículo como en el artículo 59, el Consejo de Administración Legislativa, de forma inmediata, reasignará obligatoriamente el proyecto a otra comisión especializada, para que produzca los informes para primero o segundo debate, según corresponda, sin que se sujete a ninguno de los plazos mínimos establecidos en los mencionados artículos”.

Saludos cordiales,

María Paula Romo

Asambleísta

Jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre facultades jueces de primera instancia (destitución / restitución de Cevallos?)

2011-07-08T14:40:00.000-05:00

En seguimiento a lo ocurrido esta semana con la destitución de Benjamín Cevallos, seleccionamos pronunciamientos de la Corte Constitucional en lo que se refiere a la aplicación del artículo 86 (4) de la Constitución. Los tres casos abordan el uso de este mecanismo constitucional por jueces de primera instancia, penal – civil, tránsito y de la niñez y adolescencia. Se adjunta un extracto de las argumentaciones en las tres sentencias:

1) Sentencia N.º 076-10-SEP-CC: 22 de diciembre del 2010, CASO N.º 1114-10-EP, Juez Constitucional Ponente: Dr. Roberto Bhrunis Lemarie

EXTRACTO

En la especie, se debe determinar ¿los jueces que conocen garantías constitucionales pueden declarar directamente el incumplimiento de sentencias constitucionales e imponer sanciones a las autoridades que supuestamente no han dado cumplimiento a su resolución?

Debemos hacer una diferenciación entre los tipos de acciones en materia de garantías jurisdiccionales que contempla la Constitución de la República, específicamente entre la acción de protección y la acción por incumplimiento.

La presente causa, objeto de acción extraordinaria de protección, tiene como origen una acción de protección de derechos, en donde en mérito del proceso se concederá o negará cierta demanda a favor de una de las partes procesales; en cambio la acción por incumplimiento está direccionada al incumplimiento de actos normativos o administrativos de carácter general, así como a las sentencias de organismos de protección de los Derechos Humanos, y conforme lo determina el artículo 436, numeral 9 de la Constitución de la República, el incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales, otorgándose esa competencia al máximo órgano de interpretación y control constitucional en nuestro país como es la Corte Constitucional, para lo cual la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional ha establecido requisitos y procedimientos propios de estas acciones; por tanto, no pueden confundirse estas acciones constitucionales, como dentro de la presente causa lo ha hecho la Jueza Segundo de lo Civil de Esmeraldas.

Conforme lo determina la Constitución de la República en sus artículos 93 y numerales 5 y 9 del artículo 436, la Corte Constitucional es la única competente para conocer y resolver las acciones por incumplimiento, así como para iniciar un proceso de destitución; aquello guarda relación con las disposiciones contenidas en el artículo 163 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional:

“Art. 163.- Incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales.- Las juezas y jueces tienen la obligación de ejecutar las sentencias en materia constitucional que hayan dictado. Subsidiariamente, en caso de inejecución o defectuosa ejecución, se ejercitará la acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional”.

Y en cuanto al trámite, el artículo 164 de la norma ibídem determina: “La acción de incumplimiento de sentencias constitucionales tendrá el siguiente trámite: […] 2. Cuando se trate del incumplimiento de sentencias expedidas dentro de procesos de garantía judiciales de derechos constitucionales, la jueza o juez competente, a petición de parte, remitirá el expediente a la Corte Constitucional, al cual acompañará un informe debidamente argumentado sobre las razones del incumplimiento suyo o de la autoridad obligada, para lo cual tendrá un término de cinco días desde el momento en que el interesado hizo la solicitud”.

De lo antes expuesto se colige que la Jueza no procedió conforme lo determinan los artículos antes citados de la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; por ende, con sus actuaciones ha violentado el derecho a la seguridad jurídica.

Además, en supuesta aplicación del artículo 86, numeral 4 de la Constitución de la República, la Jueza procede a destituir de su cargo de rector al legitimado activo, lo cual no es procedente por las circunstancias antes señaladas, por lo que el Juez de instancia ha excedido sus facultades, generando una vulneración a la seguridad jurídica en el país, al no acatar a las disposiciones constitucionales y a las normas que integran el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

Dentro de la causa, objeto de la presente acción extraordinaria de protección, se puede observar que la Jueza Segundo de lo Civil de Esmeraldas a lo largo del proceso iniciado por acción de protección emite una serie de disposiciones, señalando que en caso de no cumplirlas aplicará, como en efecto lo hizo, el artículo 86, numeral 4 de la Constitución de la República. Así, el 08 de junio del 2010 la Jueza dispone: “Que el señor TENORIO MALDONADO PEDRO en compañía de un Señor Notario del cantón Esmeraldas, en días y horas hábiles se presente a las oficinas de la UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS y dicho recurrente se ponga a disposición de la autoridad universitaria antes mencionada para que se reintegre al trabajo, en caso de que no se le deje entrar a laborar el señor Notario sentará razón respectiva y comunicará al Juzgado, para luego, cumplir con lo que dice el numeral 4 del artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador”. Se puede observar un exceso por parte de la Jueza en cuanto a sus facultades, escudándose en las prevenciones del artículo 86, numeral 4 de la Constitución de la República. Esta atribución comporta un exceso en las facultades del juez de instancia y determina una violación al debido proceso, al derecho a la defensa y el ser escuchado en un momento oportuno.
La Corte Constitucional ya ha manifestado de manera enfática dentro de la causa N.º 0485-09-EP que el juez de instancia no puede exceder sus facultades en la fase de cumplimiento de una sentencia, ya que la actividad del juez tiene límites que están dados por el respeto de las disposiciones constitucionales y legales en cuanto a la tramitación de las diversas acciones constitucionales; el aplicar sanciones de manera inmediata y sin el respeto de normas del debido proceso atenta, además de este derecho constitucional, a la seguridad jurídica del país. Conforme se ha manifestado en artículos precitados de la Constitución de la República y de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el único organismo competente para conocer y resolver acciones de incumplimiento, así como para destituir de un cargo a un servidor público es la Corte Constitucional del Ecuador.
Con estos antecedentes se deduce que no ha existido una tutela judicial efectiva por parte de la señora Jueza Segundo de lo Civil y mercantil de Esmeraldas, ya que no ha actuado con diligencia al momento de observar las disposiciones normativas contenidas en la Constitución, al no tener competencia para proceder a la destitución del legitimado activo, lo cual tuvo como efecto la destitución del cargo de rector de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, al hoy legitimado activo, repercutiendo en una vulneración a su legítimo derecho al trabajo.

2) SENTENCIA N.º 001-10-PJO-CC, 22 de diciembre del 2010, CASO N.º 0999-09-JP, Juez Constitucional Ponente: Dr. Roberto Bhrunis Lemarie, MSc.

EXTRACTO

52.- La Corte Constitucional en ejercicio de la competencia prevista en el artículo 86, numeral 4 de la Constitución de la República, determina que las juezas y jueces constitucionales que sin fundamento constitucional y legal expidan sentencias dentro de garantías jurisdiccionales, que vuelvan inejecutables las sentencias resueltas previamente, podrán ser destituidos de su cargo por parte de la Corte Constitucional, garantizándoles el derecho al debido proceso.

57.- (…) Primero, el señor Juez Sexto de Tránsito del Guayas, en primera providencia de calificación de la acción de protección, con fecha 21 de julio del 2009, dispuso dejar sin efecto el acto en cuestión. Al respecto, cabe señalar que las garantías jurisdiccionales, específicamente la acción de protección, proceden cuando del proceso se desprenda la vulneración de derechos constitucionales proveniente de un acto de autoridad pública no judicial, vulneración que debe ser declarada por el juez constitucional vía sentencia y no a través de una providencia de calificación, como sucedió en el caso concreto. Si la intención del señor Juez Sexto de Tránsito del Guayas fue adoptar una medida cautelar en los términos previstos en el artículo 87 de la Constitución, como producto de esa medida no podía adelantar criterio y menos aún pronunciarse sobre el fondo del asunto controvertido. La medida cautelar cumple la función de suspender provisionalmente el acto presuntamente violatorio de derechos constitucionales, hasta que vía sentencia, se declare o no dicha vulneración. En otras palabras, la medida cautelar puede ser adoptada en primera providencia, cuando a criterio del juez existan presunciones de una posible vulneración de derechos constitucionales que no pueda esperar a la sentencia, pero aquello no implica un pronunciamiento de fondo y, por tanto, no puede generar un efecto propio de una garantía de conocimiento, como en efecto es la acción de protección. En definitiva, el Juez Sexto de Tránsito del Guayas no podía pronunciarse en primera providencia sobre la vulneración de disposiciones legales, menos aún declarar sin efecto el acto.

Segundo, el Juez Constitucional no declaró la vulneración a derecho constitucional alguno en su primera providencia; por el contrario, dejó sin efecto el acto −vía acción de protección− por violar normas legales, es el caso de los artículos 354, 355 y 342 de la Ley de Compañías, ámbito material de protección ajeno a la acción de protección y atinente a los mecanismos de justicia ordinaria.

61.- La Corte Constitucional conforme anteriores pronunciamientos , en el presente caso verifica que el señor Juez Sexto de Tránsito del Guayas (Caso N.° 2), ha desnaturalizado la acción de protección, reflejada en su primera providencia de avoco, así como en la sentencia dictada por la Primera Sala de lo Laboral y la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial del Guayas, (Caso N.° 1) provocando la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica, debido proceso y tutela judicial efectiva, reconocidos en los artículos 82, 76 numeral 1, y 75 de la Constitución de la República. En el caso que nos ocupa, tanto la Constitución de la República como las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional, normativa vigente al momento de la sustanciación de las causas, prevén normas claras respecto a la procedencia, naturaleza y efectos de las distintas garantías jurisdiccionales. En atención a ello, es deber de las juezas y jueces constitucionales aplicar adecuadamente dichos preceptos en la sustanciación de una causa, de lo contrario, tal como sucedió en el caso concreto, más allá de lesionar la seguridad jurídica de las partes, acarrea además una grave vulneración a los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, en consideración a que su actuación devendría en arbitraria.

3) SENTENCIA N.° 031-09-SEP-CC, 24 de Noviembre del 2009, CASO: 0485-09-EP, Jueza Constitucional Sustanciadora: Dra. Ruth Seni Pinoargote.

EXTRACTO

Ahora bien, esta Corte no puede dejar de referirse a una serie de actos provenientes del señor Juez Tercero de Garantías Penales de Esmeraldas, en la incorrecta ventilación de la acción de protección N.º 087- 2009. El señor juez de instancia, en supuesta aplicación del artículo 86 numeral 4 de la Constitución, y a pretexto de dar cumplimiento de su infundada sentencia de acción de protección –que dispone el cumplimiento de una norma– ha dictado una serie de medidas; entre ellas, el 06 de julio del 2009 dictó orden de prisión preventiva en contra del accionante de la presente causa, por no cumplir con el plazo de 15 días previsto en su sentencia. Al no ser suficiente, el 13 de julio del 2009, más allá de la orden de prisión preventiva, dicta la prohibición de enajenar bienes respecto al Presidente del CONESUP, Dr. Gustavo Vega; luego, el 14 de julio del 2009 revoca la orden de prisión preventiva y dicta la medida cautelar de prohibición de salida del país.

Es decir, el juez constitucional de instancia, denominación que reciben los jueces de la justicia ordinaria cuando conocen de garantías jurisdiccionales –alejándose temporalmente de su función original de juez de garantías penales– en la fase de cumplimiento de la sentencia de acción de protección, ha excedido claramente sus facultades y ha expedido medidas cautelares, no sólo reales sino que incluso personales, respecto al accionado de la acción de protección. Al respecto, esta Corte señala de manera enfática, que la emisión de medidas cautelares personales o reales, no son de competencia del juez constitucional, aun tratándose de un juez de garantías penales, pues, como es obvio, su función como juez constitucional se circunscribe en la atribución prevista en el artículo 86, numeral 4 de la Constitución:

(…) Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar.

Por las razones expuestas, esta Corte, como consecuencia de la reparación integral que debe realizar respecto a los derechos constitucionales que han sido vulnerados por parte del Juez Constitucional de instancia, deja sin efecto todas las providencias emitidas por el juez constitucional en la fase de cumplimiento de la sentencia de protección. Por otro lado, por la serie de actuaciones arbitrarias cometidas por el juez constitucional en la tramitación de la causa, se solicita al Consejo de la Judicatura la adopción de cuanta medida administrativa y disciplinaria sea necesaria para juzgar la conducta del Juez de Garantías Penales de Esmeraldas.

Impugnaciones a candidatos a Fiscal General del Estado

2011-06-24T16:14:00.000-05:00

Las presentaciones que comparto a continuación fueron realizadas entre el 23 y 24 de junio, a dos de los candidatos a Fiscal General del Estado.

Impugnacion a Antonio Gagliardo

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Esta presentación es sobre la impugnación realizada el 23 de junio de 2011.

Impugnacion Elsa Moreno

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# Spanishrevolution

2011-05-22T10:47:00.000-05:00

El 15M SACUDE EL SISTEMA. (El País)

La Consulta Popular en Ecuador: ¿Qué está en juego?

2011-05-16T10:23:00.000-05:00

Este texto fue publicado originalmente por la revista Razón Pública - Colombia. Encuéntrelo aquí

Domingo, 15 de Mayo de 2011 23:24

La destacada congresista ecuatoriana que acompañó a Correa hasta hace poco analiza la Consulta Popular que acaba de cumplirse y concluye que ésta en efecto fue un revés para el gobierno y sobre todo, que la deriva autoritaria de Correa es un hecho.

Los temas de la consulta

En ejercicio de una de sus facultades, el presidente Rafael Correa convocó a una consulta popular, que se realizó el 7 de mayo. A casi una semana y sin que se conozcan aún los resultados definitivos, se puede hacer ya una lectura de los significados políticos de la convocatoria y de los efectos del octavo proceso electoral en estos cuatro años de gobierno.

La Consulta Popular propuesta por el presidente Correa marcó un nuevo momentode la llamada "Revolución Ciudadana" y fue convocada alrededor de los siguientes temas principales:

a) El combate a la delincuencia, mediante fórmulas históricas de la derecha ecuatoriana, según las cuales existe una supuesta oposición entre derechos y seguridad;

b) La intervención directa del gobierno Correa en la administración de justicia, al pretender crear un procedimiento de excepción para nombrar jueces, fiscales, defensores, notarios, y registradores. Y al además reformar la conformación del Consejo de la Judicatura con delegados directos de los poderes políticos -modelo duramente criticado en el Ecuador y contrario a la Constitución del 2008- ;

c) La regulación estatal en los medios de comunicación, a través de un Consejo de Regulación, que incluye la posibilidad de regular a la prensa escrita; y

d) Un modelo de derecho penal de máximos, totalmente contrario a los principios de un Estado Constitucional de derechos y justicia y a las tesis progresistas de la intervención penal mínima del Estado, tesis que se encuentra recogida en la Constitución vigente[1].

Con lo anterior el presidente Correa decide adoptar las tesis de "mano dura" y asume un discurso de restricción de derechos a nombre de la seguridad y de la confianza en su liderazgo personal. La Consulta pasa de ser una herramienta legítima de democracia directa a una forma de legitimar decisiones que desconocen principios e instituciones de la recién aprobada Constitución ecuatoriana.

Judicialización de la política

No se trata, pues, en lo absoluto, de criticar la herramienta de la consulta popular

como tal, sino su contenido concreto. La línea común que vincula a las diez preguntas es la exacerbación del poder punitivo del Estado y gran parte de la discusión se concentra alrededor de la pretensión de intervenir en la administración de justicia.

La propuesta de que el gobierno Correa se encargue de reestructurar todo el sistema judicial, de forma excepcional y durante los próximos dieciocho meses, coincide con el traslado a la arena de la justicia de varios debates y disputas de orden político:

unos trescientos dirigentes y activistas están siendo procesados por "sabotaje y terrorismo",
siguen pendientes los procesos penales de los involucrados en el levantamiento policial del 30 de septiembre del año pasado, y
la relación con la prensa ha pasado de la tensión a la interposición de varias demandas en contra de periodistas y medios, por el contenido de sus publicaciones[2].

Control a medios

El otro gran tema de la consulta es la regulación y el control sobre los medios de comunicación masivos.

Por un lado se propone una reforma constitucional que en términos ambiguos plantea la prohibición expresa de realizar "cualquier otra actividad económica" para quienes sean directivos, gerentes y principales (¿?) accionistas de empresas de comunicación de carácter nacional. Esta disposición, además de discutible en cuanto introduce un mecanismo de presión sobre los medios, resulta ser contraria a la que habría de haber sido una tesis progresista para la democratización de la propiedad sobre los medios.

En otra de sus preguntas, la consulta propone crear un Consejo de Regulación de Medios de Comunicación (incluyendo medios escritos), que podría decidir sobre la responsabilidad ulterior de los periodistas, en directa contradicción con la Constitución y con las normas de la Convención Americana, donde se estipula que la determinación de la responsabilidad ulterior es judicial y no administrativa.

Deriva autoritaria

Para nosotros (los miembros del Movimiento Ruptura 25) es claro que la Consulta abre un debate sobre nociones elementales de democracia: separación de poderes, derechos ciudadanos frente al poder estatal y ejercicio de las libertades individuales.

Ruptura se autodefine como un movimiento de Nueva Izquierda, cuyas distancias de la izquierda ortodoxa dependen precisamente de reivindicar la legitimidad y la confianza en las instituciones de la democracia y en defender con firmeza las libertades individuales de los ciudadanos y ciudadanas.

Adicionalmente, en la historia reciente del Ecuador, lo revolucionario ha sidoconstruir instituciones y respetar las reglas. No se trata ya del ordenamiento del sistema político anterior, deslegitimado y descalificado; estamos hablando de reglas impulsadas y aprobadas por el Movimiento PAIS y en el marco del proyecto de Rafael Correa.

Por lo tanto está en juego la capacidad de sujetarse a los límites impuestos por la Constitución diseñada por nosotros/ellos mismos. Durante los cuatro años en que Ruptura[3] hizo parte del ACUERDO PAÍS, sostuvimos que se trataba de un proceso político en franca competencia, con gran diversidad ideológica en su seno y con una cohesión todavía deficiente, resultado de la reciente creación del movimiento.

No faltaron los debates internos ni los públicos, pero esta disputa ideológica se zanjó con la Consulta Popular: el presidente Correa optó por las tesis tradicionales de los sectores conservadores y de la derecha ecuatoriana y por una visiónconcentradora de poder, eliminando mecanismos recién creados para fortalecer laparticipación ciudadana en procesos de selección de órganos de control, como el Consejo de la Judicatura.

La campaña

Los sondeos de opinión al inicio de la campaña mostraban un apoyo superior al 70 por ciento de las tesis propuestas en la Consulta, lo cual era un reflejo de la popularidad del presidente Correa que se enfrentaba apenas a un 20 por ciento de oposición histórica, encabezada por los desprestigiados partidos políticos tradicionales, o lo que el presidente ha denominado como "la partidocracia".

Con el paso de los días, el debate se trasladó a un escenario completamente distinto: la voz más crítica no fue la de la partidocracia sino de quienes nos alzamos en defensa de los valores democráticos, del proyecto original que llevó al poder a Correa y de la institucionalidad recién establecida por los ecuatorianos, al aprobar la Constitución de Montecristi mediante referéndum.

En los primeros días de campaña, el presidente le aseguró al país que sus tesis se impondrían en una proporción de 7 a 1. El Consejo Nacional Electoral, ya cuestionado por algunas de sus decisiones, calificó al presidente Correa como sujeto político electoral en tres versiones distintas: como presidente, como proponente de la Consulta, y como presidente del Movimiento PAÍS.

Se decretó, según está previsto en la ley, una veda publicitaria para crear condiciones equitativas en el debate electoral, pero a pesar de las normas vigentes, el Ejecutivo contrató en ese período, más publicidad que en los meses anteriores al proceso electoral[4].

Los 45 días de campaña para la Consulta estuvieron marcados también por duras críticas respecto de procesos especiales de contratación de espectáculos públicos[5] y otras decisiones presupuestarias, como el aumento de salarios a policías y militares, junto con el adelanto de un bono para empleados públicos, cuyo pago estaba previsto para fines del año y no tenía carácter general sino que estaba condicionada a una evaluación del desempeño; este pago finalmente se hizo unos días antes de la votación.

Los resultados

n medio de todas estas críticas, la votación se realizó con normalidad el día 7 de mayo y los primeros resultados fueron anunciados a través de los medios de comunicación administrados por el gobierno y basándose en una encuesta de boca de urna (exit poll) realizada por una sola empresa encuestadora.

Una semana después, con cerca del 80 por ciento de la votación escrutada, parece definitivo el triunfo del SI en todas las preguntas planteadas, pero el resultado dista mucho de los anunciados el día sábado y nos muestran una votación en contra de las tesis presidenciales de más de entre el 40 y el 45 por ciento a nivel nacional, el doble de la votación histórica en contra del presidente Correa.

Los resultados muestran además que el presidente ha perdido el apoyo nacional que hasta hoy lo acompañaba y pierde a su electorado en la mayoría de las provincias de la Sierra[6]. También se registró una importante votación de rechazoen las provincias de la Amazonía y de la Sierra Centro, debido en parte a las posturas cada vez más enfrentadas con el sector indígena y la persecución judicial contra algunos de sus dirigentes. El resultado permite prever además que la puesta en marcha del proyecto de explotación minera en esos territorios será especialmente conflictiva.

Añadamos que la cercanía conceptual a las tesis de la derecha ecuatoriana ha debilitado el discurso del presidente Correa, aún entre los grupos más cercanos al proceso. Estas distancias se expresarán en la función legislativa y en los gobiernos seccionales, lo que añade un nuevo factor al escenario general.

El revés político se agudiza al compararlo con el arrollador triunfo presagiado por el presidente hace dos meses y también en relación con la discutible "exit poll", sobre la base de la cual Correa en sus primeras declaraciones anunció una victoria uniforme y subestimó a sus contradictores en la Consulta.

Ninguna de las preguntas (excepto tal vez la primera relacionada con "seguridad") supera el 50 por ciento de la votación total y por lo mismo no habrían sido aprobadas si estuvieran vigentes las normas anteriores sobre democracia directa.

Además, entre las diez preguntas, dos merecen el rechazo más importante: la referida a la autonomía del Sistema Judicial y la que prevé la creación de un Consejo de Regulación de Medios. Este voto reflexivo, diferenciado, es un mensaje claro sobre cuáles son las principales críticas y preocupaciones de quienes aún no se identifican con la oposición.

Si este resultado fuera leído con suficientes dosis de amplitud y autocrítica, debería convertirse en una invitación a revisar y corregir dos aspectos fundamentales: la concepción del presidente sobre su ejercicio personal de la autoridad y el poder, y la judicialización de los conflictos políticos.

El estrecho margen de este triunfo y la configuración del nuevo mapa político resulta todo lo contrario de una legitimidad fortalecida y renovada, que era la principal pretensión de esta iniciativa, más política que programática, y cuyas consecuencias están aún por verse.

