Puedes encontrarme también en Twitter

Follow mariapaularomo on Twitter

viernes, 18 de abril de 2008

El Mandato Minero

A lo largo del debate sobre el Mandato Minero muchas intervenciones alegaban "ilegalidad" o "inconstitucionalidad" de este Mandato. Nada más equivocado que ese argumento. Este mandato tiene como su principal objetivo el corregir no sólo la injusticia sino la ilegalidad que ha marcado el manejo de la minería en el país.

Ya en 1863 nuestro Código Civil en su artículo 624 ordenaba: "El Estado es dueño de todas las minas de oro, plata, cobre, azogue, estaño, piedras preciosas y sustancias fósiles, no obstante el dominio de las corporaciones o de los particulares sobre la superficie de la tierra en cuyas entrañas estuvieran situadas"

Esa norma tomó carácter constitucional cuando en 1929 se recogió en el artículo 151 de la Carta Política de la siguiente forma: "Las empresas o compañías nacionales o extranjeras que hubiesen adquirido o adquirieren concesiones en el territorio de la República no podrán explotarlas sino con las limitaciones prescritas en las leyes y en las que, en cada caso, se establezcan en los respectivos contratos. Esto se refiere especialmente a los minerales y más sustancias de valor existentes en el subsuelo del país".

Este principio: la propiedad estatal de los recursos del subsuelo, se reprodujo en las constituciones siguientes y se encuentra en la Constitución de 1998. También es una de las normas ya aprobadas por la Asamblea Constituyente y que hará parte del texto de la nueva Constitución.

Esta es la norma y el principio violado al haber manejado con discrecionalidad y abuso la minería nacional. Esta es la norma que se les olvidó a los autores de las Troles cuando eliminaron las regalías de las concesiones mineras. El Mandato Minero, aprobado esta mañana por 95 votos, es precisamente el que nos permitirá poner en vigencia el principio y la norma jurídica: el Estado Ecuatoriano es el dueño de los recursos del subsuelo y le corresponde a él decidir y regular su explotación y su uso; y en ningún caso eso puede hacerse poniendo en riesgo el agua, las zonas protegidas o la vida de las comunidades que se encuentran a su alrededor.