* Dirigente del Movimiento Ruptura 25 (www.ruptura25.org), ex asambleísta constituyente, actualmente legisladora, miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador. Desde hace cuatro años la Ruptura fue parte del Acuerdo PAIS, movimiento liderado por Rafael Correa; decidimos nuestra separación del Gobierno y el Movimiento PAIS como consecuencia de las tesis que se plantearon en la convocatoria a la Consulta Popular.

[1] Para un análisis de cada una de las diez preguntas de la Consulta: http://ruptura25.org/images/stories/file/
pregunta por ciento20a por ciento20pregunta por ciento202.pdf

[2] Según el diario El Universo
(http://www.eluniverso.com/2011/03/31/1/1355/demandas-500-millones-suma-correa.html) las demandas planteadas por el Presidente Correa suman 500millones de dólares. Las últimas son contra los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita por injurias calumniosas (como resultado de la publicación de una investigación suya sobre la contratación pública del señor Fabricio Correa) y se exige a cada uno el pago de 5 millones de dólares por daño moral. El periodista Emilio Palacio ha sido demandado por 10 millones de dólares por el contenido de un editorial y el diario que lo publicó (El Universo) también consta en la demanda y se le exige el pago de 80 millones por daño moral.

[3] Movimiento Ruptura 25. Desde hace cuatro años la Ruptura fue parte del Acuerdo PAIS, movimiento liderado por Rafael Correa; decidimos nuestraseparación del Gobierno y del Movimiento PAIS como consecuencia de las tesis que se plantearon en la convocatoria de la Consulta Popular.

[4] Aquí reporte detallado sobre participación en pauta publicitaria:

http://www.participacionciudadana.org/pc10/
index.php?option=com_content&view=article&id=160:
boletin-de-prensa-186&catid=41:boletin-de-prensa&Itemid=67

[5] Aquí los detalles del proceso de contratación de conciertos gratuitos a ejecutarse los quince días anteriores a la votación:
http://calle13enecuador.wordpress.com/

[6] En las dos provincias donde triunfa el SI, lo hace con cerca de veinte puntos porcentuales por debajo de su votación tradicional en esas circunscripciones.

El triunfo electoral que se convierte en derrota política: El Presidente no ganó con un gol; la consulta fue su autogol

2011-05-13T12:22:00.004-05:00

El país se ha manifestado y esas manifestaciones tienen matices. De cada 10 ecuatorianos hay 6 que no se suman a la tesis del gobierno, una prueba de que el Presidente se equivocó con esta consulta.

Estos resultados no son la victoria de ningún dirigente político, son las tesis de derechos, libertades y equilibrio de poder las que se han debatido y han crecido en estas semanas, eso es sano para el Ecuador en su conjunto y debemos estar orgullosos de ese crecimiento democrático.

El pueblo está haciendo un llamado democrático que esperamos que el Presidente lo escuche. Respetar la voluntad del pueblo no solo es acoger los resultados ganadores, que indudablemente marcan un camino, sino acoger los matices de quienes votaron por las tesis contrarias. El llamado a la concertación es fundamental.

Ni quienes han votado por el SI han firmado un cheque en blanco; ni quienes votaron por el NO están en contra del Régimen o son sus opositores. Al país entero le interesa la justicia y quieren que esta sea independiente; al país entero le importa la seguridad y requiere de respuestas integrales e integradoras.

El gobernante puede actuar con serenidad o sostener el clima de polarización; escuchar con humildad a los ciudadanos y ciudadanas de las diferentes tendencias; o mantener la lógica de buenos y malos que tanto daño le hace a la democracia, al debate y al Ecuador en general.

A la luz de los datos oficiales, podremos precisar los matices, pero desde ya sabemos que la verdadera victoria es de la democracia y del espíritu de libertad que ha caracterizado al pueblo ecuatoriano.

Informativo sobre la Consulta Popular

2011-05-13T12:20:00.000-05:00

Análisis de cada pregunta de la Consulta Popular

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Análisis de la Consulta Popular. PREGUNTA 1.

2011-04-25T08:19:00.000-05:00

Pregunta 1.

¿Está usted de acuerdo en enmendar el numeral 9 del artículo 77 de la Constitución de la República incorporando un inciso que impida la caducidad de la prisión preventiva cuando esta ha sido provocada por la persona procesada y que permita sancionar las trabas irrazonables en la administración de justicia por parte de juezas, jueces, fiscales, peritos o servidores de órganos auxiliares de la Función Judicial, como establece el anexo 1?
Esta pregunta plantea la aparente necesidad de frenar los beneficios de la caducidad de la prisión preventiva cuando deviene de los abusos de los procesados y servidores judiciales.

Esta pregunta es innecesaria e incompleta. Es innecesaria porque el Código de Procedimiento Penal vigente ya regula la prohibición de la caducidad de la prisión preventiva cuando ha sido atribuida a maniobras desleales del procesado, pues el inciso sexto del artículo 169 señala que:

“No se considerará, por consiguiente, que ha excedido el plazo de caducidad de prisión preventiva cuando el imputado, por cualquier medio, ha evadido, retardado, evitado o impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar la caducidad de la prisión preventiva”.
Además, el mismo Art. 169 del Código de Procedimiento Penal, y el Art. 108.7 del Código Orgánico de la Función Judicial, ya establecen la responsabilidad y sanciones a los funcionarios judiciales que en el proceso hayan dejado caducar la prisión preventiva.
Por otra parte, si bien la pregunta repite las excepciones a la caducidad de la prisión preventiva por conducta del inculpado o de las autoridades judiciales que se encuentran reguladas, es incompleta porque no prevé la excepción por complejidad del caso, que se encuentra harto difundida en la doctrina de la Corte Europea e Interamericana de Derechos Humanos.
Entonces, ¿cuál es la intención de la pregunta? Ninguna al menos en términos de reforma normativa. Por ello una pregunta de este peso, que interfiere en derechos y garantías del debido proceso, no hace más que formar parte del populismo penal, aquella estrategia que desmantela derechos bajo el discurso de la seguridad en el soterrado poder simbólico de medir popularidad.

Hermosa costumbre: regalarse libros y poemas por el Día del Libro.

2011-04-23T09:55:00.000-05:00

Mi regalo: un fragmento que me gusta mucho de un libro de A. Mastreta:
"... me comprometo a vivir con intensidad y regocijo, a no dejarme vencer por los abismos del amor, ni por el miedo que de éste me caiga encima, ni por el olvido, ni siquiera por el tormento de una pasión contrariada.
Me comprometo a recordar, a conocer mis yerros, a bendecir mis arrebatos. Me comprometo a perdonar los abandonos, a no desdeñar nada de todo lo que me conmueva, me deslumbre, me quebrante, me alegre.
Larga vida prometo, larga paciencia, historias largas. Y nada abreviaré que deba sucederme, ni la pena, ni el éxtasis, para que cuando sea vieja tenga como deleite la detallada historia de mis días"
(MASTRETA, Ninguna eternidad como la mía).

2011-04-19T18:34:00.002-05:00

En la Consulta Popular:

2011-04-05T13:08:00.002-05:00

¡LAS RAZONES DE LA RUPTURA PARA VOTAR NO!

Una campaña de ideas y propuestas

La consulta al pueblo es un mecanismo que debe usarse con responsabilidad y para profundizar la democracia, no para justificar decisiones contrarias a la Constitución y sus principios.

A través de la Consulta propuesta el Presidente ejerce el poder Ejecutivo, el Legislativo, reemplaza al Consejo de Participación Ciudadana y nombraría al Judicial. Esta concentración es exactamente lo contrario de lo que conviene a las democracias.

La consulta encierra un discurso en donde nos hacen escoger entre seguridad y derechos, como si fueran opuestos. El desafío es lograr vivir con seguridad sin renunciar a los derechos.

Estamos conscientes que la crisis que enfrentamos en seguridad y justicia es sumamente grave. Precisamente por eso, por la responsabilidad con nuestro presente y futuro, las soluciones deben ser integrales y profundas. Esta Consulta posterga el proceso de cambio de la justicia al volver al círculo vicioso de la interferencia política que hemos reclamado en otros gobiernos.

Cuando Ruptura nació y nos preguntábamos sobre las prácticas que había que romper, criticamos duramente a Febres Cordero y sus tanques frente a la Corte. Fuimos implacables contra Gutiérrez y su Pichi Corte. Por eso no podemos repetir los errores del pasado.

La política no es un acto de fe; lo revolucionario en nuestro país es construir instituciones para el presente y el futuro, más allá de los vaivenes políticos.

Por estos y otros motivos que resultan del análisis global de la Consulta y del contenido de cada pregunta, como Ruptura tomamos la decisión de separarnos de PAIS y RESPONDER NO en la Consulta Popular.

Nuestra campaña será comunicar, analizar, debatir, pero sabemos que la Consulta no resolverá los problemas reales del Ecuador y nos parece irresponsable gastar 30 millones de dólares en preguntas sobre temas que no requerían de este procedimiento. En consecuencia, como Ruptura, devolveresmos los fondos públicos asignados a nuestra organización por el Consejo Nacional Electoral.

El Ecuador necesita de una política coherente, por eso invitamos a todos los actores políticos, a que como nosotros, hagamos esta campaña con argumentos y propuestas, sin fondos públicos.

Sobre la objeción total del Presidente de la República al proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Legislativa

2011-03-14T12:49:00.000-05:00

En esta presentación podrán encontrar los principales temas propuestos a través del proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, aprobado por la Asamblea Nacional, los cuales no podrán volver a ser considerados hasta después de un año a partir de la fecha de objeción total del Presidente de la República.
En los cuadros se puede apreciar los artículos que propuso el mismo Presidente de la República.

PROYECTO DE REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL OBJETADO POR EL PRESIDENTE

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Mensaje de Bachelet por el 8 de marzo

2011-03-09T12:24:00.000-05:00

Día Internacional de la Mujer, 2011

Momento de Convertir la Igualdad de Género en Realidad

Mensaje de Michelle Bachelet, Directora Ejecutiva, ONU Mujeres

Acerca de la autora: Michelle Bachelet es la primera Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, la organización de la ONU formada recientemente y dedicada a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Michelle Bachelet es ex Presidenta de Chile.

Cien años atrás, las mujeres de todo el mundo dieron un paso histórico en el largo camino hacia la igualdad. El primer Día Internacional de la Mujer se convocó para llamar la atención acerca de las condiciones de trabajo inaceptables y a menudo peligrosas que tantas mujeres enfrentaban en el mundo. Aunque la ocasión fue conmemorada en tan sólo un puñado de países, ésta condujo a más de un millón de mujeres a las calles, donde exigieron no sólo mejores condiciones laborales, sino también el derecho a votar, a ocupar cargos y a disfrutar de igualdad de condiciones con los hombres.

Tengo la sospecha de que esas valientes pioneras mirarían al mundo de hoy con una mezcla de orgullo y desilusión. Se han dado progresos notables, ya que en el siglo pasado tuvo lugar una ampliación sin precedentes de los derechos jurídicos de las mujeres. Ciertamente, se puede afirmar que el avance de los derechos de las mujeres es una de las revoluciones sociales más profundas que se hayan visto en el mundo.

Cien años atrás, sólo en dos países las mujeres podían votar. Hoy, ese derecho es prácticamente universal y las mujeres ahora son elegidas para conducir gobiernos en cada uno de los continentes. Las mujeres, además, ocupan cargos directivos en profesiones que antes estaban prohibidas para ellas. Mucho más recientemente que un siglo atrás, la policía, los tribunales y los vecinos todavía consideraban que la violencia en el hogar era un asunto meramente privado. Actualmente dos tercios de los países cuentan con leyes específicas que penalizan la violencia doméstica, mientras que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ahora reconoce al empleo de la violencia sexual como una táctica de guerra deliberada.

Sin embargo, pese a los progresos alcanzados en el último siglo, las esperanzas de igualdad expresadas en ese primer Día Internacional de la Mujer están lejos de verse realizadas. Casi dos de cada tres personas adultas analfabetas son mujeres. Las niñas todavía tienen menos probabilidades de ir a la escuela que los varones. Cada 90 segundos todos los días, una mujer muere durante el embarazo o debido a complicaciones relacionadas con el parto, pese a que tenemos el conocimiento y los recursos para garantizar un parto seguro.

En todo el mundo, las mujeres siguen ganando menos que los varones por el mismo trabajo. En numerosos países, además, se enfrentan a la desigualdad en el acceso a la tierra y los derechos a la herencia. Y pese a avances muy positivos, las mujeres todavía ocupan sólo el 19 por ciento de los escaños legislativos, conforman sólo el 8 por ciento de los representantes en las negociaciones de paz y sólo son 28 las mujeres que se desempeñan como jefas de estado o gobierno.

No son solamente las mujeres quienes pagan el precio de esta discriminación. Todos sufrimos por no aprovechar al máximo el talento y el potencial de la mitad de la población. Con esto estamos socavando la calidad de las democracias, la fortaleza de las economías, la salud de las sociedades y la sostenibilidad de la paz. El tema prioritario del Día Internacional de la Mujer de este año está enfocado en el acceso igualitario de las mujeres a la educación, la capacitación, la ciencia y la tecnología, subraya la necesidad de aprovechar este potencial.

La agenda para garantizar la igualdad de género y los derechos de las mujeres es una agenda global, un desafío para cada país, ya sea éste rico o pobre, del norte o del sur. Fue en reconocimiento de su universalidad y las recompensas de hacerlo bien que las Naciones Unidas aunaron a cuatro organizaciones anteriores para crear ONU Mujeres.

El objetivo de este nuevo órgano, que tengo el enorme privilegio de conducir, consiste en estimular a todo el sistema de la ONU para que cumplamos la promesa de igualdad de derechos para hombres y mujeres de la Carta de la ONU. Eso es algo por lo que he luchado toda mi vida.

Como madre joven y pediatra, yo pasé por el esfuerzo de equilibrar familia y profesión y observé cómo la ausencia de guarderías impedía a las mujeres acceder a un trabajo remunerado. La oportunidad de ayudar a remover estas barreras fue una de las razones por las que ingresé a la política. Es por ello que apoyé políticas que ampliaron los servicios de salud y cuidado infantil para las familias y que daban prioridad al gasto público para la protección social.

Como Presidenta trabajé arduamente para crear igualdad de oportunidades para que hombres y mujeres contribuyan su talento y experiencia a los desafíos de nuestro país. Es por eso que propuse un Gabinete que tuviera igual número de varones y mujeres.

Como Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, quiero usar mi recorrido y el conocimiento y la experiencia colectiva que tengo alrededor para impulsar el progreso hacia una verdadera igualdad de género en todo el mundo. Trabajaremos, en estrecha articulación, con hombres y mujeres, líderes y ciudadanos, la sociedad civil, el sector privado y todo el sistema de la ONU para ayudar a los países a desplegar políticas, programas y presupuestos para cumplir este loable objetivo.

Yo misma he visto lo que las mujeres, a menudo bajo las circunstancias más difíciles, pueden lograr para sus familias y sociedades si se les da la oportunidad. La fortaleza, laboriosidad y sabiduría de las mujeres sigue siendo el recurso más desaprovechado de la humanidad. Simplemente no podemos darnos el lujo de esperar otros 100 años para liberar todo ese potencial.

La Consulta Popular: preguntas y respuestas (1)

2011-02-24T10:28:00.001-05:00

Para seguir en el debate sobre la consulta, estamos ensayando responder preguntas concretas sobre su contenido y alcance. Aquí las preguntas, entre paréntesis el usuario / a (twitter y facebook) que mandó su pregunta?

1. ¿por qué no se redactan leyes que protejan a todos los seres vivos y no solo poner lo de los toros para los votos en la consulta? (yrdep)
Efectivamente debería regularse en general lo relacionado con las normas sobre animales domésticos, las reglas básicas para crianza y faenamiento de los animales que consumimos (camales por ejemplo) y unas normas mucho más estrictas dirigidas a la conservación de las especies. La pregunta planteada en la consulta no recoge un enfoque general y no se refiere sólo a toros. La pregunta está destinada a prohibir “espectáculos públicos que tengan como finalidad la muerte de un animal” y tiene jurisdicción cantonal…es decir podría ser legal en un cantón y prohibido en el cantón vecino. No se refiere específicamente a toros y podría ser usado por las mayorías culturales para prohibir expresiones de pueblos indígenas (el gallo enterrado o parte de la celebración del Inty Raimi que también contiene algunos sacrificios de animales, para poner ejemplos)
2. Los anexos. Las preguntas son la entrada, ¿los anexos son el plato fuerte? (cveraq) (dan_gahe)
Efectivamente, las preguntas son generales y en algunos casos difícil de comprender su alcance; a través de los anexos las reformas son mucho mayores y además el Presidente se arroga funciones legislativas lo que implica una intromisión en funciones independientes (el Ejecutivo puede presentar proyectos de ley y objeciones cuando están aprobados –vetos-; por eso es un importante colegislador, pero redactar y “aprobar” directamente artículos en la Consulta excede esa facultad).
(Ya haremos más adelante un análisis detallado de los anexos)
3. ¿El pueblo tiene el derecho de cambiar la constitución? O ¿hay algún procedimiento que lo impida? ¿Quién autorizó este procedimiento? (gerardobando)
Claro que sí. El pueblo es el originario del poder con el que organiza un Estado; puede cambiar de Constitución a través de una Asamblea Constituyente y para eso debe autorizarlo expresamente (como se hizo para convocar la Asamblea de Montecristi); también se puede reformar la Constitución y eso en la teoría se llama el poder constituyente derivado o delegado, es decir el mismo pueblo en su Constitución prevé los mecanismos de reforma que siempre son más complejos que por ejemplo cambiar una ley porque de lo contrario la Constitución perdería la jerarquía que tiene. También en su Constitución el pueblo puede establecer límites como lo hizo en Montecristi y por ejemplo regular que se pueden hacer reformas o enmiendas pero nunca quitándonos o retrocediendo en derechos, que es lo que expresamente prohíbe la Constitución y que en esta Consulta se pretende hacer a través de algunas preguntas.
4. Si gana el si, ¿la Asamblea debe aprobar directamente sin reformas los textos incluidos en los anexos de las enmiendas o estos entran directamente a regir sin necesidad de pasar por la Legislatura? (velafabricio)
Este procedimiento de aprobar artículos o reformas legales a través de los anexos no está regulado, yo entendería que tampoco permitido pues en el Derecho Público sólo se puede hacer aquello a lo que expresamente están facultadas las distintas funciones. Y eso lo debió haber impedido o al menos regulado la Corte Constitucional. Mi criterio es que si en esas preguntas gana el sí, de todas maneras tendrán que pasar por el procedimiento legislativo en la Asamblea Nacional pues en ningún lugar de la Constitución se prevé que una ley se expida de ninguna otra manera.

5. ¿Cuál es el alcance real de la enmienda sugerida para las medidas sustitutivas?
Ninguno. En la pregunta planteada originalmente por el Presidente el cambio más grande era que la detención con fines de investigación sea de 48 en lugar de 24 horas. Esto la Corte no lo permitió y termina haciendo un juego de palabras: en lugar del artículo que dice que la privación de libertad es excepcional, se reformaría a que la privación de libertad no puede ser la regla general (¡!) y que la ley fijará algunas otras normas para la aplicación de medidas cautelares. Esto ya lo dice el Código de Procedimiento Penal que hace más de un año prohíbe sustituir la prisión preventiva en ciertos delitos (delitos contra la vida, delitos sexuales, secuestro, entre otros).

En resumen, la pregunta del Ejecutivo tenía implicaciones más graves pero era inconstitucional, la Corte no la permitió pero en lugar de eliminar la pregunta la reformuló (supongo que para no tener ni la menor diferencia con el Presidente).

6. Si gana la pregunta 4, ¿quién hará los concursos para reorganizar las Cortes? ¿El Consejo transitorio? ¿El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? (velafabricio)
Si gana la pregunta 4, no sólo la Corte Nacional y las Cortes Provinciales, sino también todos los jueces, fiscales, defensores públicos y notarios serán seleccionados por la Comisión Tripartita o lo que la Corte Constitucional llamó Consejo de la Judicatura Transitorio que está formado por un representante del Ejecutivo, uno del Legislativo y uno de la Función de Transparencia y Control Social (Función presidida por el Contralor). Es evidente entonces la injerencia de las otras funciones en todo el aparato judicial.
7. Me preocupa el tema de las competencias al consultar sobre asuntos cuya de aplicación en jurisdicciones territoriales. (Aldo_Vasquez_A)
Efectivamente, con el alcance de esta pregunta (sólo la de espectáculos públicos con muerte de animales tiene alcance cantonal) el Presidente se está arrogando funciones que les corresponden a los Concejos Cantonales. Pues sería suficiente con que cada Municipio regule estos temas a través de ordenanzas (como el Municipio de Cuenca que hace años prohibió las corridas de toros).

8. De perder o ganar la consulta, ¿Correa se irá a su casa o es sólo el típico teatro que se acostumbró a hacer? (LojanoAzul)
Habría que preguntarle al Presidente.

9. En cuanto a las empleadas domésticas que tienen que estar aseguradas en el IESS: Si una pareja gana 700 ¿cómo le reconoce beneficios? No todos ganan bien para mantener a una niñera, especialmente quienes no tienen a quien dejar los niños (eperasso)
Siempre ha sido obligatorio afiliar al IESS a los o las trabajadoras; la diferencia es que hoy la no afiliación se sanciona con multa y la obligación de pago y, de ganar el SI en esa pregunta, además se sancionaría con la cárcel.

Claro que es costoso tener una trabajadora apoyando las tareas del hogar, por eso sólo quienes tienen sueldos altos pueden permitírselo. Aquí el otro tema importante es que el Estado debe hacerse responsable por brindar (como parte del sistema educativo público) servicios de cuidado a niños y niñas menores de 5 años; pues imagínese si usted y su pareja tienen problemas para encontrar quien cuide a sus hijos, cómo hace una mujer que gana 260 dólares mensuales. En el Ecuador hoy en día, el servicio público más deficitario es de cuidado de infantes, sólo pueden acceder a él el 10% de quienes lo requieren.

10. ¿Cómo se garantiza que en 18 meses se va a reestructurar un monstruo administrativo tan grande como es la Función Judicial? (Galo Campaña)
Imposible garantizar algo así. Los problemas en la Función Judicial son estructurales y necesitan una reforma también estructural y con un mínimo de acuerdo. No creo que lo que se plantea en la Consulta sea la solución. Si se trata de cambiar así la justicia, el próximo gobierno dirá que estos son los jueces de Correa y seguiremos discutiendo la reforma y la independencia de la Justicia.

11. ¿Acaso se está respetando la Constitución? (Franklin Calderón)
No. Muchas personas creemos que con el contenido de la Consulta se está violando la Constitución (aclaro, el mecanismo de consultar al pueblo es constitucional y es legítimo, el problema es lo que se pregunta y la forma en que se lo hace).

12. ¿Acaso no fueron los miembros de la Asamblea los que quieren violentar la misma? (Franklin Calderón)
Muy general, no se comprende la pregunta. Ni qué miembros (en la Asamblea hay 124 representantes), ni a qué tema se refiere.

13. ¿Existen leyes que afectan por ser exageradas y no representan el sentir de la mayoría, por qué no se han formulado las reformas del caso? (Franklin Calderón)
También es muy general la pregunta y no se refiere a ninguna ley en particular. Si se trata de la materia penal (creo que podría ser ese el tema ya que se relaciona a la Consulta con el grave problema de inseguridad que vive el país) en los últimos 5 años se han realizado 16 reformas penales…conclusión: el problema no está en la ley ni en las reformas.

14. Recordemos cómo se dio la elección del Consejo de la Judicatura, acaso la mayoría de los que ahora están en la Asamblea no tuvieron nada que ver en la conformación del famoso Consejo de la Judicatura (Franklin Calderón)
El actual Consejo de la Judicatura fue electo antes de la Asamblea Constituyente y en los términos de la Constitución de 1998. Luego de la aprobación de la Constitución de Montecristi la Corte Constitucional destituyó a dos de sus integrantes en aplicación del principio de que los regulados no pueden ser reguladores. Ni la Constituyente ni la actual Asamblea han tenido nada que ver en la conformación del actual Consejo.

15. ¿La pregunta es sobre la corrida de toros o la pelea de gallos? (jess Suárez)
Sobre ninguno en particular, la pregunta dice: ¿Estaría de acuerdo en prohibir espectáculos públicos cuya finalidad sea la muerte de un animal? Extraña pregunta y se presta para mucho debate pues me imagino que la finalidad de ningún espectáculo es la muerte del animal; se podrá argumentar que se trata de expresiones culturales, de prácticas ancestrales; de actividades que tienen como fin la recreación, etc. Dependiendo de la interpretación se podrá prohibir todo (hasta comer ceviches) o nada.

Consulta, las contradicciones

2011-02-10T14:20:00.002-05:00

Consulta, las contradicciones

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Hoy la Asamblea rindió homenaje a Jaime Galarza, aquí uno de sus poemas

2011-02-03T18:00:00.002-05:00

"Pertenezco a la raza de los libres, a la especie animal de los sin amos

que son señores sólo de sí mismos y admiten cual señor sólo al esclavo
Soy un miembro efectivo de los simples sin otra pretensión que la del barro
servir para los muros de una choza, un camino de pobres, algún cántaro.

Mi partido es la vida. Mi doctrina: la insurreción de los rebaños
mi programa político: derechos para el lobo y para el árbol
un currículim vítae sin amarras, eso es todo el camino caminado
y al llegar al poniente, en la hora cero, alcanzar a cantar un nuevo canto".
Jaime Galarza Zavala (Cédula de Identidad)

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COMUNICADO, 28 de enero 2011

2011-01-30T10:49:00.000-05:00

Con toda convicción nos jugamos por este sueño, asumimos la responsabilidad de los debates y las decisiones. Este proceso ha transformado el país y precisamente para profundizar esa transformación el Presidente no puede excederse en sus funciones. En el ejercicio del poder debemos estar dispuestos a reconocer límites, es por eso que no encontramos justificación a la consulta popular propuesta. Creemos además que las preguntas planteadas no solucionarán ni los problemas de inseguridad que hoy aquejan el país, ni la crisis que vive la Justicia en el Ecuador.

Hoy con gran tristeza anunciamos nuestra separación de Acuerdo País. No nos vamos a la oposición. Seguiremos apoyando todas las decisiones que se encuentren en la línea de la Constitución de Montecristi y la consecución del buen vivir de los ecuatorianos. Claro que el Ecuador necesita cambios profundos, pero esos cambios no pueden hacerse sacrificando derechos y libertades.

La administración de justicia también necesita un cambio radical y no nos cansaremos de trabajar por ello; lo revolucionario, en el Ecuador de hoy, es crear y sostener instituciones. Para la renovación de la justicia nosotros todos diseñamos y defendimos las reglas que están en la Constitución, ese debe ser el camino a seguir. Nos habría gustado tener este debate dentro pero la propuesta no fue discutida en ninguna instancia y lamentablemente la diferencia de ideas se ha convertido en un conflicto dentro de una organización que estaba llamada a ser democrática y respetuosa de la diversidad.

En consecuencia con la decisión del Consejo Nacional de la Ruptura, quienes participamos en el ejercicio del poder Ejecutivo, renunciamos esta mañana a los encargos a nosotros encomendados por el Presidente de la República.

Esta ha sido para nosotros una dura decisión pero los temas de la consulta nos enfrentan a los principios que hemos defendido.

Las represalias por el juicio político a Pesántez

2011-01-10T18:30:00.000-05:00

Un año después de la solicitud de juicio político contra el Fiscal encargado, sigue siendo evidente que se usa el poder de la Fiscalía según las bajas pasiones de Washington Pesántez y como instrumento de protección o persecución. Algunos ejemplos:

1. Todos los funcionarios de la Fiscalía que firmaron el comunicado de “respaldo” al jefe, violando así el Código Orgánico de la Función Judicial, fueron absueltos. No se destituyó a nadie y muchos de ellos, han resultado premiados en los nuevos “concursos” de la Fiscalía. En todos los casos, el puntaje decisivo para el resultado, ha sido el de la entrevista personal con Washington Pesántez.

2. El ciudadano Ángel Gabriel Salvador, que aportó con información clave en la investigación y que compareció como testigo del Juicio fue demandado por Washington Pesántez, que presentó contra él una querella por injuria no calumniosa grave, pidiendo que se le aplique el máximo de la pena y que el juez determine la indemnización por daño moral.

3. El ciudadano Bratislav Zivadinovic quien también se presentó como testigo del juicio (porque Pesántez personalmente interfirió en un caso que lo involucraba) tiene, como consecuencia directa de sus declaraciones, 5 demandas en su contra; las indemnizaciones exigidas suman QUINCE MILLONES DE DÓLARES.

4. La Dra. Lucy Blacio, ex Fiscal de El Oro, y testigo clave en la investigación ha sido requerida en distintas ocasiones para rendir versión en una investigación de HOMICIDIO. En la última ocasión el fiscal encargo notifica a la Policía para que la Dra. Blacio sea detenida y “obligada” a comparecer.

Durante la investigación de la Asamblea contra Washington Pesántez, él en una entrevista con diario El Universo ya amenaza a Blacio y dice textualmente “el muerto, voy a investigar esto, porque si fue un atentado está bien, sino no se puede sacar un arma y matar”, Pesántez se refiere al ataque de que fue víctima la doctora Blacio cuando era Fiscal Provincial de El Oro, que fue calificado por la Policía como un atentado y quien disparó fue un Sargento de Policía encargado de proteger a la funcionario. Conocemos de fuentes reservadas que el fiscal que investiga el caso recibe presiones para vincular a Blacio a la instrucción y pedir para ella prisión preventiva.

5. El día 26 de enero del 2010 el Pleno de la Asamblea exhortó a Pesántez a dejar su encargo como Fiscal General por su indebida intervención en el caso en que tenía intereses personales y por sus insultos contra la Función Legislativa. Hace pocas semanas nos enteramos que ese mismo día, una Fiscal en Loja abre indagación contra Mauricio Romo y Rita Rodríguez, padres de la Asambleísta María Paula Romo, por denuncia “reservada recibida por el superior” para investigarlos por supuesto ilícito tributario; insólito! No es el SRI el que pide a la Fiscalía investigar, sino lo contrario, la Fiscalía pide al SRI hacer una auditoría completa de los dos ciudadanos. El Servicio de Rentas realiza la investigación y concluye que no hay ni ha habido ninguna irregularidad, entonces la Fiscal envía nuevas comunicaciones al Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Compañías y finalmente la Unidad de Inteligencia Financiera, averiguando ahora por el delito de lavado de activos. Los padres de la asambleísta Romo han sido indagados durante casi un año y apenas han sido notificados el mes pasado. Pesántez y sus subalternos han pasado un año “pescando” y no encuentran nada irregular.

Para esto utiliza Pesántez el tiempo, los recursos y el poder de la Fiscalía; no en investigar ni sancionar a quienes cometen delitos sino para ejecutar sus venganzas personales.

OJALÁ! en época de buenos deseos para el nuevo año

2011-01-04T12:11:00.000-05:00

Ojalá seamos dignos de la desesperada esperanza. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca, ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser desobedientes, cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común.
Ojalá podamos merecer que nos llamen locos, como han sido llamadas locas las Madres de Plaza de Mayo, por cometer la locura de negarnos a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados.
Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa, más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está diciendo: hasta luego.
Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza, nazca donde nazca y viva cuando viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo.
Eduardo Galeano

2010 en fotos!

2010-12-30T18:38:00.000-05:00

2010 in photos (part 1 of 3) - The Big Picture - Boston.com

SOBRE REFORMA PENAL: Informe para primer debate.

2010-12-09T10:28:00.000-05:00

CONTEXTO DE LAS REFORMAS

El poder legislativo ha tramitado 15 reformas en materia penal en los últimos cinco años:

- Ley Reformatoria al Código Penal que tipifica los delitos de explotación sexual de los menores de edad (R.O. No. 45 de 23 de junio de 2005).
- Ley Reformatoria al Código Penal, que tipifica el delito denominado “secuestro express” (R.O. No. 154 de 28 de noviembre de 2005).

- Ley Reformatoria a los Códigos de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social; y, de Procedimiento Penal (R.O. No. 227, de 13 de marzo de 2006).

- Ley Reformatoria al Código Penal y a la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios (R.O. No. 231, de 17 de marzo de 2006).

- Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Judicial y al Código de Procedimiento Penal (R.O. No. 238, de 28 de marzo de 2006).

- Ley Interpretativa del artículo innumerado incorporado por el artículo 9 de la Ley Reformatoria del Código Penal, publicada en el Registro Oficial No. 45, de 23 de junio de 2005 (R.O.S. No. 350 de 6 de septiembre de 2006).

- Ley Reformatoria al Código Penal (R.O. No. 412, de 7 de diciembre de 2006).

- Ley Reformatoria al Código Penal (R.O.S. No. 427, de 29 de diciembre de 2006).

- Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y al Código Penal (R.O.S. No. 170, de 14 de septiembre de 2007).

- Ley Interpretativa del artículo 169 del Código de Procedimiento Penal (R.O.S. 2, No. 194, de 19 de octubre de 2007);

- Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal (R.O.S. No. 203, de 1 de noviembre de 2007).
- Ley Reformatoria al Código de Ejecución de Penas y Código Penal para la transformación del sistema de rehabilitación social (R.O.S. 2 No. 393, de 31 de julio de 2008).

- Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal (R.O.S. No. 555, de 24 de marzo de 2009).

- Ley Reformatoria al Código Penal que tipifica el delito de genocidio y etnocidio (R.O.S. No. 578, de 27 de abril de 2009).

- Ley Reformatoria al Código Penal y Código de Procedimiento Penal, (R.O.S. No. 160, de 29 de marzo de 2010).

- Ley Reformatoria al Código Penal para la tipificación de los delitos cometidos en el servicio militar y policial (R.O.S. No. 196, de 19 de mayo de 2010).

La Comisión de Justicia quiere dejar constancia de su firme convicción respecto de que la reducción de los índices de la delincuencia no es una consecuencia directa o automática de la reforma legal. Si bien las reformas pueden incidir, es necesario tomar en cuenta que las leyes son aplicadas por las y los jueces, fiscales, defensores, policías e incluso abogados y abogadas; y si ellos no cumplen a cabalidad con sus funciones, el sistema de justicia está destinado a colapsar.

Los datos demuestran que la mayoría de denuncias ingresadas en el 2009 fueron desestimadas por la Fiscalía General del Estado, esto es 139.780. Esto abre una brecha entre el número de denuncias ingresadas y el número de sentencias condenatorias.

En el informe realizado por el Dr. Luis Pásara para Projusticia, se analizó la producción judicial en el periodo que comprende los años de 2002 a 2008, en que ingresaron a los tribunales penales 40.327 causas, de las cuales fueron resueltas 23.006, lo que equivale a una falta de resolución o acumulación de más de 17.231 causas. Cabe resaltar que la mayor cantidad de “resoluciones” se producen gracias a la desestimación de los casos; es decir el fiscal decide no continuar con los procesos. Por tanto, en siete años los tribunales penales resolvieron sólo un poco más de la mitad de las causas ingresadas.

Asimismo, los Tribunales Penales convocaron en la provincia del Guayas, en el periodo comprendido de enero a mayo del año 2009, a 1814 audiencias; sin embargo, de ellas no se realizaron 1507, lo que da un total de 87% de audiencias fallidas. De las 1507 audiencias fallidas, 1049 de ellas no se efectuaron por responsabilidad de la Fiscalía (69.6%); y, el restante 30,4% fue atribuible a otro tipo de causas .

Incluso, el Relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, profesor Philip Alston, en un comunicado de prensa de 15 de julio de 2010, señaló que el sistema penal ecuatoriano es altamente disfuncional. “Este sistema consiste en un servicio policial que en escasas ocasiones realiza una investigación seria y sustanciada de los homicidios; un servicio de investigación fiscal que parece más preocupado por las relaciones públicas que por la condena de los autores de graves crímenes y un sistema judicial que ha sido condenado casi de manera generalizada por su ineficiencia mala gestión. Estos problemas se ven agravados por alegaciones de corrupción de la mayoría de niveles” .

Si bien ya han sido aprobados muchos cambios para la reforma y reestructuración de la administración de justicia, tanto a través de reformas penales como por la expedición del nuevo Código Orgánico de la Función Judicial, varios no se han puesto en práctica debido a la falta de actuación no solamente de jueces, policías y fiscales, sino también del Consejo de la Judicatura.

Es decir, el buen funcionamiento del sistema judicial no depende de la Asamblea Nacional; cada uno de los actores involucrados con la justicia debe asumir su responsabilidad en el mal funcionamiento del sistema, y sobre todo trabajar para la solución de este problema.

Una vez realizada esta aclaración, se analizan a continuación los temas objeto de la presente reforma:

1. Reformas al Código Penal

Valerse de niños, niñas y adolescentes para cometer la infracción

Las probabilidades de que una persona adulta se encuentre detrás de las acciones de un niño, niña o adolescentes que comete algún ilícito, son altas. Si bien en este caso el adulto podría ser procesado como autor intelectual de la infracción (figura regulada ya por el Código Penal), la Comisión de Justicia ha considerado adecuado, además, incorporar esta circunstancia como uno de los agravantes de la infracción, por lo que ha reformado el artículo 30 del Código Penal.

Igualmente, en el artículo 162 relativo al delito de portar armas de uso militar o policial sin el permiso necesario, se ha incorporado un inciso por medio del cual se sanciona con severidad a quien proporcione, venda o facilite un arma de fuego a un niño, niña o adolescente.

Finalmente, se cambió el artículo sobre la instigación para delinquir, para que la persona que incite a un niño niña o adolescente a cometer un ilícito sea sancionada con pena de tres a seis años de reclusión menor ordinaria, dependiendo del delito.

Delitos de odio

Mediante ley publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 555, de 24 de marzo de 2009, la Asamblea Nacional incorporó un capítulo innumerado denominado “De los Delitos de Odio”, en el Título II del Libro II del Código Penal, en el que se incluyeron como infracciones las conductas que incitaran al odio, desprecio o violencia física o moral contra una o más personas por diversas categorías de discriminación.

La Comisión ha considerado ampliar las circunstancias por las que puede entenderse un delito como de odio, para adecuarlas a la Constitución, en particular el numeral 2 del artículo 11, y se han reformado dichas normas para que consten razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad y diferencia física.

Prevaricato

La Comisión aceptó la sugerencia del asambleísta Leonardo Viteri de aclarar el artículo del prevaricato, para que no quede duda de que también pueden cometerlo los fiscales, quienes serán sancionados con pena de uno a cinco años de prisión si por interés personal, afecto o desafecto a alguna persona o en perjuicio de la causa pública o de un particular, resuelven o no dictar instrucción fiscal o dictaminar en contra ley expresa.

Comercialización ilícita de combustibles derivados de hidrocarburos

En el capítulo que contiene los delitos relativos a la comercialización ilícita de combustibles derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, la Comisión ha acogido la propuesta del Ejecutivo de incrementar las penas. Así, para el almacenamiento, transportación y comercialización sin la debida autorización, la pena de prisión de uno a tres años, se ha sustituido por pena de tres a seis años de reclusión menor ordinaria.

En el delito de adulteración de derivados de hidrocarburos, la pena de dos a tres años de prisión se incrementó a tres a seis años de reclusión menor ordinaria. Para el uso indebido de derivados de hidrocarburos, la pena que era de un año de prisión, se sustituyó por tres años de prisión. Finalmente, se reformó el delito de paralización o suspensión injustificada del servicio público de expendio o distribución de combustibles, para que tenga multa de cien a quinientas remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general, y pena de uno a tres años de prisión.

Asociación ilícita

Se ha contemplado, dentro del capítulo relativo a las asociaciones ilícitas, pena para quienes, sin estar comprendidos en los casos señalados en esas normas, participen de organizaciones o asociaciones ilícitas, que serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años.

Medio ambiente
Entre los delitos contra el medio ambiente, la Comisión ha incorporado una norma para que, tanto la maquinaria como los equipos que hubieren sido utilizados en actividades ilegales de minería, extracción de madera, explotación de recursos naturales o en su comercio clandestino, sean objeto de comiso especial, y los propietarios estén sujetos a una multa de quinientas a mil remuneraciones básicas unificadas y prisión de uno a tres años.
Vehículos sumergibles o semisumergibles

La Comisión de Justicia aceptó la propuesta del asambleísta Mauro Andino de incorporar, dentro del Título relativo a los delitos contra la seguridad pública, un capítulo con la regulación de la utilización de sumergibles o semisumergibles. En tal virtud, la persona que sin autorización legal financia, construye, posea, trafique o utilice uno de estos vehículos, tendrá pena de reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años. Si el vehículo se utiliza para el tráfico de personas, estupefacientes, armas, explosivos, sustancias radioactivas, la pena se incrementa a reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años.

“Sicariato”

Varios de los proyectos de reforma propuestos se refirieron al tema del asesinato por pago o recompensa, denominado comúnmente “sicariato”. Todos ellos coincidían en la necesidad de que se penalice más severamente esta conducta, aunque diferían en el mecanismo para hacerlo. Así, unas propuestas sugirieron tipificarlo como un artículo independiente, mientras que para otras, la reforma debía ser al artículo del asesinato.

La Comisión de Justicia consideró, en primer lugar, que la conducta conocida como “sicariato”, se encontraba ya tipificada en el artículo 450 del Código Penal que dispone: “Es asesinato y será reprimido con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, el homicidio que se cometa con alguna de las circunstancias siguientes: (…) 2a.- Por precio o promesa remuneratoria”. Sin embargo, también coincidió con las propuestas en el hecho de que debía prestarse atención especial a estos actos, debido a su incremento y a la alarma que generan en la ciudadanía.

En tal virtud, entendiendo que el sicariato es una forma agravada de asesinato, decidió reformar el artículo 450 del Código Penal para que, cuando el homicidio hubiere sido cometido por un sicario, la pena sea mayor: veinticinco a veintiocho años de reclusión mayor especial (a diferencia del rango de 16 a 25 hoy vigente). También se contempló bajo esta misma pena al caso en que el adulto se valiere de uno o más niños, niñas o adolescentes en la comisión del homicidio.

Es importante señalar que, de manera expresa, la norma dispone que en estos casos no solamente se sancione a quien ejecutó el acto, sino también a quien ofreció, facilitó o entregó el medio de pago o la recompensa.

Asimismo, se sancionan aquellos casos en los que los actos de preparación, organización y planificación se realizaren en otro país. Se decidió también que la prescripción de estos delitos sea de veinte años.

Incesto

En el artículo 512 del Código Penal, la Comisión de Justicia agregó como una circunstancia agravante el hecho de que la víctima fuere pariente hasta en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el agresor.

Lamentamos el error en el que incurrió el Ministerio de Justicia en su proyecto de reforma, en el que sugirió incorporar un artículo en el que se tipifique el incesto únicamente cuando el delito sexual se cometa contra hermanos o hermanas o descendientes entre los 14 y 18 años de edad, y dándole exactamente la misma pena que a cualquier otro caso de violación de una persona mayor de 14 años (doce a dieciséis años de reclusión mayor extraordinaria).

Casas de juego

En virtud de la reforma realizada a la Ley para reprimir el Lavado de Activos, que crea procedimientos expeditos para combatir este delito y otorga un conjunto de facultades importantes a la Unidad de Análisis Financiero, la Comisión decidió elevar las penas para los que establezcan casas o mesas de juegos sin permiso de la autoridad respectiva, con el fin de combatir los circuitos ilegales de juego clandestino.

Aumento de la reclusión mayor especial

La Comisión ha hecho un incremento en el rango de duración de la pena de reclusión mayor especial; actualmente es de dieciséis a veinticinco años, y se sugiere que se establezca de dieciséis a veintiocho años.

Acumulación de penas

Se decidió la reforma del artículo relativo a la concurrencia de infracciones, para simplificar sus reglas y consecuentemente su aplicación. En consecuencia, cuando concurran varios delitos reprimidos con reclusión, o reclusión y prisión, las penas serán acumulables hasta un máximo de treinta y cinco años; si concurren varios delitos reprimidos con prisión, la acumulación será de hasta un máximo de quince años; y finalmente, las penas de comiso especial en virtud de varias infracciones concurrentes, serán siempre acumuladas.

Por la consideración anterior, se decidió aceptar las propuestas del asambleísta Andrés Páez, del Presidente de la República y de otros proponentes que coincidían en el tema.

Vagos y mendigos

Por tratarse de un tipo penal anacrónico y en desuso, la Comisión aceptó la propuesta del Juez Primero de Garantías Penales de Pichincha de eliminar los artículos relacionados con la penalización de vagos y mendigos.

Usura

La Comisión ha hecho una reforma importante respecto de la usura, para aclarar que el que otorga crédito con intereses superiores a los legalmente permitidos, incurre en este delito, y que no necesita que su actividad sea habitual (como lo exige el tipo penal vigente). Asimismo, se aumentó la pena, que era de prisión de seis meses a dos años y multa de dieciséis a trescientos once dólares, a reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de cien a quinientas remuneraciones básicas unificadas.

Se estableció también, expresamente, que en estos casos se ordenará que se devuelva a la víctima todo lo que hubiere pagado ilegalmente, así como lo que hubiere hipotecado o prendado para pagar su deuda.

Uso de sustancias como escopolamina

Acogiendo la propuesta realizada por el asambleísta Vicente Taiano, la Comisión agregó, en el delito de robo, la circunstancia de ejecutar la infracción utilizando sustancias como la “escopolamina”, drogas, sustancias psicotrópicas, alcaloides o de otro tipo, con el fin de someter a la víctima o de dejarla en estado de somnolencia, inconsciencia o indefensión, o para obligarla en este estado a ejecutar actos que, con conciencia y voluntad no los habría ejecutado. La pena para esta conducta será de reclusión menor de seis a nueve años.

2. Reformas al Código de Procedimiento Penal

Falta de denuncia

De conformidad con el artículo 33 del Código de Procedimiento Penal, el ejercicio de la acción pública corresponde exclusivamente al fiscal, sin necesidad de denuncia previa. Para aclarar el papel del fiscal, se ha agregado expresamente que éste no podrá alegar falta de denuncia o falta de acusación particular para ejercer la acción pública, y se incluyó que para ello no constituirá requisito de procedibilidad el informe previo de la Contraloría General del Estado o de algún otro organismo de control sobre indicios de responsabilidad penal.

Atribuciones de la Policía Judicial

Por sugerencia expresa de los representantes de la Policía Judicial, se han ampliado sus facultades de investigación, para que puedan desarrollar su trabajo de manera más eficiente.

Suspensión condicional del procedimiento

Se realizó una reforma al artículo relativo a la suspensión condicional del procedimiento, para que opere con el acuerdo del ofendido y no en los delitos que se sancionan con reclusión. Esta decisión se adoptó porque la figura se está usando en forma indebida.

Orden internacional de detención

La Comisión aceptó la sugerencia del asambleísta Andrés Páez regular el caso de personas que, estando en el territorio ecuatoriano, han cometido delitos en el extranjero y sean requeridas por los canales de la Organización Internacional de Policía Criminal, con el fin de facilitar su entrega a las autoridades correspondientes.

Investigación de delitos sancionados con reclusión
Se ha aceptado la propuesta del asambleísta Mauro Andino de incorporar las figuras del agente encubierto, delación compensada y entrega vigilada, con la finalidad de mejorar la investigación de delitos sancionados con reclusión.

Medida cautelar

Se ha agregado como medida cautelar real la clausura del local o establecimiento utilizado para la actividad delictiva.

Caducidad de la prisión preventiva

Se ha agregado una disposición para que el juez, cuando se produce la caducidad de la prisión preventiva, disponga obligadamente que el procesado se presente periódicamente ante él y la prohibición de ausentarse del país. Asimismo, se ha agregado la posibilidad de que, cuando caduque la prisión preventiva, la jueza o juez de garantías penales disponga la utilización de dispositivos de ubicación satelital y geoposicionamiento global que permitan conocer su ubicación exacta.

Revisión de medidas cautelares

La Comisión decidió mejorar la redacción del artículo relativo a la revisión de medidas cautelares, para que no quede duda de que la prisión preventiva no puede ser sustituida por otra medida cautelar personal en los delitos contra la administración pública, delitos de los que resulta la muerte de una o más personas, delitos sexuales, de odio, de los sancionados con pena de reclusión o cuando exista reincidencia.

Sorteo de jueza o juez de garantías penales en control de instrucción

En el artículo 217, se ha aceptado la propuesta del Fiscal de incluir expresamente que el sorteo que determine la competencia de la jueza o juez de garantías penales que debe intervenir en el control de la instrucción, se realice en el término máximo de dos días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud del fiscal.

Plazo para resolver el recurso de nulidad

Se ha incluido, en el artículo 336, un inciso que ordena a la sala de la Corte Provincial que conozca el recurso de nulidad, lo resuelva en un plazo máximo de veinte días; y si se incumple injustificadamente el plazo establecido, se sancionará a los jueces por infracción grave de conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial.

Apelación en efecto devolutivo

La Comisión ha agregado que el recurso de apelación de las sentencias dictadas en proceso simplificado, proceso abreviado, y las que declaran la culpabilidad o confirman la inocencia del acusado, se concederá en efecto devolutivo.

Procedimiento simplificado

Se fijó como competente para resolver este tipo de procedimientos al juez de garantías penales en lugar del tribunal de garantías penales. Se ha aclarado, también, la naturaleza del procedimiento, y se salvaron algunas dificultades respecto al derecho a la defensa, en virtud del poco tiempo de preparación, así como se limitaron las facultades de la Fiscalía respecto del monto de la condena.

Extranjeros privados de libertad

Se ha incluido una disposición por la que toda persona extranjera privada de libertad que solicite ser trasladada a su país de nacionalidad de conformidad con los tratados o convenios internacionales vigentes o bajo el principio de reciprocidad, podrá pedir al tribunal que dictó la sentencia la exoneración de las multas impuestas en sentencia, cuando el agraviado sea únicamente el Estado, o cuando se haya satisfecho completamente la reparación civil fijada expresamente en la sentencia a favor de otros agraviados.

3. Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia.

Castigos más severos para adolescentes que cometen actos reñidos con la ley

Además de castigar de forma más severa a los adultos que se valen de niños, niñas y adolescentes, la Comisión ha considerado necesario enviar un mensaje de mayor severidad en el castigo de adolescentes infractores que cometan delitos graves. Si bien los adolescentes deben, por mandato Constitucional, ser tratados de forma diferenciada de los adultos, también es cierto que deben tener una consecuencia cuando cometen una falta grave. En tal virtud, se ha reformado el Código de la Niñez y Adolescencia para incrementar la pena de internamiento institucional en la comisión de infracciones que en la legislación penal ordinaria se sancionan con reclusión.

Asimismo, se ha dispuesto que las personas que cumplan veintiún años en los centros de internamiento, deberán ser trasladadas de forma inmediata, para que finalicen con el cumplimiento del tiempo de la medida en los Centros de Rehabilitación Social correspondientes.

4. Reformas al Código de Ejecución de Penas

La reforma realizada al Código de Ejecución de Penas se ha hecho en el sentido de permitir, cuando exista sentencia condenatoria ejecutoriada en contra de ciudadanos extranjeros, el cumplimiento de la pena en el país de origen o de la nacionalidad del procesado, de conformidad con los convenios internacionales existentes.

Asimismo, en el artículo relativo a los criterios para la concesión de rebajas, se ha dispuesto que éstas operen hasta por un máximo del 30% de la pena impuesta al detenido, y que no se concedan en los delitos de plagio, asesinato, delitos sexuales, trata de personas, delitos contra la administración pública o por crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra, de agresión, determinados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Además, de manera expresa se consagró que no procederá ninguna rebaja en casos de reincidencia, cuando se haya recibido pena por acumulación, o cuando se hubiere cometido el delito en contra de un niño, niña o adolescente.

5. Otras consideraciones

Sanciones a jueces y fiscales que sean responsables de la caducidad de la prisión preventiva y otras faltas relacionadas

Algunos proyectos sugerían sancionar a los jueces y fiscales que sean responsables de permitir la caducidad de la prisión preventiva. Esta sanción ya existe y está en vigencia desde hace más de un año en el Código Orgánico de la Función Judicial. La Comisión de Justicia ha propuesto, inclusive, incrementar la sanción a través de la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, cuyo informe para primer debate fue ya presentado al Presidente de la Asamblea Nacional.

Propuesta sobre la detención obligada

La Comisión considera necesario referirse a esta propuesta, pues se ha señalado que la caducidad de la prisión preventiva sería una de las causas de la impunidad, y ésta a su vez, causa de los altos índices de delincuencia. En ese sentido, se sugirió crear una nueva forma de privación de libertad que se denominaría “detención obligada” (proyecto de la asambleísta Cynthia Viteri y otros).

Al respecto caben las siguientes reflexiones:

Como ya se planteó en un informe anterior respecto de esta misma propuesta; en el censo penitenciario cerrado a julio de 2008 se reveló que cerca del 90% de las solicitudes de prisión preventiva requeridas por los agentes fiscales no se traducen en sentencias condenatorias. Adicionalmente, el Estado ecuatoriano ha sido sentenciado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente por abusar, extender o prorrogar indebidamente, a través de sus aparatos judiciales, el plazo razonable de la prisión preventiva, tal como ocurrió en el afamado Caso Tibi de 7 de septiembre de 2004, donde el Ecuador fue condenado al pago de cerca de cuatrocientos mil euros (párrafos 111-113) .

De los datos con los que cuenta la Comisión, la caducidad de la prisión preventiva no opera en todas las circunscripciones de la misma manera. Pues en muchas provincias del país el año previsto sí es tiempo suficiente para que el sistema produzca una sentencia. El problema no es por lo tanto la norma, sino su aplicación, las respuestas deberían buscarse en la eficiencia de los operadores, en el número de judicaturas en relación a población y conflictividad, u otros factores que pudieran provocar un alto número de casos de caducidad.

La Comisión repara en el hecho de que los jueces no han aplicado lo previsto en el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal y, por tanto, han computado para la caducidad de la prisión preventiva también los incidentes deliberadamente planteados por los procesados para permitir que caduque.

Con independencia de qué denominación se cree, toda forma de privación de libertad anterior a la existencia de una sentencia se denomina prisión preventiva y debe someterse a la norma constitucional que señala un plazo máximo de un año para su aplicación como medida cautelar. Los tres años planteados en la propuesta analizada constituirían violación expresa a la Constitución vigente.

Los asambleístas Andrés Páez, Vicente Taiano y Henry Cuji consideran que el actual artículo 232 numeral 3 ya obliga al juez a dictar las medidas cautelares, por lo tanto se debería recordar que está obligado a dictar prisión preventiva cuando dicta el auto de llamamiento a juicio y no otra de las medidas cautelares, en ningún caso la privación de libertad podrá exceder de un año desde la fecha de la detención efectiva.

En conclusión, la Constitución hoy vigente es clara respecto de la aplicación de esta medida cautelar, por lo que la Comisión no considera pertinente la reforma propuesta.

Además, es necesario señalar que la asambleísta Cynthia Viteri, que fue quien presentó el “proyecto de Ley Orgánica Reformatoria en Materia Penal” en el que se incluyó esta figura, el día 3 de diciembre de 2010 entregó a la Comisión de Justicia un “alcance aclaratorio” al mismo, señalando que “la figura jurídica de la detención obligada, propuesta por dicho proyecto de iniciativa popular, no tiene plazos de caducidad, y será dictada solo en la etapa del juico para asegurar la presencia del sindicado en la audiencia. El Tribunal Penal correspondiente a cada caso es el que se ve sujeto a un plazo de tres meses para dictar sentencia, so pena de destitución”. Esto difiere sustancialmente del proyecto inicial, en el que se contemplaba que “El juez de garantías penales, para garantizar la comparecencia del acusado en la etapa del juicio, ordenará la detención obligada cuando se dicte auto de llamamiento a juicio... La detención obligada se mantendrá vigente mientras el tribunal penal no dicte sentencia y podrá durar hasta tres años después de ejecutoriado el auto de llamamiento a juicio. Una vez ejecutoriado el auto de llamamiento a juicio, el tribunal de garantías penales competente deberá dictar sentencia en un plazo no mayor de ciento ochenta días…”

A propósito de Halloween: TRIÁNGULO DE BRUJAS, de Juan Carlos Morales.

2010-10-25T20:08:00.000-05:00

Hará unos cinco años, emprendí un viaje para descubrir los secretos de las brujas voladoras. Por los relatos del abuelo Juan José Mejía –seguidor del Quijote y de ese prodigio que es Las mil y una noches- sabía que surcaban los cielos en un triángulo perfecto entre Mira, Pimampiro y Urcuquí. Iban a Quito para traer noticias y, como si fuera poco, convertían a sus amantes en cabezas de plátano o en gallos, a quienes amarraban a la pata de la cama.
En el norte de Ecuador, como las brujas de Illuchi, en Baños, existen estos seres fantásticos que son diferentes a las brujas nórdicas, que vuelan en escoba y usan trajes negros, y que por estos días andan alborotadas por la celebración de Halloween, 31 de octubre, que según el mito celta es el día donde salen los muertos. No hay que tener miedo a estas fiestas globalizadas y a los niños que piden caramelos, pero sí debemos asustarnos de olvidar a nuestras propias brujas, en el sentido de perder la memoria como pueblo.
Entonces, entremos en materia. Como el libro trataba sobre las mitologías de Imbabura, arrendé una casa durante cuatro meses en San Blas de Urcuquí, con la esperanza de que alguna noche las brujas se pararan en la torre del campanario. Aún recuerdo con temor la entreabierta ventana y las noches estrelladas. Mientras el tiempo pasaba, se sucedían las mínimas procesiones, con los santos en andas, o los penitentes, quienes custodiaban al Crucificado, en medio de cucuruchos con tridentes. Pero de las brujas, nada.
Llevé los doctos libros de los griegos, pero también un curioso tratado de Julio Caro Baroja, Vidas mágicas e inquisición, pero además tenía presente esos magníficos lienzos de Francisco de Quevedo, de los aquelarres de las brujas o del entierro de la sardina. El ambiente era perfecto…

En los textos leía: “Diego de Torres y Villarroel, relativo al aquelarre de Barahona, en España, del siglo XVIII, pasó a la hora justa en que “las brujas salen a golosear ahorcados, espulgar calaveras, sorber niños y chupar rabos”.
Según avanzaba las páginas, encontré qué fórmulas se repetían, entre España y la entrañable América. Por ejemplo, antes de volar, las brujas dicen: “De viga en viga, de villa en villa, sin Dios ni Santa María”. A diferencia de las nórdicas, nuestras brujas levantan los brazos y llevan trajes almidonados y blanquísimos.
Por las tardes, me sentaba a escuchar los relatos de los abuelos del pueblo y, como un ovillo, seguía uniendo los misterios. Así supe que las voladoras, como son conocidas, se untan en el sobaco (axila) fórmulas mágicas, donde se incluyen potentes pócimas, como aquella que se consigue frotando, con una rama de membrillo, la piel de un sapo.

La mejor manera de descubrir a una bruja es lanzarse con los brazos en cruz, para que caiga. Esos relatos también están en el libro Memorias de Mira, de la maestra Rosa Cecilia Ramírez, quien investiga la cultura de su pueblo. Pero las brujas norandinas no son esperpentos con cazuelas de murciélagos, sino guapísimas muchachas que convierten a sus amantes en gallos. Eso sabía bien el abuelo, quien malignamente fue encantado en Mira. Pero esa es otra historia...

MÁS SOBRE EL CONCEPTO DE CUIDADO (II)

2010-10-19T18:47:00.000-05:00

Hoy se desarrolló la segunda jornada del Seminario Internacional sobre Economía del Cuidado. En este evento se expusieron los resultados de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (2007) que resulta muy importante para comprender el concepto del cuidado, la economía del cuidado y las implicaciones que tiene en el Ecuador los roles asignados o diferenciados para hombres y mujeres. Comparto con ustedes algunos datos:

■ El indicador carga global de trabajo, es parte de la popuesta de indicadores del Observatorio de Género encargado por la "X Conferencia Regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe", en el "Consenso de Quito" del 9 de agosto de 2007 a la CEPAL. Existen algunas formas de presentar este indicador, se lo puede hacer por el total de horas de trabajo semanal de3 todos los hombres y mujeres del país, o puede hacerse en forma de horas promedio de trabajo, la investigación del INEC escogió la segunda fórmula.

■ Este indicador de carga global de trabajo nos sirve para evidenciar la diferencia de la misma entre hombres y mujeres y resaltar la incidencia del trabajo no remunerado en la vida de las mujeres.

■ Las mujeres indígenas trabajan en promedio 23 horas / semana más que los hombres indígenas. En la población mestiza las mujeres trabajan 15 horas más que los hombres cada semana.

■ Por estado civil, las mujeres que viven en pareja (unión libre y casadas) trabajan más tiempo que las mujeres solteras; sobretodo en hogares rurales que las mujeres casadas trabajan 28 horas más que los hombres; el promedio nacional: 19 horas más por semana que los hombres.

■ En el trabajo remunerado la diferencia es menor; en promedio los hombres ocupan 8 horas más que las mujeres cada semana; mientras en trabajo no remunerado la diferencia promedio nacional es de 23 horas más de trabajo de las mujeres. Estos datos nos dicen que las mujeres siguen siendo las encargadas "naturales" de las tareas de cuidado y que además la realización de un trabajo no remunerado, no valorado, disminuye la cantidad de tiempo disponible para sí mismas.

fuente: El tiempo de ellas y de ellos. Indicadores de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo _ 2007. CONAMU, INEC.

ALGUNOS DATOS SOBRE EL CONCEPTO DE CUIDADO (I)

2010-10-18T16:44:00.000-05:00

Comparto con ustedes algunos datos del documento de trabajo del Seminario Internacional "Economía del cuidado y Seguridad Social"; las autoras investigadoras son: Amparo Armas, Jackeline Contreras y Alison Vásconez. El evento y la investigación es resultado de la iniciativa de varios ministerios, el propio IESS y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

- Una forma más general de tratar el trabajo doméstico, y para considerarlo en una dimensión también extra-doméstica de sostenimiento, es el uso del concepto de trabajo de cuidados. Este forma parte de lo que se denominará, en adelante, Economía del Cuidado, para referirnos a las actividades realizadas para el sostenimiento de la vida, sean desarrolladas dentro o fuera del hogar.

- El trabajo de cuidado no remunerado se caracteriza, esencialmente, por tener su base en la atención y las relaciones humanas y ser generador de valores de uso (servicios). Un criterio general es que son actividades realizadas por y para personas del hogar (considerando también algunas tareas comunitarios o de hogares extendidos), que son susceptibles de ser desarrolladas por una tercera persona, y producen bienes cuasi mercadeables, en el sentido de ser posible intercambiar muchos de ellos en el mercado, pero con la característica de ser bienes preferentes, es decir, de naturaleza cuasi pública.

- Estas tareas requieren de una multiplicidad de destrezas que han sido socialmente atribuidas a las mujeres, sobre la base de una formación genérica desde la educación formal y familiar. Este proceso de "especialización" también está asociado con la separación (casi) definitiva entre las esfereas productiva y reproductiva en el capitalismo avanzado, lo cual provoca que se mire al hogar como un espacio no productivo y como el sitio indiscutible del cuidado.

- Relacionada con este proceso también estpa la marginación y subordinación de quienes realizan trabajo doméstico y de cuidado (...). Estas condiciones se mantienen aun cuando las mujeres crecientemente acceden a posibilidades de generación de ingresos propios y mayor autonomía económica, así como también se mantiene en el imaginario social la idea del hombre proveedor.

- El trabajo no pagado de cuidados es esencialmente intensivo en recursos: tiempo, espacio, ingresos monetarios y destrezas. Es realizado a diario y con horarios inflexibles, e impone restricciones a quien lo realiza. Entre ellas, la de optar por actividades generadoras de ingreso, tomar trabajos o carreras, cuidarse a uno mismo y tener tiempo disponible. Los costos reales de este trabajo pueden verse, para quienes lo proveen, como ingresos perdidos, costos financieros, oportunidades no aprovechadas y deterioro físico.

NOTAS SOBRE EL VETO A LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR

2010-09-06T17:19:00.000-05:00

Con las modificaciones que se sugieren en el veto (que deben todavía ser sometidas a votación); algunos puntos importantes de la Ley de Educación Superior serían:

LO BUENO:

El 60% de la planta docente de las universidades deben ser profesores a tiempo completo (dos años de plazo para alcanzar ese porcentaje).
L@s profesores a tiempo completo deben tener título de cuarto nivel (Ph. D) (siete años de plazo para cumplir este requisito).
El 6% del presupuesto de las universidades debe destinarse a la investigación y publicación.
El 10% de l@s alumn@s de las universidades privadas deben tener becas completas.
Para ser dirigente estudiantil se requiere haber aprobado el 50% de la malla curricular y no haber reprobado ninguna materia.
Las rentas correspondientes y el incremento del FOPEDEUPO se asignará a universidas públicas, privadas y politécnicas.
Las universidades privadas que reciben asignaciones seguirán recibiéndolas y sólo podrán destinarlas a becas de estudio o investigación.
Las universidades que realicen actividades económicas, comerciales o productivas deberán crear para ese efecto personas jurídicas distintas a la universidad pues no pueden beneficiarse de exoneraciones tributarias o de aranceles para estas actividades. Así mismo deberán reconocer el pago de sus salarios a profesores y estudiantes que trabajen en estas empresas.
Los profesores serán remunerados según una ley de escalafón para el sector y tendrán derecho a un año sabático cada seis años de funciones; es decir un año que podrán dedicar al estudio o la investigación y seguirán recibiendo su remuneración.
Se prohíbe el cobro por derechos de grado u otorgamiento de título.
Se garantiza la gratuidad pero no se cubre la segunda ni tercera matrícula.

LO MALO (según mi opinión)

En lo que se refiere al mecanismo de designación de autoridades académicas la ley hace una excepción para las universidades militares y las que se han acogido al modus vivendi; estas universidades, en este tema no están obligadas a regirse por la ley, sino por sus propios estatutos. Estas excepciones no son correctas ni justificables en un Estado de Derecho (en donde todos se someten a la ley) y menos en un Estado Laico (pues este trato excepcional / preferencial se hace sólo con las universidades católicas estableciendo así un tratamiento desigual, injustificado, que no tiene ninguna otra organización religiosa).

APROBADAS HOY DOS LEYES MUY IMPORTANTES!!

2010-08-11T13:28:00.000-05:00

El Código de Organización Territorial: 80 votos !!
La Ley de Servicio Público: 106 votos !!

LISTA LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR...

2010-07-12T15:13:00.000-05:00

Y tiene cambios muy importantes. Se mantienen todos los temas de calidad, requisitos para los profesores, evaluación de universidades y cuerpo docente. Aquí algunos temas que fueron polémicos y lo que dice la versión para la votación:

EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA RESPONSABLE: (se garantiza la autonomía)

La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en:

a)La independencia para que los profesores e investigadores de las universidades y escuelas politécnicas ejerzan la libertad de cátedra e investigación;

b) La libertad de expedir sus estatutos en el marco de las disposiciones de la presente Ley;

c) La libertad en la elaboración de sus planes y programas de estudio en el marco de las disposiciones de la presente Ley;

d) La libertad para nombrar a sus autoridades, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, las y los servidores y las y los trabajadores, atendiendo a la alternancia y equidad de género, de conformidad con la Ley;

e) La libertad para gestionar sus procesos internos;

f) La libertad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional. Para el efecto, en el caso de instituciones públicas, se observarán los parámetros establecidos por la normativa del sector público;

g) La libertad para adquirir y administrar su patrimonio en la forma prevista por la Ley;

h) La libertad para administrar los recursos acorde con los objetivos del régimen de desarrollo, sin perjuicio de la fiscalización a la institución por un órgano contralor interno o externo, según lo establezca la Ley; e,

i)La capacidad para determinar sus formas y órganos de gobierno, en consonancia con los principios de alternancia, equidad de género, transparencia y derechos políticos señalados por la Constitución de la República, e integrar tales órganos en representación de la comunidad universitaria, de acuerdo a esta Ley y los estatutos de cada institución.

FINANCIAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (se garantizan los recursos de todas las universidades, no existe disminución alguna)

a) Los bienes muebles e inmuebles que al promulgarse esta Ley sean de su propiedad, y los bienes que se adquieran en el futuro a cualquier título, así como aquellos que fueron ofertados y comprometidos al momento de presentar su proyecto de creación;

b) Las rentas establecidas en la Ley del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO) para las instituciones públicas;

c) Las asignaciones que han constado para las universidades públicas y particulares hasta el presente año en el Presupuesto General del Estado, y los incrementos correspondientes para las instituciones públicas, según manda la Constitución de la República del Ecuador;

d) Las asignaciones que corresponden a la gratuidad para las instituciones públicas;

e) Los ingresos por matrículas, derechos y aranceles, con las excepciones establecidas en la Constitución y en esta Ley en las universidades y escuelas politécnicas públicas.

f) Los beneficios obtenidos por su participación en actividades productivas de bienes y servicios, siempre y cuando esa participación no persiga fines de lucro y que sea en beneficio de la institución;

g) Los recursos provenientes de herencias, legados y donaciones a su favor;

h) Los fondos autogenerados por cursos, seminarios extracurriculares, programas de posgrado, consultorías, prestación de servicios y similares, en el marco de lo establecido en esta Ley;

i) Los ingresos provenientes de la propiedad intelectual como fruto de sus investigaciones y otras actividades académicas;

j) Los saldos presupuestarios comprometidos para inversión, desarrollo de ciencia y tecnología y proyectos académicos y de investigación que se encuentren en ejecución no devengados a la finalización del ejercicio económico, obligatoriamente se incorporarán al presupuesto del ejercicio fiscal siguiente; y,

k) Los recursos obtenidos por contribuciones de la cooperación internacional.

l) Otros bienes y fondos económicos que les correspondan o que adquieran de acuerdo con la Ley.

ASIGNACIONES PARA UNIVERSIDADES PRIVADAS DEBEN DESTINARSE A BECAS:

Art.- 30.- Asignaciones y rentas del Estado para universidades y escuelas politécnicas particulares.- Las universidades y escuelas politécnicas particulares que reciban asignaciones y rentas del Estado, las seguirán recibiendo en los montos asignados hasta el presente año. Están obligadas a destinar dichos recursos al otorgamiento de becas de escolaridad de estudiantes matriculados en programas académicos de cualquier nivel, que por su origen socio económico, etnia, género, discapacidad o lugar de residencia entre otros, tengan dificultad des para acceder, mantenerse y terminar exitosamente su formación, de escasos recursos económicos desde el inicio de la carrera.

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación velará por el cumplimiento de esta obligación mediante las regulaciones respectivas.

RECONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA DE TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTRANJERO (creo que se debe incluir GRATUITA).

Art. 127.- Reconocimiento e inscripción automática de títulos obtenidos en el extranjero.- Los títulos profesionales o grados académicos obtenidos en otros países serán legalizados y registrados en el Ecuador por la Secretaría Nacional de Educación de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en virtud del procedimiento que apruebe el Consejo de Educación Superior.

PROFESORES SERÁN EVALUADOS.
Art. 155.- Evaluación del desempeño académico.- Los profesores de las instituciones del sistema de educación superior serán evaluados periódicamente en su desempeño académico.

El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior establecerá los criterios de evaluación, las formas de participación estudiantil en dicha evaluación y los estímulos académicos y económicos.

INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (el Ejecutivo ni tiene mayoría, ni preside)

Art. 167.- Integración del Consejo de Educación Superior.- El Consejo de Educación Superior estará integrado por los siguientes miembros:

a)Cuatro representantes del Ejecutivo que serán: el Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación; el Secretario Técnico del Sistema Nacional de Planificación o su delegado; el Ministro que dirija el Sistema Educativo Nacional o su delegado; el Ministro que dirija la Política de Producción o su delegado.

b)Seis Académicos elegidos por concurso público de merecimientos y oposición, que provendrán, tres del sector de las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas; dos del sector de las Universidades y Escuelas Politécnicas Particulares, uno del sector de los Institutos Superiores Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos, de artes y conservatorios superiores; y,

c)Un representante de las y los estudiantes que participará en las sesiones con voz.

El Presidente del Consejo será elegido de entre sus miembros, al menos por las dos terceras partes de sus integrantes con derecho a voto. El Presidente del Consejo tendrá voto de calidad.

EL CONSEJO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN (todos se eligen a través de concurso público, se eliminó la designación directa del Ejecutivo).
Art. 175.- Integración del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.- El Consejo estará integrado por seis académicos seleccionados por concurso público de méritos y oposición que organizará el Consejo Nacional Electoral, quienes cumplirán los mismos requisitos dispuestos para ser Rector de universidad. El concurso garantizará el anonimato de postulación.

La Academia y el Presidente de la República podrán presentar tantas candidaturas como consideren pertinente. Del número total de candidaturas propuestas se escogerán los tres mejores puntuados que provengan de las candidaturas propuestas por la academia, y tres de las candidaturas propuestas por el Presidente de la República, respetando la equidad, alternancia y paridad de género de acuerdo con la Constitución.

Los seis académicos que conformarán el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, elegirán a su presidenta o presidente de entre los tres académicos nominados por el Ejecutivo, que hubieren ganado el concurso.

En las TRANSITORIAS se ordena una nueva evaluación para las universidades que fueron observadas en el informe del CONEA, si no cumplen los requisitos esta vez serán derogadas las leyes que las crearon. Se ordena al SRI el análisis del uso brindado a las asignaciones del 25% del impuesto y se regula la transición entre una y otra ley.

Primera plana de El Universo: ¿El Fiscal quiere reelegirse?

2010-07-12T10:21:00.001-05:00

Ya lo sabíamos, el Fiscal quiere volver por la Fiscalía o ir al Consejo de la Judicatura, o como ya lo dijo en una entrevista en el mismo diario, ser candidato a la Presidencia...

En el sistema de concursos públicos, todo el mundo puede postularse, pero también gracias a ese sistema, todos los ciudadanos podemos impugnar las candidaturas y aportar con información, documentos, datos que permitan escoger a los y las mejores para cargos tan delicados.

Miren la nota de El Universo.

Presentación consejo de la judicatura,

2010-07-06T16:13:00.001-05:00

Los invito a revisar esta información sobre irregularidades en el Consejo de la Judicatura.

Presentación consejo de la judicatura, final

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Escuela Política Virtual.

2010-07-01T11:21:00.000-05:00

UN FAVOR...
Estamos trabajando, con la Ruptura, en una escuela política virtual; esperamos ponerla en marcha en noviembre de este año y que sea un espacio para aprender y discutir sobre política.

Como parte de la preparación tenemos una encuesta que les invito a que llenen. Les tomará menos de 5 minutos.

http://www.surveymonkey.com/s/BL75SQY

Hoy, 28 de junio es el día mundial del orgullo gay

2010-06-28T15:53:00.000-05:00

Hoy, 28 de junio es el día mundial del orgullo gay (o del orgullo LGBTI para ser más incluyentes). Para todos los que creemos en las libertades, los derechos, la no discriminación por ningún motivo, la solidaridad con los excluidos.. este es un tema que no podemos pasar por alto.

Todavía hay en el mundo más de 70 países en donde la homosexualidad es un delito y en al menos 7 de ellos se castiga con pena de muerte. Aunque en el Ecuador hemos avanzado mucho en las reformas formales, los artículos de la Constitución y un poquito en el discurso político; todavía la discriminación real está ahí. Hay "clínicas" para lesbianas en donde torturan y violan a mujeres; hace poco un equipo de fútbol de mujeres fue expulsado de una liga barrial porque dos mujeres se besaron!, todavía tenemos reglamentos en las ffaa y policía que consideran como causal de expulsión o de "baja" el ser homosexual, han resurgido los grupos neo nazis que "persiguen" homosexuales... y estos son sólo los ejemplos extremos, ni hablar de la discriminación familiar, laboral, social que todavía queda en el Ecuador.

La no discriminación por opción sexual es uno de nuestros temas pendientes!
La marcha del orgullo será este sábado a las 15 en Quito, allí y en cada espacio hagamos nuestro esfuerzo por construir una sociedad de justicia.

Comisión de la Verdad Ecuador

2010-06-15T10:36:00.001-05:00

Les invito a revisar el informe completo de la Comisión de la Verdad:

www.coverdad.org.ec

Este informe no es una resolución judicial ni una sentencia, pero es la recopilación de información y datos de una parte de nuestra historia democrática. Es importante conocer y comprender lo sucedido para que no vuelva a repetirse. NADA justifica los abusos del Estado ni sus excesos, nada justifica detenciones ilegales, torturas, desapariciones... Para construir la paz y la justicia se necesita verdad y reparación, este informe es un factor para la construcción de nuestra democracia.

Baltasar Garzón: "Las situaciones como esta se afrontan con la tranquilidad de saber que se es inocente" (www.elpais.es)

2010-05-14T10:07:00.000-05:00

"Estoy muy tranquilo. Las situaciones como esta no se afrontan con optimismo sino con la tranquilidad de saber que se es inocente". Así se ha despedido el juez Baltasar Garzón del acto de esta noche en la Casa de América de Madrid, probablemente su última pesentación como juez en activo si finalmente el Consejo General del Poder Judicial lo suspende mañana de sus funciones.

"No sigas por ahí, que me voy a emocionar". Y se ha emocionado con las palabras de apoyo y reconocimiento de un colega argentino. Garzón ha sido recibido en pie y con una larga ovación en la Casa de América donde se ha celebrado un diálogo con el juez argentino Daniel Rafecas sobre las víctimas judías de la dictadura militar argentina, organizado por la Casa Sefarad.

"Es el último acompañamiento que le podemos hacer al juez en activo y aquí estamos", ha dicho Fausto Canales, hijo de un fusilado durante el franquismo. "Hemos seguido todo este proceso día a día, minuto a minuto, y es un palo. Una vendeta, algo anómalo, aberrante. ¿Por qué no dejan a Garzón al menos marcharse tranquilo?".

Durante el encuentro, Garzón ha quitado hierro a su situación. "Es un momento delicado, pero la vida tiene muchos momentos delicados. Si hablamos de justicia, los documentales que acabamos de ver [sobre víctimas de la dictadura argentina] dan buena cuenta de ello. Lo demás, créanme de verdad, es circunstancial".

Su colega argentino, Daniel Rafecas, le había dedicado su primera intervención. "Esta fecha, este día, fue previsto hace mucho tiempo, hace más de tres meses. El destino quiso que fuera el día antes del día muy difícil para el juez. La Argentina, en este momento difícil, está con usted". Ha hablado de la situación en España relacionándola con Argentina. "Allí se escuchaban las mismas cosas que ahora en España: ¿por qué se van a reabrir las heridas? Hay que olvidarse. Están todos muertos". Y ha dicho que la grieta para juzgar la dictadura argentina la abrió "un juez muy valiente que actuó cuando nadie actuaba y que se llama Baltasar Garzón".

El juez español ha hecho su propia reflexión sobre la impunidad: "El olvido pertenece sólo a aquellos que quieren olvidar. Cuando se quiere imponer, produce unas condiciones desastrosas".

Varios asistentes han portado a la entrada caretas con la cara de Garzón, pero los organizadores han pedido, por deseo del juez, que se las quitaran. "Por supuesto. Hacemos lo que quiera el juez. Si quiere que cree perjudicarle, no las usamos", ha respondido uno de ellos.

Las víctimas se manifestarán mañana por la tarde. "Pero entonces ya será tarde", dice con tristeza Fausto Canales. "Ya se habrá decidido todo. Se lo habrán cargado. Lo que querían desde el principio".

ALEGATO FINAL DEL JUICIO POLÍTICO

2010-04-10T12:16:00.000-05:00

SEÑORES MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICO:

María Paula Romo Rodríguez, junto con las y los asambleístas que solicitamos el inicio del Juicio Político en contra del doctor Washington Pesántez Muñoz, Fiscal General del Estado, dentro del término de prueba en este proceso, nos ratificamos en las acusaciones que hemos presentado, y creemos importante subrayar, de la prueba actuada, los siguientes elementos que fortalecen las acusaciones planteadas:

2.1. PRIMERA ACUSACIÓN: El Fiscal General encargado, ha demostrado falta de probidad e imparcialidad en el cumplimiento de sus funciones:

a) En la fase de investigación del accidente de tránsito acaecido el día jueves 14 de enero del 2010, que tuvo como consecuencia el fallecimiento de la señora Natalia Emme.

Como prueba de esta acusación, téngase en cuenta el reporte de llamadas telefónicas que presentó el fiscal Patricio Sosa, en el que se demuestra que en el teléfono que usa recibió la llamada del teléfono registrado para el Fiscal General.

El Fiscal Patricio Sosa se ratificó en el contenido de su declaración juramentada respecto de dos actos reñidos con la ley y la ética: el primero, que el Fiscal, a través de su llamada, intervino en un caso en el que tenía intereses personales; y el segundo, que el Fiscal en su conversación con el doctor Sosa intervino en la decisión de un funcionario de la Fiscalía, pidiéndole que actúe en contra de lo que los elementos de convicción evaluados por él le sugerían.

Téngase en cuenta como prueba a nuestro favor la declaración de la señora María Elena Bedoya, que hizo énfasis en los hechos que constituyen abuso de poder del Fiscal General: el envío de un piquete de policías al lugar del accidente, el levantamiento del cadáver siguiendo un procedimiento no regular, el retiro del vehículo causante del accidente sin seguir los procedimientos previstos para casos como este, entre otros.

Téngase también en cuenta las declaraciones de la señora María Elena Chediak, que relató las amenazas telefónicas y la agresión física que sufrió, relacionadas, según quienes la agredieron y amenazaron, con el hecho de que actuó como testigo del accidente de tránsito.

Solicito se tenga en cuenta como prueba de la falta de imparcialidad el testimonio de la doctora Myriam Sánchez, que confirmó que en el sorteo de nuevo fiscal para este accidente de tránsito, estuvo presente el señor José Antonio Cevallos García, hijo del abogado defensor de la doctora Aliz Borja.

Finalmente, téngase en cuenta la intervención del doctor Washington Pesántez, en la que declaró sobre la llamada a Sosa que “… y ahí dice en la declaración juramentada señores asambleístas “el Fiscal me llamó y me dijo que no le trate como un delincuente a la esposa, pero es lógico, ¿alguno de ustedes evitaría decir “trátele bien a mi esposa que estuvo enferma”?. Con esta intervención el Fiscal no negó haber realizado la llamada, al contrario, reconoció esta posibilidad y claramente no considera que fue una falta.

b) El Fiscal conocía y autorizó la reunión en que se legalizaron los descuentos para pagar el remitido de prensa.

En este punto solicitamos que se tenga como prueba a nuestro favor, a más de la documentación que obra del proceso, las aseveraciones de la funcionaria de la Fiscalía Blanca del Hierro, quien al responder la pregunta: “Diga usted si es verdad que el Fiscal General, Dr. Washington Pesántez, conoció de la convocatoria realizada por Asociación de Funcionarios y Empleados de la Fiscalía General del Estado, a sesión extraordinaria para el día viernes 22 de enero de 2010, a las 08h00”, la funcionaria respondió: “Sí, con autorización del Fiscal General se realiza la asamblea”. Lo que pone en evidencia que el Fiscal General, en su comparecencia del día viernes 9 de abril del presente año, miente al decir que ni conocía ni autorizó la realización de dicha asamblea.

c) Someterse a un proceso de fiscalización es la obligación constitucional del funcionario que ocupe la Fiscalía General del Estado, responder con amenazas y agresiones demuestra falta de probidad en el ejercicio del cargo.

Se ha probado a través de los originales de prensa adjuntos que, cuando se presentó el pedido de Juicio Político contra el Fiscal General, éste, en lugar de responder a las acusaciones, ha cuestionado la facultad de la Asamblea Nacional de fiscalizar, y ha acusado él, públicamente, a los asambleístas interpelantes, pretendiendo descalificarlos en lugar de aclarar las dudas sobre su función.

Con ello, se demuestra el inaceptable comportamiento del Fiscal General, que ha amenazado públicamente con usar sus potestades legales para “vengarse” o “responder” a la legítima actuación del Poder Legislativo. Esta amenaza de revelación de supuestos ilícitos por parte de los asambleístas proponentes, es incumplimiento de funciones, revela el “modus operandi” de un poder desmesurado que ataca, amenaza e intimida, a quienes pretenden revisar sus actuaciones. Téngase como prueba de esta afirmación la manera en la que el Fiscal General culminó su exposición frente a la Comisión.

2.2. SEGUNDA ACUSACIÓN: El Fiscal incurrió en incumplimiento de sus funciones y responsabilidades específicas dentro de la etapa pre procesal y procesal penal de las personas que tienen fuero, y en la conducción de las políticas generales de la Fiscalía para lograr sanciones justas e impedir la impunidad:

a) Falta de comparecencia a las Audiencias a las que tiene la obligación legal de asistir.

Para esta acusación, solicitamos que se tenga como prueba a nuestro favor los certificados expedidos por las Salas Penales de la Corte Nacional y las declaraciones de los doctores Hernán Ulloa e Isabel Garrido, quienes ratificaron el hecho de que el Fiscal Washington Pesántez jamás ha asistido personalmente a una audiencia en la Corte Nacional de Justicia.

Es discutible si la facultad de delegar al subrogante u otros fiscales releva por completo al Fiscal General de participar en el proceso penal, pero debe subrayarse que actualmente el trámite de los juicios penales es oral, se realiza por audiencias, y es imprescindible la presencia del Fiscal General en las mismas, particularmente en casos tan graves como el peculado y enriquecimiento ilícito.

Además, téngase en cuenta la declaración del Fiscal Washington Pesántez, en la que afirmó: “…yo delego muchas intervenciones, y les pregunto a ustedes, acaso, acaso el Procurador General del Estado… no tiene la obligación de asistir a todas las audiencias, el Procurador no asiste, delega y eso está bien, lo mismo hace el Contralor… el Fiscal dicta Políticas, gerencia a la institución”. Con este razonamiento, el Fiscal ha declarado que sus funciones son más cercanas a las de un Director Administrativo o de Recursos Humanos que a las de un Fiscal General.

b) Caso concreto de incumplimiento u omisión: En el caso Filanbanco instaurado en contra de los hermanos Roberto y William Isaías Dassum.

El punto fundamental de acusación es que la Fiscalía no se pronunció, no respondió, al traslado con las solicitudes de ampliación, aclaración y revocatoria del auto de confirmación del auto de llamamiento a juicio plenario, lo que no desvirtuó el Fiscal en su defensa.

c) Caso concreto de incumplimiento u omisión: Proceso contra Olmedo Bermeo Idrovo.

Como prueba a nuestro favor, téngase en cuenta el escrito presentado a la Sala del Área Penal de la Corte Nacional de Justicia por el doctor Washington Pesántez, luego de formulada la petición de Juicio Político, en el que señala que “extraprocesalmente” se ha enterado de que el procesado se encuentra solicitando la declaratoria de desierto del recurso de casación, lo que no procede por cuanto la orden de la sala de fundamentar por escrito el recurso de conformidad con el artículo 352 no se aplica a la Fiscalía, ya que para ella existe la norma especial del artículo 354; es decir, que debía concederse término a la Fiscalía para que fundamente el recurso y remitirse el proceso para tales fines.

Sin embargo, el mencionado artículo 354 no concede ningún plazo especial a la Fiscalía, ni contempla el “envío” del expediente a esa institución para que fundamente el recurso. Tal es así que disponía:

Art. 354.- Fundamentación por el Ministerio Público.- Si el recurso se hubiere interpuesto por el Ministerio Público, quien deberá fundamentarlo será el Ministro Fiscal General (vigente en el año 2000).

Actualmente la norma dispone:

Art. 354.- Si el recurso es interpuesto por la Fiscalía General del Estado, quien deberá fundamentarlo será el Fiscal General o su Representante o Delegado, debidamente acreditados (vigente desde marzo de 2009).

Además, tómese en cuenta la declaración de Washington Pesántez en que señala que no fundamentó el recurso porque la providencia que se le notificó no dice en qué caso y entre qué personas era. Debemos anotar que sin embargo, en la providencia SÍ CONSTA el número de proceso, por lo que es fácilmente identificable. De la comparecencia del Fiscal queda probado entonces que la Fiscalía fue notificada en este proceso y se confirma que a través de su falta de actuación dejó sin efecto el recurso de casación.

d) Política institucional ILEGAL de archivar expedientes de “ínfima cuantía”.

Sobre esta acusación, solicitamos que se tenga en cuenta como prueba a nuestro favor, las aseveraciones que realizó la funcionaria de la Fiscalía, Elsa Moreno, en la comparecencia ante la Comisión, quien afirmó que las políticas institucionales las dicta el Fiscal General, y que la cuantificación de la “ínfima cuantía” se dejaba a la discrecionalidad de los fiscales; que en ningún momento se estableció el monto.

Téngase en cuenta también, la declaración hecha por el doctor Guillermo Moreno, Fiscal Provincial de Napo, quien ante la Comisión de Fiscalización dijo que “mínima cuantía” era entendida en su jurisdicción como cuatrocientos dólares.

Téngase en cuenta la declaración del Fiscal Washington Pesántez, quien señaló en su comparecencia que “…nosotros amparados en lo que dice la Constitución y la ley hemos establecido ciertas políticas, una de ellas fue un oficio que procede de la Dirección de Actuación y Gestión Procesal… el oficio dice en definitiva que los casos de bagatela, los pequeños, tengan salidas alternativas y que no sea juicio penal; es que no se puede seguir un juicio penal por vente, por treinta, cincuenta dólares”.

Téngase también en cuenta la declaración de Washington Pesántez, quien dice “…antes que yo el señor doctor German, y eso sí en una forma ilegal porque en ese momento estuvo vigente la ley, ordenó que ningún caso de teléfonos celulares robados vaya a la Fiscalía, pero hay teléfonos que pueden costar ochocientos o mil dólares”. Al respecto, me permito adjuntar a la presente como prueba, copia del Oficio No. 004672, de 18 de junio de 2008, a través del cual el doctor Alfredo Alvear indica a Marco Freire López, Fiscal Distrital de Pichincha que “no se debe aperturar una Instrucción Fiscal por el robo de celulares, pues si bien cierto es un delito pero no siempre sobrepasará el valor de un salario mínimo vital general…”. De esta forma, el subrogante del Fiscal Pesántez repitió una conducta calificada como ilegal por el propio Dr. Pesántez.

Téngase en cuenta que a pesar que la funcionaria Elsa Moreno negó la relación entre su “disposición” sobre la “mínima cuantía” y la norma civil que hace relación a este tema, ella envió con fecha 06 de mayo del 2009, el oficio circular 3209-DNAGP-FGE, en que adjunta oficio de la Corte Suprema sobre la mínima cuantía en lo civil, es decir $5.000 dólares. (se presenta copia de este oficio). La falta de definición sobre la mínima cuantía para el supuesto archivo, junto con el envío de este oficio puede provocar la confusión suficiente como para que los fiscales comprendan la instrucción de archivar peculado o evasión tributaria o contrabando de hasta $5.000 dólares; aunque en realidad, la disposición es tan ambigua que puede ser pretexto para el archivo de cualquier caso.

Considérese en el análisis de esta acusación la prohibición expresa que señala la ley para que los fiscales archiven casos de perjuicio contra el Estado o que puedan ser sancionados con más de cinco años de reclusión, lo que sería precisamente el caso de peculado o el de evasión tributaria. Es inmensa la discrecionalidad que se instruyó a través de esta disposición: perjudica los intereses del Estado y es contraria a los objetivos y funciones de la Fiscalía General del Estado. La Dra. Moreno pretendió disminuir la gravedad de su oficio señalando una especie de diferencia de obligatoriedad entre una directriz y una disposición, por lo que sugerimos a la Comisión que revise los términos del escrito de la Dra. Moreno que instruye a los fiscales dar “irrestricto cumplimiento” a su disposición, lo cual deja sin efecto los argumentos de la Dra. Moreno.

2.3. TERCERA ACUSACIÓN: El Fiscal General violó las normas legales y constitucionales en relación con la selección de los funcionarios de la Fiscalía según un proceso de méritos y oposición y aquellas obligaciones de aplicar el régimen disciplinario interno de la Fiscalía.

a) Complicidad e incumplimiento del régimen disciplinario con relación al remitido publicado el 19 de enero del 2010.

Téngase en cuenta los documentos adjuntados al proceso, la declaración de la Señora Blanca del Hierro y, sobretodo el hecho de que el Fiscal General no inició los sumarios administrativos -hasta el pronunciamiento de la Asamblea´- tal como debió haber actuado de forma inmediata a la publicación de un comunicado que viola el Código de Ética de la Fiscalía y el Código Orgánico de la Función Judicial.

b) Violación de las normas de la Constitución y la Ley de que los funcionarios ingresen a la Fiscalía a través de concursos de oposición y méritos.

Fase de oposición para los concursos de oposición y méritos.

Téngase en cuenta la comparecencia del doctor Juan José Puertas, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja, quien informó sobre el proceso y las seguridades que tienen las evaluaciones que realiza la universidad; así como también el hecho de que nunca se le mostraron las evaluaciones que supuestamente habían tratado de ser vendidas a un funcionario de la Fiscalía.

Considérese en esta caso, y en directa relación con las prácticas de amenaza y amedrentamiento, las declaraciones del Fiscal de Loja, encargado de la indagación con las cuales aceptó que la solicitud de día y hora para la audiencia de formulación de cargos se realizó el día miércoles de esta semana, como “consecuencia” de la comparecencia del Dr. Puertas.

Téngase en cuenta la contundente declaración del veedor Ángel Gabriel Salvador quien manifestó haber constatado que si bien algunos concursos de oposición y méritos que convocaba y llevaba adelante la Fiscalía General del Estado, cumplían con el marco legal establecido, no desembocaban necesariamente en el nombramiento de los mejores puntuados, lo que convertía a los concursos en meras pantomimas con las cuales se engañaba a la opinión pública y al mismo Estado. Téngase en cuenta la declaración que a este respecto realizó el Dr. Pesántez quien no pudo desvirtuar lo declarado por Salvador y se limitó a desacreditarlo echando mano de innecesarias adjetivaciones.

Una quinta parte de la nota final es asignada según la sola opinión de Pesántez.

Sobre esta acusación, la Comisión debe tener en cuenta los testimonios tanto propuestos por los peticionarios del juicio como por la Fiscalía, en particular de:

Marcelo Andrés Icaza (compareciente pedido por el Fiscal), que dijo que las preguntas que se le realizaron en la entrevista personal con Washington Pesántez fueron, el porqué debía entrar a la Fiscalía, si conoce otro idioma y si había hecho pasantías en la Fiscalía. Además dijo que nunca conoció el puntaje de la entrevista.
Ximena Alexandra Rodríguez Párraga (comparecencia solicitada por el Fiscal), que afirmó que las preguntas que se le efectuaron fueron si era abogada o seguía estudiando, si tenía conocimientos de otro idioma, si había realizado pasantías en la Fiscalía y por qué quería entrar a la institución. Además señaló que las entrevistas fueron de cinco en cinco, no personales y que duraron aproximadamente dos minutos. También dijo no conocer el puntaje que obtuvo en la entrevista.
Fernando Garay (por la parte actora), quien señaló que se presentaron los doce primeros puestos a la entrevista al mismo tiempo, que no fue personal, sino que los hizo colocar en fila y que les realizaron preguntas que ya estaban contestadas en la carpeta de los méritos, el título que tenían, idiomas y pasantías realizadas. Asimismo, afirmó que el puntaje de la entrevista nunca les fue dado a los participantes. La entrevista duró menos de un minuto, y el Fiscal les indicó que los mejores puntajes no iban a ser tomados en cuenta porque era su potestad.
Gabriela Molina (por la parte actora) quien afirmó que las preguntas realizadas en la entrevista se refirieron a requisitos que presentaron en la carpeta para los méritos; y que por el reclamo realizado por cuatro personas, incluida ella, el Fiscal como “favor” y para que se queden calladas, sorteó entre ellas dos puestos que estaban vacantes.

También téngase en cuenta la exposición realizada por el Fiscal General en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, en la que dijo: “…para los niveles más bajos el Reglamento dice que el Fiscal puede poner veinte puntos, hasta veinte puntos sobre cien, oiga yo nunca ocupé esos veinte puntos, les entrevisté de cinco en cinco porque tenía que entrevistar a seiscientos… les entrevisto y les pregunto básicamente: usted hizo pasantía en la Fiscalía: si, no; usted tiene alguna especialidad en materia penal: si, no; habla algún idioma: sí, no. Y esas tres cosas… y el 80%, 82% de las personas que ya vinieron con los mejores puntajes fueron nombradas; quiere decir que el Fiscal casi no incidió en nada, pero bien podía yo utilizar los 20 puntos…”

Téngase en cuenta en esta acusación la aceptación de los funcionarios de la Fiscalía de que no se realizaron concursos de oposición y méritos para las Fiscalías Indígenas. Esta especie de “excepción” a un mandato expreso de la Constitución y la Ley no tiene ningún fundamento. En las respuestas presentadas por el Fiscal General al pliego de preguntas anterior al proceso de fiscalización (documento original reposa en la Secretaría de la Asamblea Nacional) el Fiscal General directamente confirma esta violación: no se realizaron concursos para las Fiscalías Indígenas.

2.4. CUARTA ACUSACIÓN: El Fiscal General ha diseñado y reformado reglamentos y la estructura interna de la Fiscalía con el objeto de favorecer a determinadas personas y no necesariamente con un criterio de funcionamiento técnico y eficiente de la Fiscalía.

a) El proceso de “ascenso” del Dr. Víctor Miño Arias.

El Fiscal señala que “… se presenta al concurso en el Oriente siendo Secretario en Pichincha, quiere mejorar y decide concursar en el Oriente y gana el concurso, por desgracia ni siquiera pude llenar las vacantes porque de los doce que intervienen no llenan el puntaje todos y se designa a una sola persona, a un funcionario de carrera… Qué pasa con Miño, gana ese concurso pero él estaba desempeñándose como Secretario aquí en la Unidad de Actuación Procesal, que es la auditoría de procesos, que van a todas partes del país a hacer la auditoría procesal, a ver los procesos… Una vez designado fiscal la directora me pide con informe previo de Recursos Humanos me pide que se le mantenga acá hasta terminar temporalmente cumplir el POA 2010, y yo acepto que se quede temporalmente aquí… dónde está el favoritismo”.

Téngase en cuenta la declaración del Fiscal en la que acepta que un funcionario se benefició con su cambio de reglamento a pesar de que residía en Quito, con lo cual no se justifica que hubiera cambiado el puntaje requerido para permitir su ascenso. Si ni siquiera se pudieron llenar las vacantes de ese concurso cómo es que el Fiscal traslada a Quito a quien había sido nombrado fiscal de Sucumbios. ¿Quién se quedó a cargo en Sucumbios? ¿para qué se realiza un concurso para prestar servicios en una provincia si al único que tiene “méritos” para ingresar lo trasladan de inmediato a la capital?

b) El auditor de la Fiscalía fue antes asesor personal del Fiscal Pesántez y este funcionario de Contraloría firmó el comunicado!!

Los documentos ya presentados así lo demuestran. Téngase en cuenta además que la Contraloría acepta la gravedad de la firma de este comunicado y por lo tanto ha separado ya de sus funciones al Dr. Mario Gustavo Andrade Trujillo, para demostrarlo adjuntamos original de la carta del Contralor General en que se confirma esta terminación del contrato del Dr. Andrade.

2.5. QUINTA ACUSACIÓN: En lugar de estructurar y dirigir la Fiscalía para perseguir el delito y proteger a las víctimas, el Dr. Pesántez ha organizado la estructura de la Fiscalía según sus intereses personales, decidiendo de manera arbitraria cómo proceder en cada caso o a quién se “persigue” y a quién se “protege”.

a) La Fiscalía usa, a sabiendas, autos robados que son reclamados por sus dueños.

Tómese en cuenta la declaración de Washington Pesántez, en la que señaló que casi todos los autos habían sido robados en Colombia “…el Convenio Esmeraldas dice que entre Colombia y Ecuador cuando se recuperen vehículos hay que entregarlos, yo estoy de acuerdo así debe ser pues, yo pregunto cuántos, cuántos vehículos nos han entregado de Colombia: ninguno. Nosotros como Fiscalía no tenemos la obligación de comunicar, la obligación es de la Policía Judicial y de la Aduana, porque la ley caduca es de 1992 antes que la facultad sea otorgada a la Fiscalía, ese Convenio está vigente”.

Además, Pesántez en su comparecencia no señala qué vehículos robados en Colombia habrían sido devueltos a sus legítimos propietarios.

b) El Fiscal usó un Porsche Cayenne a pesar de existir orden judicial que mandaba su devolución. Posterior compra del vehículo por el Dr. José Borja y recepción del vehículo por el Sr. Bosco Solórzano.

Tómese en cuenta que los comparecientes: Luz Paulina Garcés Cevallos, Sandra Cecilia Siguenza Llerena, Myriam Magdalena Sánchez Carrasco, Patricio Edison Sosa Herrera, Blanca del Hierro, Elsa Moreno, Daniela Camacho, Ángel Gabriel Salvador, Antonio Gagliardo, Lucy Blacio, Dilza Muñoz y Marco Freire señalaron conocer a Bosco Solórzano, haberlo visto en las dependencias de la Fiscalía, y sin embargo no conocer si trabaja o no en ella.

También, téngase en cuenta la declaración del Fiscal Pesántez, quien aseguró en la comparecencia: “…el 28 de enero se me hace conocer, y ese mismo día… se entrega se devuelve el Porsche Cayenne que utilizaba eventualmente…”. Con estas palabras Washington Pesántez faltó a la verdad, cayendo en grave contradicción con los testimonios de los comparecientes funcionarios del CONSEP y con las actas de entrega recepción del automotor que se adjuntaron ya en la solicitud de juicio político.

También dice: “… se infiere de manera errónea de que el Banco Bolivariano, en vista de que la Fiscalía no entrega se vio obligada a vender barato un vehículo que costaba más caro, es más yo he visto el contrato, ese vehículo con todas las falencias y demás, lo que se vende son derechos litigiosos, quién compra una casa en litigio, quién compra un vehículo con derechos litigiosos, así es como se vende y se dice que el vehículo es absolutamente barato y que por desgracia ha comprado un pariente político mío, yo no sé quién compra, quién vende, yo no tengo absolutamente nada que ver con los familiares”.

Téngase en cuenta que el primo político del Dr. Pesántez comprador -a un precio irrisorio- de un automotor de lujo, declara en el contrato de compra venta que conoce la situación legal del Porsche Cayenne y que se encuentra en los patios de la Fiscalía. Tomando las palabras del Fiscal General, ¿quién compra un bien en litigio? ¿quién compra un bien que el vendedor no tiene en su poder por qué no ha logrado recuperar?: sólo lo compra alguien que está seguro que va a poder reclamarlo y conseguir su devolución, pues el funcionario que lo conserva en su poder -contra orden judicial- es su primo político.

c) Presiones sobre fiscales para emitir dictámenes según intereses y no según la ley.

También téngase como prueba a nuestro favor el testimonio rendido por la Dra. Lucy Blacio, quien aseguró que se vio obligada a renunciar como Fiscal Distrital de El Oro por “prácticas de corrupción que fueron impartidas por el Fiscal Washington Pesantez”, quien le exigió que en el delito contra la propiedad intelectual denunciado por OCEANUS contra ALICORP y AGASSYCORP, archivara una indagación previa por cuanto uno de los abogados del bufet Moeller Gomez-Lince, Ider Valverde Farfán, que defendía a la parte acusada, había facilitado algún vehículo para la Fiscalía (se trata del abogado que representaba al Banco Bolivariano en el caso del Porsche Cayenne).

Asimismo, la ex Fiscal Lucy Blacio dijo que Bosco Solórzano fue la persona quien en primer lugar le presionó para que actúe en el mencionado caso como “favor” al doctor Pesántez, y que luego ella misma habló con el Fiscal General y recibió la amenaza de iniciar investigaciones en su contra por su falta de colaboración.

Téngase en cuenta que el Fiscal General en su comparecencia no pudo desvirtuar de manera alguna el testimonio rendido por la valiente Fiscal Lucy Blacio.

d) La remodelación del edificio de la Fiscalía del Cañar la realizó el hermano del asesor del Fiscal General.

Téngase en cuenta la documentación presentada.

FINALMENTE,
Ha sido muy importante en la sustanciación de este proceso, la figura de Bosco Giovanny Solórzano García. Los funcionarios de la Fiscalía, tanto aquellos convocados por el Fiscal General cuanto aquellos solicitados por la parte actora, confirmaron conocer al Sr. Solórzano García, haberlo visto o conocido en los “pasillos y ascensores” de la Fiscalía, en los actos de la Fiscalía, junto al Fiscal General, algunos incluso llegaron a creer que se trataba de un funcionario o asesor del Fiscal.

¿Puede la Comisión inferir que papel jugaba el Sr. Bosco Giovanny Solórzano García en la Fiscalía y la presión sobre dictámenes? ¿Es normal que un ciudadano que no es funcionario tenga una constante presencia en los actos de la Fiscalía? ¿Es normal que lo conozcan no sólo en una dependencia sino en diferentes provincias y fffen diferentes materias?

Si a la Comisión le queda alguna duda sobre este personaje, su cercanía con Washington Pesántez y su papel en el “funcionamiento” de la Fiscalía a nivel nacional, téngase en cuenta lo siguiente:

Testimonio de la ex Fiscal Lucy Blacio, que relata con detalle la presión del Sr. Solórzano y su relación con el Fiscal General.
Testimonio del Asambleísta Tomás Zevallos que afirma haber sido contactado, en el recinto de la Asamblea Nacional, por el Sr. Bosco Solórzano García para pedirle que no se presente su resolución que proponía el retiro del encargo al Fiscal General.
El registro de viajes en TAME del que se desprende la realización de 159 viajes al interior del país a partir de noviembre del 2007.
El certificado del SRI de que no consta ningún pago de Impuesto a la Renta del Sr. Bosco Solórzano.
El certificado del Registro de la Propiedad de Quito en el que consta la compra de un departamento (a fines del año 2009) a nombre del Sr. Bosco Solórzano.
El testimonio del Director del CONSEP de que la entrega final del Porsche Cayenne se realizó al Sr. Bosco Giovanny Solórzano García.
El acta de entrega recepción del Porsche Cayenne firmada entre el CONSEP y el Sr. Bosco Solórzano.
Adjuntamos copia simple de que según los registros públicos del Servicio de Rentas Internas, el Sr. Bosco Giovanny Solórzano García consta con dos números de cédula distintos: 0991223487 y 1303204612.

Téngase en cuenta que, a pesar de ser esta la más grave de las acusaciones, el Fiscal General del Estado no dio ninguna respuesta sobre la identidad y “funciones” de Solórzano García en su comparecencia a la Comisión. Evitó referirse al tema y, a pesar, de ser el tema más repetido en las comparecencias ni siquiera lo nombró.

Sírvase proveer conforme lo solicitado.

María Paula Romo
Asambleísta

Sobre las declaraciones del Presidente y el juicio político al Fiscal

2010-03-22T11:54:00.000-05:00

Lamentamos las declaraciones del Presidente de la República en el enlace del sábado pasado. Es deber de la Asamblea Nacional fiscalizar y para hacerlo, la inmunidad es un componente indispensable e irrenunciable, es la mínima garantía que permite que las investigaciones o posibles denuncias no sean frenadas con amenazas judiciales. No renunciamos al deber de fiscalizar, con autonomía, a los otros poderes del Estado.

Seguimos adelante con el juicio político contra el Fiscal General, según las causales de la Constitución y siguiendo el proceso establecido en la Ley, por lo tanto no hay espacio para consideraciones personales: ni de amistad, ni de odio. Sería injusto iniciar un juicio político sin pruebas suficientes, pero lo único peor sería mantener silencio y no iniciar un juicio con todas las pruebas que han sido presentadas en la Asamblea.

En relación con la probidad, el Código Orgánico de la Función Judicial establece que: “todo servidor de la función judicial en el desempeño de sus funciones observará una conducta diligente, recta, honrada e imparcial”. El juicio político que se tramita permitirá conocer si este mandato legal ha sido o no cumplido.

La Revolución Ciudadana es, sobre todo, una revolución ética que se legitima con la tarea de fiscalización; por eso, las 33 firmas de asambleístas del Movimiento PAIS que permitieron el inicio del juicio político, significan el respaldo del 72% de los asambleístas presentes en la última reunión de nuestro bloque legislativo.

La costumbre de la infamia. ANTONIO MUÑOZ MOLINA 13/03/2010

2010-03-17T15:35:00.000-05:00

(un súper escritor y palabras conmovedoras, gracias Maricruz por enviárnoslo)

He olvidado con los años el nombre y la cara de aquel escritor ruso pero me acuerdo siempre de sus manos. Eran unas manos grandes, mucho más toscas que su cara, con los dedos chatos, con unas uñas aplastadas y como cuarteadas, rotas, crecidas con dificultad, las del índice y el corazón de la mano derecha muy amarillas de nicotina. En las palmas de las manos y en las plantas de los pies están escritas las vidas de la gente, me contó una vez un forense. En las manos de aquel escritor ruso, ex soviético, al que yo conocí en un congreso de literatura en Portugal, estaba escrita de manera indeleble una biografía de hospitales psiquiátricos y campos de castigo. Era un coloquio internacional del que tampoco recuerdo nada, salvo las manos de aquel escritor, salvo el dedo índice que por un momento se apartó del humo del cigarrillo para señalar en dirección de los colegas occidentales que compartíamos con él una mesa redonda, y que le habíamos escuchado en silencio mientras contaba su historia de persecución. "Qué poco tenemos que agradecerles a ustedes", nos dijo, el dedo amarillo de nicotina tan fijo como la mirada de los ojos muy claros. "Ustedes, los escritores europeos, que disfrutaban de la libertad, qué poca solidaridad tuvieron con nosotros, qué poca ayuda nos dieron".

Algunos bajaban la cabeza o miraban hacia otro lado para no ver aquel chato dedo acusatorio. Ésa ha sido la actitud de una parte de la intelectualidad occidental hacia los sufrimientos de las víctimas de los regímenes comunistas. Mirar para otro lado, callar por miedo a que lo acusen incómodamente a uno de cómplice de la reacción. Al fin y al cabo hay causas mucho más seguras que garantizan sin riesgo la vanidad de sentirse solidario, el certificado irrefutable de progresismo que le permite a uno la impunidad moral, aparte de un cierto número de beneficios prácticos que tampoco son desdeñables. Ya se sabe el peligro que se corre cuando se atreve uno a no marcar el paso de la ortodoxia, tan querida entre quienes al parecer tienen por oficio la libertad de la imaginación y la rebeldía del pensamiento. Hay, por lo tanto, quien calla y otorga, quien firma estratégicamente algunos manifiestos, quien tal vez llega a darse cuenta de ciertos horrores pero elige callar "para no favorecer al enemigo", no sea que alguien diga que se ha vuelto de derechas. Hay, en una gran parte de la izquierda democrática europea y americana, una resistencia sorda a aceptar que la opresión y el crimen cometidos en nombre de la justicia son tan repulsivos como los que se cometen en nombre de la superioridad racial. Basta que una dictadura se proclame de izquierdas para que sus abusos merezcan la indulgencia de quienes nunca correrán el peligro de sufrirlos, del mismo modo que un grupo terrorista que asegure luchar por la liberación de un pueblo oprimido despertará la emoción romántica de anglosajones y escandinavos llenos de buenas intenciones, capaces de llorar por el desamparo de un gato abandonado, pero fríos como pedernal ante la sangre de una víctima humana.

Intelectuales. A principios de los años sesenta, cuando el admirable documentalista y director de fotografía Néstor Almendros se exilió de Cuba y regresó a la Barcelona en la que había nacido, y en la que estaban sus amigos españoles, descubrió que para casi todos ellos se había convertido en un apestado. Se rebelaban contra la dictadura de Franco, pero sospechaban de él porque había huido de la dictadura de Fidel Castro; algunos de ellos eran homosexuales, pero cuando Néstor Almendros les contaba la persecución de los homosexuales en Cuba preferían no darle crédito. Como Castro se declaraba antiimperialista, criticar su tiranía era convertirse en cómplice del imperialismo. Señoritos burgueses de Barcelona se ungían de legitimidad revolucionaria negándose a aceptar que Néstor Almendros pudiera tener razón. Lo que contaba, lo que había sufrido, no merecía ningún crédito. Si era preciso se podría recurrir a la calumnia.

Éste es el grado siguiente de la infamia: hay quien calla, y hay quien levanta la voz, pero no en defensa de la justicia o de la libertad, sino para calumniar a los que han huido, a los disidentes, a los que cometieron el delito de desear para sí mismos y para su país lo mismo que disfrutan aquellos que les niegan la dignidad, el derecho a ser escuchados. Es una antigua técnica soviética. André Gide estuvo en la URSS en 1936, invitado con todos los honores, para leer el discurso funerario en el entierro de Máximo Gorki. Había sido hasta entonces un simpatizante sincero de la revolución. Pero en aquel viaje en el que las autoridades lo trataban con la pompa con que se recibe a un magnate extranjero empezó a observar cosas que lo inquietaban, que empezaron a sembrarle dudas, que le provocaban la alarma de contradecir sus convicciones más queridas. Otros veían y prefirieron callar, embriagados por ese licor tan irresistible para los intelectuales y los artistas, el halago a su vanidad de los gerifaltes de una tiranía. Pero André Gide volvió a Francia y se atrevió a contar lo que había visto, lo que no había podido ni querido ignorar, la pobreza horrenda, la desigualdad restablecida en beneficio de los jerarcas del partido comunista, la desoladora uniformidad de un país en el que el miedo apagaba las voces y bajaba las cabezas. Y a partir de entonces se convirtió en objeto de los peores insultos, en los que nunca faltaban las referencias groseras a su homosexualidad, que sería una prueba añadida de su decadentismo. André Gide llevaba muchos años muerto y Pablo Neruda lo seguía insultando en sus memorias, haciendo bromas sobre su "corydoncito".

Ahora un disidente cubano ha muerto después de una larga huelga de hambre y los papeles han vuelto a repetirse. A unos les ha tocado el oficio de callar, de modo que no hubo información sobre la huelga de hambre de Orlando Zapata, que reclamaba el derecho a la dignidad poniendo en juego lo único que le queda a uno en una tiranía, su vida. Y a otros, en el reparto habitual de la infamia, les ha tocado ejercer la calumnia. A Margarete Buber-Neumann también la calumniaron intelectuales europeos de conciencia limpia cuando después de sobrevivir a los campos de Stalin y a los campos de Hitler escribió un libro de memorias lleno de claridad y coraje explicando la inhumanidad idéntica de las dos tiranías. Mientras tantos estábamos callados, o no nos enterábamos, el actor Guillermo Toledo eligió para sí mismo el papel que sin duda considerará más ilustre, el de insultar a un perseguido desde la cima de su privilegio, el de llamar traidor y terrorista a un pobre hombre que jamás pudo tener ni una fracción del bienestar ni de la libertad que el señor Toledo y los que le jalean disfrutan sin peligro. Yo pensaba que ser de izquierdas era estar a favor de la igualdad justiciera de los seres humanos, del derecho de cada uno a vivir soberanamente su vida. No imaginaba que duraría tanto la costumbre estalinista de injuriar a los perseguidos y a los asesinados.

Declaraciones de Carlos González son parte de la ofensiva desesperada de Pesántez.

2010-03-16T12:07:00.000-05:00

El pasado lunes durante una rueda de prensa convocada por el ex diputado Carlos González, éste se refirió a un supuesto tráfico de influencias relacionado con la asambleísta María Paula Romo. González aseguró que Carlos Alberto Vidal, pariente en tercer grado de afinidad con la Asambleísta, tiene contratos con el Estado. Ante estas declaraciones María Paula Romo hace una invitación a todas las instituciones para que se investigue todo lo que se crea necesario para aclarar las aseveraciones de González.

María Paula Romo aseguró que las declaraciones de González en su contra están directamente relacionadas con un dato confirmado por funcionarios de la Fiscalía: “¿es verdad que Washington Pesántez y Carlos González mantuvieron una reunión la semana pasada?”, inquirió la Asambleísta.

Sobre la acusación de González de "tráfico de influencias", la Asambleísta ha señalado que: “el señor Carlos Vidal, familiar político, tiene contratos con el Estado desde 1988, cuando yo tenía nueve años”.

Por lo tanto, la declaración que realizó Carlos González en contra de la Asambleísta María Paula Romo es parte de la ofensiva del Fiscal Washington Pesántez debido al proceso de fiscalización que se realiza al interior de la Asamblea Nacional. Romo añadió al respecto: “sigo, junto con los compañeros y compañeras que ya se han pronunciado, firme en el proceso de fiscalización y de juicio político sin amedrentarme por estas calumnias”.

2010-03-05T17:11:00.000-05:00

Lo que dice la prensa... editorial de Vanguardia

2010-03-02T20:48:00.000-05:00

Mujica, ahora empieza el presente, por Juan Martín Cueva

2010-03-02T10:36:00.000-05:00

"Recibió seis balazos en enfrentamientos armados en los duros setenta. Pasó quince años en la cárcel. Protagonizó dos fugas antes de ser amnistiado con el retorno a la democracia. Fue rehén de la dictadura cuando los militares amenazaban con ejecutarlo si los Tupamaros retomaban las acciones violentas. Fue diputado, ministro y senador. Este lunes asume la presidencia del Uruguay.

Después de los barbudos cubanos, el médico chileno y los muchachos nicaragüenses, parecía que este continente había agotado su capacidad de sorprender. En los noventa flotó a la deriva de los mitos neoliberales y con el nuevo milenio patea el tablero mundial. Después de un militar venezolano y un obrero brasileño, un indio boliviano, un economista ecuatoriano y un cura paraguayo, llega este campesino que fue guerrillero. Cuando en Chile asume el multimillonario de derecha, la izquierda se anota un porotazo al poner al Uruguay nuevamente en manos del Frente Amplio. Se anota, además, un tremendo triunfo al haber optado Tabaré Vázquez y Lula por la alternancia. (Deberíamos ir buscando una Dilma Rousseff o un Pepe Mujica en estas tierras, sería el mejor regalo que le podríamos hacer a la revolución ciudadana).

“Bienvenida la crítica de los que se comprometen,
bienvenida la crítica de los que luchan…”
Mujica es un hombre rústico que ha sorprendido a más de uno a diestra y siniestra. Extraña que un tipo con ese currículum y ese perfil atípico seduzca a trabajadores y a inversionistas, a los postmodernos y los nostálgicos.

Miles de uruguayos le fueron a esperar en la cárcel, cuando salió: “Fue un abrazo fraternal interminable con todos. Aunque no puedo dejar de señalar que nunca dejé de ser libre. Puede sentirse como una monstruosidad, aparente, lo que voy a decir: le doy gracias a la vida por lo que he vivido. Si no hubiera pasado esos años de aprender el oficio de galopar para adentro, para no volverme loco de pensar, me hubiera perdido lo mejor de mí mismo. Me obligaron a remover mi suelo y por eso me hice mucho más socialista que antes”.

Impresiona su conciencia de necesidades esenciales como la crítica y el inconformismo para construir un cambio: “Queridos compañeros, critiquen, critiquen todo lo que quieran, pero no se sienten a criticar; vayan criticando en la medida que hacen, el que no hace no tiene derecho a criticar. Bienvenida la crítica de los que se comprometen, bienvenida la crítica de los que luchan. Malvenida la crítica de los cómodos, de los escépticos, de los que creen que no se puede cambiar nada. Estamos en una sociedad donde todos tendemos a ser un pequeño burgués, donde todos llevamos un consumista potencial adentro, no seamos tan jueces ni inflexibles con nuestros compatriotas y tengamos el coraje de ver nuestras propias debilidades. Si esta izquierda fracasa no viene una izquierda mejor, viene un derechazo que te hace retroceder décadas. Esta izquierda tiene sus defectos y sus carencias, pero esta izquierda es tu capital y es lo que pudimos conformar como sociedad y como pueblo a lo largo de muchas décadas”.

Lucidez. Audacia. Sencillez. Realismo. Tantas lecciones de ese Uruguay que produjo a Mujica. La izquierda no es ni la utopía por venir ni el pasado guerrillero: es el presente contradictorio y complejo, eso que empieza este lunes en el Uruguay."

Reformas al Código Penal y Código de Procedimiento Penal

2010-02-09T11:05:00.000-05:00

Intervención durante el segundo debate de las reformas al Código Penal y Código de Procedimiento Penal en donde María Paula Romo explica los cambios que se integraron en el Proyecto de Ley. Las reformas están comprometidas con los derechos humanos y con la protección de las garantías penales.

Las nuevas reformas al Código Penal

2010-02-03T15:39:00.000-05:00

En marzo de 2009, la Comisión Legislativa y de Fiscalización aprobó una reforma al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal, fue un gran avance en cuanto se actualizó la norma anterior que tenía más de 100 años de existencia, entre los puntos más relevantes de esa reforma se proponía la posibilidad de que los afectados por un delito puedan recuperar sus bienes, o sean indemnizados, a parte de la sanción al acusado.

Adicionalmente, se estableció la posibilidad de usar grabaciones de cámaras de seguridad para determinar a los culpables de una infracción, así como el desarrollo de la oralidad en el proceso, entre otras innovaciones en favor de mejorar el sistema de administración de justicia penal.

Sin embargo, varios sectores políticos irresponsablemente aprovecharon la coyuntura electoral de esa época y distorsionaron, con la ayuda de ciertos medios de comunicación, el alcance y objetivo de la reforma.

Es por esto que, ante el pedido de la ciudadanía y de los operadores del sistema judicial, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado replanteó las reformas introducidas en marzo y aprobó, en enero de 2010, el informe para segundo debate. Ponemos en su conocimiento los puntos que fueron reformados:

Se establece la posibilidad de sancionar a quienes sabiendo que un bien es robado lo venden, guardan o transportan. Actualmente solo se puede sancionar a quienes lo ocultan, con esto se pretende debilitar la cadena delictiva.
Se disminuye el monto para que los fiscales puedan investigar los delitos de hurto de USD 654 a USD 120. De igual manera se establece que cuando se cometa una contravención, es decir, se sustraigan bienes de un valor menor a los USD 120, dólares, la sanción ya no sea de cinco a siete días sino de cinco a 30 días, y en el caso de reincidencia se sancione como si fuera delito de hurto con una sentencia de un mes a tres años.
Los delitos de violación de domicilio, revelación de secreto industrial, y las lesiones provocadas en personas cuyo resultado sea una incapacidad menor a 30 días, además del hurto, estafa y otras defraudaciones, vuelven a considerarse delitos de acción pública con la finalidad de facilitar su investigación y posterior sanción. En este sentido se permite que todos los procesos que fueron archivados o desestimados, desde la aprobación de la reforma, por la prescripción de la acción, puedan volver a denunciarse.
También se procura resguardar el trabajo de la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia. Así, se ha considerado como una nueva circunstancia agravante el homicidio en contra de los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas cuando estén en el desempeño de sus funciones.
Se propuso, además, fortalecer el rol del Fiscal en las investigaciones a través de:
Poder iniciar las acciones públicas como homicidios, asesinatos, violaciones, sin necesidad de una denuncia de las partes afectadas, que en muchos casos no se hace por vergüenza o temor.
La obligación del miembro de la Policía Nacional de informar al fiscal cuando haya detenido a alguien por delito flagrante, además entregar el registro de detenciones de los imputados para que el fiscal pueda analizar el mismo. De esta forma se facilita el ejercicio de las funciones de investigación.

Acogiendo el pedido de varios juristas y Asambleístas se incorporaron las siguientes reformas con la finalidad de agilitar y efectivizar la actuación de los jueces de garantías penales:

Los jueces ya no deberán realizar audiencia para resolver sobre el archivo o desistimiento de un proceso, lo que optimizará el tiempo de despacho de dichos funcionarios.
La posibilidad de ordenar la prohibición de enajenar de los bienes de los acusados.
La facultad de dictar orden de prisión preventiva por un máximo de 15 días en los delitos de acción pública con sanción menor a un año contra los acusados o querellados que no acudan a las audiencias en las que deben ser juzgados.
Se suma a quienes tengan discapacidad mayor al cincuenta por ciento certificada por el CONADIS o padezcan de enfermedad catastrófica, la posibilidad de acogerse a la sustitución de la prisión preventiva por el arresto domiciliario (antes sólo podían hacerlo los mayores de 65 años y las mujeres embarazadas o parturientas), siempre y cuando no se trate de: reincidencia, delitos contra la administración pública de los que resulte la muerte de una o más personas, delitos de odio, y se incorpora en este reforma la prohibición de aplicar a esta medida para los casos de delitos sexuales -no solo violación-, de los sancionados con reclusión (penas mayores a 3 años).
La obligación de los Juzgados de informar qué fiscales no comparecen a las audiencias pues este hecho retarda la continuación de los procesos de forma recurrente y reiterada.
La imposibilidad de apelar el auto de llamamiento a juicio, lo que debería procurar la agilidad en la emisión de la sentencia definitiva (la cual si puede ser apelada) y así evitar se caduquen las órdenes de prisión preventiva y que los acusados, en caso de ser declarados culpables, ya no puedan ser detenidos al encontrase prófugos.

es inaceptable...

2010-01-21T13:24:00.000-05:00

Resolución de la Asamblea en apoyo a la iniciativa Yasuní - ITT, 14,01,10

2010-01-15T19:17:00.001-05:00

*Asamblea Nacional *

*CONSIDERANDO*

Que la Constitución en su artículo 283 define que el sistema económico
es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin;
propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y
mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar
la producción y reproducción de las condiciones materiales e
inmateriales que posibiliten el buen vivir,

Que la Constitución en su artículo 317 establece que los recursos
naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e
imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la
responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el
cobro de regalías u otras contribuciones no tributarias y de
participaciones empresariales; y minimizará los impactos negativos de
carácter ambiental, cultural, social y económico,

Que la Constitución en su artículo 395, numeral 1, determina que el
Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la
biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas,
y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones
presentes y futuras

Que la Constitución declara de interés público la conservación de la
biodiversidad así como la protección de las comunidades ancestrales en
aislamiento voluntario,

Que el Yasuní ha sido calificado como la zona de mayor biodiversidad del
planeta y declarado por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biósfera, y
es además la zona en donde habitan los pueblos en aislamiento voluntario
tagaeri y taromenane,

Que el Ecuador y su gobierno han planteado la posibilidad de mantener el
petróleo bajo tierra en esta zona de gran diversidad y riqueza natural,
a costa de su derecho a explotar sus recursos naturales y renunciando a
una parte de los potenciales réditos económicos que esta explotación
significaría.

Que esta apuesta económica y social, la iniciativa Yasuní – ITT, ha sido
recibida con entusiasmo y gran expectativa en todo el mundo por sus
implicaciones en el marco de un nuevo modelo de desarrollo de carácter
global,

Que la iniciativa Yasuní – ITT no es sólo un proyecto de conservación
ecológica sino sobretodo una apuesta ética por un modelo de desarrollo
sostenible y por el cambio de la matriz energética del Ecuador y la región,

Que la iniciativa Yasuní – ITT es una estrategia integral del Ecuador
frente a la comunidad internacional que presenta al mundo nuevas
concepciones sobre las interrelaciones entre sociedad y ambiente; y la
corresponsabilidad con los efectos ambientales a mayor escala, como es
el caso del calentamiento global,

En uso de sus facultades constitucionales y legales,

RESUELVE

1.- Ratificar su respaldo a la iniciativa Yasuní – ITT, en la línea de
la resolución aprobada por esta Asamblea Nacional el pasado 8 de
diciembre de 2009, a través de la cual se exhortó a la comunidad
internacional, a las organizaciones de la sociedad civil, a las empresas
con responsabilidad social y ambiental y en general a todos los
ciudadanos del mundo a contribuir con el Fondo Fiduciario Internacional
que se cree para el mantenimiento bajo tierra de las reservas del campo
ITT; por lo tanto, hace un llamado al Gobierno Nacional a continuar con
la negociación soberana de la iniciativa Yasuní – ITT, en respeto y
defensa de la naturaleza y la biodiversidad.

Observaciones para primer debate de la LEY DE COMUNICACIÓN

2010-01-11T22:54:00.000-05:00

08 de enero de 2010.

Señores, señoras
Comisión Ocasional de Comunicación
En su despacho.

Estimados colegas asambleístas,

Luego de haberse realizado el Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, y según lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mis observaciones para el proyecto en debate.

Sobre el tratamiento del proyecto para segundo debate.

No es necesario recordar en estas observaciones las implicaciones políticas que ha tenido y tendrá este debate, pero sí es clave que la Comisión decida cuanto antes, y lo comunique al país y al resto de la Asamblea, cómo procederá para el tratamiento de este proyecto anterior al segundo debate.

En mi calidad de asambleísta y con gran interés en el tema permítanme sugerir que el debate nacional, la “socialización” de este proyecto de ley se realice una vez que exista una especie de borrador de proyecto de informe para segundo debate. Tendría poco sentido práctico discutir un proyecto de mayoría descalificado en parte importante por el acuerdo firmado por los jefes de bloque; también sería poco útil para el debate el realizar sólo discusiones en abstracto sobre esta materia, por esto mi primea sugerencia es que la Comisión ponga en debate su proyecto de informe antes de que sea votado; es decir, que informe y pida la opinión ciudadana sobre un nuevo texto, sobre nuevos artículos cuyo contenido y términos se pueda discutir con toda exactitud.

Sobre el enfoque general de la Ley.

Antes de comentar artículos concretos considero fundamental plantear observaciones sobre el enfoque general de la ley; la Comisión debe definir con claridad qué es lo que esta ley puede / debe regular. La “comunicación” como actividad humana, universal, libre y liberadora no puede ni debe ser regulada por una ley. Lo primero entonces, para el proyecto, pero como línea conductora del debate debe ser una clara definición del alcance de la ley; que no es lo mismo que a quién es aplicable (artículo 2 del proyecto) porque todas las leyes son aplicables a todas las personas, comunidades, etc., etc.

El proyecto de la ley de comunicación tiene una especial concentración en el tema medios de comunicación y, en relación a los medios, particularmente sobre contenidos informativos y de opinión (derechos de rectificación sobre los contenidos, responsables de los contenidos, sanciones por contenidos, etc.); eso debe reformarse, aunque coincido en que debe ser regulado de forma compatible con las libertades, también creo que esa no puede ser la única materia que la ley trate de forma exhaustiva. El enfoque debería partir exactamente del punto contrario: la garantía de derechos, libertades, acceso a información, libertad para difundirla y expresar opiniones, y de qué manera se hacen realidad estos derechos (ahí corresponde entonces la regulación de frecuencias, publicidad, medios públicos)

La regla general contenida en la ley, y que puede guiar el trabajo de la Comisión, debería ser que en casos de duda o cuando el límite no sea claro se debe optar por la libertad frente al control o regulación.

Finalmente, lo que la ley no puede dejar de regular es el uso y administración del bien público y además limitado: el espectro radioeléctrico (ése es el bien público, no la comunicación); no sólo con declaraciones de principios (se prohíbe la concentración o el monopolio), sino con normas claras que permitan identificar qué es monopolio, oligopolio, concentración de contenidos, sin confusiones y no sólo para evitar la concentración a futuro sino para revertir las frecuencias a aquellas personas o sectores que hoy poseen más frecuencias de las convenientes para una administración democrática del espectro.

Sobre la institucionalidad que crea la ley.

Más adelante me referiré al Consejo de Comunicación, su conformación y competencias, pero independientemente de eso, sugiero que la Comisión haga un análisis de cómo se enmarca cualquier institución creada por esta ley en la institucionalidad general de telecomunicaciones. Cuáles son las distintas competencias y atribuciones del Ministerio de Telecomunicaciones, la Superintendencia, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, y el Consejo Nacional de Telecomunicaciones. Esta serie de instituciones (además no hace mucho que desapareció el CONARTEL) nos demuestran que el sector comunicaciones / telecomunicaciones es todavía caótico y la Comisión debería ser muy cuidadosa para no duplicar instancias pero sobretodo para no crear instituciones innecesarias que no sólo implican gastos extras para el presupuesto sino que tarde o temprano derivan en conflictos de competencia.

OBSERVACIONES PUNTUALES:

Art. 1.- (…) “Establecer las acciones afirmativas para que las personas ejerzan estos derechos dentro y fuera del territorio nacional”

La característica de las leyes es su imperio en el territorio nacional; esta norma sugiere una especie de extra territorialidad de la ley, lo cual es imposible.

Art. 2.- Del ámbito de la ley.

Esta, como todas las leyes vigentes en la República, son de obligatorio cumplimiento para toda la población ecuatoriana: personas y comunidades, así como las personas jurídicas. La redacción del artículo dos debería más bien aclarar cuál es el sector que regula esta ley: los medios de comunicación públicos, privados, comunitarios? El espectro radioeléctrico? El acceso de los seres humanos a los recursos de la comunicación?

Art. 6.- Acción afirmativa.

Es importante incorporar estos temas para asegurar el acceso de las personas con algún tipo de discapacidad; sin embargo no se puede establecer como obligación estatal la subtitulación de programas. Tal como está redactado podría entenderse que el Estado debe cubrir los costos de subtitular programación de un medio privado o realizar doblaje en otros idiomas que se hablan en el Ecuador; lo adecuado sería señalar en qué casos los medios están obligados a garantizar estas medidas.

Sugiero también revisar la denominación de “acción afirmativa” para evaluar su pertinencia en este tema.

Art. 8.- El artículo se escribe como una continuación del título, lo cual es confuso. La denominación del artículo no puede considerarse como parte de su redacción.

Artículos 10 y 20.- Objeción de conciencia.
La objeción de conciencia, repetida de forma casi idéntica en los artículos 10 y 20 debe ser revisada. Si bien se debe proteger el derecho de los comunicadores, periodistas, reporteros a hacer su trabajo sin presiones ni condicionantes, también se debe garantizar el derecho de las personas a informarse a pesar de las preferencias o convicciones personales de quien transmite la noticia. Me explico: de la forma en que están relatados ambos artículo, un periodista podría decir que entre sus convicciones no está por ejemplo la de la libertad de cultos y por lo tanto se niega a entrevistar o cubrir un anuncio de una religión distinta a la suya.

Considero que se debe aclarar el alcance de esta norma y limitarla a que los periodistas no podrán recibir presiones para actuar en contra de la ética periodística pero no significa que cada periodista cubrirá o transmitirá noticias sólo cuando no entren en conflicto con sus convicciones personales.

En todo caso, se debe incorporar la disposición constitucional del numeral 12 del artículo 66: “El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza.”

Art. 11.- Este artículo debería titularse: “Prohibición de censura previa” que es el objetivo central de un artículo de esta naturaleza. Además, su contenido en ningún caso puede dar lugar a confusiones (el texto redactado, por ejemplo, parece abrir la oportunidad de que cualquier ley determine casos de censura previa, eso debe eliminarse). Sugiero se reproduzca la redacción que sobre este tema tiene el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Art. 14.- Acceso universal a las TICs. Totalmente de acuerdo con el contenido de este artículo aunque en la ley hacen falta una serie de disposiciones adicionales que permitan hacer realidad este derecho. Sin embargo debe eliminar el plazo de “20 años” para la universalización del servicio. Las leyes deben estar redactadas para tener una vigencia en cualquier tiempo, las disposiciones que norman plazos o son de aplicación sólo por cierto tiempo deben incluirse como Disposiciones Transitorias.

Art. 22.- Aunque no debería ser necesaria una disposición de este tipo, en la realidad hay mucha precariedad en las relaciones laborales de periodistas y comunicadores, por lo tanto es importante incluir este artículo sobre derechos laborales, sin embargo: luego de “retribuciones justas y...” falta una o varias palabras para ligar con “a la Seguridad Social”.
De igual manera se debe reemplazar “salario y sueldo básico unificado” por “remuneración básica unificada” que es el término correcto según la legislación vigente.

Art. 24.- De la libertad de opinión. Este artículo, sobre libertad de opinión se incluye en la sección “Derechos, Deberes y Responsabilidades de los Comunicadores Sociales”, lo cual es un gravísimo error pues el derecho a la libertad de opinión es un derecho de todos los hombres y mujeres y se ejerce en cualquier espacio y a través de distintas expresiones y no se lo puede limitar como un derecho de un grupo de personas con determinada profesión / ocupación.

Art. 27.- La diferencia básica entre las reglas éticas y las normas penales es que estas últimas contienen una consecuencia de sanción impuesta por el poder judicial (privación de libertad, por ejemplo). En este artículo parecen mezclarse las normas éticas (recomendaciones de buenas prácticas) con prohibiciones legales (prohibición de intercambio de favores o recibo de prebendas). El artículo llega incluso a ordenar (en su última línea: “Las acciones en este sentido serán tipificadas como infracción punible por la ley penal”) la tipificación de determinadas acciones, éste no es el procedimiento, la ley de comunicación no puede crear tipos penales o la orden de legislar sobre ellos. Si en cualquier caso fuera necesaria una disposición de este tipo podría contemplarse como una transitoria.

Art. 47.- Titulación obligatoria de periodistas. Conozco que existen varias opiniones, no sólo en la Comisión, sino en el país y los actores involucrados sobre el tema de la titulación obligatoria de los comunicadores. Si bien este artículo lo limita a direcciones editoriales y “elaboración” de noticias, (esto último bastante amplio porque según la interpretación podrían ser hasta los camarógrafos) me mantengo en que este requisito de titulación representa una forma de limitación de la libertad de expresión.

En este mismo sentido: que la titulación obligatoria es violatoria del derecho a la libertad de expresión, se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos1 y también lo dice el informe de la UNESCO sobre el proyecto de ley.

No se comprende la inclusión en el artículo 47 de un párrafo que establezca la obligación de ser “profesional” para quienes ocupen las direcciones de comunicación y las direcciones de relaciones públicas en las instituciones del Estado (!!). La ley en discusión no tiene por qué regular estos temas que deben estar en la ley de servicio civil y en las directrices de la SENRES. Con estas líneas la ley va más allá de su ámbito y sector de regulación.

Art. 70.- Sistema de comunicación: Este es uno de los artículos más preocupantes de toda la ley. Definitivamente no deben incluirse como parte de un sistema estatal a “las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos”, ni tampoco a los medios de comunicación privados.

Al tratarse de un sistema estatal solo pueden hacer parte de él las personas jurídicas de derecho público y obviamente los funcionarios públicos. Pero la planificación nacional no podría por ejemplo decidir cuáles son las opiniones de un ciudadano o el interés comunicacional de una comunidad. Tampoco podría el Estado administrar a través del sistema a los medios privados, lo que el poder público puede y debe hacer es establecer reglas generales (esas son las leyes) para todas las personas naturales y jurídicas, pero eso no implica su obligatoria incorporación a esta visión de “sistema”.

Art. 84 y 85.- Conformación del Comité Consultivo. Los criterios para conformar este Comité Consultivo son muy confusos: no queda claro si interesa la representación de los actores de la industria de la comunicación audiovisual o si se pretende la representación de la población según características étnicas o de otro tipo.

El párrafo final del artículo 85 es un saludo a la bandera; ¿si cada sector tiene un representante cómo se puede “considerar en cuanto sea posible” la paridad de género ? ¿quién será el encargado de decirle a cada sector si debe postular o enviar como representante a un hombre o mujer?

Por supuesto que en un Comité de este tipo es fundamental la perspectiva de género y de la no discriminación por pertenencia étnica por ejemplo (pues son en muchos casos los medios de comunicación los que reproducen estereotipos sexistas o racistas) pero existen representaciones mucho más efectivas para conformar este Comité, por ejemplo, ciudadanos y ciudadanas representantes de los Consejos de Igualdad (de igual de las mujeres y de género, de igual étnica, etc.)

Por la consideración anterior sugiero que se eliminen los literales l), m), y n).

En el literal o) no queda claro si es un representante por todos esos sectores o por cada uno de ellos (en cuyo caso se debe incorporar en un literal a cada uno y además definir como se van a elegir). La frase “padres de familia” también debe eliminarse (qué significa? Todos los ciudadanos que sean padres forman parte de ese sector?) o ser reemplazada por “padres y madres de familia” y aclarar si se refiere a las asociaciones de representantes de niños y niñas escolarizados.

Art. 91.- De las veedurías y observatorios ciudadanos. En los términos en que está redactado, este artículo es totalmente innecesario pues es una especie de repetición del indiscutible derecho a la libre asociación. Que las personas, comunas, pueblos, pueden constituir organizaciones es obvio y se deriva del derecho humano a la libre asociación contenido en todos los instrumentos internacionales y en la propia Constitución.

El artículo 92 también es redundante, ¿qué facilidades debe prestar el ciudadano común o una nacionalidad indígena para la conformación de un observatorio? El artículo es retórico, considero que puede eliminarse.

Art. 101. Causas para la sanción de multa. Aunque me referiré a este tema en general más adelante, no puedo dejar de comentar al menos dos literales que por su redacción resultan subjetivos o confusos, lo que debe evitarse cuando se establecen normas prohibitivas o sancionadoras que deben ser exactas:

literal e) “Difusión y promoción de violencia física o psicológica, comercio sexual, pornografía (...)”

No es lo mismo difusión que promoción (!!) Esta confusión de términos y sus significados desvirtúa totalmente el propósito de la norma, pues si bien todos estaremos de acuerdo en que se no se pueda promover la violencia física o el comercio sexual, no significa que no se pueda difundir, pues entonces estarían prohibidos los noticieros que hablen sobre algún suceso violento (desde un robo de banco hasta un accidente de tránsito) o una película de una guerra mundial, o por usar un ejemplo concreto: “Pantaleón y las visitadoras”, un clásico de la literatura latinoamericana que luego se convirtió en película no podría transmitirse pues sería difundir material sobre comercio sexual.

Ninguna de estas normas puede incluir disposiciones abiertas como “otros actos que afecten la dignidad del ser humano” pues es absolutamente subjetivo y dependerá de la autoridad que una telenovela o unos dibujos animados le parezcan inadecuados. Como lo señale en el inicio de esta observación: las prohibiciones deben redactarse con toda exactitud y sin esta posibilidad de discrecionalidad.

literal j) Transmisión de programación que viole los derechos de niñas, niños y adolescentes o que puedan causar daño o alteración en su normal desarrollo.

Al hacer de esta una prohibición general ya no tiene sentido que se establezca un horario para todo público, pues la ley estaría ordenando que toda la programación de un medio de comunicación se evalúe según los derechos de los niños, independientemente del horario o de fuera, por ejemplo, una publicación dirigida a un sector específico.

Se trata además de otro ejemplo de una prohibición con parámetros totalmente subjetivos; una transmisión que “pueda causar daño o alteración en el normal desarrollo” de un niño podría ser por la letra de las canciones? Por tratarse de un género musical que no le guste al “padre de familia”? Ciertos noticieros podrían sin duda alterar el normal desarrollo de un niño o niña, no?

Art. 102.- Causas para la suspensión.- También más adelante me referiré a las sanciones que deberían o no aplicarse pero este es otro ejemplo del margen de discrecionalidad que no se puede dar a ninguna autoridad:

“b) Reincidencia específica en la comisión de infracciones que dieron lugar a la sanción de multa.”

Esta “reincidencia” debería interpretarse como dos veces? Tres veces? En un año? En diez años? Si un medio ha pagado una multa por una sanción hace cinco años y comete otra falta leve (de multa) entonces ¿puede ser suspendido?

Sobre medios de comunicación públicos.

Hay que reconocer que el informe de la Comisión aborda el tema de los medios públicos, que algunos proyectos iniciales no incluían o proponían posponer su tratamiento. Sin embargo lo establecido en el informe no es suficiente; algunas sugerencias y observaciones:

Son medios públicos tanto los nacionales (que hoy maneja el Gobierno Central) como las radios municipales por ejemplo; habría entonces que definir con toda claridad este alcance y diferenciarlos para su regulación en lo que corresponda.

En el caso de los medios nacionales se debe definir el mecanismo para conformar un Directorio que marque y haga conocer al país la línea editorial y el manejo de todos los medios públicos; que al mismo tiempo pueda nombrar a un Director o Directora para cada medio (Radio, Televisión, Periódicos, etc.). En varios países este Directorio se conforma a través de un nombramiento en el que intervienen el Ejecutivo y Legislativo en calidad de órgano de representación, esta posibilidad debería considerarse.

Se debe aclarar que los medios de comunicación no son empresas públicas y por lo tanto no se rigen por esa ley.

Respecto del funcionamiento de los medios públicos (nacionales y municipales) deberían regularse las implicaciones presupuestarias. El presupuesto público puede cubrir el 100% de su operación? Si es así, ¿existe algún límite?

El Registro de Medios.

También en este tema se debe reconocer que existen algunas mejoras en relación al proyecto presentado por el Asambleísta Rolando Panchana (que era el único proyecto que se refería a él); pero considero que se debe reformar totalmente esta concepción.

El registro no debe ser una obligación de los medios de comunicación, sino un ejercicio de transparencia de la autoridad encargada de la regulación de las frecuencias (por lo tanto no puede aplicarse a medios impresos). Es la autoridad la que debe tener disponible para la ciudadanía la información sobre el proceso de asignación de la frecuencia, los nombres de los concesionarios (que no podrían ser personas jurídicas privadas, también por un objetivo de transparencia), las fechas de inicio y fin de la concesión, el estado de cumplimiento de sus obligaciones, etc.

Si bien el artículo 66 dice que el registro no es título habilitante puede causar confusión pues dice “no autoriza POR SI SOLO”; ¿qué significa? ¿que junto con la concesión sí constituye autorización?

Si se adopta este concepto de registro como transparencia, no es necesario decir nada sobre la cancelación pues el registro no se cancela, simplemente cuando una concesión se termina o ya no existe, eso debe constar en la información que la autoridad entrega a la ciudadanía.

El registro se convertiría así en una obligación de transparencia sobre el manejo de las frecuencias por parte de la autoridad competente y se deberían establecer también las obligaciones de transparencia de los medios de comunicación a través de una página web en la que obligatoriamente deberían constar:

La composición accionaria del medio de comunicación (sólo personas naturales deberían poder conformar esta sociedad),
Persona o personas responsables de la línea editorial,
Código de ética del medio de comunicación.

De esta manera, se podría imponer esta obligación de transparencia para los medios de comunicación impresos que superen cierto número de ejemplares periódicamente pues esta obligación no debería convertirse en una restricción para imprimir y difundir ideas lo que a veces se hace de forma eventual y precaria y debe protegerse que los ciudadanos puedan hacerlo.

Sanciones y procedimientos de sanción.

De acuerdo con que exista un Consejo de Comunicación que pueda imponer sanciones administrativas a los medios que sean concesionarios de un bien público (no a los impresos, insisto que su caso es diferente). Al tratarse de sanciones administrativas, que tienen por objeto evitar que los medios cometan infracciones, lo más efectivo es que se trate de multas de montos importantes que de verdad preocupen al medio y le obliguen a hacer una revisión cuidadosa de su trabajo.

Debería ser claro en la ley que esta sanción (multa) es una sanción administrativa y por lo tanto debe operar según lo que regulan las leyes en esta materia, entre otras cosas, ser susceptible de apelación en la vía jurisdiccional.

Respecto del procedimiento debería simplificarse, garantizando el derecho al debido proceso pero sin crear un procedimiento cuasi judicial paralelo a los que existen. También hay una gran confusión sobre el papel que deberían jugar los Consejos de Igualdad: en el artículo 96 se habla de que deben actuar como “peritos” y en 99 de la elaboración de informes previos. Los Consejos de Igualdad no deberían convertirse en órganos que reemplacen la labor y la competencia del Consejo de Comunicación; este Consejo debería estar en la posibilidad de pedir información y opinión pero no creo que los Consejos deban jugar un papel de juzgamiento o de opinión vinculante que probablemente no les corresponde en estos casos.

Finalmente, en virtud de que las sanciones administrativas se imponen en ejercicio de la autoridad estatal, y mientras se encuentren normadas de forma clara las prohibiciones, no hay ningún problema con que el Consejo tenga una conformación de los poderes del Estado. Definitivamente los ciudadanos no tienen potestad de imponer sanción administrativa de ningún tipo.

¡En ningún caso informe del Consejo de Seguridad!

El artículo 102 sobre causas de suspensión de medios establece que cuando se suspendan por actos atentatorios contra el orden y seguridad debe existir informe previo del Consejo de Seguridad. Esto es una aberración en un Estado constitucional de derechos; probablemente se trata de un rezago de la Ley de Seguridad de época de nuestras dictaduras militares, pero una norma de este tipo atenta contra las funciones restringidas de los servidores militares y también distrae de sus tareas al Consejo de Seguridad. Es inaceptable que este Consejo intervenga en ninguno de los temas regulados por la Ley de Comunicación.

Espero que estas ideas sean de utilidad y enviaré a la Comisión durante su periodo de debate nuevas observaciones y referencias a legislación comparada en este tema que podría resultar útil para la redacción de la nueva ley.

Atentamente,

María Paula Romo Rodríguez
Asambleísta.

Galeano: "América Latina está exorcizando la cultura de la impotencia" (www.publico.es)

2010-01-03T11:51:00.000-05:00

¿Cómo define América Latina?

Es una tierra de encuentros de muchas diversidades: de cultura, religiones, tradiciones, y también de miedos e impotencia. Somos diversos en la esperanza y en la desesperación.

¿Cómo incide esa variedad en el presente?

En estos últimos años hay un proceso de renacimiento latinoamericano en el que estas tierras del mundo comienzan a descubrirse a sí mismas en toda su diversidad. El llamado descubrimiento de América fue, en realidad, un encubrimiento de la realidad diversa. Este es el arcoiris terrestre, que ha sido mutilado por unos cuantos siglos de racismo, de machismo y de militarismo. Nos han dejado ciegos de nosotros mismos. Es necesario recuperar la diversidad para celebrar el hecho de que somos más que lo que nos dijeron que somos.

¿Esa diversidad puede ser un impedimento para la integración?

Creo que no. Toda unidad fundada en la unanimidad es una falsa unidad que no tiene destino. La única unidad digna de fe es la unidad que existe en la diversidad y en la contradicción de sus partes. Hay una triste herencia del estalinismo y eso que llamaron socialismo real a lo largo del siglo XX que ha traicionado la esperanza de millones de personas justamente porque impuso ese criterio, el de que la unidad es la unanimidad. Se confundió así la política con la religión. Se aplicaron criterios que eran habituales en los tiempos de la Santa Inquisición, cuando toda divergencia era una herejía digna de castigo. Eso es una negación de la vida. Es una suerte de ceguera que te impide moverte porque el motor de la historia humana es la contradicción.

¿La diversidad puede establecer caminos de vida irreconciliables?

No siempre. En cualquier caso, no hay que tenerle miedo a la verdad de la vida. Hay que celebrarla, porque lo mejor que tiene la vida es su diversidad. El sistema que domina el planeta nos propone una opción muy clara. Hay que elegir, a ver si querés morirte de hambre o de aburrimiento. Yo no me quiero morir de ninguna de las dos. El sistema dominante de hoy nos impone una verdad única, una única voz, la dictadura del pensamiento único que niega la diversidad de la vida y que por lo tanto la encoge, la reduce a la casi nada. Lo mejor que el mundo tiene está en la cantidad de mundos que él alberga, y eso vale a su vez para América Latina. Lo mejor de ella es la cantidad de Américas que contiene.

Hablaba de un redescubrimiento latinomericano. ¿Un ejemplo?

Bolivia, con Evo Morales, ha redescubierto su diversidad con mucha dignidad y con el orgullo de decir: "Somos diversos, y somos indígenas. Pero no sólo indígenas. Somos diversos". Claro que Bolivia es un país como Paraguay, y hasta cierto punto Uruguay, sometido en cierta medida al peso avasallante de los vecinos grandes, y sobre todo de Brasil, que hoy por hoy se opone a que en el Banco del Sur cada país tenga un voto.

¿Cuál es la fuerza de ese proyecto?

El Banco del Sur es la base financiera de la unidad latinoamericana, un proyecto de Chávez, por cierto. Nace como una respuesta a la dictadura financiera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, en donde no rige el sistema de "un país, un voto". Los votos dependen del capital invertido: tanto dinero, tantos votos, de modo que el Fondo está dirigido por cinco países, y el Banco por ocho, aunque uno se llame Mundial y el otro Internacional.

¿Se puede recuperar un funcionamiento democrático?

Es muy difícil, por la sencilla razón de que la democracia ha sido más formal que real en los procesos históricos latinoamericanos; y en las democracias, para que lo sean de verdad, no tienen que regir relaciones verticales o jerárquicas, donde hay un mandón y un mandado. Tienen que ser horizontales, solidarias, entre iguales capaces de respetarse y reconocerse, porque la verdad es que no nos conocemos. Tenemos que conocernos para empezar a reconocernos, para saber todo lo que podemos aprender del otro. Desde la conquista española hemos sido entrenados por imperios sucesivos para la ignorancia mutua, para el divorcio y el odio mutuo. La especialidad latinoamericana es la guerra de vecinos.

Brasil puede argumentar que, puesto que es más grande, debe tener más voz.

Eso parte de la base de que la grandeza coincide con lo grandote. Mi experiencia me enseñado que la grandeza no habita lo grandote. Está escondida en la gente anónima, en el día a día que parece insignificante e indigno de atención. Lo grandote suele ser muy mezquino y de alma chiquita. No quiero decir que Brasil tenga alma chiquita, pero no hay que confundir dónde está la grandeza brasileña, que reside en alguna de sus gentes peor tratadas.

¿Héroes anónimos?

En una charla me preguntaron cuál era mi héroe preferido. Yo dije: "El día que me iba al aeropuerto para iniciar este viaje tomé un taxi, y estuve conversando con el conductor. El taxista trabajaba en el taxi entre 10 y 12 horas, pero después tenía otro empleo. Dormía entre tres y cuatro horas por día para dar de comer a sus hijos. Para él no existían los domingos, ni se acordaba de qué eran". Ese es mi héroe preferido.

Decía antes que el motor de la historia humana es la contradicción. ¿Cree que hay contradicciones dañinas?

No tiene por qué ser así. Toda contradicción es una señal de movimiento. Lo que sí hay son injusticias objetivamente dañinas. En América Latina, el abismo que separa a los que tienen de los que necesitan, a la minoría dominante de la mayoría dominada, es cada vez mayor. Esta es una región desigual en un mundo cada vez más injusto, donde los hambrientos superan los 1.000 millones de personas.

¿Observa hoy día un cambio significativo en América Latina?

Sí. Está ocurriendo algo muy lindo, que es una suerte de exorcismo colectivo de los viejos demonios. Y de algunos nuevos también. Uno de los que dejó la herencia colonial fue la cultura de la impotencia, que te mete la idea en la cabeza de que "no se puede". Y eso vale para los países pobres y para los ricos. Porque Venezuela es un país objetivamente rico, tiene petróleo, pero tiene metido adentro ese concepto de la impotencia contra el que ahora se intenta luchar. Es difícil, porque la cultura del petróleo te entrena para comprar y no para crear.

¿Qué quiere decir?

Te entrenan con la idea de que no hay que tomarse el trabajo de crear las cosas si se las puede consumir comprando. Es la cultura de consumo, no de creación. Nace de la cultura de la impotencia, que es la peor de las herencias coloniales. Te enseña a no pensar con tu cabeza, a no sentir con tu propio corazón, y a no moverte con tus propias piernas. Te entrena para andar en silla de ruedas, para repetir ideas ajenas y para experimentar emociones que no son las tuyas.

¿Son diferentes las izquierdas de América Latina?

Hay de todo, por suerte, justamente porque somos diversos. Por eso es muy injusto generalizar, sobre todo cuando la generalización proviene de miradas ajenas, que miran juzgándote, y juzgándote te condenan. Hay un complejo de superioridad que tienen los países dominantes en el mundo, que se sienten en condiciones de obligar a los demás a rendir exámenes de la democracia, que son los grandes maestros para decidir quién es demócrata y quién no, qué procesos están bien y cuáles están mal. Y cuando esos profesores de democracia vienen a juzgarnos, a mirarnos desde afuera y a condenarnos de antemano, están ejerciendo un derecho de propiedad que es uno de los derechos más repugnantes de todos.

¿Qué diferencia hay entre los presidentes de Venezuela, Ecuador y Bolivia?

Muchas, porque son expresiones de tres países diferentes. La lista de diferencias es interminable. Pero no es tan interminable la lista de las coincidencias de países que están buscando caminos de liberación después de siglos de opresión y de negación de sí mismos. Son experiencias diferentes de tres países que deciden dejar de escupirse al espejo, dejar de odiar su propia imagen, dejarse de mirar con los ojos de los que los desprecian.

¿Qué papel cumple Brasil en esto?

Uno muy importante, pero el problema es la tentación de una palabra abominable: el liderazgo. Todos los países se atribuyen la intención de ejercerlo y esto genera relaciones contaminadas por el orden jerárquico que niega la igualdad de derechos. Yo no quiero que nadie sea mi líder. No quiero mandar ni ser mandado. No nací para obedecer. Nací para ejercer mi libertad de conciencia. No puedo aceptar la idea de que entre las personas o entre los países haya conductores o conducidos. Hay que ir hacia una sociedad de veras libre.

¿Qué opina de la reelección presidencial?

No me gusta mucho, porque implica cierto apego al poder y eso no es aconsejable en ningún ámbito. El poder en sí, aunque sea un poderito, envenena bastante el alma. Sé que hay que ejercerlo, pero sabiendo que es peligroso. El poder genera monarquías, poderes absolutos, voces que sólo escuchan sus propios ecos incapaces de escuchar otras voces.

¿De dónde procede ese intento de perpetuarse en el liderazgo?

En Europa esto lo atribuyen a la herencia del caudillismo en América Latina, al subdesarrollo, a la ignorancia, a nuestra tendencia al populismo y a la demagogia. Pero hay que asomarse a la historia de los países dominantes para ver hasta qué punto ellos han estado sometidos a la voluntad, por ejemplo, de un tipo complemente loco como Hitler. Es inverosímil: en el país más culto de Europa, millones de personas lo aclamaban. Y los líderes de ahora, ¿qué tienen que venir a enseñarnos? Uruguay tiene una democracia más antigua que la mayoría de los países europeos. Y en materia de derechos humanos, conquistó antes que Estados Unidos y que muchos países europeos la jornada laboral de ocho horas, el derecho al divorcio, y la educación gratuita y obligatoria.

¿Por qué no hay apenas relación entre América Latina y África?

Es un escándalo. Eso proviene del sistema educativo y de los medios de la comunicación. En la mayoría de países de América Latina hay una influencia africana enorme: en la cocina, el deporte, el lenguaje, el arte. Y sin embargo nosotros, de África, no sabemos nada.

¿Por qué?

Por racismo. Sabemos lo que nuestros amos de siglo en siglo han querido que supiéramos, y de nosotros ignoramos casi todo porque a ellos les convenía. Por ejemplo, no les convenía que supiéramos que aquellos esclavos que llegaron de África cargados como cosas traían sus dioses, sus culturas. De todos modos, el desvínculo con África que nació del racismo y la explotación esclava no es latinoamericano, sino de todas las Américas. Por eso me pareció digna de celebración la elección de Obama, aunque luego lo que ha hecho no me convence demasiado.

¿Qué representa Obama?

Uno de mis maestros, don Carlos Quijano, solía decir: "Todos los pecados tienen redención. Todos menos uno. Es imperdonable pecar contra la esperanza". Con el tiempo aprendí cuánta razón tenía. Lamentablemente, Obama está pecando contra la esperanza que él mismo supo despertar, en su país y en el mundo. Aumentó los gastos de guerra, que ahora devoran la mitad de su presupuesto. ¿Defensa contra quién, en un país invadido por nadie, que ha invadido y sigue invadiendo a casi todos los demás? Y, para colmo, ese chiste de mal gusto de recibir el Nobel de la Paz pronunciando un elogio de la guerra.

¿Cuáles son, en su opinión, los miedos del siglo XXI?

El arte de narrar nació del miedo de morir. Está en Las mil y una noches. Cada noche, Sherezade iba cambiando un cuento por un nuevo día de vida. Pero también creo que el miedo de vivir es peor que el miedo de morir. Y me parece que el asunto, en este mundo y en este tiempo, es ese: el miedo de recordar, el miedo de ser, el miedo de cambiar. O sea: el miedo de vivir.

¿Ve un ejemplo de ese miedo en la Cumbre de Copenhague?

Los asesinos del planeta derraman de vez en cuando alguna lágrima, para que la platea sepa que también tienen su corazoncito. Pero es puro teatro. Bien saben que los modelos de vida de hoy, que ellos imponen, son modelos de muerte. Me pregunto a qué planeta se mudarán estos elegidos del Señor cuando terminen de exprimir la Tierra hasta la última gota.